Que España es un país disfuncional
ya lo sabíamos. Y que está lleno de justicieros, inquisidores, iluminados y
otros fanáticos, también. Estas tan agradables notas caracterizadoras de
nuestros paisaje y paisanaje brillan con todo su esplendor ante las catástrofes
que casi cotidianamente nos acechan.
Cuando un accidente natural, de
ferrocarril o de otra clase produce graves daños e incluso la pérdida de
vidas humanas, una jauría humana ansiosa de sangre, capitaneada por conspicuos
políticos, medios de comunicación y otros líderes sociales, exige
inmediatamente la muerte de los culpables.
Enseguida, esta jauría pide el
cese fulminante, el procesamiento y la cárcel para todas las personas,
especialmente los servidores públicos, responsables de los servicios
relacionados más o menos con la catástrofe. Las mentes más perturbadas no dudan
en calificar inmediatamente las muertes producidas de asesinatos y a los
funcionarios responsables del servicio de asesinos.
Una sociedad sana debería afrontar
una catástrofe de esta naturaleza esforzándose en analizar seria y objetivamente
sus causas, para que no se repitan, acogiendo humana y materialmente a sus
víctimas y reparando colectivamente los daños producidos con suficiencia y
rapidez.
En lugar de eso, en España, la sociedad
en su conjunto se engolfa en una persecución inmisericorde de los responsables de
los servicios implicados, bajo la aparente presunción de que, en el momento de
la catástrofe, en lugar de estar cumpliendo razonablemente con sus obligaciones
laborales y profesionales, como cualquier hijo de vecino, se solazaban venalmente
en el más despreciable de los abandonos, por supuesto, doloso.
Para dar satisfacción a la
jauría, estas salvajes presunciones de culpabilidad dolosa, más propias de un
mundo arcaico y brutal que de una sociedad civilizada, son acogidas con satisfacción
por jueces y fiscales, que no tardan en incoar crueles diligencias penales por
las que hacen desfilar a una cuerda de imputados, cuyas vidas quedan para siempre
destrozadas: ¿quién se sobrepone al estigma social de ser acusado de la
perpetración de tan gravísimos delitos? Y, lo que es peor: los superiores de
los jueces y fiscales implicados, en lugar de corregir la errática actuación de
aquellos, les otorgan, con sus decisiones, una pátina de respetabilidad.
Como bien se comprende, esta es
una tara social que padece España que nada positivo nos reporta a los ciudadanos.
Antes al contrario. El fanatismo justiciero con el que la sociedad aborda estos
asuntos se vuelve contra nosotros mismos, de lo que es buena muestra la
información que hoy ofrece el diario El Mundo, según la cual, en la compañía
pública gestora de las vías férreas (ADIF) ningún técnico se quiere
responsabilizar de los informes y demás actuaciones necesarias para resolver el
grave problema ocasionado por el accidente de Adamuz.
El Mundo informa de que “nadie
quiere firmar el nuevo expediente de contratación de la obra de emergencia de
la línea para subsanar el destrozo, nadie quiere ser el responsable de la
licitación; hay problemas para adjudicarla y supervisarla, ya que, según dicen,
resulta difícil asumir una actuación que ya de por sí es complicada cuando hay
tantas incertidumbres sobrevolando el caso.”
El periódico dice que esta renuencia de los técnicos de ADIF está relacionada con el miedo a perder los cargos que ostentan. Y no digo que no se encuentren aquejados de este síndrome, también. Pero, la verdadera razón por la que los técnicos de ADIF no quieran responsabilizarse de las actuaciones necesarias para la reparación de la vía es porque temen el acoso de una jauría humana que, llamándolos asesinos, les empuje hacia un tenebroso túnel jurídicopenal del que dificilmente podrán salir y, eventualmente, les haga terminar con sus huesos en la cárcel por el resto de sus días.
