Somos los últimos de la clase

El Gobierno francés, integrado por una cuadrilla de peligrosos comunistas, ha decidido subir los impuestos a las rentas altas de trabajo y a las rentas de capital.

Y Rajoy sin enterarse…y algún otro despistado, tampoco.

El quinto rifle

Ronnie Lee Gardner, un ciudadano de Utah (EE.UU) condenado por un asesinato que cometió en 1985, ha elegido ser fusilado, a medianoche, por un pelotón de fusilamiento.

Gardner estuvo semanas decidiendo cómo quería morir, dudando entre la inyección letal y el fusilamiento, optando finalmente por este último. Utah desterró el fusilamiento en 2004, pero no de forma retroactiva, por lo que los presos condenados antes de esa fecha y que deseen ser tiroteados, pueden hacerlo.

El condenado morirá atado a una silla, con una capucha en la cabeza y una diana colgada en su pecho. Cinco tiradores -los verdugos deben tener el visto bueno del Departamento de Prisiones y ser agentes del orden-, armados con rifles del calibre 30 y sólo cuatro de ellos cargados con balas de verdad -el quinto las tiene de fogueo- apuntarán al corazón de Gardner y dispararán en cuanto él acabe de decir sus últimas palabras. Un médico estará en la sala contigua para certificar su muerte.

Es extraordinario el alto grado de civilización que hemos alcanzado. Admirable la interdicción de la aplicación retroactiva de la norma desfavorable (?!), aquella que impediría al reo elegir ser fusilado. Con qué minuciosidad se encuentra regulada la ejecución. Y qué decir de ese guiño al azar, dejando un arma sin cargar. ¿Salvará su vida el reo si los cuatro rifles cargados se encasquillan? ¿Habrá apostado Gardner a ese albur?

Partido Popular para la Liberación de Palestina

 

¿Un pañuelo palestino o un mantelito, qué es lo que me llevas, Mariadolores?

Partido de los trabajadores, ¿eh? Pero, ¡hombre, Cospedal!, a tu edad diciendo esas cosas. ¿Y ese pañuelito o mantelito o lo que sea? ¿Te has afiliado a Al-Fatah o has fundado el PPLP (PePeLePe), Partido Popular para la Liberación de Palestina?

Pero si tenéis las elecciones en la mano, ¿a qué tanta impostura?

Nick Clegg, un tipo envidiable

Nick Clegg, el reciente viceprimer ministro británico, acaba de visitar España. Antes que viceprimer ministro, Clegg es el líder del Partido Liberal Demócrata, la tercera fuerza política británica, siempre fuera del poder debido al sistema electoral mayoritario, que ha permitido a conservadores y laboristas repartirse el gobierno durante el último siglo e, ininterrumpidamente, los últimos 65 años. Este bipartidismo se ha roto en las últimas elecciones, ganadas, sin mayoría absoluta, por el Partido Conservador de Cameron, en las que ha irrumpido la formación de Clegg con fuerza suficiente como para exigir su entrada en el gobierno. A esta eclosión de los liberal demócratas en el panorama político británico no ha debido ser ajeno el atractivo político y personal de su líder.

Hoy entrevista a Nick Clegg el diario El País y dice de él que representa algo nuevo, alternativo, distinto en la escena política británica y europea, describiendo su perfil personal con estos trazos: hijo de un banquero con sangre aristocrática rusa y una madre holandesa prisionera de los japoneses en Indonesia durante la II Guerra Mundial, Clegg estudió antropología en la Universidad de Cambridge, Filosofía Política en Minnesota y ejerció el periodismo en Nueva York en la revista progresista The Nation, antes de trasladarse a Bruselas y desarrollar durante una década una carrera política en las instituciones europeas; allí conoció a su mujer, la abogada vallisoletana y experta en asuntos comunitarios Miriam González Durantez, con la que tiene tres hijos; Clegg habla cinco idiomas, entre ellos un español magnífico.

No puede uno sentir sino envidia al pensar que los máximos líderes políticos españoles apenas han salido de España y no saben idiomas. La Presidencia del Gobierno fue, prácticamente, el primer empleo de uno de ellos, del que se desconocen sus inquietudes intelectuales. El otro parece tener como principal preocupación intelectual la lectura del “Marca” y su profesión es la de registrador de la propiedad, un residuo jurásico de un mundo agrario y de un tiempo decimonónico.

En su discurso de aceptación después de ganar la contienda por el liderazgo de su partido, Clegg se declaró "un liberal por temperamento, por instinto y por educación", que cree que Gran Bretaña debe ser el lugar de la tolerancia y el pluralismo. Afirmó sentir un profundo rechazo a los prejuicios de todo tipo y que sus prioridades son: la defensa de las libertades civiles, delegar la gestión de los servicios públicos a los padres, alumnos y pacientes y proteger el medio ambiente. En una entrevista a la BBC, el día después de su elección como líder de su partido, Clegg dijo que no cree en Dios, pero que tiene un gran respeto por las personas de fe. En 2010, preguntado sobre esta cuestión, declaró que si tuviera que contestar sí o no diría: "Si llega el caso, no sé si Dios existe; yo soy mucho más que un agnóstico."

En su momento, Clegg se opuso claramente a la invasión de Irak y se ha declarado partidario del desarme y de una política exterior más humanitaria.

Un rasgo significativo de su pensamiento lo podemos encontrar en una polémica que mantuvo en 2002, cuando acusó a Gordon Brown de fomentar la condescendencia y un cierto aire de superioridad con respecto a Alemania. En un artículo, Clegg escribió que "todas las naciones tienen una cruz que cargar, y ninguno más que Alemania, con sus recuerdos del nazismo. Pero la cruz británica es más insidiosa aún. Un falso sentido de superioridad, sostenida por los delirios de grandeza y por una tenaz obsesión con la última guerra, es mucho más difícil sacudírsela.”

Cómo nos ve “The Economist”

La revista The Economist publica un artículo* comentando la situación económica de España y las dificultades para poner en práctica medidas de contención del gasto público y otras medidas para la mejora de la situación económica. La información está ilustrada con esta imagen:

El picador es el Consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, al que toman como ejemplo para explicar las rigideces que padece la Administración Pública en España. El artículo tiene un tonito un poco cargante. Su autor parece haberse creído por un momento uno de los viajeros románticos del XVIII y describe la situación que pretende explicar con el aire de superioridad que se emplea para narrar realidades atrasadas y exóticas.

El Consejero le ha explicado a la revista sus dificultades para reducir el parque de vehículos y conductores oficiales, ya que no puede cambiar a los conductores de destino, sin su consentimiento. También le ha contado que en España no se puede despedir a los funcionarios, y que tienen un alto grado de absentismo (18%), ya que pueden estar tres días sin trabajar sin parte médico y que, nada más en la Comunidad de Madrid, hay 3.242 liberados sindicales. Granados ha dicho también, al parecer, que no puede privatizar empresas públicas, como él desearía, porque los trabajadores a los que despidiese el comprador de la empresa habría que readmitirlos en el sector público (?). The Economist también se sorprende de que no se pueda contratar a un cirujano estrella en un hospital público, ya que los índices salariales en España son los mismos para un cirujano que para un trabajador de la limpieza.

The Economist, junto con The Wall Street Journal y Financial Times, es una de las biblias de las altas finanzas mundiales. De ahí que sea importante saber cómo nos ven y qué esperan de nosotros. Aunque sea para darles un corte de mangas, que es lo que nos pide el cuerpo.

* El documento que puedes ver en el enlace es la traducción automática de la página web. El original lo puedes consultar aquí.

¿No lo decía yo?

En la entrada del día 4 de junio "Una década perdida" defendía yo la supresión de las Diputaciones Provinciales y una drástica reducción de los municipios.

Mira por donde, el Secretario General del PSOE, José Blanco, estaba pensando lo mismo. En una entrevista que publicó ayer El Norte de Castilla, dijo lo siguiente el Ministro de Fomento:

"Sobre lo que sí se puede reflexionar es sobre nuestro modelo de la administración, dónde pueden darse duplicidades y si hay entidades que se pueden suprimir. La pregunta que uno puede hacer es: ¿Tiene sentido en una administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales? ¿Tiene sentido que haya tantos miles de ayuntamientos tan dispersos, que no tienen prácticamente capacidad de invertir y cuyo único gasto es el gasto corriente? Estas son las reflexiones de verdad. En el debate político nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a hablar de chorradas en lugar de hablar de las cosas de fondo."

El mundo al revés

La actualidad no deja de ofrecernos paradojas. Las de hoy son lacerantes, para un elector de izquierdas.

El diario El Mundo anuncia en exclusiva que el Gobierno estaría estudiando una amnistía fiscal. Según el periódico, Zapatero ha encargado a Elena Salgado que elabore un plan de regularización fiscal que afectaría al dinero opaco colocado por contribuyentes españoles en el extranjero y al dinero negro generado en España con la economía sumergida, cuyo volumen ha crecido en los últimos meses. En la aplicación de este plan, el Ejecutivo no sancionaría a los defraudadores siempre que suscriban deuda a precio inferior al del mercado y así se lograría financiar a coste más barato la deuda pública. Como digo, una amnistía fiscal en toda regla. Sería la tercera aprobada por un Gobierno socialista en la democracia. Aunque no es descartable que se trate de una de las insidias propias de este diario, de por sí ya bastante insidioso, el PP ha reaccionado inmediatamente, rechazando el presunto plan del Gobierno por "impresentable", "injusto" y "antisocial". Así lo ha calificado su secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien ha subrayado la "paradoja" de que "a los que pagan impuestos se les suban" y "a los que no, se les perdonen". La base social del PP sabe perfectamente que esta postura es un elemento más en la estrategia de desgaste de Zapatero y que esta presunta medida del Gobierno de Zapatero va en la línea de las políticas fiscales del PP. ¿O es que ya nadie se acuerda de quién gobernaba en España en 2002, cuando se permitió gratuitamente a todos los defraudadores cambiar los "tacos" de billetes de 10.000 pesetas por los de 500 euros?

Si Zapatero se ha propuesto que al PSOE le pase como a la UCD en 1982, éste es un camino seguro.

Vamos por la segunda paradoja. Transcribo la parte final del artículo que publica hoy en el Diario de Sevilla el político andaluz del PP Juan Ojeda: “…si Zapatero hubiese anunciado, antes que la bajada de los sueldos a funcionarios y la congelación de las pensiones, impuestos especiales para determinados niveles de renta, patrimonio o beneficios empresariales y financieros, habría tenido una mayor legitimación, suponiendo que eso no hubiese sido suficiente, para ampliar las medidas a las clases menos pudientes. Pero lo ha hecho al revés, primero los pobres y luego, ya veremos, pagarán los ricos. O sea, un desastre de estrategia”. Es verdad que Juan Ojeda es uno de los políticos más decentes del PP en Andalucía, de la estirpe de los Pimentel, Amalia Gómez y alguno más. Y que quizá por eso, pinta poco orgánicamente en el Partido, pero, con este discurso, adelanta a Zapatero por la izquierda.

Lo diré más crudamente: suscribo lo dicho por Ojeda, de la cruz a la fecha.

Hoy viene el periódico entretenido

Hoy viene el periódico sembrado. Además del artículo de Krugman que reproduzco en la entrada anterior, la Cuarta Página de Javier Cercas sobre la Guerra Civil es luminosa*. El resumen de la entradilla del artículo es éste: “No es cierto que los dos bandos de la Guerra Civil contribuyeran por igual a destruir la democracia. No hubo un bando moralmente bueno y otro malo, pero sí hubo uno políticamente bueno, el que defendió la legalidad.” Los artículos de Joaquín Leguina y Almudena Grandes a los que se refiere Javier Cercas en su artículo los puedes leer aquí: Leguina; Grandes. Y aquí una carta de respuesta que publicó Leguina dos semanas después.

Me ha gustado una reseña del libro de Susan George, “Sus crisis, nuestras soluciones”. Esta pensadora sostiene que la humanidad sigue dominada, como en todas las épocas, por una minoría poderosa que maneja todos los hilos en su favor. Esa clase dominante del mundo contemporáneo la llama “la clase de Davos”. Esta es una de las perlas de su libro: “La clase de Davos es siempre sumamente pequeña en comparación con la sociedad, y sus miembros lógicamente tienen dinero, unas veces heredado, otras ganado con su esfuerzo, pero lo más importante es que cuentan con sus propias instituciones sociales -clubes, las mejores escuelas para sus hijos, barrios, consejos de administración, obras benéficas, destinos de vacaciones, organizaciones de admisión reservada, acontecimientos sociales exclusivos y de moda, etcétera-, las cuales ayudan a reforzar la cohesión social y el poder colectivo. Dirigen nuestras principales instituciones, incluidos los medios de comunicación, saben exactamente lo que quieren y están mucho más unidos y mejor organizados que nosotros.” Puedes leer el Capítulo introductorio del libro aquí.

Más cosas interesantes del periódico. El relato del novelista sueco Henning Mankell, de su viaje en la flotilla que intentó romper el bloqueo de Gaza, alguno de cuyos miembros fue muerto a tiros por el ejército israelí; la entrevista con el banquero florentino Braulio Medel.

* DRAE:

luminoso, sa.

(Del lat. luminōsus).

4. adj. Dicho de una idea, una ocurrencia, una explicación, etc.: Brillantes, muy claras, esclarecedoras.

La camarilla del dolor

Este es el título del artículo que publica hoy el profesor de Economía de la Universidad de Princetown y Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman. Estremece comprobar cómo la humanidad se dirige resuelta hacia la catástrofe económica, regida por una poderosa élite de financieros sin escrúpulos, que cuentan con la inestimable ayuda de quienes gobiernan estados y organizaciones internacionales con una miopía culpable que resultará trágica.

(Los subrayados son míos)

 

PAUL KRUGMAN 

EL PAÍS. SUPLEMENTO NEGOCIOS - 06-06-2010

¿Cuál es la mayor amenaza para nuestra todavía frágil recuperación económica? Los peligros no escasean, desde luego. Pero lo que actualmente encuentro más amenazador es la propagación de una idea destructiva: la opinión de que ahora, cuando hace menos de un año que empezamos a recuperarnos débilmente de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, es el momento de que los responsables políticos dejen de ayudar a los parados y empiecen a infligir dolor.

Cuando la crisis financiera nos golpeó por primera vez, la mayoría de los responsables políticos del mundo respondieron de manera acertada, recortando los tipos de interés y permitiendo que los déficits aumentasen. Y al hacer lo correcto, al aplicar las lecciones aprendidas de los años treinta, consiguieron limitar el daño: fue terrible, pero no fue una segunda Gran Depresión.

Últimamente, sin embargo, las exigencias de que los Gobiernos dejen de apoyar sus economías y empiecen a castigarlas han estado proliferando en los artículos de opinión, los discursos y los informes de las organizaciones internacionales. De hecho, la idea de que lo que las economías deprimidas realmente necesitan es aún más sufrimiento parece ser ahora la nueva lógica popular, "las ideas que son valoradas en cualquier momento por su aceptabilidad", según la famosa definición de John Kenneth Galbraith.

Hasta qué punto se ha convertido en algo válido el infligir dolor económico me ha quedado claro por el último informe sobre las perspectivas económicas que ha elaborado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un influyente comité de expertos con sede en París respaldado por los Gobiernos de las economías avanzadas del mundo. La OCDE es una organización profundamente cauta; lo que dice en cualquier momento dado prácticamente representa la creencia generalizada en ese momento. Y lo que la OCDE está diciendo ahora mismo es que los responsables políticos deberían dejar de fomentar la recuperación económica y empezar más bien a subir los tipos de interés y a reducir drásticamente el gasto.

Lo que llama especialmente la atención de esta recomendación es que parece desconectada no solo de las necesidades reales de la economía mundial, sino de las propias previsiones económicas de la organización.

Así, la OCDE afirma que los tipos de interés en Estados Unidos y otros países deberían aumentar drásticamente durante el próximo año y medio para prevenir la inflación. Pero la inflación es baja y se está reduciendo, y los pronósticos de la OCDE no muestran ningún indicio de amenaza inflacionista. Entonces, ¿para qué subir los tipos?

La respuesta, hasta donde yo alcanzo a comprender, es que la organización cree que debemos preocuparnos por la posibilidad de que los mercados empiecen a esperar que haya inflación, aun cuando no deberían y actualmente no lo hagan: debemos protegernos ante "la posibilidad de que las expectativas de inflación a más largo plazo puedan llegar a dispararse en las economías de la OCDE, al contrario de lo que da por sentado la previsión principal".

Se usa un argumento similar para justificar la austeridad fiscal. Tanto la economía teórica como la experiencia nos dicen que reducir drásticamente el gasto cuando todavía estamos padeciendo un paro elevado es muy mala idea; no solo agrava la recesión, sino que sirve de poco para mejorar las perspectivas presupuestarias, porque gran parte de lo que el Gobierno ahorra al reducir el gasto lo pierde, ya que la recaudación fiscal disminuye en una economía más débil. Y la OCDE prevé que el paro seguirá siendo alto durante años. No obstante, la organización exige que los Gobiernos cancelen cualquier futuro plan de estímulo económico y que pongan en marcha la "consolidación fiscal" el año que viene.

¿Para qué hacer esto? Una vez más, la razón es dar a los mercados algo que no deberían querer y que actualmente no quieren. En estos momentos, los inversores no parecen preocuparse lo más mínimo por la solvencia del Gobierno de Estados Unidos; los tipos de interés de los bonos federales se acercan a mínimos históricos. E incluso si los mercados estuviesen preocupados por las perspectivas fiscales de EE UU, recortar el gasto ante una economía deprimida serviría de poco para mejorar esas perspectivas. Pero debemos recortar, dice la OCDE, porque unos esfuerzos de consolidación inadecuados "supondrían un riesgo de reacciones adversas en los mercados financieros".

El mejor resumen de todo esto que he leído lo ha escrito Martin Wolf en el diario The Financial Times, donde afirma que la nueva lógica popular es que "dar a los mercados lo que pensamos que podrían querer en el futuro -aun cuando den pocas muestras de insistir en ello ahora- debería ser la idea central de las políticas".

Expresado de esa forma, parece una locura. Y lo es. Sin embargo, es una opinión que se está extendiendo. Y ya está teniendo consecuencias negativas. La semana pasada, los miembros conservadores de la Cámara, invocando el nuevo miedo al déficit, redujeron el alcance de un proyecto de ley que ampliaba la ayuda a los parados de larga duración, y el Senado se despidió sin siquiera poner en marcha las insuficientes medidas que quedaban. Como consecuencia, muchas familias estadounidenses están a punto de perder la prestación por desempleo, el seguro sanitario o ambos; y a medida que estas familias se vean obligadas a reducir sus gastos, pondrán en peligro los puestos de trabajo de mucha más gente.

Y eso es solo el principio. Cada vez más, la lógica popular dicta que lo responsable es hacer que los parados sufran. Y mientras que los beneficios de infligir dolor son imaginaciones nuestras, el dolor en sí será muy real.

Pirotecnia asesina

El otro día murieron en un pueblo de Sevilla 5 trabajadores de una fábrica de pirotecnia. Ha sido un gravísimo accidente de trabajo, pero nadie parece percibir que se trata de un accidente inevitable, mientras sigan existiendo esa clase de actividades.

Cuando mueren trabajadores en una obra o en un astillero sólo nos preguntamos si en el tajo se cumplían las normas de seguridad y salud laboral, pero no es necesario cuestionarse la actividad. La edificación o la construcción naval son actividades necesarias socialmente y debemos gestionarlas con los menores riesgos posibles.

En cambio, resulta inaudito que, ni ante cinco muertes, nadie se pregunte qué necesidad social hay de mantener un número indeterminado de polvorines repartidos por ahí, con la excusa de fabricar o almacenar toda clase de artefactos explosivos de uso in-civil.

La afición a los petardos y a la pólvora en general es un rasgo más de embrutecimiento social. Sí, y me da igual lo que opinen los valencianos. De modo que debería prohibirse la fabricación y el comercio de esa clase de artefactos. Los familiares de los muertos del otro día lo habrían agradecido.

Lo sentiría por mi amigo Pablo, que lanza cohetes todas las nocheviejas delante de mi casa.

Las televisiones públicas son muy caras

En mi entrada de antesdeayer, “Una década perdida” proponía una serie de medidas de reestructuración del gasto público. Inexplicablemente olvidé mencionar una de las más clamorosas: la venta de las televisiones públicas. El coste de este “servicio” es tan descomunal, que el poder público debe renunciar a él. Si acaso, sólo sería admisible una cadena nacional de información. Las demás deben venderse o liquidarse.

No digo que esto sea fácil, ya que habrá que sortear, al menos, dos importantes problemas. Qué hacer con algunas plantillas si el mercado no es capaz de absorberlas y cómo evitar que los gobiernos de turno les vendan/regalen las cadenas a sus amiguetes.

Como ciudadano, prefiero que desaparezca Canal Sur y todas sus horteradas a que le reduzcan el sueldo a médicos y maestros.

Espejismos dominantes

Este jueves ha publicado Xavier Vidal Folch un interesantísimo artículo en el que desmonta algunos de los tópicos que andan circulando sobre la situación real de la economía española, que tanto nos están perjudicando y que nos tienen sumidos en una depresión como país.

Lo mejor es que lo leas, pero yo te resalto aquí los datos más relevantes.

La deuda-país española está en niveles similares a la del Reino Unido y Holanda. La deuda privada española es similar a la británica y a la holandesa y la deuda pública y la deuda exterior de España son sensiblemente inferiores a las de dichos países.

Parecidas paradojas ofrecen los datos del comercio exterior, en el que España se encuentra generalmente por encima de Francia, Holanda y Reino Unido y sólo detrás de Alemania.

Por otro lado, el artículo termina con una frase de Salvador Alemany, Presidente de Abertis y del Círculo de Economía, que no me resisto a transcribir: "La imposición directa no puede estar tan sesgada en perjuicio de las rentas salariales con relación a otro tipo de rentas, protegidas por la dificultad de su control o el temor a su deslocalización". Porque al cabo, ese sesgo antisalarios "constituye una mayor presión fiscal sobre el tejido productivo".

Dónde hemos podido llegar para que un gran empresario tenga que decir que las injusticias de nuestro sistema fiscal provocan, además, ineficiencia económica.

La izquierda, al menos la española, ni está, ni se le espera. Ya sólo nos queda ver cómo la derecha adecenta la tributación sobre la renta. Al tiempo.

Una década perdida

La crisis económica que asuela las economías de la mayoría de los países del mundo se está cebando con saña con el nuestro. La razón de que España esté siendo castigada con mayor dureza que otros países ha sido explicada mil veces. El hundimiento del mercado inmobiliario ha producido determinados efectos que agravan la situación española, respecto a la de la mayoría de los países de nuestro entorno. Estos efectos han sido el desplome de los ingresos del Estado y, en particular, de aquellos ligados al “ladrillo” y un aumento desorbitado del paro, debido a que la construcción es un sector muy intensivo en la utilización de mano de obra. La disminución de los ingresos y el aumento de los gastos del subsidio de desempleo han producido un consecuente incremento exponencial del déficit público. Directamente relacionado con lo anterior, España padece una cifra aparentemente muy alta de deuda-país. O sea, la suma del endeudamiento de las administraciones, las familias, las empresas y los bancos. En el fondo esto querría decir que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y ahora deberíamos pagar todos las alegrías y frivolidades del pasado.

He dicho todos, pero el Gobierno ha decidido que sólo sean unos cuantos los paganos de la mala cabeza de todos: fundamentalmente, los funcionarios, los jubilados que no cobren pensiones mínimas o no contributivas y los solicitantes de las prestaciones de la dependencia. Además de quienes ya lo venían pagando: los parados y quienes se han arruinado con la crisis.

Desde mi punto de vista, la historia juzgará el planteamiento del Gobierno de Zapatero para afrontar la fase aguda de la crisis de un modo particularmente severo, ya que las medidas que ha puesto en práctica son injustas, contraproducentes y políticamente suicidas.

Las medidas del Gobierno son injustas porque hacen recaer sus efectos negativos sólo sobre una parte de la población, que no es precisamente la causante más directa de la crisis ni la que posee más recursos. Si estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, el Gobierno debió explicarlo así a la sociedad y proponer un gran pacto de rentas, donde cada grupo social aportara según sus posibilidades. Los asalariados del sector público y del sector privado verían reducidos sus salarios por igual con criterios de progresividad y las rentas no salariales y los grandes patrimonios harían su aportación por la vía de los impuestos. Si este plan fuera acompañado por una racional reducción del gasto público (después hablaré de ello), el efecto individual y personal de las medidas habría sido insignificante. Si ese planteamiento no hubiese sido aceptado por el Parlamento o por la sociedad, mediante movilizaciones sindicales o de otro tipo, Zapatero hubiese disuelto el Parlamento y nuestro futuro lo dirimirían las urnas. Eso es la democracia.

Este modo que propongo de afrontar este tiempo de tribulación permitiría salir de la crisis con unas cotas más altas de justicia y, por ende, de cohesión social. La opción del Gobierno me temo que agravará aún más la desintegración social, la desafección de los ciudadanos y el descrédito de lo público. El propio Gobierno parece haber situado a lo público en el centro de la diana de los culpables de la crisis.

Estos días alguien ha recordado un viejo proverbio chino que dice que “para salir del agujero, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar”. El Gobierno, con sus medidas, no ha hecho otra cosa que ahondar unos metros más el agujero en el que estamos metidos, haciendo más difícil salir de él. Disminuyendo brutalmente la renta de los funcionarios y de los jubilados sólo consigue reducir el gasto público, pero ni siquiera es seguro que reduzca el déficit. Esto es así porque las medidas del Gobierno van a producir una segura reducción del consumo y de la demanda interna y, por tanto, los ingresos del Estado se resentirán aún más. Por eso decía que las medidas son contraproducentes.

En lugar de la tosca agresión a funcionarios y jubilados, el Gobierno podría haber aprovechado para adoptar una serie de medidas de racionalización del sector público, tan necesarias como difíciles de tomar en épocas de bonanza. Me permito sugerir algunas:

- Suprimir las Diputaciones Provinciales. La existencia de las Comunidades Autónomas hace completamente innecesario mantener este nivel de Gobierno. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia) no existen las diputaciones (sólo faltaba) y no pasa absolutamente nada. Sus servicios los presta la Comunidad Autónoma, donde se integraron todos sus funcionarios. Las diputaciones son hoy día un lastre, ya que no se responsabilizan de asumir el coste de los impuestos, al no recaudar nada de los ciudadanos y sólo sirven para repartir cargos entre los partidos. Cualquiera que sepa algo acerca de qué es el sector público sabe perfectamente que esto es así.

- Suprimir más de siete mil municipios. En España hay actualmente 8.114 municipios, para una superficie de algo más de 500 mil kilómetros cuadrados y una población de casi 47 millones de habitantes. Es decir, la media sale a 62 kilómetros cuadrados y 5.800 h. por municipio. Y, si hiciéramos la media de población con los de menos de 100.000 h., la cifra de población media por municipio sería ridícula. Por otro lado, el número de municipios tiende a aumentar, merced a una pulsión irracional y cateta que incita a cualquier núcleo de población que se precie a movilizarse para contar con su propio campanario. La racionalidad en la gestión de los servicios impone una profunda reforma que no deje más allá de mil municipios, mediante la agrupación de los más pequeños. Con ello, la media de superficie pasaría a 500 kilómetros cuadrados. Hoy, por ejemplo, Jerez de la Frontera tiene casi 1.200 y Carmona y Hornachuelos más de 900. Y la media de población rondaría los 47.000 h.

- Suprimir la mitad o más de las Universidades. En España, hay más de 70 universidades. Aquí, de nuevo, la misma pulsión cateta ha llevado a que en cada provincia haya una Universidad, con algunas excepciones, siendo la más notable la de Castilla La Mancha, con una única universidad para sus 5 provincias. Esto no quiere decir que no pueda haber centros universitarios diseminados, como los hay en Castilla La Mancha. Pero con un solo rectorado y otros muchos ahorros que cualquiera puede imaginar.

- Suprimir una buena parte de los entes y organismos creados por las Comunidades Autónomas, con el único motivo de aparentar ser un Estado en pequeñito. Es hora de acabar ya con este sarampión y centrar a las Comunidades Autónomas en lo que les debería ser más propio: gestionar los servicios públicos. Aquí no pongo ejemplos, para no ofender a nadie y no crearme más problemas, pero nada cuesta imaginar a qué me estoy refiriendo.

- Suprimir todas las líneas de subvenciones que no hayan demostrado su utilidad social, mediante la evaluación de un plan estratégico que debe aprobarse en el momento de su establecimiento. Esto no es ningún invento arbitrista. No es ni más ni menos que lo que exige la Ley General de Subvenciones, aunque no se cumpla.

- Podar a la Administración General del Estado de todos los servicios y dependencias redundantes con los de las Comunidades Autónomas y transferírselos a éstas, con funcionarios incluidos, por supuesto. Con esto no sólo se racionalizaría y se reduciría el gasto público, sino que mejorarían las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, actualmente enturbiadas con mucha frecuencia por la acción de cuerpos de funcionarios del Estado que han de justificar su propia existencia de algún modo.

- Realizar un análisis externo de las necesidades de personal de todos los servicios públicos, proponiendo las movilidades funcionales y geográficas correspondientes. Esto permitiría congelar las ofertas de empleo público durante varios años.

En fin, podría seguir proponiendo ideas. Las que he enunciado estoy seguro que duplicarían lo que el Gobierno pretende ahorrar con su agresión a jubilados y funcionarios.

Dije también que las medidas de Zapatero son suicidas políticamente para su autor, que ha cavado una profunda fosa donde quedará enterrado su cadáver político. Si hubiera hecho lo debido, éste sólo sería un injusto precio a pagar. Es verdad que los pueblos suelen ser así de desagradecidos con los líderes que les ayudan a pasar momentos difíciles. Una vez pasado lo peor de la tormenta, los tiran por la borda. Winston Churchill, Mijail Gorbachov, Adolfo Suárez fueron grandes líderes que hicieron lo que había que hacer, siendo amortizados poco después por sus contemporáneos. Pero los tres tendrán un lugar preeminente en la historia, para siempre.

Zapatero ha preferido transitar por un camino que le asegura, simultáneamente, el rechazo de sus contemporáneos y el olvido de las generaciones futuras. La historia sólo dirá de él que desaprovechó una oportunidad inigualable para mejorar la justicia y la cohesión social en España y para modernizar la estructura de un Estado que arrastra todos los vicios y la caspa de los siglos XIX y XX.

Lamentablemente, nos dirigimos hacia una década perdida… o más.