LA LIMPIEZA ELECTORAL ES MÁS IMPORTANTE QUE EL DERECHO AL VOTO DE UNOS POCOS

Sánchez y compañía engolan mucho la voz al referirse al derecho al voto de los beneficiados por la ley de nietos. Un Sánchez completamente hiperbólico se quejaba ayer, por un lado, de que se impidiera votar a los nietos de los exiliados republicanos, mientras se permitía votar a los nietos de los franquistas. ¿Quiénes son estos, por cierto; somos todos los demás? Y, por otro lado, sobreactuando de forma notoria, soltaba la siguiente píldora elaborada en la sala de máquinas de la Moncloa: “el derecho al voto se garantiza, no se prohíbe”.

Hay suficientes indicios como para que cualquier observador imparcial dude de la regularidad y limpieza de los procesos de nacionalización llevados a cabo al amparo de la ley de nietos. El otro día vi en la televisión a una señora que, desde una calle de Buenos Aires, se jactaba de que en su familia se habían nacionalizado 30 personas y que, por supuesto, iban a votar. Cuando le preguntaron por el ascendiente que les había habilitado su reciente nacionalización, explicó vagamente que era su abuelo, que había emigrado a la Argentina en 1902 o 1903, ella no se acordaba muy bien. Es decir, fuera por completo del ámbito temporal de aplicación, no solo de la ley de nietos, sino de la instrucción de la hermana del ministro Puente, que la amplió ilegalmente.

Siendo así las cosas, como ciudadano que posee la nacionalidad española por origen, considero:

1°. Está bien que las Cortes les hayan otorgado la ciudadanía española a los hijos y nietos de los exiliados tras la Guerra Civil.

2° Las personas que no han nacido en España, y que no viven ni tributan en España, no deben tener derecho al voto, aunque posean la nacionalidad española.

3°. Las trapacerías del gobierno y la deficiente gestión administrativa de los consulados han generado dudas razonables acerca de si todas las nacionalizaciones concedidas al amparo de la ley de nietos son correctas legalmente.

Esta situación genera un claro conflicto de intereses, valores y bienes jurídicos enfrentados: por un lado, el derecho de los recién nacionalizados a votar; y, por otro, la exigencia de limpieza electoral. Dicho conflicto debe resolverse afirmando la primacía de la limpieza electoral, frente al derecho al voto de unos cuantos españoles recientes. Se trata de un valor de entidad infinitamente superior, por mucho cínico aspaviento que desplieguen Sánchez y los suyos en los mítines.

 

UN PROBLEMA NACIONAL

 

Uno de los problemas políticos más serios y de más difícil solución que tiene España es el perfil de la mayoría de los militantes del PSOE. No sabría muy bien cómo definirlo. Se supone que podemos conocer cómo son políticamente los militantes de un partido por los líderes que eligen, especialmente, cuando lo hacen a través de elecciones primarias. También por los programas que aprueban en sus congresos. Aunque tengo la sensación de que esto último es menos representativo del verdadero perfil del conjunto de la militancia, pues los programas están más mediatizados por los líderes que la propia elección del equipo de dirección del partido.

En este sentido, la deriva del Partido Socialista en los últimos 25 o 30 años, que lo ha conducido al estado en el que hoy lo percibimos, es indisociable de la elección por la militancia de sus dos últimos líderes: Zapatero y Sánchez. Es cierto que no lo tuvieron fácil los militantes. En la primera tesitura, si mal no recuerdo, las alternativas a Zapatero fueron José Bono (entonces no se conocían sus trapacerías dominicanas), Matilde Fernández y Rosa Díez. Y, en el caso de Sánchez, la primera vez se enfrentó a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias y, en la segunda, a Susana Díaz y Pachi López.

Es cierto que ninguno de los rivales de uno y otro tenía una categoría política y personal claramente superior a los elegidos. Pero no es menos cierto que Zapatero era lo que mi padre habría llamado un chisgarabís. Lo era entonces y lo es ahora, con más de 65 años. Lo único que ha crecido en él con los años es su fatuidad. Además de su codicia, pero ese es otro cantar.

No obstante, lo más importante, a los efectos de lo que quiero razonar, fue su política, consistente en un fomento exacerbado de los derechos de todas las minorías que hay en el mundo, como leit motiv casi exclusivo de su gobierno. Olvidando el objetivo tradicional de los grandes partidos socialdemócratas tradicionales: las clases medias y trabajadoras. Y, al mismo tiempo, sentando las bases para la ruptura de los consensos básicos de la Transición que Sánchez, finalmente, ha dinamitado.

Y qué decir de Sánchez. Su conducta política, más que la de un radical o un extremista es la de una persona carente de principios. Hoy dice el catedrático Javier Redondo en El Mundo sobre Sánchez que “Su principio rector es ¿Dónde dice que no se puede hacer?; y si lo pone en algún sitio, busca el atajo –el intento de reforma del CGPJ mediante enmiendas transaccionales de otras leyes–, el engaño y el fraude –cierra una legislatura sin Presupuestos, Ley de Amnistía, de Nietos o aprobación de decretos en la Diputación Permanente del Congreso, que no refleja la mayoría parlamentaria...”

La definición de gobierno Frankenstein con que Rubalcaba tildó al de Sánchez fue completamente ajustada. Se trata de un monstruo. Una coalición con una extrema izquierda con la que hasta el día anterior no podría ni dormir tranquilo y con una serie de grupos regionales reaccionarios (sí, ERC, Bildu y el BNGa también son grupos reaccionarios) cuyo objetivo político fundamental y casi único es la destrucción de España.

No diré que en los debates de las elecciones primarias del Partido Socialista fuera patente la deriva que los dos líderes elegidos tomarían cuando se hicieran cargo del gobierno. Y no podemos recurrir a la ucronía de imaginar cómo habrían sido las cosas, si la dirección del partido la hubieran asumido José Bono o Rosa Díez; o Eduardo Madina o Susana Díaz. Quizá me esté dejando llevar por un sesgo de confirmación, pero estoy convencido de que, tanto Zapatero como Sánchez, cuando se presentaron a las primarias, eran lo que podríamos llamar unos candidatos pregonaos. Vamos, que los militantes sabían perfectamente a quiénes estaban eligiendo y por qué lo estaban haciendo.

Viene todo esto a cuento de la reciente elección de Raphaël Glucksmann, en las primarias convocadas por el Partido Socialista francés, para seleccionar al candidato a la presidencia de la República. Para empezar, el candidato elegido no es ni siquiera militante del partido, sino de un partido minoritario, coaligado con el PS, llamado Place Publique. Pero, lo importante es su política. Y lo que defiende Glucksmann es una posición netamente socialdemócrata, opuesta, no solo, desde luego, a la extrema derecha que representa Le Pen, sino a la extrema izquierda de Mélenchon. En fin, nada amigo de Lepenchon (Arcadi Espada dixit). Y bien distinto a lo que parece ser la pulsión mayoritaria de los militantes del PSOE. No de ahora, sino desde hace casi 30 años, cuando manifestaron el último rasgo de sensatez, eligiendo a Josep Borrell candidato a la presidencia del gobierno.

El eurodiputado Raphaël Glucksmann gana las primarias socialistas en Francia | Internacional | EL PAÍS

QUEREMOS SABER

El gobierno y la izquierda en general han convertido a Maricarmen en un icono, en un símbolo de una realidad (inventada, pero esa es otra cuestión), según la cual, fuerzas económicas poderosas y desalmadas actúan en la sociedad para maximizar sus beneficios a costa del bienestar, la salud y hasta la vida de los ciudadanos. Literalmente, Irene Montero ha llegado a decir que Maricarmen ha sido asesinada. Como lo oyes.

Este símbolo ha sido utilizado para aprobar mediante sendos decretos-leyes una serie de medidas legales que pretenden salir al paso de los supuestos abusos de esas fuerzas malignas que solo existen en la imaginación calenturienta de esta izquierda desorientada que nos asola. Maricarmen ha sido la inspiración expresa de estos decretos-leyes, hasta el punto de que la propia Maricarmen es citada en el preámbulo de las normas legales, un detalle francamente estrafalario, un rasgo de la pésima calidad de la producción jurídica de la izquierda contemporánea y un ejemplo más de que “la izquierda no sabe Derecho”.

Las vicisitudes de estos decretos-leyes y sus consecuencias han elevado el carácter de Maricarmen muy por encima de su inicial instrumentalización política, convirtiéndose, de hecho, en el núcleo central del programa político de la izquierda.

Y así, el rechazo de los dos decretos-leyes por el Congreso ha sido calificado por la izquierda como una ofensa que le hubieran propinado a Maricarmen y a todas las maricármenes los partidos de la derecha que votaron en contra de los decretos.

Al propio tiempo, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas ha sido el modo que ha utilizado Pedro Sánchez para reparar las graves ofensas que la derecha le habría hecho a Maricarmen. La campaña electoral que ya funciona a pleno rendimiento está teniendo desde el principio como principal y casi único objetivo de los partidos de izquierda el convencernos a los españoles de que no debemos votar a unos partidos que han permitido y provocado el desahucio de Maricarmen.

La muerte de Maricarmen ha sido, hasta ahora, la guinda de esta repugnante estrategia política, ahora ya con tintes auténticamente carroñeros. Y son ellos los que nos hablan de buitres. Manda h… Esta mañana en la radio un tertuliano ha venido a decir que a la izquierda se le nota demasiado que la muerte de esta señora le ha venido como agua de mayo, hasta el punto de que a algunos de sus representantes prácticamente se les ha visto frotándose las manos debajo de la mesa.

Por encima de toda esta basura no podemos dejar de recordar que la situación de la vivienda en España está ahora mucho peor que hace ocho años, cuando Pedro Sanchez se hizo cargo del gobierno de España, presidiendo el gobierno Frankenstein (Rubalcava dixit). Pero, para una porción importante de españoles, esta circunstancia no merece atención ni interés. Para ellos, al parecer, no es importante que Pedro Sánchez y sus gobiernos sean los principales responsables del grave problema de vivienda que padecemos. Para estos españoles, lo importante es Maricarmen y la crueldad de una derecha, que ha permitido su desahucio y que, finalmente, ha provocado su muerte.

Pues bien, si tan importante es Maricarmen, todos los españoles tenemos derecho a conocer el valor del patrimonio que ha dejado Maricarmen al morir. El carácter de icono, de símbolo, de ariete en que lo ha convertido la izquierda, con el notorio y satisfecho consentimiento de la interesada, hacen que decaiga en este caso cualquier escrúpulo relacionado con la protección de datos personales.

Por eso, exijo conocer el patrimonio de Maricarmen y os animo a todos a dirigiros a los organismos oficiales correspondientes de transparencia, para que el gobierno dé a conocer el patrimonio relicto de Maricarmen.

 

PRENSA AMARILLA, LA PRENSA DEL RÉGIMEN

 

Esta primera página del otrora prestigioso diario El País debería avergonzar a todos sus profesionales y a sus lectores. Aunque prefiero que el periodismo y la información, en general, sean neutrales, acepto, no tengo más remedio, la prensa con ideario. La otra, lamentablemente, no existe. Lo que no puedo aceptar es un periódico que hace campaña política por una opción, utilizando los trucos y mentiras de baja estofa que esa opción política pone en circulación para embarrar el terreno y ensuciar el debate público con bulos y eslóganes demagógicos para consumo de necios.

Convertir una primera página en un pasquín electoral de Pedro Sánchez supera cualquier límite de la decencia profesional que pueda imaginarse.

Ya he dicho aquí antes y me repito, que el caso maricarmen es un mero asunto sanitario y/o de servicios sociales. Ya que la interesada se había negado durante veinte años a proporcionarse a sí misma una vivienda en la que morar legalmente, como hacen millones de españoles, incluso con menos recursos que los suyos, el problema debió resolverse ingresando a la señora en una residencia y no esperar a que tuviera que ir a un hospital.

Pero Pedro Sánchez decidió utilizar a Maricarmen como ariete en su lucha ideológica contra la derecha y, finalmente, hasta para justificar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

El País, actuando como perfecta correa de transmisión de Pedro Sánchez, le dedica a la muerte de la señora cinco columnas y un titular que, a fuer de estrepitoso, es puramente falso. Porque Maricarmen no ha muerto desahuciada. Maricarmen ha muerto habiéndole concedido los propietarios un nuevo alquiler, por un precio cuatro veces inferior al precio de mercado. Pero era necesario poner énfasis en el carácter desahuciado del símbolo de esta repugnante estrategia política, aunque sea mintiendo sin rebozo.

Con todo, hay algo más deprimente que suscita este asunto. ¿Cómo es que millones de españoles le siguen comprando a Sánchez sus mercancías fraudulentas? ¿Es que no han tenido bastante con la amnistía, los pactos con Bildu, la corrupción de sus secretarios de organización, la colonización de todas las instituciones del Estado…?

PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA MOCHILA

 

A Joana, Cristina y Américo, sin cuyo concurso esta historia habría tenido, sin duda, otro desenlace.

Y a la decencia de todas las personas por cuyas manos pasó la mochila, aunque no siempre hayan adoptado las decisiones adecuadas.

La esencia de la historia que te voy a contar podría dar para un relato de realismo mágico portugués. Pero, eso sí, en manos de alguien con más talento y no tan impaciente como yo. Porque acabo de conocer su desenlace y no me he podido resistir a contarlo inmediatamente. Sí, y ya sé que lo voy a malbaratar, con esta narración atropellada y apresurada. Pero es lo que hay.

El martes 29 de septiembre último viajábamos Mati y yo camino de Cascais, donde viven nuestro hijo Carlos y su esposa, Joana, para acompañarlos, junto con los padres de Joana, en una gestión importante en sus vidas. Decidimos parar a comer en un área de servicio de la autopista que une el Algarve con Lisboa: el área de servicio Colibrí, de Aljustrel. Con tan mala fortuna que me dejé olvidada en la cafetería una mochila con diversas pertenencias. Como un teléfono móvil, unas gafas de sol graduadas, una cartera con mis tarjetas de crédito, el carnet de conducir y otros documentos; y otras muchas menudencias y fruslerías.

No reparé en el olvido hasta que llegué a Cascais. Y, en ese mismo momento, se puso en funcionamiento una maquinaria genuinamente portuguesa, perfectamente engrasada y de alta precisión, que ha permitido que, justo una semana después, recupere la mochila completamente indemne y con todas mis pertenencias en su interior. Ahora te cuento los pormenores.

Como acabo de decir, la cosa empezó nada más llegar a Cascais, con una llamada de Joana al área de servicio donde me dejé la mochila. En unos instantes, la empleada le confirmó que una mochila de las características descritas por Joana se encontraba allí a mi disposición. Le dijimos que nos pasaríamos el jueves a recogerla, cuando volviéramos para Sevilla y la propia empleada preguntó que si nos interesaría recoger la mochila en la cafetería del otro sentido de la autopista, en dirección a Sevilla, cosa que confirmamos, lógicamente.

Nuestros planes cambiaron y decidimos volver el viernes, en lugar del jueves. No pensé que esta circunstancia tuviera por qué perjudicar el rescate de la mochila. En todo caso, no comuniqué al área de servicio mi cambio de planes, omisión que, como verás, no tuvo incidencia alguna en las vicisitudes de la mochila.

El viernes fue un día largo e intenso. A las 9 de la mañana Carlos y Joana tenían cita en un banco de Cascais para tratar los temas de la hipoteca. A las 11:30 tenían cita en la agencia inmobiliaria, para firmar el contrato de compromiso de compraventa del piso que habíamos visto el martes, cita que hubo que aplazar una hora, porque la gestión del banco se prolongó. Y a las dos, Carlos y Joana habían reservado para almorzar en el restaurante Montemar, en la Praia do Guincho de la costa de Cascais, para celebrar el feliz (y sumamente oneroso para ellos, todo hay que decirlo) acontecimiento de la compra de un piso. Esta cita también debió aplazarse. De hecho, nosotros llegamos a Montemar después de las tres y allí pudimos disfrutar de las bonitas vistas del Atlántico desde las rocas a las que está encaramado el restaurante.

Después de las cinco de la tarde partimos Mati y yo para Sevilla, con la vista puesta en el área de servicio de Aljustrel, adonde llegamos unas dos horas después. Con cierta inquietud me dirigí a la chica de la caja de la cafetería y le enseñé la pantalla de un teléfono móvil, en la que el traductor había escrito: “Vim buscar uma mochila azul” (vengo a recoger una mochila azul).

La empleada, que en ese momento atendía a varios clientes que hacían cola en la caja, se dirigió a una estancia interior, donde le transmitió mi petición a otra persona. Esa otra persona, que parecía de mayor rango, se acercó a la barra, para solicitarme pormenores, entablándose un diálogo en el que yo a duras penas intenté hacerle comprender que me había olvidado la mochila en la cafetería que se encontraba al otro lado de la autopista, que mi nuera había hablado el martes con su compañera de nombre X y que esta le había confirmado que tenía en su poder la mochila y se había acordado pasar la mochila a este lado de la autopista, para que yo la recogiera.

Esta segunda empleada de mayor rango habló por teléfono en mi presencia con la cafetería del otro lado y por la cara que iba poniendo empecé a temerme lo peor. La empleada entraba a las dependencias interiores de la cafetería, como si buscara la mochila y continuaba hablando. Finalmente, la mochila no aparecía en ninguno de los dos lados de la autopista.

En ese momento llamé a Joana, para poner a la empleada al teléfono, de modo que esta supiera de primera mano la conversación que había tenido el martes Joana con la empleada X del área de servicio. Tras la conversación entre las dos, la empleada me devolvió el teléfono y Joana me contó lo que yo me temía. Que la mochila no aparecía, que podría encontrarse en la gerencia del área de servicio, pero que era una estancia que se encontraba cerrada y las llaves las tenían los gerentes, que estaban ausentes y no llegarían hasta el día siguiente. De modo que la empleada le dijo a Joana que iba a hablar con la persona que estaba de servicio la tarde del martes (X), y con el gerente.

Una vez que hizo ambas llamadas, la empleada apareció de nuevo en la barra con cara de circunstancias y me pidió que contactara de nuevo con Joana, para darle a ella las correspondientes explicaciones en portugués. Cuando hubo terminado, me pasó el teléfono y Joana me dijo que las explicaciones eran bastante confusas, pero que lo que le habían contado era, más o menos, lo siguiente: que el mismo día del olvido de la mochila, después de la conversación de Joana con el área de servicio, momento en el que la mochila estaba allí, un turista español se interesó por una mochila olvidada ese mismo día y le dieron la mía, el turista la cogió y se la llevó.

En vista de ello, convencido una vez más de la maldad intrínseca de la especie humana, lleno de resentimiento e indignación y casi disfrutando de mi misantropía, decidí seguir la marcha hacia Sevilla, dando por perdida la mochila. Pero yo no contaba en ese momento con que la maquinaria de precisión portuguesa, de búsqueda y recuperación continuaba funcionando a pleno rendimiento. Y así, Joana, que ya tenía el teléfono de la empleada que me había atendido, le pidió los teléfonos de los gerentes y empleados involucrados y realizó varias y extensas llamadas de teléfono, con el fin de precisar y aclarar los términos de las actuaciones realizadas por el área de servicio, en relación con la mochila.

Los responsables del área de servicio le aseguraron que iban a inspeccionar las grabaciones de las cámaras de seguridad, para reconocernos a nosotros, a la mochila y a la persona que se la llevó, para lo que le pidieron a Joana unas fotos nuestras y de la mochila. También iban a revisar el listado de las llamadas recibidas durante la tarde del martes. Esto último era importante, porque, al parecer, la persona que se llevó la mochila había llamado anteriormente para advertir de que se había olvidado un bolso azul en la cafetería y de que se iba a pasar a por él.

Fruto de estas gestiones y conversaciones, Joana consiguió hacerse una idea más precisa de lo que había ocurrido. Para ello, tuvo que superar las diferentes versiones contradictorias que le transmitió a lo largo de prolongadas llamadas telefónicas, la persona con la que tuvo la primera conversación el martes (X), así como la confusión general que parecía reinar en la gestión que había llevado a cabo el área de servicio sobre el asunto de la mochila.

La cuestión parecía bastante bien centrada en esas horas finales del viernes, en las que la verdad se iba abriendo paso poco a poco, si bien, persistían algunas incertidumbres. Y esa verdad, que era parcialmente diferente a lo que habíamos ido sabiendo desde el principio, consistía, más o menos, en lo siguiente: Un pasajero de un autobús que circula por la autopista que une el Algarve con Lisboa (parece que un turista español) le dice a su compañía que se ha dejado un bolso azul en el área de servicio de Aljustrel. El departamento de objetos perdidos de la empresa de autobuses habla con el área de servicio y allí le confirman que hay una mochila azul extraviada, por lo que la compañía de autobuses le indica al área de servicio que un conductor de un autobús posterior se pasará a recogerlo. El conductor no conoce el bolso y da por bueno que lo que le entregan era lo que había perdido el viajero de su compañía. Al recogerlo, le hacen firmar un recibo en el que aparece su nombre, Vitaliy Kovalchuk, recibo del que le envían una copia a Joana.

Las pesquisas ya habían progresado mucho. A partir del nombre de la persona que, supuestamente, habría recogido mi mochila en el área de servicio, ya se podría profundizar en la investigación. Tanto, que, en la misma tarde/noche del viernes 2 de octubre, Cristina, la madre de Joana, había encontrado en las redes sociales a un tal Vitaliy Kovalchuk, un ucraniano que, efectivamente, era un conductor de autobús de una compañía asentada en Lisboa.

Posteriormente, Vitaliy Kovalchuk llega a Lisboa y deposita la mochila en la sección de objetos perdidos de la estación de autobuses. A partir de ese momento, o la compañía de autobuses, consciente, por el revuelo producido, de que ha recogido un bolso equivocado, decide no ofrecérselo al pasajero; o, si se lo ofreció al pasajero, este, en un rasgo de honradez, lo rehusó, por no ser suyo. Porque lo cierto es que la mochila permanecía allí, como supimos después.

Ahora venían tres días en los que las pesquisas no pudieron avanzar significativamente: sábado, domingo y un lunes feriado en Portugal. Sin embargo, el círculo se fue cerrando. Por ejemplo, el área de servicio le confirmó a Joana que la llamada de teléfono que recibieron procedía del departamento de objetos perdidos de la compañía de autobuses y que, efectivamente, las cámaras de seguridad nos habían identificado a Mati y a mí y al conductor que recogió la mochila lo que permitió, además, confirmar la coherencia de los horarios de cada una de las presencias.

Como acabo de decir, lo cierto es que la mochila estaba en la estación de autobuses. Porque, estando inconclusas las pesquisas, hasta allí han ido hoy de buena mañana Américo y Cristina, los padres de Joana y la han recogido. A las 11:33 am (10:33, hora portuguesa) recibo una videollamada de Américo, en la que me muestra la mochila y todo su interior que se encuentra, aparentemente, tal y como la olvidé en el área de servicio de la autopista.

¿Tú crees que algo así puede ocurrir en España? No lo sé, pero sí es cierto que mis frecuentes visitas a Portugal me están convenciendo progresivamente de que en determinados aspectos su grado de civilización es superior al nuestro. Este episodio puede ser una muestra.

Y, no diré que haya llegado a reconciliarme con la condición humana, en general. Pero estoy dispuesto a admitir que, probablemente, algunos de mis congéneres no son necesariamente unos desaprensivos. Y, si son portugueses, las posibilidades de que su conducta sea decente son aún mayores.

LAS OPINIONES DE NORMAN FOSTER SOBRE LA VIVIENDA Y LOS DECRETOS BASURA DE SÁNCHEZ

 

Norman Foster, quizá el más famoso arquitecto vivo del mundo en este momento, concede una entrevista al diario El País, con motivo de uno de sus proyectos, la obra de reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que mañana se abre al público.

El periodista le pregunta qué se puede hacer para atajar la grave crisis de la vivienda que padecemos. Y, en apenas unos segundos de respuesta, este prestigioso arquitecto manda a la mierda los dos decretos que Sánchez va a aprobar mañana, fraudulentamente, según algunas opiniones jurídicas que me merecen crédito.

Ante la pregunta, “¿Cómo puede una gran ciudad española solucionar el problema del acceso a la vivienda asequible?”, dice Foster, entre otras cosas, lo siguiente: “Hemos visto un desplazamiento total desde el ámbito público al ámbito privado. Quizá una de las respuestas sea encontrar un mejor equilibrio entre los dos.”

Y luego, continúa diciendo: “en el pasado los gobiernos, tanto municipales como estatales, tomaban iniciativas más osadas.” Y, cuando el entrevistador le pregunta: “¿Qué tipo de iniciativas?”, Foster responde: “Por ejemplo, una gran cantidad de suelo pertenece a las ciudades y a los gobiernos. Y uno de los problemas es el coste del suelo. Si las autoridades locales no ponen ese suelo a valor de mercado, sino quizá a un valor para la comunidad, eso puede cambiar la situación.”

Mayor iniciativa pública y suelo más barato. Medidas y decisiones inteligentes, eficaces y eficientes y no las torpes, resentidas y fraudulentas medidas de los decretos basura que Sánchez va a poner de nuevo en circulación.

SI NO FUERA POR MARICARMEN

 

El llamado problema de la vivienda, la principal preocupación de los españoles, según el INE, es una de las más claras manifestaciones de algunos de los más graves extravíos en los que se encuentra sumida España.

La vivienda es un problema porque es muy cara, tanto en su modalidad de compra, como de alquiler. Y una de las consecuencias socialmente más dolorosas es la cantidad de desahucios que se producen anualmente (más de 25.000), generalmente, por falta de pago de la renta o del crédito hipotecario contraído para la compra.

La solución a este problema es muy difícil y compleja. Dificultad y complejidad que se ven agravadas por circunstancias específicamente españolas.

En primer lugar, las soluciones que suelen exponerse públicamente son, con frecuencia, puramente ideológicas. Unos dicen que hay que liberalizar salvajemente el suelo y suprimir o debilitar los numerosos controles públicos a los que están sometidas la planificación urbana y la construcción. Otros dicen que la solución está en la creación de un gigantesco parque público de viviendas, porque gigantesco tendría que ser para dar respuesta a la situación actual. Unos y otros proponen medidas fiscales en todas direcciones y, por tanto, con frecuencia, incompatibles o, como mínimo, contradictorias. Y, en fin, no faltan arbitristas que propugnan la expropiación masiva de viviendas privadas para ofrecerlas como viviendas sociales, la prohibición de los desahucios y otras ocurrencias.

Francamente, si yo tuviera que decidir las actuaciones a llevar a cabo para solucionar el problema de la vivienda me vería en un grave aprieto, porque no tengo ni idea. Lo único que sé es que se trata de un problema cuya solución solo es posible a largo plazo, por no decir a muy largo plazo. Esto ya supone de por sí una dificultad, ya que los responsables políticos carecen de motivación para abordar un problema cuya solución no les va a reportar ningún beneficio electoral a corto y medio plazo y sí, probablemente, algunos sinsabores.

Si, además, tenemos en cuenta que los políticos que han de tomar las medidas correspondientes lo son de todas las esferas territoriales, central, regional y local, cada una con sus calendarios electorales, muchas veces superpuestos, cada uno con su disciplina política, ya tenemos un escenario que de ninguna manera favorece o facilita los acuerdos de largo y profundo alcance que tendrían que adoptarse para abordar la solución del problema.

Este es, muy esquemáticamente, uno de los extravíos a los que me referí al principio y constituye, además, el contexto en el que ha explotado el desahucio de la señora Maricarmen en el distrito de Retiro de Madrid.

Lo que me permite adentrarme en el segundo extravío de los que quería hoy hablar. Me refiero a la simpleza infantil con la que una buena parte de la sociedad española a todos los niveles ha reaccionado ante el famoso desahucio de Maricarmen.

Como dije antes, en España se producen anualmente más de 25.000 desahucios y los medios de comunicación nos cuentan los detalles de algunos de los más penosos, por implicar a personas que carecen de todo medio de subsistencia, menores de edad, ancianos, etc. Por razones ignotas, la sociedad española ha decidido estallar ante el desahucio de una persona que, a pesar de que fue advertida hace más de 20 años de que no podía legalmente seguir viviendo en su piso alquilado, si no pagaba la renta que le exigía su propietario, decidió atrincherarse, dejar de pagar lo que le exigían y seguir contemplando el parque del Retiro desde su ventana, esperando a que el día del desahucio no llegara nunca.

Pero el día llegó y lo que era un problema individual de asistencia social, que se habría resuelto ingresando a la señora en una residencia, si es que no quiere procurarse ella misma otra vivienda (con el importe de su pensión y con menos viven miles de españoles), se convierte de pronto en la clave de bóveda del gran problema nacional de la vivienda.

Una ministra del gobierno exige (no propone, exige) que se expropie la vivienda y se le entregue a Maricarmen. Qué solución más eficaz e inteligente. Cómo no se le habrá ocurrido a nadie antes. Cada vez que uno deje de pagar la hipoteca o la renta, porque no pueda o porque no quiera, la administración la expropia y se la entrega al deudor. Mientras, los demás pagamos nuestros impuestos para que el Estado pueda financiar tan benéfica política y, con lo que nos quede, seguimos pagando nuestras viviendas.

Miles de manifestantes se aglomeran alrededor del portal de Maricarmen para protestar por su desahucio y para impedirlo, si es posible. Y una buena parte de los españoles lloriquean desde sus casas sintiéndose muy concernidos por el problema de Maricarmen y acompañando en espíritu a quienes se manifiestan in situ.

En las tertulias televisivas y radiofónicas nadie se atreve a llamar a las cosas por su nombre y se le pide al gobierno, a los partidos, al ayuntamiento y a la comunidad de Madrid que hagan algo, que impidan, por favor, el desahucio de Maricarmen. Nada o casi nada dicen en este momento de los otros 24.999 desahucios.

Bueno, sí hay un tertuliano que ha decidido esta mañana, en la cadena SER, llamarles a las cosas por su nombre, según su particular entendimiento. El escritor Juan José Millas ha calificado de secuestro el desahucio de Maricarmen. Así, sin anestesia, ha utilizado el término penal de secuestro una decena de veces o más. Además, lo ha hecho con conocimiento de lo que estaba diciendo, porque tenía muy claro quiénes eran los autores de ese crimen: el Tribunal Supremo, el ministro del Interior, el juzgado que practicó el desahucio y los policías que lo auxiliaron. Ha llegado a decir que el ministro Marlasca debió dimitir negándose a realizar el desahucio/secuestro, lo que le habría reportado salir a hombros por la puerta grande.

El conjunto de la sociedad española asiste expectante este fin de semana a las intensas negociaciones que llevan a cabo la parte socialista del gobierno con su otra parte y con el resto de las fuerzas políticas que habitualmente lo extorsionan, con el fin de sacar el martes un Decreto Ley que dé respuesta al apesadumbrado estado de ánimo en el que se encuentra sumida la sociedad española, debido al desahucio de Maricarmen. Un desahucio que solo sería explicable si se tiene en cuenta la extrema crueldad del alcalde Almeida y de la presidente Ayuso y de su partido.

Porque la sociedad española no tiene ni idea de cómo se resuelve el problema de la vivienda. Lo cual no es raro, porque, en realidad, nadie lo sabe. Así que el gobierno simula que en tres días va a ser capaz, no solo de elaborar, sino de acordar con una mayoría del Congreso un plan que resuelva el problema de la vivienda en España. En un asunto tan sumamente complicado como este, algo que no ha sido capaz ni de abordar en los ocho años que lleva gobernando, el gobierno Sánchez pretende resolverlo con un decretoley. Y todo, gracias al desahucio de Maricarmen. No tenemos remedio.

¿QUÉ PRETENDE INVESTIGAR LA JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL?

 

Vamos a ver, según la Constitución, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa del Estado. Tras la invasión de Ceuta, el gobierno no se cansa de decir, contra toda evidencia, que Marruecos no ha tenido nada que ver. No creo que cueste admitir que esta postura, la compartamos o no, es una manifestación de las políticas exterior y de defensa, que ya hemos dicho que le corresponden al gobierno.

Ahora, admitamos que el gobierno esté exculpando a Marruecos, porque considera que es la postura política más adecuada para resolver el problema del modo que el propio gobierno considera más satisfactorio. Puede estar equivocado, pero es su competencia y esa decisión, de no culpar a Marruecos, es una decisión política legítima que, además, no es susceptible de revisión, en las cuestiones de fondo, por ningún juez o tribunal. Como tampoco puede entender ningún juez o tribunal de la decisión de retirar a un embajador o de no retirarlo o de romper relaciones diplomáticas con un país o dejar de hacerlo.

La sociedad española está traumatizada por la invasión de Ceuta y sus consecuencias. El gobierno está haciendo lo que considera necesario para resolver este espinoso problema, pero a un sector importante de la opinión pública le parece que no está haciendo lo suficiente y no está de acuerdo con que no se culpe al Estado de Marruecos de la invasión. No obstante, se piense lo que se piense de las medidas que se están tomando, sin duda mejorables, de ninguna manera pueden ser calificadas, ni siquiera indiciariamente, como delictivas.

Entonces, ¿qué demonios está investigando la juez de la Audiencia Nacional? ¿Qué pretende esa juez, sustituir al parlamento, en sus funciones de control de la acción del gobierno; o, peor, interferir en la política internacional y de defensa del gobierno? ¿Pretende investigar la conducta de las autoridades y funcionarios marroquíes que, supuestamente, urdieron la invasión? Parece que no se da cuenta de que no va a conseguir nada por esa vía, porque no va a contar con la colaboración de dichas autoridades y funcionarios. Y, lo que es peor, no se da cuenta de que esa vía de investigación va a interferir ilegítimamente y puede que con nefastas consecuencias, en la estrategia del gobierno en sus relaciones internacionales con un estado extranjero. Y, si lo que pretende es investigar las decisiones del gobierno, ¿qué se propone, dirigir ella las funciones ejecutivas que le corresponden al gobierno y la administración, determinando cuántos soldados o policías se deben destacar en Ceuta, cuántas mantas y tiendas de campaña se deben proporcionar para alojar a los invasores, el modo de alojar y escolarizar a los menores, etc., etc.?

La juez está contando con el apoyo de todo el estamento judicial, empezando por la presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es absurdo, pero de qué nos vamos a extrañar, si los jueces españoles, como colectivo, nos demuestran cada día que cultivan su solipsismo tranquilamente acomodados en su torre de marfil.

Pero, quienes están jaleando a esta juez desde los partidos políticos y los medios de comunicación parece que pretenden desgastar al gobierno, sin reparar en las graves consecuencias que puede llegar a tener esta interferencia judicial.

En la sociedad española se ha instalado la convicción de que todos los problemas, todos los conflictos, cualquiera que sean su naturaleza e implicaciones, son susceptibles de ser resueltos por vía judicial. Y, en especial, cuando no nos gustan las decisiones del gobierno o queremos acabar con él antes de tiempo, no estamos dispuestos a esperar a las próximas elecciones, sino que buscamos a un juez para que lo meta en cintura y, si es posible, que lo meta también en la cárcel. Y así nos va.

MARLASKA TIENE RAZÓN

Todos sabíamos que la invasión de Ceuta no podía haber sido un acto espontáneo. Hemos visto en la televisión cómo docenas de personas se bajaban de camiones y eran dirigidas hacia la frontera española por policías marroquíes uniformados. En general, nadie con dos dedos de frente ha podido creer que en una satrapía como Marruecos fuera posible movilizar a 80.000 personas sin el conocimiento y el consentimiento del gobierno. Y, como no se nos alcanza a imaginar qué iniciativa privada o no oficial se haya podido embarcar en semejante proyecto, la única alternativa verosímil que nos queda es la de entender que la invasión de Ceuta ha sido obra, directa o indirectamente, del propio gobierno marroquí.

A pesar de esta evidencia incontestable, el gobierno español, no solo se ha venido inventando otros autores de la invasión (las mafias, Israel, Rusia...), sino que desde la primera hora está alabando la actitud de Marruecos, considerándolo un colaborador leal en la solución del problema. Uno puede entender, hasta cierto punto, esta actitud del gobierno. Baste imaginar lo que podría haber ocurrido si, una vez que los 80 mil invasores entraron en la ciudad, Marruecos hubiera cerrado su frontera, impidiendo el retorno de sus ciudadanos. La experiencia nos ha enseñado que, para las autoridades marroquíes, con su rey a la cabeza, la vida y la seguridad de sus súbditos están a su servicio y que no dudan en emplear a hombres, mujeres y niños como carne de cañón en sus estrategias políticas. De paso, no puedo dejar de resaltar lo significativo que resulta que estas conductas tan inhumanas sean desplegadas por el denominado Comendador de los creyentes, título religioso del monarca marroquí, descendiente del profeta. Quiero decir que algo tendrán que ver estas cosas con la esencia del Islam, esa religión tan humanista. En definitiva, nada cuesta imaginar que la frontera podría haber sido cerrada por Marruecos, con las catastróficas consecuencias que habría llevado aparejadas, estas sí, más difíciles de imaginar en su entera magnitud.

En los primeros días tras la invasión, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, dando curso a una denuncia presentada por una entidad vinculada al partido político VOX, abrió unas diligencias para esclarecer si los hechos relacionados con la crisis ceutí pudieran ser constitutivos de delitos imputables a personas concretas. En este punto, resulta digno de destacar que en España siempre haya un juez o tribunal (o varios), dispuesto a estrujar unos hechos, cualquiera que sean su naturaleza, transcendencia e implicaciones, con el fin de extraer de ellos alguna sustancia criminal, por peregrina que esta sea. Especialmente, si con los hechos de que se trate están relacionados políticos de cualquier tendencia. Este fenómeno no es una extravagancia inofensiva de la vida pública española. Al contrario. Desde el momento en que un juez penal entra a conocer de unos hechos, el meritado juez o tribunal se atribuye una supremacía inatacable sobre aquellos, convirtiéndose en un auténtico agente plenipotenciario sobre un sector de la realidad, cuyo perímetro lo define el propio juez o tribunal. Ninguna otra persona o entidad, ni ninguna otra autoridad pública podrá inmiscuirse en modo alguno en las cuestiones que ventila ese juez o tribunal, so pena de acabar acusado de delitos relacionados con el entorpecimiento de la acción de la justicia.

A finales de agosto se dio a conocer, como tantas otras veces de un modo subrepticio, el informe que la juez le encargó a la policía y que desvelaba, más o menos, lo siguiente:

- Que la invasión había sido urdida por la policía y los servicios secretos del régimen autoritario marroquí.

- Que la crisis de Ceuta no era un fenómeno migratorio, sino algo más parecido a la Marcha Verde de 1975. Es decir, personas corrientes encuadradas por Marruecos y utilizadas como ariete en una estrategia de anexión territorial.

Al conocerse el contenido del informe, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, le afeó a la policía y a la juez del caso que le hubieran hurtado el conocimiento durante semanas de una información tan importante para la seguridad e integridad de España. Y no solo eso, sino que presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como es lamentablemente habitual en España, todos los medios políticos y periodísticos afines al ministro hicieron piña con él en su queja y todos los del otro bando hicieron justo lo contrario. No me voy a detener en estas reacciones, ya que, al estar viciadas del irritante sectarismo que impregna la vida pública española, no merecen apenas crédito. Podemos asegurar sin temor alguno a equivocarnos, que si los actores de la actual farsa hubieran sido los contrarios, los hunos y los hotros habrían intercambiado los papeles que hoy están jugando, sin rubor alguno.

De modo que me voy a fijar, exclusivamente, en las reacciones del estamento judicial a las quejas de Marlaska. Bien, los jueces han salido en tromba a defender a la juez Tardón y lo han hecho de un modo inopinadamente enfático. Visto desde fuera, pareciera que el ministro le hubiera ordenado a la policía un registro del juzgado con cacheo de su titular incluido. Cuando lo que ha hecho Marlaska es quejarse de no haber sido informado de unos hechos tan importantes y graves y con tanta transcendencia para la seguridad e integridad del Estado.

Frente al ministro, la Presidenta del CGPJ, la junta de jueces de la Audiencia Nacional, jueces tuiteros, jueces tertulianos y jueces sin graduación específica han reaccionado como si el ministro hubiera perpetrado un gravísimo atentado contra la independencia judicial. Cabe decir que la proverbial soberbia de los jueces españoles ha alcanzado grados próximos al paroxismo en estos días. Un juez tertuliano particularmente ensimismado y que habitualmente envuelve sus desatinos en un pringoso verbo leguleyo, tan irritante, ha llegado a decir en la televisión que es una deshonra que Fernando Grande-Marlaska haya sido juez alguna vez.

El estamento judicial sostiene, básicamente, dos ideas:

- En primer lugar, que la juez debe seguir investigando los hechos en su juzgado, algo que, aparentemente, ni el ministro ni nadie ha puesto en cuestión.

- En segundo lugar y todavía más enfáticamente, los jueces, como un solo hombre, han defendido el derecho de la juez a entender en exclusiva y mantener en secreto el contenido de los informes que le ha elevado la policía sobre el asunto que investiga.

Expuestas así las cosas, yo me permito preguntar: ¿es lícito y, sobre todo, es lógico y racional que un juez tenga la facultad de investigar un asunto, unos hechos, un problema concreto, en un caso como el que nos ocupa? Es decir, si la nación es objeto de un ataque por un país extranjero como del que ha sido objeto España; ¿el poder ejecutivo puede quedar lastrado por unas actuaciones judiciales que nada pintan en el escenario en ese momento?

Sobre este particular, uno de los argumentos esgrimidos por la junta de jueces de la Audiencia Nacional no puede resultar más patético. Estos buenos señores (y señoras), en una carta firmada por unanimidad de los nueve miembros de la Junta de Gobierno del citado tribunal, han mostrado su “absoluto respaldo” a la juez Tardón y han manifestado que “no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación”, sino que “está actuando para la preservación y defensa del interés general de España”.

Examinadas detenidamente, estas expresiones no merecen otro calificativo que el de un auténtico lapsus linguae de sus autores. Uno debe convenir que, si fuera verdad que la función de los jueces es la preservación y defensa del interés general de España y además en exclusiva, como todo lo suyo, serían lógicas sus protestas. Pero esas expresiones no son sino una salida de tono absolutamente exacerbada. La defensa del interés general de España no significa nada, si no es aplicada al caso concreto de que se trate. Por definición, todas las autoridades y funcionarios públicos y aun el conjunto de los ciudadanos, han de velar por el interés general de España. Pero, supongamos que España fuera objeto de un ataque a su seguridad e integridad territorial por una potencia extranjera, con empleo de tropas y armas terrestres, marítimas y aéreas. ¿Te gustaría, o mejor, te parecería admisible que un juez decidiera en plena guerra investigar la presunta sustancia penal del ataque? O, más bien preferirías que el gobierno de tu país dispusiera de todos los medios y de toda la información necesaria, todo ello sin interferencias judiciales, para defender la seguridad e integridad de España. ¿No es algo parecido lo que ocurrió a finales de julio en Ceuta que, no en vano, ha sido calificado como un episodio de guerra híbrida de Marruecos contra España, con el objetivo final de apropiarse de Ceuta y Melilla y quién sabe si de las Canarias?

La impresión que ha dado con su respuesta el conjunto del estamento judicial español ha sido la de que se encuentra todo él apaciblemente instalado en una torre de marfil. Su exigencia de que se respete su competencia para entender y además con exclusividad de unos asuntos tan graves y transcendentes, no solo pugna con valores, como la seguridad e integridad del Estado, que con toda naturalidad los ciudadanos podemos valorar como de mayor relevancia que la independencia judicial o las competencias judiciales; sino que es contraria al sentido común.

Y lo que es de todo punto ridículo es que el sistema judicial en su conjunto, que tolera a diario sin escándalo y, lo que es peor, sin perseguirlas, toda clase de filtraciones de sumarios y diligencias judiciales que deben permanecer legalmente reservadas, se escandalice porque un ministro reclame una información necesaria para el ejercicio de las graves funciones que tiene encomendadas en este caso. Y que estoy seguro de que la mayoría de los ciudadanos queremos que disponga de ella para nuestra defensa. Porque ¿cómo piensan estos jueces defender el interés general de España de los ataques que sufra; con diligencias judiciales?

Los jueces no están para eso. Ellos viven a otro ritmo. Baste decir que la juez acordó solicitar el informe a la policía el día 31 de julio, pero la comunicación no les llegó a los agentes hasta el día 3 de agosto. Y es que los jueces no están para gobernar. No sería de extrañar que la juez se hubiera dirigido a los agentes por correo certificado con acuse de recibo. ¿Te imaginas que la defensa nacional debiera materializarse mediante los protocolos, formas y plazos (los reales y los legales) que se gasta la administración de justicia en su mostrenco cotidiano proceder? Y es que los tiempos y los medios de los que dispone la justicia son incompatibles con la celeridad y contundencia que en determinados casos requiere el despliegue de la acción ejecutiva, máxime en temas relacionados con la defensa del territorio.

No puedo dejar de mencionar en este punto un caso que investigué en su momento, relativo a las actuaciones judiciales realizadas en los prolegómenos del referéndum ilegal del uno de octubre de 2017 en Cataluña y en la propia jornada de la consulta. Este episodio es una muestra paradigmática de las desastrosas consecuencias que pueden llegar a tener unas actuaciones judiciales realizadas extemporáneamente y con un exceso de celo respecto de la función constitucional que le corresponde al poder judicial.

En las semanas previas al referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña había dictado una serie de instrucciones, dirigidas a todos los cuerpos policiales, que tenían como objetivo impedir que tuviera lugar la consulta que el Tribunal Constitucional había suspendido y que, por tanto, no debía celebrarse. En aquellos días, el gobierno de España encomendó al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos las funciones de coordinación de todos los cuerpos policiales, es decir, incluida la policía regional catalana. Y es de suponer que entre las funciones que estaría desarrollando este coordinador debió encontrarse el cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Estas instrucciones eran detalladas y juiciosas. Entre las órdenes que la Fiscalía impartió a la policía estaba la de intervenir todos los locales previstos como colegios electorales, desde días antes del día del referéndum. Si estas instrucciones se hubieran cumplido, con seguridad, la jornada del uno de octubre de 2017 habría tenido un carácter bien distinto al que tuvo. En especial, probablemente, nos habríamos ahorrado las imágenes que tanto daño hicieron al prestigio y la reputación internacional de España, de policías aporreando a las personas que hacían cola en los colegios electorales. Por supuesto, la conducta de los ciudadanos era contumazmente ilegal y la policía actuó legítimamente, pero el daño al prestigio de España y a la causa constitucionalista fue inevitable.

¿Por qué digo que nos habríamos evitado el aporreamiento de los ciudadanos levantiscos? Porque si la policía hubiera tomado posesión de los locales electorales varios días antes de la consulta, los hubiera clausurado cuando no había nadie en ellos y hubiera mantenido un retén de guardia en cada uno, como detallaban las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña, no habría sido posible que los organizadores los hubieran ocupado durante todo el fin de semana, como hicieron, situando allí a decenas de personas, que pasaron día y noche en ellos y franquearon la entrada de las urnas y de todos los archiperres necesarios para realizar la consulta. El domingo 1 de octubre, a primera hora de la mañana, nada impidió constituir las mesas y empezar las votaciones.

¿Qué ocurrió entre medias? Pues, lo que ocurrió fue que una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruía unas diligencias contra las autoridades de Cataluña, por la organización del referéndum, decidió el 27 de septiembre de 2017, es decir, a cuatro días de la consulta, desmantelar todo el dispositivo que había desplegado la Fiscalía Superior de Cataluña y asumir ella misma la dirección de las operaciones policiales tendentes a evitar la celebración del referéndum. No voy a detallar mucho más este asunto, al que le dedicaré una entrada específica de este blog, con las averiguaciones que he hecho hasta ahora. Pero sí diré, brevemente, que la irrupción de esta magistrada en el asunto tuvo dos consecuencias que a la postre resultarían letales para la seguridad e integridad del Estado de derecho en Cataluña y para la vigencia de la Constitución en aquella región, facilitando la acción de los sediciosos, que estuvieron a punto de culminar con éxito el golpe de Estado en el que estaban embarcados. Estas consecuencias a las que me refiero fueron las siguientes:

- Al no cumplirse las instrucciones de la Fiscalía, los locales electorales quedaron en manos de los sediciosos, quienes, como hemos señalado más arriba, los ocuparon durante todo el fin de semana, facilitando la celebración de la consulta ilegal.

- Por otro lado, la juez del TSJC introdujo en su extemporáneo auto una serie de previsiones, que fueron utilizadas por los sediciosos jefes de la policía regional catalana para abstenerse de intervenir en los locales electorales el día de la consulta y los anteriores, con la finalidad de impedir la misma. Entre dichas previsiones se encontraba la instrucción a la policía para que las actuaciones que realizaran con la finalidad de impedir la celebración del referéndum se llevaran a cabo “sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Por otro lado, la juez ordenó a la policía que impidiera “la utilización de locales o edificios públicos -o de aquéllos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales”. Finalmente con un carácter puntilloso digno de mejor causa, la juez llegó a decir lo siguiente: “En el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que les sean propios.”

Todas estas determinaciones, que cualquiera podría decir que estaban allí puestas completamente a sabiendas de sus efectos y consecuencias, fueron utilizadas, como hemos dicho, por los sediciosos jefes de la policía regional, como excusa perfecta para abstenerse de evitar la celebración del referéndum. Ya que, como pusieron de manifiesto las actuaciones que sí desplegaron los cuerpos policiales del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), resultaba imposible impedir la celebración del referéndum sin afectar a la normar convivencia ciudadana, sin interferir en el normal funcionamiento de los locales electorales y sin afectar al resto de dependencias públicas ubicadas en dichos locales.

Lamentablemente, mi experiencia me dicta que estas consideraciones que acabo de hacer resultan inaccesibles para el solipsismo en el que viven los jueces españoles. La desastrosa actuación de esta juez, pretendiendo desempeñar extemporáneamente unas funciones ejecutivas a las que nadie le había llamado y para las que carecía de medios eficaces produjo los gravísimos efectos ya conocidos. Efectos de los que, no solo es que no ha tenido que responder ante ninguna instancia, sino que nadie hasta ahora, que yo sepa, ha calificado públicamente como se merecen.

En definitiva, con este largo excurso he querido poner de manifiesto las desastrosas consecuencias que puede llegar a tener lo que en ocasiones se ha denominado el gobierno de los jueces.

Porque, si ha habido una denuncia o querella se entiende que el juez o tribunal concernidos deban actuar. Pero eso no significa, en modo alguno, que su actuación consista necesariamente en abrir unas diligencias penales y seguir adelante con ellas, aunque el mundo se hunda. Los jueces, tan imaginativos a veces en la interpretación de las leyes para afirmar su jurisdicción, por qué no emplean ese don para afirmar justo lo contrario y no interferir en las actuaciones de defensa de la seguridad e integridad territorial del Estado que le competen al poder ejecutivo, que es el llamado constitucionalmente para ello.

Este asunto tiene otra derivada que no puedo dejar de lado. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una tensión más o menos soterrada entre, por un lado, el gobierno (en sentido amplio, podríamos decir que uno de los polos lo integra no solo el gobierno, sino el PSOE y, en general, la mayoría en la que se ha venido apoyando); y, por otro lado, los jueces. No me atrevo a decir que el otro polo de la controversia sea el poder judicial en su conjunto. Dejémoslo en los jueces, de momento.

El gobierno et alii se están revolviendo indisimuladamente contra determinadas actuaciones judiciales que les afectan, no limitándose a criticar las resoluciones judiciales, sino llegando en algunos casos a desacreditar la labor judicial y a algunos jueces, acusándolos de hacer política desde los juzgados.

Se trata de un asunto extremadamente preocupante, pero no es este el momento de profundizar en el mismo. Solo quiero dar una pincelada. Es evidente que por razones sociológicas, la mayoría de los jueces son más bien de derechas y eso es algo que debería corregirse. Pero, mientras tanto, todos debemos respetar, y el primero el gobierno, la importante labor que desempeñan los jueces en la sociedad. Comprendo que a veces resulte irritante que se note demasiado el sesgo político de determinadas resoluciones judiciales. Pero el gobierno no se debería permitir que esa irritación le lleve a desacreditar la labor judicial, sino que está obligado a combatirla con los medios previstos legalmente y, si no le satisface el resultado, deberá promover las reformas legales que sean necesarias. Todo menos embarcarse en la labor subversiva de atacar a los jueces.

Dicho esto, lo que quiero poner de manifiesto en este momento es que conductas como la que estoy comentando, en las que el estamento judicial en su conjunto se ha posicionado como lo ha hecho contra el poder ejecutivo, tienen el efecto perverso de cargar de razón a quienes piensan que los jueces hacen política contra un gobierno de izquierdas, porque son de derechas.

En definitiva, como creo que ha quedado claro en las líneas anteriores, mi opinión es que Grande-Marlaska tiene razón. Con todo, esto no es desde luego lo más importante. Lo más importante es que la juez Tardón, al ocultarle al gobierno la información de la que disponía, ha podido poner en peligro la seguridad y la integridad territorial de España. Y, cuando el gobierno lo ha advertido, el estamento judicial español en su conjunto, encabezado por su presidenta, ha demostrado públicamente a la sociedad española que está encantado de haberse conocido.

CEUTA, SEGÚN DAVID TRUEBA

 

David Trueba es un tipo templado y escribe bien. Discreto ejemplar de la izquierda cultural bien pensante española. Escribe en El País y no creo que esté en riesgo su permanencia en este diario, tan pendiente de la ortodoxia de sus colaboradores. No obstante, sus  opiniones suelen huir del sectarismo, de modo que un demócrata las puede leer con gusto, las comparta o no. Pero no siempre consigue eludir la perplejidad en la que a cualquiera le sumen algunos fenómenos sociales contemporáneos. Y, cuando esto ocurre, el autor corre a refugiarse en la tribu, al calor de las verdades compartidas, de la seguridad frente a la tribu enemiga.

Algo así podemos ver en su columna de hoy. A propósito de la crisis de Ceuta, navega sin riesgo a lo largo de la pieza enunciando principios y verdades descomprometidas, extraídas de un manual de humanismo más o menos naif, hasta que toca describir las distintas posiciones que se están manifestando en la realidad política española, hasta que se da de bruces con la realidad, podríamos decir. Porque algo habrá que hacer con los miles de inmigrantes ilegales que deambulan por las calles de Ceuta, ¿no?

Y es aquí, cuando tiene que coger el toro por los cuernos, cuando nuestro autor se descompone y enuncia la cuestión así:

“Serán los españoles los que tendrán que decidir si se apuntan a un lado o al otro de este mundo convulso, profundamente injusto e insolidario. Decidir definitivamente si los derechos humanos pueden convivir con la garantía de seguridad o es mejor renunciar a todo el papeleo y montar un ICE que acabe incluso, como el norteamericano, disparando a bocajarro a aquellos ciudadanos opuestos a la deriva fascista de su propio país.”

De modo que esos son los términos del problema: hacer compatibles los derechos humanos de los asaltantes de la frontera con la seguridad de los ceutíes (postura 1); o, meter a todos los asaltantes en un campo de concentración, disparando a quienes se opongan a la medida (postura 2).

Dejemos de lado por un momento lo absurdo de la disyuntiva: es evidente que la seguridad de los ceutíes (postura 1) puede llegar a exigir (yo creo que ya ha llegado ese momento) el confinamiento temporal de los asaltantes (postura 2), sin merma de sus derechos (postura 1) y sin necesidad de disparar a nadie. Esto de los disparos es una truculencia que introduce Trueba, para deshumanizar aún más a una de las posturas que describe, sin advertir quizás que así deteriora un poco más la sobriedad y seriedad de su planteamiento.

Pero, volvamos al meollo de la disyuntiva: hacer compatibles los derechos humanos y la seguridad. ¿Conoce Trueba a alguna persona, partido político u otro tipo de entidad, en España, que se niegue a aceptar ese principio, como inspirador de las soluciones que debieran adoptarse? Solo con algo de mala fe se puede afirmar, como aparentemente hace Trueba, que en España algunas personas, partidos u otras entidades estén sosteniendo que la solución de Ceuta pasa por meter en un campo de concentración a todos los inmigrantes ilegales y disparar a quienes se opongan a ello. Y mucho menos, que esa sea la postura de, poco más o menos, la mitad de la opinión política nacional.

Con todo, lo peor del artículo que estamos comentando es su pura inanidad. No es solo que haya caído estrepitosamente en la doctrina de las dos orillas, solo una de las cuales se encontraría en el lado correcto de la historia. Lo peor es que nada de lo que dice sirve para otra cosa que para ahondar en el enfrentamiento y la polarización, para elevar algunos centímetros más el muro que levantó Sánchez en su discurso inaugural de la presente legislatura.

Es evidente que la clave de bóveda del problema de Ceuta es hacer compatible la seguridad de los ceutíes con los derechos humanos de los asaltantes de la frontera (me gusta más enunciarlo en ese orden). La cuestión es cómo. Y, sobre eso, nada nos alumbra el autor, porque nada sabe. Porque nada sabemos.

DÓNDE DEBEN ESTAR LOS DEMÓCRATAS EN EL DEBATE SOBRE EL VELO ISLÁMICO

La creciente presencia en España de personas de religión musulmana nos plantea determinados desafíos que, como sociedad regida por un Estado democrático de derecho, no podemos dejar de lado.

El pasado mes de abril tuvo lugar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados un debate, relativo a una proposición del Partido Nacionalista Vasco, en la que se propugnaba la creación de una comisión para el estudio de la posible prohibición del velo integral en la esfera pública en España.

En el video que ilustra esta entrada del blog se incluyen las intervenciones en el debate de los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular.

Puedes contemplar descarnadamente cómo la derecha enarbola principios que la izquierda siempre ha considerado suyos, en la defensa de los derechos fundamentales, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de la protección de los más débiles. Formulando un discurso coherente y sólido, que cualquier persona con convicciones democráticas no puede sino aplaudir, incluso clamorosamente en algunas de sus partes, como cuando razona sobre las diferencias que existen entre los países y sociedades de raíces culturales islámica y cristina, en favor de estas últimas.

Mientras, la izquierda se pierde penosamente en una clamorosa falta de principios, abrazando un relativismo moral inaceptable y acusando a la derecha de oportunismo, por defender, precisamente, lo que han sido en el pasado banderas de la izquierda, por cierto, no siempre compartidas por la derecha.

No es que me hayan sorprendido los términos del debate. La desorientación ideológica en la que se encuentra sumida la izquierda ya no puede causar sorpresa a nadie. Pero, desde un punto de vista intelectual, he apreciado una diferencia radical, en cuanto a solidez, rigor y coherencia, entre las posiciones del PSOE y del PP, lo que no ha dejado de causarme una cierta decepción. Decepción provocada al comprobar cómo resulta imposible para un demócrata creer y apoyar a una izquierda, que se encuentra perdida en la nebulosa de un cóctel de minorías identitarias y causas netamente reaccionarias (nacionalismos xenófobos y supremacistas locales, alianza con el filoterrorismo vasco, defensa del Islam realmente existente, ecologismo y feminismo radicales y excluyentes…), con olvido de sus causas tradicionales, como son la igualdad y la defensa de las capas más desfavorecidas de la sociedad.

En este contexto, no cabe sino sentir simpatía en este debate sobre el velo islámico hacia las posiciones de una derecha que enuncia principios y políticas netamente democráticas y con vocación social mayoritaria. No quiero decir que este sea un patrón general en la conducta del Partido Popular, pero, en lo que se refiere a este asunto del velo islámico, para mí, está fuera de toda duda en qué parte tiene que estar un demócrata. 

A IGNACIO CAMACHO SE LA TRAE FLOJA…

 

Ignacio Camacho dice en su columna de hoy que a Sánchez Ceuta “se la trae floja”. Conozco perfectamente el origen y significado de tan castiza expresión, pero, para confirmar mi acerbo, he consultado con ChatGPT, que me ha dicho lo siguiente:

    “La expresión «me/te/le/la trae floja» es una locución coloquial, bastante vulgar, que significa «me/te/le importa muy poco o nada», «me da igual» o «no me preocupa en absoluto».

        Por ejemplo:

        - «Me la trae floja lo que diga» = Me importa un bledo lo que diga / Me da completamente igual.

        - «A él se la trae floja» = A él no le importa en absoluto.

     - «¿Te la trae floja lo que pase?» = ¿Te da completamente igual lo que pase?

    ¿De dónde viene?

    El «la» de traérsela floja no suele referirse a ningún sustantivo mencionado previamente. Forma parte de la expresión fija. El origen es sexual y vulgar: se sobreentiende el pene, y traerla floja alude literalmente a tenerlo flácido, es decir, a que algo no provoca ninguna excitación o reacción. De ahí pasó figuradamente a significar que algo no produce interés, preocupación ni efecto alguno.

   Es de la misma familia expresiva que «me la suda», «me importa un huevo», «me importa un carajo» o «me importa una mierda», aunque me la trae floja tiene un matiz que yo describiría como despreocupación desdeñosa: no solo «no me importa», sino algo parecido a «eso no consigue afectarme lo más mínimo».

  Y una pequeña precisión: la forma habitual es «traérsela floja»: me la trae floja, te la trae floja, se la trae floja. No es habitual «me trae floja» sin la.”

No es la primera vez que Ignacio Camacho, usualmente sobrio y discreto, utiliza en sus columnas expresiones del habla popular. Y no es que me escandalice que lo haga, líbreme Dios. Si lo traigo aquí es porque me ha parecido singular, por el autor y por el diario en el que se ha visto publicado. Signo de los tiempos, supongo.

Ya sé que lo verdaderamente importante del artículo de Camacho no es la expresión, sino la actitud de Pedro Sánchez ante la crisis de Ceuta. O la actitud de Sánchez ante los asuntos espinosos que le conciernen, en general. Por eso comparto contigo la columna, que juzga el asunto con más finura y elocuencia de las que yo podría ofrecerte.