MARLASKA TIENE RAZÓN

Todos sabíamos que la invasión de Ceuta no podía haber sido un acto espontáneo. Hemos visto en la televisión cómo docenas de personas se bajaban de camiones y eran dirigidas hacia la frontera española por policías marroquíes uniformados. En general, nadie con dos dedos de frente ha podido creer que en una satrapía como Marruecos fuera posible movilizar a 80.000 personas sin el conocimiento y el consentimiento del gobierno. Y, como no se nos alcanza a imaginar qué iniciativa privada o no oficial se haya podido embarcar en semejante proyecto, la única alternativa verosímil que nos queda es la de entender que la invasión de Ceuta ha sido obra, directa o indirectamente, del propio gobierno marroquí.

A pesar de esta evidencia incontestable, el gobierno español, no solo se ha venido inventando otros autores de la invasión (las mafias, Israel, Rusia...), sino que desde la primera hora está alabando la actitud de Marruecos, considerándolo un colaborador leal en la solución del problema. Uno puede entender, hasta cierto punto, esta actitud del gobierno. Baste imaginar lo que podría haber ocurrido si, una vez que los 80 mil invasores entraron en la ciudad, Marruecos hubiera cerrado su frontera, impidiendo el retorno de sus ciudadanos. La experiencia nos ha enseñado que, para las autoridades marroquíes, con su rey a la cabeza, la vida y la seguridad de sus súbditos están a su servicio y que no dudan en emplear a hombres, mujeres y niños como carne de cañón en sus estrategias políticas. De paso, no puedo dejar de resaltar lo significativo que resulta que estas conductas tan inhumanas sean desplegadas por el denominado Comendador de los creyentes, título religioso del monarca marroquí, descendiente del profeta. Quiero decir que algo tendrán que ver estas cosas con la esencia del Islam, esa religión tan humanista. En definitiva, nada cuesta imaginar que la frontera podría haber sido cerrada por Marruecos, con las catastróficas consecuencias que habría llevado aparejadas, estas sí, más difíciles de imaginar en su entera magnitud.

En los primeros días tras la invasión, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, dando curso a una denuncia presentada por una entidad vinculada al partido político VOX, abrió unas diligencias para esclarecer si los hechos relacionados con la crisis ceutí pudieran ser constitutivos de delitos imputables a personas concretas. En este punto, resulta digno de destacar que en España siempre haya un juez o tribunal (o varios), dispuesto a estrujar unos hechos, cualquiera que sean su naturaleza, transcendencia e implicaciones, con el fin de extraer de ellos alguna sustancia criminal, por peregrina que esta sea. Especialmente, si con los hechos de que se trate están relacionados políticos de cualquier tendencia. Este fenómeno no es una extravagancia inofensiva de la vida pública española. Al contrario. Desde el momento en que un juez penal entra a conocer de unos hechos, el meritado juez o tribunal se atribuye una supremacía inatacable sobre aquellos, convirtiéndose en un auténtico agente plenipotenciario sobre un sector de la realidad, cuyo perímetro lo define el propio juez o tribunal. Ninguna otra persona o entidad, ni ninguna otra autoridad pública podrá inmiscuirse en modo alguno en las cuestiones que ventila ese juez o tribunal, so pena de acabar acusado de delitos relacionados con el entorpecimiento de la acción de la justicia.

A finales de agosto se dio a conocer, como tantas otras veces de un modo subrepticio, el informe que la juez le encargó a la policía y que desvelaba, más o menos, lo siguiente:

- Que la invasión había sido urdida por la policía y los servicios secretos del régimen autoritario marroquí.

- Que la crisis de Ceuta no era un fenómeno migratorio, sino algo más parecido a la Marcha Verde de 1975. Es decir, personas corrientes encuadradas por Marruecos y utilizadas como ariete en una estrategia de anexión territorial.

Al conocerse el contenido del informe, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, le afeó a la policía y a la juez del caso que le hubieran hurtado el conocimiento durante semanas de una información tan importante para la seguridad e integridad de España. Y no solo eso, sino que presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como es lamentablemente habitual en España, todos los medios políticos y periodísticos afines al ministro hicieron piña con él en su queja y todos los del otro bando hicieron justo lo contrario. No me voy a detener en estas reacciones, ya que, al estar viciadas del irritante sectarismo que impregna la vida pública española, no merecen apenas crédito. Podemos asegurar sin temor alguno a equivocarnos, que si los actores de la actual farsa hubieran sido los contrarios, los hunos y los hotros habrían intercambiado los papeles que hoy están jugando, sin rubor alguno.

De modo que me voy a fijar, exclusivamente, en las reacciones del estamento judicial a las quejas de Marlaska. Bien, los jueces han salido en tromba a defender a la juez Tardón y lo han hecho de un modo inopinadamente enfático. Visto desde fuera, pareciera que el ministro le hubiera ordenado a la policía un registro del juzgado con cacheo de su titular incluido. Cuando lo que ha hecho Marlaska es quejarse de no haber sido informado de unos hechos tan importantes y graves y con tanta transcendencia para la seguridad e integridad del Estado.

Frente al ministro, la Presidenta del CGPJ, la junta de jueces de la Audiencia Nacional, jueces tuiteros, jueces tertulianos y jueces sin graduación específica han reaccionado como si el ministro hubiera perpetrado un gravísimo atentado contra la independencia judicial. Cabe decir que la proverbial soberbia de los jueces españoles ha alcanzado grados próximos al paroxismo en estos días. Un juez tertuliano particularmente ensimismado y que habitualmente envuelve sus desatinos en un pringoso verbo leguleyo, tan irritante, ha llegado a decir en la televisión que es una deshonra que Fernando Grande-Marlaska haya sido juez alguna vez.

El estamento judicial sostiene, básicamente, dos ideas:

- En primer lugar, que la juez debe seguir investigando los hechos en su juzgado, algo que, aparentemente, ni el ministro ni nadie ha puesto en cuestión.

- En segundo lugar y todavía más enfáticamente, los jueces, como un solo hombre, han defendido el derecho de la juez a entender en exclusiva y mantener en secreto el contenido de los informes que le ha elevado la policía sobre el asunto que investiga.

Expuestas así las cosas, yo me permito preguntar: ¿es lícito y, sobre todo, es lógico y racional que un juez tenga la facultad de investigar un asunto, unos hechos, un problema concreto, en un caso como el que nos ocupa? Es decir, si la nación es objeto de un ataque por un país extranjero como del que ha sido objeto España; ¿el poder ejecutivo puede quedar lastrado por unas actuaciones judiciales que nada pintan en el escenario en ese momento?

Sobre este particular, uno de los argumentos esgrimidos por la junta de jueces de la Audiencia Nacional no puede resultar más patético. Estos buenos señores (y señoras), en una carta firmada por unanimidad de los nueve miembros de la Junta de Gobierno del citado tribunal, han mostrado su “absoluto respaldo” a la juez Tardón y han manifestado que “no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación”, sino que “está actuando para la preservación y defensa del interés general de España”.

Examinadas detenidamente, estas expresiones no merecen otro calificativo que el de un auténtico lapsus linguae de sus autores. Uno debe convenir que, si fuera verdad que la función de los jueces es la preservación y defensa del interés general de España y además en exclusiva, como todo lo suyo, serían lógicas sus protestas. Pero esas expresiones no son sino una salida de tono absolutamente exacerbada. La defensa del interés general de España no significa nada, si no es aplicada al caso concreto de que se trate. Por definición, todas las autoridades y funcionarios públicos y aun el conjunto de los ciudadanos, han de velar por el interés general de España. Pero, supongamos que España fuera objeto de un ataque a su seguridad e integridad territorial por una potencia extranjera, con empleo de tropas y armas terrestres, marítimas y aéreas. ¿Te gustaría, o mejor, te parecería admisible que un juez decidiera en plena guerra investigar la presunta sustancia penal del ataque? O, más bien preferirías que el gobierno de tu país dispusiera de todos los medios y de toda la información necesaria, todo ello sin interferencias judiciales, para defender la seguridad e integridad de España. ¿No es algo parecido lo que ocurrió a finales de julio en Ceuta que, no en vano, ha sido calificado como un episodio de guerra híbrida de Marruecos contra España, con el objetivo final de apropiarse de Ceuta y Melilla y quién sabe si de las Canarias?

La impresión que ha dado con su respuesta el conjunto del estamento judicial español ha sido la de que se encuentra todo él apaciblemente instalado en una torre de marfil. Su exigencia de que se respete su competencia para entender y además con exclusividad de unos asuntos tan graves y transcendentes, no solo pugna con valores, como la seguridad e integridad del Estado, que con toda naturalidad los ciudadanos podemos valorar como de mayor relevancia que la independencia judicial o las competencias judiciales; sino que es contraria al sentido común.

Y lo que es de todo punto ridículo es que el sistema judicial en su conjunto, que tolera a diario sin escándalo y, lo que es peor, sin perseguirlas, toda clase de filtraciones de sumarios y diligencias judiciales que deben permanecer legalmente reservadas, se escandalice porque un ministro reclame una información necesaria para el ejercicio de las graves funciones que tiene encomendadas en este caso. Y que estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos queremos que disponga de ella para nuestra defensa. Porque ¿cómo piensan estos jueces defender el interés general de España de los ataques que sufra; con diligencias judiciales?

Los jueces no están para eso. Ellos viven a otro ritmo. Baste decir que la juez acordó solicitar el informe a la policía el día 31 de julio, pero la comunicación no les llegó a los agentes hasta el día 3 de agosto. Y es que los jueces no están para gobernar. No sería de extrañar que la juez se hubiera dirigido a los agentes por correo certificado con acuse de recibo. ¿Te imaginas que la defensa nacional debiera materializarse mediante los protocolos, formas y plazos (los reales y los legales) que se gasta la administración de justicia en su mostrenco cotidiano proceder? Y es que los tiempos y los medios de los que dispone la justicia son incompatibles con la celeridad y contundencia que en determinados casos requiere el despliegue de la acción ejecutiva, máxime en temas relacionados con la defensa del territorio.

No puedo dejar de mencionar en este punto un caso que investigué en su momento, relativo a las actuaciones judiciales realizadas en los prolegómenos del referéndum ilegal del uno de octubre de 2017 en Cataluña y en la propia jornada de la consulta. Este episodio es una muestra paradigmática de las desastrosas consecuencias que pueden llegar a tener unas actuaciones judiciales realizadas extemporáneamente y con un exceso de celo respecto de la función constitucional que le corresponde al poder judicial.

En las semanas previas al referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña había dictado una serie de instrucciones, dirigidas a todos los cuerpos policiales, que tenían como objetivo impedir que tuviera lugar la consulta que el Tribunal Constitucional había suspendido y que, por tanto, no debía celebrarse. En aquellos días, el gobierno de España encomendó al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos las funciones de coordinación de todos los cuerpos policiales, es decir, incluida la policía regional catalana. Y es de suponer que entre las funciones que estaría desarrollando este coordinador debió encontrarse el cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Estas instrucciones eran detalladas y juiciosas. Entre las órdenes que la Fiscalía impartió a la policía estaba la de intervenir todos los locales previstos como colegios electorales, desde días antes del día del referéndum. Si estas instrucciones se hubieran cumplido, con seguridad, la jornada del uno de octubre de 2017 habría tenido un carácter bien distinto al que tuvo. En especial, probablemente, nos habríamos ahorrado las imágenes que tanto daño hicieron al prestigio y la reputación internacional de España, de policías aporreando a las personas que hacían cola en los colegios electorales. Por supuesto, la conducta de los ciudadanos era contumazmente ilegal y la policía actuó legítimamente, pero el daño al prestigio de España y a la causa constitucionalista fue inevitable.

¿Por qué digo que nos habríamos evitado el aporreamiento de los ciudadanos levantiscos? Porque si la policía hubiera tomado posesión de los locales electorales varios días antes de la consulta, los hubiera clausurado cuando no había nadie en ellos y hubiera mantenido un retén de guardia en cada uno, como detallaban las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña, no habría sido posible que los organizadores los hubieran ocupado durante todo el fin de semana, como hicieron, situando allí a decenas de personas, que pasaron día y noche en ellos y franquearon la entrada de las urnas y de todos los archiperres necesarios para realizar la consulta. El domingo 1 de octubre, a primera hora de la mañana, nada impidió constituir las mesas y empezar las votaciones.

¿Qué ocurrió entre medias? Pues, lo que ocurrió fue que una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruía unas diligencias contra las autoridades de Cataluña, por la organización del referéndum, decidió el 27 de septiembre de 2017, es decir, a cuatro días de la consulta, desmantelar todo el dispositivo que había desplegado la Fiscalía Superior de Cataluña y asumir ella misma la dirección de las operaciones policiales tendentes a evitar la celebración del referéndum. No voy a detallar mucho más este asunto, al que le dedicaré una entrada específica de este blog, con las averiguaciones que he hecho hasta ahora. Pero sí diré, brevemente, que la irrupción de esta magistrada en el asunto tuvo dos consecuencias que a la postre resultarían letales para la seguridad e integridad del Estado de derecho en Cataluña y para la vigencia de la Constitución en aquella región, facilitando la acción de los sediciosos, que estuvieron a punto de culminar con éxito el golpe de Estado en el que estaban embarcados. Estas consecuencias a las que me refiero fueron las siguientes:

- Al no cumplirse las instrucciones de la Fiscalía, los locales electorales quedaron en manos de los sediciosos, quienes, como hemos señalado más arriba, los ocuparon durante todo el fin de semana, facilitando la celebración de la consulta ilegal.

- Por otro lado, la juez del TSJC introdujo en su extemporáneo auto una serie de previsiones, que fueron utilizadas por los sediciosos jefes de la policía regional catalana para abstenerse de intervenir en los locales electorales el día de la consulta y los anteriores, con la finalidad de impedir la misma. Entre dichas previsiones se encontraba la instrucción a la policía para que las actuaciones que realizaran con la finalidad de impedir la celebración del referéndum se llevaran a cabo “sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Por otro lado, la juez ordenó a la policía que impidiera “la utilización de locales o edificios públicos -o de aquéllos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales”. Finalmente con un carácter puntilloso digno de mejor causa, la juez llegó a decir lo siguiente: “En el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios.”

Todas estas determinaciones, que cualquiera podría decir que estaban allí puestas completamente a sabiendas de sus efectos y consecuencias, fueron utilizadas, como hemos dicho, por los sediciosos jefes de la policía regional, como excusa perfecta para abstenerse de evitar la celebración del referéndum. Ya que, como pusieron de manifiesto las actuaciones que sí desplegaron los cuerpos policiales del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), resultaba imposible impedir la celebración del referéndum sin afectar a la normar convivencia ciudadana, sin interferir en el normal funcionamiento de los locales electorales y sin afectar al resto de dependencias públicas ubicadas en dichos locales.

Lamentablemente, mi experiencia me dicta que estas consideraciones que acabo de hacer resultan inaccesibles para el solipsismo en el que viven los jueces españoles. La desastrosa actuación de esta juez, pretendiendo desempeñar extemporáneamente unas funciones ejecutivas a las que nadie le había llamado y para las que carecía de medios eficaces produjo los gravísimos efectos ya conocidos. Efectos de los que, no solo es que no ha tenido que responder ante ninguna instancia, sino que nadie hasta ahora, que yo sepa, ha calificado públicamente como se merecen.

En definitiva, con este largo excurso he querido poner de manifiesto las desastrosas consecuencias que puede llegar a tener lo que en ocasiones se ha denominado el gobierno de los jueces.

Porque, si ha habido una denuncia o querella se entiende que el juez o tribunal concernidos deban actuar. Pero eso no significa, en modo alguno, que su actuación consista necesariamente en abrir unas diligencias penales y seguir adelante con ellas, aunque el mundo se hunda. Los jueces, tan imaginativos a veces en la interpretación de las leyes para afirmar su jurisdicción, por qué no emplean ese don para afirmar justo lo contrario y no interferir en las actuaciones de defensa de la seguridad e integridad territorial del Estado que le competen al poder ejecutivo, que es el llamado constitucionalmente para ello.

Este asunto tiene otra derivada que no puedo dejar de lado. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una tensión más o menos soterrada entre, por un lado, el gobierno (en sentido amplio, podríamos decir que uno de los polos lo integra no solo el gobierno, sino el PSOE y, en general, la mayoría en la que se ha venido apoyando); y, por otro lado, los jueces. No me atrevo a decir que el otro polo de la controversia sea el poder judicial en su conjunto. Dejémoslo en los jueces, de momento.

El gobierno et alii se están revolviendo indisimuladamente contra determinadas actuaciones judiciales que les afectan, no limitándose a criticar las resoluciones judiciales, sino llegando en algunos casos a desacreditar la labor judicial y a algunos jueces, acusándolos de hacer política desde los juzgados.

Se trata de un asunto extremadamente preocupante, pero no es este el momento de profundizar en el mismo. Solo quiero dar una pincelada. Es evidente que por razones sociológicas, la mayoría de los jueces son más bien de derechas y eso es algo que debería corregirse. Pero, mientras tanto, todos debemos respetar, y el primero el gobierno, la importante labor que desempeñan los jueces en la sociedad. Comprendo que a veces resulte irritante que se note demasiado el sesgo político de determinadas resoluciones judiciales. Pero el gobierno no se debería permitir que esa irritación le lleve a desacreditar la labor judicial, sino que está obligado a combatirla con los medios previstos legalmente y, si no le satisface el resultado, deberá promover las reformas legales que sean necesarias. Todo menos embarcarse en la labor subversiva de atacar a los jueces.

Dicho esto, lo que quiero poner de manifiesto en este momento es que conductas como la que estoy comentando, en las que el estamento judicial en su conjunto se ha posicionado como lo ha hecho contra el poder ejecutivo, tienen el efecto perverso de cargar de razón a quienes piensan que los jueces hacen política contra un gobierno de izquierdas, porque son de derechas.

En definitiva, como creo que ha quedado claro en las líneas anteriores, mi opinión es que Grande-Marlaska tiene razón. Con todo, esto no es desde luego lo más importante. Lo más importante es que la juez Tardón, al ocultarle al gobierno la información de la que disponía, ha podido poner en peligro la seguridad y la integridad territorial de España. Y, cuando el gobierno lo ha advertido, el estamento judicial español en su conjunto, encabezado por su presidenta, ha demostrado públicamente a la sociedad española que está encantado de haberse conocido.