CEUTA, SEGÚN DAVID TRUEBA

 

David Trueba es un tipo templado y escribe bien. Discreto ejemplar de la izquierda cultural bien pensante española. Escribe en El País y no creo que esté en riesgo su permanencia en este diario, tan pendiente de la ortodoxia de sus colaboradores. No obstante, sus  opiniones suelen huir del sectarismo, de modo que un demócrata las puede leer con gusto, las comparta o no. Pero no siempre consigue eludir la perplejidad en la que a cualquiera le sumen algunos fenómenos sociales contemporáneos. Y, cuando esto ocurre, el autor corre a refugiarse en la tribu, al calor de las verdades compartidas, de la seguridad frente a la tribu enemiga.

Algo así podemos ver en su columna de hoy. A propósito de la crisis de Ceuta, navega sin riesgo a lo largo de la pieza enunciando principios y verdades descomprometidas, extraídas de un manual de humanismo más o menos naif, hasta que toca describir las distintas posiciones que se están manifestando en la realidad política española, hasta que se da de bruces con la realidad, podríamos decir. Porque algo habrá que hacer con los miles de inmigrantes ilegales que deambulan por las calles de Ceuta, ¿no?

Y es aquí, cuando tiene que coger el toro por los cuernos, cuando nuestro autor se descompone y enuncia la cuestión así:

“Serán los españoles los que tendrán que decidir si se apuntan a un lado o al otro de este mundo convulso, profundamente injusto e insolidario. Decidir definitivamente si los derechos humanos pueden convivir con la garantía de seguridad o es mejor renunciar a todo el papeleo y montar un ICE que acabe incluso, como el norteamericano, disparando a bocajarro a aquellos ciudadanos opuestos a la deriva fascista de su propio país.”

De modo que esos son los términos del problema: hacer compatibles los derechos humanos de los asaltantes de la frontera con la seguridad de los ceutíes (postura 1); o, meter a todos los asaltantes en un campo de concentración, disparando a quienes se opongan a la medida (postura 2).

Dejemos de lado por un momento lo absurdo de la disyuntiva: es evidente que la seguridad de los ceutíes (postura 1) puede llegar a exigir (yo creo que ya ha llegado ese momento) el confinamiento temporal de los asaltantes (postura 2), sin merma de sus derechos (postura 1) y sin necesidad de disparar a nadie. Esto de los disparos es una truculencia que introduce Trueba, para deshumanizar aún más a una de las posturas que describe, sin advertir quizás que así deteriora un poco más la sobriedad y seriedad de su planteamiento.

Pero, volvamos al meollo de la disyuntiva: hacer compatibles los derechos humanos y la seguridad. ¿Conoce Trueba a alguna persona, partido político u otro tipo de entidad, en España, que se niegue a aceptar ese principio, como inspirador de las soluciones que debieran adoptarse? Solo con algo de mala fe se puede afirmar, como aparentemente hace Trueba, que en España algunas personas, partidos u otras entidades estén sosteniendo que la solución de Ceuta pasa por meter en un campo de concentración a todos los inmigrantes ilegales y disparar a quienes se opongan a ello. Y mucho menos, que esa sea la postura de, poco más o menos, la mitad de la opinión política nacional.

Con todo, lo peor del artículo que estamos comentando es su pura inanidad. No es solo que haya caído estrepitosamente en la doctrina de las dos orillas, solo una de las cuales se encontraría en el lado correcto de la historia. Lo peor es que nada de lo que dice sirve para otra cosa que para ahondar en el enfrentamiento y la polarización, para elevar algunos centímetros más el muro que levantó Sánchez en su discurso inaugural de la presente legislatura.

Es evidente que la clave de bóveda del problema de Ceuta es hacer compatible la seguridad de los ceutíes con los derechos humanos de los asaltantes de la frontera (me gusta más enunciarlo en ese orden). La cuestión es cómo. Y, sobre eso, nada nos alumbra el autor, porque nada sabe. Porque nada sabemos.

DÓNDE DEBEN ESTAR LOS DEMÓCRATAS EN EL DEBATE SOBRE EL VELO ISLÁMICO

La creciente presencia en España de personas de religión musulmana nos plantea determinados desafíos que, como sociedad regida por un Estado democrático de derecho, no podemos dejar de lado.

El pasado mes de abril tuvo lugar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados un debate, relativo a una proposición del Partido Nacionalista Vasco, en la que se propugnaba la creación de una comisión para el estudio de la posible prohibición del velo integral en la esfera pública en España.

En el video que ilustra esta entrada del blog se incluyen las intervenciones en el debate de los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular.

Puedes contemplar descarnadamente cómo la derecha enarbola principios que la izquierda siempre ha considerado suyos, en la defensa de los derechos fundamentales, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de la protección de los más débiles. Formulando un discurso coherente y sólido, que cualquier persona con convicciones democráticas no puede sino aplaudir, incluso clamorosamente en algunas de sus partes, como cuando razona sobre las diferencias que existen entre los países y sociedades de raíces culturales islámica y cristina, en favor de estas últimas.

Mientras, la izquierda se pierde penosamente en una clamorosa falta de principios, abrazando un relativismo moral inaceptable y acusando a la derecha de oportunismo, por defender, precisamente, lo que han sido en el pasado banderas de la izquierda, por cierto, no siempre compartidas por la derecha.

No es que me hayan sorprendido los términos del debate. La desorientación ideológica en la que se encuentra sumida la izquierda ya no puede causar sorpresa a nadie. Pero, desde un punto de vista intelectual, he apreciado una diferencia radical, en cuanto a solidez, rigor y coherencia, entre las posiciones del PSOE y del PP, lo que no ha dejado de causarme una cierta decepción. Decepción provocada al comprobar cómo resulta imposible para un demócrata creer y apoyar a una izquierda, que se encuentra perdida en la nebulosa de un cóctel de minorías identitarias y causas netamente reaccionarias (nacionalismos xenófobos y supremacistas locales, alianza con el filoterrorismo vasco, defensa del Islam realmente existente, ecologismo y feminismo radicales y excluyentes…), con olvido de sus causas tradicionales, como son la igualdad y la defensa de las capas más desfavorecidas de la sociedad.

En este contexto, no cabe sino sentir simpatía en este debate sobre el velo islámico hacia las posiciones de una derecha que enuncia principios y políticas netamente democráticas y con vocación social mayoritaria. No quiero decir que este sea un patrón general en la conducta del Partido Popular, pero, en lo que se refiere a este asunto del velo islámico, para mí, está fuera de toda duda en qué parte tiene que estar un demócrata. 

A IGNACIO CAMACHO SE LA TRAE FLOJA…

 

Ignacio Camacho dice en su columna de hoy que a Sánchez Ceuta “se la trae floja”. Conozco perfectamente el origen y significado de tan castiza expresión, pero, para confirmar mi acerbo, he consultado con ChatGPT, que me ha dicho lo siguiente:

    “La expresión «me/te/le/la trae floja» es una locución coloquial, bastante vulgar, que significa «me/te/le importa muy poco o nada», «me da igual» o «no me preocupa en absoluto».

        Por ejemplo:

        - «Me la trae floja lo que diga» = Me importa un bledo lo que diga / Me da completamente igual.

        - «A él se la trae floja» = A él no le importa en absoluto.

     - «¿Te la trae floja lo que pase?» = ¿Te da completamente igual lo que pase?

    ¿De dónde viene?

    El «la» de traérsela floja no suele referirse a ningún sustantivo mencionado previamente. Forma parte de la expresión fija. El origen es sexual y vulgar: se sobreentiende el pene, y traerla floja alude literalmente a tenerlo flácido, es decir, a que algo no provoca ninguna excitación o reacción. De ahí pasó figuradamente a significar que algo no produce interés, preocupación ni efecto alguno.

   Es de la misma familia expresiva que «me la suda», «me importa un huevo», «me importa un carajo» o «me importa una mierda», aunque me la trae floja tiene un matiz que yo describiría como despreocupación desdeñosa: no solo «no me importa», sino algo parecido a «eso no consigue afectarme lo más mínimo».

  Y una pequeña precisión: la forma habitual es «traérsela floja»: me la trae floja, te la trae floja, se la trae floja. No es habitual «me trae floja» sin la.”

No es la primera vez que Ignacio Camacho, usualmente sobrio y discreto, utiliza en sus columnas expresiones del habla popular. Y no es que me escandalice que lo haga, líbreme Dios. Si lo traigo aquí es porque me ha parecido singular, por el autor y por el diario en el que se ha visto publicado. Signo de los tiempos, supongo.

Ya sé que lo verdaderamente importante del artículo de Camacho no es la expresión, sino la actitud de Pedro Sánchez ante la crisis de Ceuta. O la actitud de Sánchez ante los asuntos espinosos que le conciernen, en general. Por eso comparto contigo la columna, que juzga el asunto con más finura y elocuencia de las que yo podría ofrecerte.

LADRONES DE LECHE

Esta mañana, la cajera del supermercado, muy amablemente, salió de su cubil para colocarme en los bajos del carrito el paquete con seis cajas de leche que yo había comprado. Me produjo algo de aprensión ver la leche allí colocada, por miedo a que quedara olvidada, al subir la compra en el coche. Pero, quién le iba a decir nada a esa chica tan atenta.

Pagué, cargué las cosas en el coche y me fui para casa. Cuando empezaba a colocar la compra en la cocina me di cuenta de que la leche se había quedado en el carrito, de modo que dejé todo encima de la mesa y salí corriendo hacia el supermercado.

Por el camino me parecía inexplicable el olvido. Cómo es posible que no me diera cuenta, si fui yo mismo el que acercó el carrito al módulo en el que están aparcados. Seguro que si alguien lo ha visto habrá dejado ahí el carrito y habrá cogido otro; quién se va a llevar un paquete de leche que, a todas luces, se ha olvidado alguien que volverá inmediatamente a buscarlo.

La leche no estaba allí. No habían pasado ni diez minutos y eran las primeras horas de la mañana. De modo que lo más probable es que la leche se la hubiera apropiado el primer ser humano que se aproximó al carrito, después de que yo lo dejara.

Este hecho me enfrentó a una realidad estadística: si el primero que se encontró la leche, se la llevó, es que cualquiera que la hubiera visto se la habría llevado. Por tanto, no me parece abusivo afirmar que la mayoría de mis congéneres son proclives a hurtar una caja de leche olvidada en un carrito del supermercado, cuya única explicación plausible de encontrarse allí es que alguien se la ha olvidado y volverá pronto a recuperarla.

Así que yo me imaginaba al pobre diablo hurtando la caja de leche, mientras mira a hurtadillas a un lado y otro, por si aparece de pronto su propietario legítimo.

Como la leche estaba en la lista de la compra, tuve que entrar de nuevo en el supermercado. En primer lugar, le pregunté a las cajeras, ingenuo de mí, si alguien había entregado una caja de leche encontrada en el aparcamiento. Ante la negativa, me vi obligado a recorrer la tienda hasta el estand de la leche. Por el camino observaba a mis congéneres y escudriñaba los bajos de sus carritos. Por la razón estadística ya referida, consideraba que cualquiera de ellos podría haber sido el responsable del hurto, de modo que mi mirada era tan aviesa como indignado me sentía por el despojo de que había sido objeto. Cualquiera, pensaba yo, podría haber robado las seis cajas de leche semidesnatada. Incluso si no toma ese tipo de leche. Incluso si no toma leche, en absoluto. Yo mismo no la tomo. Pero no hubo caso.

Las razones de tiempo ya mencionadas me inducen a pensar que quien robó la leche, aunque fuera con ocasión de tomar un carrito para iniciar su compra, la guardó inmediatamente en su coche, antes de entrar en la tienda. Si no, lo habría pillado yo con las manos en la masa. Esta idea reforzaba mi convicción de que la conducta del ladrón había sido la típica de los desaprensivos, que actúan con celeridad para evitar que nadie descubra su vil proceder.

Cogí el paquete de leche e hice cola en la caja. Quiso la casualidad que la persona que tenía delante, bastante más joven que yo, por cierto, era particularmente patosa colocando su compra en las bolsas, de modo que la espera se me hacía interminable. Esta tía no solo es una ladrona en potencia, sino que es muy torpe, me decía yo para mí. Por fin llegó mi turno: 5,04 euros.

Por cinco cochinos euros, un indeseable (no sé por qué he pensado que era un hombre, cuando la misma razón estadística convierte en más plausible que haya sido una mujer) ha reforzado mi convicción de que el carácter rastrero y ruin de los seres humanos se encuentra apenas en la superficie de la mayoría de las personas, saliendo a la luz sin recato alguno cuando la ocasión se muestra favorable.

Pero vamos, solo faltaba que me sintiera yo culpable de mi más que justificada misantropía. ¡Hasta ahí podían llegar las bromas!

UN PASO MÁS EN LA DESAPARICIÓN DE ESPAÑA DE CATALUÑA

 

Ante la dificultad de conseguir la aspiración final de la independencia, los separatismos regionales presionan constantemente con el objetivo de eliminar la presencia de las instituciones estatales del territorio de las regiones levantiscas. Como no pueden salir de España, de momento, que España salga de Cataluña y del País Vasco.

La debilidad del gobierno actual es el mejor caldo de cultivo para el logro de este objetivo. Porque para la eliminación progresiva de las instituciones estatales de España de algunas regiones, no siempre es necesario adoptar decisiones políticas de alto calado, plasmadas en leyes; a veces, es suficiente con medidas administrativas subrepticias.

Los separatistas catalanes llevan años presionando para que la Policía Nacional abandone la icónica comisaría de la Vía Layetana de Barcelona, hasta ahora, inexplicablemente, sin éxito. La excusa es que aquello fue un centro de tortura durante el franquismo. Pero eso es lo que hemos dicho, una mera excusa. El carácter simbólico de esta instalación estatal, atacada salvajemente y con odio por las furibundas hordas separatistas en los años 2017 y 2019, convertirá su abandono en una victoria más del separatismo xenófobo catalán.

Hoy hemos sabido por la prensa que habla de estas cosas, en este caso, el diario ABC, que la Guardia Civil está desmantelando subrepticiamente los pocos servicios que aún conserva en Cataluña, como los de actividades subacuáticas y del SEPRONA. Y no ha sido la oposición la que ha estado sobre la pista de estas decisiones. El mencionado carácter subrepticio de muchas de estas medidas de desarticulación y desmantelamiento del Estado dificultan su conocimiento por el Parlamento y los partidos políticos. En este caso, han sido las asociaciones de guardias civiles las que han dado la voz de alarma. Una vez más, el soporte de la civilización queda en manos de un pelotón de soldados. Cabe decirlo en esta ocasión con toda propiedad, dado el carácter militar de la Guardia Civil.

NO ES NEGLIGENCIA, ES XENOFOBIA

 

Te supongo al corriente de la controversia que se ha suscitado en el País Vasco, a propósito de la detención por la Policía Nacional de dos cabestros nacionalistas radicales (perdón por las redundancias), que habían tirado al suelo y pateado salvajemente a un ciudadano, cuyo pecado era que se encontraba tranquilamente sentado en una terraza, con una camiseta de la selección española de fútbol.

El agredido presentó una denuncia ante la Policía Nacional y, como consecuencia, este cuerpo policial abrió diligencias, que condujeron a la detención de dos de los cabestros agresores y a su puesta a disposición judicial. El juez les acusa de la comisión de sendos delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos.

Esta agresión ha coincidido en el tiempo con otras muchas que han sufrido aficionados, que estaban viendo los partidos de la selección en lugares públicos o que simplemente llevaban puestas camisetas de la selección española. Agresiones que la policía regional vasca no ha impedido ni, que yo sepa, han motivado ninguna detención de los energúmenos nacionalistas (perdón, de nuevo, por la redundancia) agresores.

Siendo así las cosas, distintos cargos del gobierno vasco han protestado por lo que califican de intromisión de la Policía Nacional, al detener a los presuntos autores de delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos. No tengo conocimiento de que dichas protestas hayan venido acompañadas de las obligadas disculpas a los numerosos agredidos por las bandas nacionalistas, debido a la ineficacia de la policía regional.

No voy a dedicar ni una sola línea a exponer ni a rebatir los argumentos leguleyos del gobierno vasco, para criticar la actuación de la Policía Nacional. Cuando lo que está en juego es la seguridad personal y la vida de personas que se sienten españolas y que quieren seguir siéndolo, en el ambiente hostil de las provincias vascas, perderse en discusiones legales es hacerle el juego al nacionalismo, que pretende esconder su negligencia, cuando no algo peor, bajo tales argumentos.

A mí me parece mucho más relevante destacar otros aspectos que me suscita este episodio.

En primer lugar, el significado que tiene que el agredido se haya dirigido a dependencias policiales del gobierno central, en lugar de haber presentado su denuncia en una comisaría de la policía ordinaria de la zona, que es la policía regional vasca.

Parece evidente que este ciudadano ha dejado de confiar en que su vida y su seguridad sean protegidas por las autoridades regionales vascas y ha preferido dirigir su denuncia a la Policía Nacional. En este sentido, me ha llamado la atención que un ciudadano corriente haya podido encontrar unas dependencias estatales, que yo presumía virtualmente desaparecidas de las tres provincias vascas y que dichos servicios dispongan de personal y medios suficientes para hacer las averiguaciones oportunas, identificar a los agresores y detenerlos. Lo que deja aún más en evidencia la pasividad de la policía regional que, al no actuar contra los agresores, siendo tan fácil, induce a concluir que no ha actuado porque no ha querido.

Todo este asunto desprende un tufo repugnante, pues ha puesto en evidencia que las autoridades regionales vascas no protegen adecuadamente a los vascos y las vascas (sic) que muestran desprejuiciadamente su españolidad en las calles. Pura y desnuda xenofobia institucional. Y encima protestan cuando, ante su negligencia, los raquíticos y precarios servicios que mantiene el Estado central se hacen cargo de la protección de la seguridad y la vida de los ciudadanos.

Lamentablemente, este era un caso en apariencia fácil de resolver. Se trataba de una agresión a una persona, en la que había que identificar a los culpables y ponerlos a disposición de un juez. Pero el Estado ya no tiene medios en el País Vasco para proteger a quienes ven un partido de la selección española en una plaza o visten su camiseta por la calle; a quienes resultan discriminados en la escuela, por razón de su españolidad, como hemos visto hace poco con las calificaciones del ejercicio de vascuence en la selectividad. Y, quién sabe lo que puede estar ocurriendo en otros servicios públicos, como la sanidad, por ejemplo, cuando ejemplares de la misma ralea que los agresores de Bilbao se empeñen en dirigirse verbalmente o por escrito a pacientes que no la entiendan, en esa lengua primitiva, que solo sobrevive mediante la coerción y con una respiración asistida que nos cuesta millones de euros cada año a todos los españoles.

Creo que hay pocas razones para el optimismo. La organización territorial del Estado prevista en la Constitución de 1978 ha producido un monstruo, que acabará devorando y haciendo desaparecer con el tiempo los lazos que hasta no hace tanto nos unían a la inmensa mayoría de los habitantes de las distintas regiones españolas en una nación común.

¿Y SI HUBIERAN NACIDO EN NORUEGA?

 

El expresidente del gobierno Mariano Rajoy ha dicho en un artículo de la serie que viene publicando sobre el mundial de fútbol lo siguiente: “Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

Al parecer, hasta siete ministros del gobierno español han tildado la expresión de racista y, extrapolando, están utilizando el asunto como munición de grueso calibre contra el Partido Popular, por amparar a Rajoy, en lugar de obligarle a pedir disculpas y relacionándolo con la supuesta entrega del PP a Vox. En Francia también han calificado de racista el artículo, desde el ministro de asuntos exteriores, hasta la líder ultraderechista Marine Le Pen.

El diario El País se ha sentido en la obligación de dedicarle a la cuestión su principal noticia de primera página, titulando a cuatro columnas: «Tormenta contra Rajoy en España y Francia por su artículo “racista”».

Pero ¿es racista lo que ha dicho Rajoy? Arcadi Espada pone el dedo en varias llagas del asunto en su columna de hoy en El Mundo. Por un lado, señala que, para entender por qué se han escandalizado tanto los ofendiditos finapieles contemporáneos hay que percatarse de que los supuestos no franceses a los que se refiere Rajoy son negros. Y, por otro lado, Espada propone el dato contrafáctico de la selección marroquí, en la que 19 de sus 26 integrantes no nacieron en Marruecos, sugiriendo que si alguien señalara que no son marroquíes no sería tildado de racista. A pesar de que, como dice irónicamente Espada, el jugador del Real Madrid, nacido en España y miembro de la selección marroquí, Brahim Abdelkader, es blanco blanquísimo.

Esto último me da pie para ofrecer otro posible elemento contrafáctico. Imaginemos que la selección francesa estuviera plagada de rubicundos jugadores nacidos en Noruega. Qué pasaría si alguien dijera, como Rajoy, “Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Evidentemente, no pasaría nada. Los aludidos serían de raza blanca como la nácar y oriundos de un país más rico que Francia: una minoría no necesitada de protección.

Hace mucho tiempo que los equipos europeos de atletismo, fútbol y otros deportes están llenos de deportistas de raza negra, nacidos o no en África. Algunos de estos deportistas fueron capturados en sus países de origen por federaciones deportivas europeas y sometidos a procesos de nacionalización express, para integrarlos, con todo oportunismo y cierta deslealtad competitiva, en las selecciones deportivas correspondientes. En este sentido, el comentario de Rajoy habría tenido sentido al socaire de fenómenos como el descrito. Pero, hoy, la idea expresada por Rajoy es, como mínimo, extemporánea y, si me apuran, un poco estúpida.

A pesar de eso, la polémica suscitada es interesada políticamente, además de ridícula. Porque es una muestra más del wokismo y la corrección política que invaden la vida pública, además de una agresión a la libertad de expresión. Uno tiene derecho a decir tonterías, sin tener que someterse a la censura y a la impostura de los ofendiditos finapieles contemporáneos, prestos siempre a encontrar ofensas y agravios contra toda clase de colectivos, situaciones y hasta meros sentimientos.

EN TODAS PARTES CUECEN HABAS

 

Está suscitando críticas, a mi juicio merecidas, el coqueteo del gobierno con la doctrina del lawfare. Aunque no le gusten algunas resoluciones judiciales que le afecten, que el gobierno ponga en cuestión la neutralidad del sistema judicial en su conjunto es una conducta claramente subversiva. Y un gobierno puede ser cualquier cosa, pero, si cae en la subversión, deja de ser gobierno para convertirse en una pandilla ultra.

Uno de los aspectos en los que se suelen diferenciar la izquierda y la derecha en España es la distinta habilidad con la que se desenvuelven en lo que podíamos denominar, en sentido amplio, el campo jurídico. Alguna vez he dicho citando a otros que la izquierda no sabe Derecho.

La historia reciente nos muestra suficientes ejemplos: las torpes consecuencias de la ley del solo sí es sí; la ley de amnistía contra los golpistas catalanes; cómo ha gestionado el PSOE la renovación de los órganos constitucionales; el abuso insoportable del decreto-ley...

Lo cierto es que la derecha también se revuelve contra la justicia cuando le molestan sus resoluciones. Pero lo hace con más habilidad y finura que la izquierda, no tan groseramente.

A continuación, transcribo una serie de citas del diario ABC, en las que el propio periódico y su director formulan críticas desaforadas contra los jueces, e incluso contra la UCO[i]. Estas críticas desmedidas están relacionadas, lógicamente, con actuaciones judiciales o policiales contra políticos del Partido Popular.

 

              En la España actual, comienza a ser cierto que donde más delitos se cometen es en los juzgados. Los ciudadanos asisten atónitos al espectáculo justiciero que algunos magistrados protagonizan, a la sombra de la crisis económica, sin percatarse de que a la que de verdad ponen en serios aprietos es a la Justicia en sí misma, más ciega que nunca. Se utiliza la instrucción como pena anticipada y derraman sospechas como ramilletes de perejil. Pocas veces en la historia de España las togas se han hecho notar tanto. Y no precisamente para bien. Fue siempre cuestión fundamental preguntarse quién vigila al vigilante o quién sentencia al sentenciador. Escuchan nuestras conversaciones, leen nuestros mensajes y se atreven a querer vivir nuestras vidas. ¿Cómo es posible que los jueces prácticamente nunca respondan por sus equivocaciones? Lo siento por ellos, pero, aunque algunos no lo crean, están hechos de hombres; por tanto, todas las cautelas y limitaciones a su acción son pocas. Esa es la reforma pendiente. O, de lo contrario, la Justicia se torna en discrecionalidad y en debilidad democrática.

 

Quién juzga al juez, ABC 16 de febrero de 2017

Bieito Rubido, Director del diario ABC

 

 

           Partimos de que cualquier ciudadano responsable y comprometido con los de valores democráticos aplica -aplicamos- tolerancia cero con la corrupción. Ello es compatible con la exigencia de respeto al Estado de Derecho y la custodia esmerada de algunas figuras como la presunción de inocencia y el derecho al honor. En caso de duda, se está a favor del reo; la carga de la prueba corresponde al acusador. Si arramblamos con estas garantías, y lo estamos haciendo, solo generamos inseguridad jurídica. Los ciudadanos tenemos derecho a que se persiga a los corruptos, y también a que jueces y fiscales sean escrupulosos con el ordenamiento jurídico y que las fuerzas del orden no caigan en abusos de poder. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Esta plaga que asola España, que pone bajo sospecha la política y la empresa por un uso presuntamente salvador del derecho penal, camina hacia la peor de las corrupciones: el exceso de quienes deben velar por el Derecho y dictar justicia. Un juez acaba de advertir a la UCO que o se cuenta la verdad o se calla uno, pero no se hace literatura con la vida de las personas.

 

La literatura de la UCO, ABC 27 de mayo de 2017

Bieito Rubido, Director del diario ABC

 

 

             De nuevo estamos dejando el ejercicio de la política al albur de las decisiones judiciales. Son otros los códigos de la acción pública, y no siempre el penal. Uno de los problemas más serios de España son los jueces y fiscales de gatillo fácil.

Inquisición moderna, ABC 27 de mayo de 2017

Bieito Rubido, Director del diario ABC

 

 

               Es evidente que ha llegado el momento de abordar una seria reforma del proceso penal para que deje de ser pasto de acusaciones politizadas, dilaciones injustificadas e imputaciones infundadas o precipitadas. La persecución de los delitos de corrupción ha sido y es una causa justa y legítima que no puede ser la coartada de un ejercicio desproporcionado de la autoridad penal del Estado. Las imputaciones deben ser fiscalizadas más y mejor en el seno de la Fiscalía y por los propios tribunales, las investigaciones deben abreviarse sin esperar indefinidamente a que aparezcan indicios contra los sospechosos, la prisión provisional no puede ser utilizada como una herramienta de presión sobre el sospechoso que no colabora con la policía. El escarnio público de los investigados se convierte en una marca indeleble. La justicia justiciera tiene muchos devotos mediáticos que se entusiasman con las detenciones, los encarcelamientos provisionales y los procesamientos, pero miran a otro lado cuando el ciudadano ya deshonrado es absuelto o su causa es archivada.

 

Justicia justiciera

Editorial del diario ABC, 18 de mayo de 2019

 

 

            LA salvaguarda de la presunción de inocencia para políticos y cargos públicos es una de las deudas pendientes de nuestra democracia. A menudo, la incoación de diligencias previas por parte de los Juzgados y la posterior imputación de dirigentes públicos concluye con el archivo de las actuaciones, con el levantamiento de la condición de investigado –antiguamente imputado–, o incluso con la absolución si el caso ha llegado a la fase de juicio oral. Es decir, judicialmente se proclama su inocencia. Sin embargo, la presión judicial y mediática suele convertir estas investigaciones, sobre todo si son por presunta corrupción, en un auténtico calvario procesal y personal para los afectados ya que el estigma social de una culpabilidad preventiva les acompaña ya de por vida, independientemente de que resulten exonerados durante la instrucción de un caso. Las consecuencias son demoledoras porque es habitual sobredimensionar la investigación de cualquier escándalo, pero si el escándalo naufraga antes de tiempo en los Juzgados, su archivo ni siquiera es noticia. Falta autocrítica en nuestra sociedad a la hora de imponer penas de telediario, y sobra la politización de la justicia como herramienta para desgastar al oponente. Un político apresado en las tenazas de una investigación judicial y mediática, por legítimas que sean en aras de la libertad de expresión, información y opinión, se convierte en un muñeco roto buena parte de las veces, sin resarcimiento alguno, ni siquiera moral. Se le criminaliza, se desgasta al partido al que pertenezca, se genera una atmósfera social de rechazo y desprecio, y cuando resulta absuelto, todo queda en el olvido excepto su condición de presunto culpable para la eternidad. Todo es legal, pero a democracia debería ser más generosa con la presunción de inocencia. No todo puede valer.

 

Maltrato a la presunción de inocencia.

Editorial del diario ABC, 10 de febrero de 2020[ii]

 

 

Esta es la gran diferencia. Ante actuaciones judiciales incómodas, los políticos de la derecha no necesitan mancharse. Tienen sus asistentes en la sociedad civil que les hacen el trabajo sucio.

 

[i] Estas citas las publiqué por primera vez en mi libro GÓMEZ, Manuel, “8 años, 8 meses y 8 días. Crónica de una persecución”, Amazon 2020.

 

[ii] Este diario publicaba una información a 2 páginas en la misma edición del día 10 de febrero de 2020, en la que comentaba diversos casos en los que imputaciones judiciales que terminaron en nada habían destruido las carreras políticas y/o profesionales de las personas injustamente perseguidas. Animo al lector a que se asome a esta información, para comprobar el sesgo de la misma: https://www.abc.es/espana/abci-condenas-telediario-y-politicos-sin-presuncion-inocencia-202002100315_noticia.html

SALVADOR ILLA Y EL PSC SON REACCIONARIOS. PERO YA LO ERAN ANTES

 

Salvador Illa dice en esa entrevista que las viviendas sociales de Cataluña deben ser para los catalanes. ¿En qué se diferencia esa idea de Illa de la “prioridad nacional” de Vox? En nada, naturalmente. Yo no estoy seguro de que esta política, la de Vox e Illa (PSC), merezca ser calificada de reaccionaria. Es un tema complejo y depende de cómo se aplique y qué se pretenda. No es el tema de hoy y requiere muchas puntualizaciones.

Pero sí estoy seguro de que Salvador Illa y su partido, el PSC, son reaccionarios. Pero no por lo que dice en ese vídeo. O no tanto por eso, como porque no de otro modo que de reaccionario se puede calificar el régimen de apartheid lingüístico que perpetra la Generalidad de Cataluña del PSC, presidida por Salvador Illa.

Y digo que se trata de un régimen de apartheid, porque la política lingüística que desarrolla la Generalidad de Cataluña reúne las notas caracterizadoras del apartheid, según han sido definidas por tratados internacionales.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define el crimen de apartheid, en esencia, como los actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro u otros grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen.

De esta definición se desprenden tres elementos fundamentales:

- Debe tratarse de un régimen institucionalizado, es decir, no de hechos aislados, sino de un sistema organizado mediante leyes, políticas o prácticas estables.

- Dominación y opresión sistemáticas de un grupo sobre otro.

- Intención de mantener esa dominación, no simplemente consecuencias accidentales o temporales.

La política lingüística promovida por Salvador Illa y por el nacionalismo catalán, en general tiene, entre otras, las siguientes manifestaciones:

- Prohibición de cursar los estudios en su lengua materna a casi el 60% de los catalanes, cuya lengua materna es el español. Como se da la coincidencia de que los estratos más desfavorecidos de la sociedad son, en su práctica totalidad, castellanohablantes, la discriminación que comporta este apartheid no es solo lingüístico, sino que tiene inmediatas consecuencias económicas y sociales. Y esto es así porque los alumnos castellanohablantes, que se ven obligados a cursar sus estudios en una lengua que no es la suya, obtienen, por eso mismo, peores resultados académicos que los alumnos catalanohablantes que, en general, además, pertenecen a los estratos sociales más altos. Por tanto, en definitiva, el apartheid lingüístico, no solo no reduce las desigualdades sociales, sino que las agudiza, en perjuicio de los más débiles y en beneficio de los más acomodados y privilegiados.

- Establecimiento de las comunicaciones institucionales de los servicios públicos exclusivamente en catalán. Nos estamos refiriendo a la señalización de los distintos servicios (hospitales, carreteras, colegios, oficinas públicas, etc.), a las comunicaciones por escrito de todo orden, como liquidaciones tributarias, prescripciones médicas, calificaciones académicas, informes y certificados de todo tipo, etc. La eliminación del castellano en todas estas actividades de comunicación supone un perjuicio evidente para casi el 60% de los catalanes, cuya lengua materna es el español.

- Exigencia de un alto nivel de catalán para el acceso a los puestos de trabajo del sector público, lo que supone, no solo una grosera discriminación para quienes no tienen el catalán como lengua materna, sino un privilegio para los que sí la tienen y una evidente barrera de entrada para todos los españoles que no saben catalán o no lo dominan en el nivel exigido.

Esta política de apartheid lingüístico que desarrollan Salvador Illa y su partido está acompañada por determinados elementos no menos reaccionarios que el propio contenido de dicha política. Elementos tales como el incumplimiento reiterado de sentencias de los tribunales que obligan a la Generalidad a impartir al menos un paupérrimo 25% de las asignaturas en castellano; declaraciones públicas de responsables políticos jactándose de que dichas sentencias no se cumplirán; aprobación de reglamentos y otras normas ilegales, con el objetivo específico de sortear el cumplimiento de las sentencias; y un sinfín de tropelías desplegadas para mantener a toda costa el cruel y desalmado sistema de la inmersión en catalán.

En definitiva, el apartheid lingüístico catalán cumple los tres requisitos que definían el delito de apartheid, según el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional:

- Es un régimen institucionalizado, a través de la aprobación de leyes y reglamentos y el desarrollo de políticas que pretenden suprimir el uso del español, que no solo es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, sino, además, de las personas que pertenecen a las capas sociales más desfavorecidas, como por ejemplo, la nutrida colonia de inmigrantes hispanoamericanos.

- Supone la dominación de la minoría que constituye el grupo social que tiene por lengua materna el catalán, sobre el grupo social castellanohablante, por cuanto esta política de apartheid provoca que los primeros obtengan mejores calificaciones académicas, mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional y, además, se beneficien de la barrera de entrada a los empleos públicos que suponen las exigencias de un alto nivel de catalán para su acceso.

- Esta política de apartheid está diseñada, no solo para su mantenimiento en el tiempo, sino para su profundización exacerbada, con el objetivo de que el castellano desaparezca por completo de las esferas pública y privada de Cataluña.

- El apartheid catalán no está concebido inicialmente en función de la raza. Esto es evidente. Pero no es menos evidente que los arquitectos de la discriminación por razón de la lengua que se practica en Cataluña, desde Pujol hasta Illa, pasando por Maragall, Mas, Junqueras y compañía, han sido y son plenamente conscientes de que detrás de la lengua hay hablantes, hay ciudadanos, hay personas. Y el objetivo expreso de dicha política ha sido y sigue siendo el privilegio de los catalanohablantes y el correlativo trato discriminatorio de los castellanohablantes, siendo así que los castellanohablantes constituyen en Cataluña un grupo social determinado; precisamente, el grupo social de renta más baja y con peores oportunidades de progreso y desarrollo personal y social. Por tanto, el apartheid lingüístico, no es solo una política infame socialmente, sino que es de una crueldad inaudita, al discriminar a un grupo social que merecería, precisamente, incentivos para su progreso y no lo contrario.

Pero no es el apartheid lingüístico el único aspecto, con ser importante, por el que considero que Salvador Illa y su partido, el PSC son reaccionarios. Qué decir de los acuerdos de financiación autonómica que han firmado con ERC y con el gobierno de Sánchez. Estos acuerdos, al cederle las fuentes fiscales más potentes a la Generalidad de Cataluña y al someter el cupo de solidaridad de Cataluña con el resto de España a la aprobación de Cataluña producirán, necesaria y automáticamente, el empobrecimiento del resto de España, con especial incidencia en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Este modelo de financiación autonómica que han acordado Sánchez, Junqueras e Illa es, por tanto, profundamente reaccionario. Que sea el mismo que rige en el País Vasco y Navarra no reduce un ápice el carácter reaccionario de lo que se pretende implantar en Cataluña. Al contrario: el desenvolvimiento de los regímenes forales a lo largo de casi 50 años ha demostrado su profundo carácter reaccionario

En definitiva, Salvador Illa y su partido son unos reaccionarios, pero no solo ni principalmente por lo que dice Illa en ese vídeo, sino por otras cosas más importantes, algunas de las cuales he detallado más arriba.