PARA ´THE WASHINGTON POST’ ESPAÑA ES FRANCOLAND

El influyente diario de la capital norteamericana publicó ayer una entrevista con el Vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puigneró, a propósito del presunto espionaje a políticos separatistas, en la que, entre otras preguntas, le formula la que transcribo a continuación, junto con la respuesta del político catalán:

Pregunta: “¿Suscita esto preocupaciones especiales debido a la historia española del autoritarismo y el espionaje interno durante la era franquista [de 1939 a 1975]?”

Respuesta: “El régimen español tiene que pensar a dónde quiere ir en el futuro. ¿Quiere volver a algunas de las prácticas más cercanas a una dictadura? España no es una dictadura, pero está claro que hoy en día no es una democracia plena. Está en sus manos corregir eso y realizar una investigación profunda. No es aceptable en una democracia plena espiar a los políticos de la oposición. Ese es un caso similar al de Watergate".

El periodista podría haberse ido hasta la Guerra de Cuba. O ya puestos, hasta Felipe II, la Inquisición, la expulsión de los judíos… Y no habría desentonado del discurso habitual de los medios anglosajones, lleno de prejuicios antiespañoles o antihispánicos, en general. Este sesgo cognitivo impregna insidiosamente el mainstream intelectual (políticos, periodistas, universidades…) de muchos países occidentales. Pero su aprovechamiento por el separatismo catalán se ve favorecido por una curiosa elusión o reserva mental. El periodista norteamericano se refiere a la historia española de autoritarismo de 1939 a 1975, como si Cataluña no formara parte de la misma. Como si una buena parte de los separatistas de hoy no fueran los herederos de quienes recibían calurosamente a Franco en su visita a Barcelona y se beneficiaron durante decenios de la política económica de la dictadura.

Los gobiernos españoles nunca han hecho gran cosa, si es que han hecho algo, para contrarrestar este antipático fenómeno, tan perjudicial para los intereses nacionales de España. Una de las razones hay que encontrarla, desde luego, en el hecho de que una parte importante las élites intelectuales españolas participan de esta negra visión de nuestra historia. En todo caso, contrapesar la leyenda negra que arrostramos es un empeño que fácilmente conduce a la melancolía.

Otra cosa es la deslealtad hacia España de las élites políticas, especialmente las catalanas, aunque no solo. Es evidente que la libertad de expresión ampara todas las manifestaciones antiespañolas a las que nos tienen acostumbrados. Pero eso no quiere decir que tales conductas no deban merecer determinadas consecuencias políticas. El gobierno y el parlamento españoles no deberían tratar igual a las regiones leales, que a aquellas que votan repetidamente por opciones políticas cuyos dirigentes dedican tiempo e ingentes recursos públicos a denigrar y desprestigiar a España y a los españoles en el extranjero.

En todo caso, los políticos separatistas no están midiendo adecuadamente las consecuencias de una deslealtad tan alevosa, tan infame e ingrata y ejecutada con tan mala fe. Debieran reparar en el resentimiento que están generando en amplias capas de la sociedad española y los efectos que acabará teniendo sobre Cataluña, incluso en caso de independencia. Me atrevería a aconsejarles, como suele decirse, que dejen de desearla tanto, no vaya a ser que la consigan. Si llega ese momento, la opinión pública española exigirá a su gobierno y a su parlamento el establecimiento de unas condiciones para la independencia que pueden hacer inviable la propia Cataluña. Yo sí lo haré, si llega el caso.

CORRUPCIÓN Y MENTIRAS EN LA CÚSPIDE DE CATALUÑA

 

En la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña celebrada ayer se produjo un incidente, protagonizado por la Presidente, Laura Borràs, que resulta altamente expresivo del ambiente que se vive en Cataluña y de los modos con los que habitualmente se conduce el separatismo.

La sesión plenaria ha comenzado con la lectura por Borràs de una declaración de la Junta de portavoces, aprobada por mayoría de los grupos separatistas, "de condena del espionaje político que han sufrido varias personas vinculadas con el independentismo".

Tras la lectura de la declaración, el portavoz del grupo de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, pidió la palabra para afearle a la Presidente su incumplimiento del Reglamento de la cámara, por haber dado lectura a un comunicado que no gozaba de la unanimidad de la Mesa. Borràs privó de la palabra al diputado, cortándole el micrófono y, posteriormente, expulsó de la sala a otro diputado del mismo grupo, que continuaba manifestando su desacuerdo de forma reiterada.

Para justificar su conducta, la Presidente Borràs dio lectura, supuestamente literal, del artículo 166.2 del Reglamento del Parlamento, en el que se define qué es una declaración institucional del Parlamento, de aquellas de las que la Presidencia puede dar lectura pública, por expresar el sentir de la cámara. El susodicho artículo dice lo siguiente:

“2. Se llaman declaraciones del Parlamento de Cataluña las acordadas unánimemente por el presidente y por la Junta de Portavoces.”

La cuestión es que la señora Borràs omitió el término unánimemente, circunstancia cuya ausencia en este caso le habría impedido hacer lo que hizo.

En definitiva, la Presidente separatista del Parlamento se pasa su propia ley por el forro, impide expresarse al portavoz de un grupo que lo denuncia y expulsa a un diputado que le recrimina todo ello y, para colmo, hace una lectura pública mendaz de la norma jurídica incumplida.

Esta señora, la segunda autoridad de Cataluña, tras el Presidente de la Generalidad, es la que está imputada y a punto de ser sometida a juicio por otorgarle a un amigo varios contratos, saltándose la legislación de contratos públicos. Supongo que esta causa de corrupción le habrá permitido pasar a integrar la nómina de los más de 3.000, supuestamente represaliados por España, por su participación en el proceso catalán.

No me quedan ganas de hacer comentario alguno. El nivel de degradación política y moral que Cataluña está exportando al resto de España alcanza ya cotas realmente nauseabundas.

DE QUÉ VA EL CATALANGATE

Todos los medios políticos y periodísticos del separatismo catalán y algunos de sus cómplices del resto de España han salido en tromba estos días acusando al Gobierno español de haber espiado a no menos de 65 líderes separatistas mediante la intervención de sus teléfonos móviles.

La denuncia parte de un informe elaborado por la entidad Citizen Lab, un instituto vinculado a la Universidad de Toronto, que se puede leer aquí: https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/

Posteriormente, la prestigiosa revista norteamericana The New Yorker, se ha hecho eco del informe de Citizen Lab en un extenso artículo, que se puede leer aquí: HowDemocracies Spy on Their Citizens | The New Yorker

Dando por bueno y ya es mucho, que la intervención de los teléfonos haya sido cierta, me he molestado en revisar el contenido de estos documentos, para comprobar las razones que esgrimen para atribuir al Gobierno español el espionaje. Veamos en qué se basan:

El informe de Citizen Lab contiene un apartado concreto en el que expone los motivos de esta atribución. Lo transcribo a continuación:

“ATRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL

En este momento, Citizen Lab no atribuye de manera concluyente estas operaciones de piratería a un gobierno en particular, sin embargo, una variedad de evidencias circunstanciales apuntan a un fuerte nexo con una o más entidades dentro del gobierno español, que incluyen:

• Los objetivos eran de evidente interés para el gobierno español;
• El momento específico de la focalización coincide con eventos de interés específico para el gobierno español;
• El uso de contenido cebo en los SMS sugiere el acceso a la información personal de los objetivos, como los números de identificación del gobierno español; y,
• Supuestamente, el CNI de España ha sido un cliente del Grupo NSO y, presuntamente, el Ministerio del Interior de España posee una capacidad no identificada pero similar.

También consideramos poco probable que un cliente de Pegasus que no sea español emprenda una orientación tan amplia dentro de España, utilizando SMS y, a menudo, haciéndose pasar por las autoridades españolas. Tal operación clandestina de varios años, especialmente contra personas de alto perfil, tiene un alto riesgo de descubrimiento oficial y seguramente conduciría a graves repercusiones diplomáticas y legales para una entidad gubernamental no española.”

Como se puede comprobar, los motivos de la atribución al Gobierno español de los supuestos ataques son por completo inconsistentes. Se basan en conjeturas y suposiciones sin carga probatoria alguna. El documento califica sus hipótesis como “circumstantial evidence”, pero, vaya usted a saber qué significado tiene ese sintagma en la cultura de los autores del informe. Pensando en su trasposición al castellano, me viene a la cabeza el término indicio, tan caro a los jueces de instrucción españoles y que utilizan a diario para empapelar a cualquiera que pasaba por allí.

Si buscamos las razones de la atribución a nuestro gobierno del espionaje en el artículo de The New Yorker los resultados son aun más pobres. El autor ha contactado con un eurodiputado separatista catalán (Solé), que le entregó su teléfono móvil a un presunto experto (Campo) y el examen obtuvo, entre otros, el siguiente resultado:

“Campo identificó una aparente notificación de la agencia de seguridad social del gobierno español que usaba el mismo formato que los enlaces a malware que el Citizen Lab había encontrado en otros teléfonos. «Con este mensaje, tenemos la prueba de que en algún momento fuiste atacado», explicó Campo. Pronto, el teléfono de Solé vibró. «Este teléfono dio positivo», decía la pantalla. Campo le dijo a Solé: «Hay dos infecciones confirmadas», a partir de junio de 2020. «En aquellos días, su dispositivo estaba infectado, tomaron el control de él y estuvieron en él probablemente durante algunas horas. Descargando, escuchando, grabando»”.

Es decir, un mensaje aparentemente enviado por la Seguridad Social española, con el mismo formato que otros encontrados en otros teléfonos y que contenían software espía les ha parecido suficiente para atribuir al Gobierno español la supuesta fechoría.

A estas alturas, mis sospechas de que todo este asunto es un montaje perpetrado por el separatismo catalán, guiado por su irritante victimismo y su obstinado odio antiespañol empezaron a cobrar fuerza, de modo que seguí investigando. Y este es el resultado de mis pesquisas.

Resulta que el dominio de Internet “Catalan Gate”, al parecer, administrado por la entidad separatista Omnium Cultural, fue creado en enero de 2022, es decir, varios meses antes de que apareciera el informe de Citizen Lab, precisamente, con ese mismo título: “Catalangate”. Por otro lado, apenas dos días después de aparecidas las informaciones sobre el presunto espionaje, la misma Omnium Cultural publica en su canal de Youtube un vídeo (https://youtu.be/-LVKeIz8nO4) profesionalmente diseñado y editado, que viene a ser la ilustración videográfica de su campaña de denuncia del espionaje. Vídeo que, lógicamente, fue necesariamente concebido y elaborado semanas antes de la irrupción del escándalo.

Es de sobra conocido que el separatismo catalán cuenta con recursos suficientes, por cierto, procedentes de los impuestos que pagamos todos los españoles, para comprar la voluntad de personas e instituciones a lo largo del mundo y así lo viene haciendo en su constante campaña de desprestigio de España y de diseminación de sus delirios históricos y políticos. Instituciones dependientes de las Naciones Unidas, ONGs transnacionales, premios nóbel y prestigiosos medios de prensa internacionales, como The New York Times, The Guardian y otros, con frecuencia, se han puesto al servicio de los objetivos del separatismo catalán…previo pago de su importe, naturalmente. Para colocar sus monsergas antiespañolas, nuestros catalanes levantiscos vienen jugando, además, con la ventaja que les reportan los prejuicios antihispánicos que tanto abundan por ahí, especialmente en medios anglosajones, que siguen confundiendo a España con Francoland.

En fin, lo expuesto hasta ahora constituye algo más que la famosa “circumstantial evidence” que utilizaba el Informe de Citizen Lab, para concluir que este asunto del Catalangate ha sido una obra de encargo del separatismo catalán.

Pero, por si faltara algo para convencernos, resulta de lo más ilustrativa la introducción del artículo de The New Yorker que transcribo a continuación:

“El parlamento de Cataluña, la comunidad autónoma de España, se encuentra en el borde de la Ciudad Vieja de Barcelona, en los restos de una ciudadela fortificada construida por el rey Felipe V para vigilar a la inquieta población local. La ciudadela fue construida con trabajos forzados de cientos de catalanes, y sus estructuras y jardines restantes son para muchos un recordatorio de la opresión. Hoy en día, la mayoría de los parlamentarios catalanes apoyan la independencia de la región, que el gobierno español ha considerado inconstitucional. En 2017, mientras Cataluña se preparaba para un referéndum sobre la independencia, la policía española arrestó al menos a doce políticos separatistas. El día del referéndum, que recibió el apoyo del noventa por ciento de los votantes, a pesar de la baja participación, las redadas policiales en los colegios electorales hirieron a cientos de civiles. Los líderes del movimiento independentista, algunos de los cuales viven en el exilio en toda Europa, ahora se reúnen en privado y se comunican a través de plataformas de mensajería cifradas.”

Creo que el sesgo del texto exime de todo comentario. Por cierto, el artículo está firmado por Ronan Farrow, el hijo biológico de Woody Allen y de Mia Farrow, que se puso de parte de su madre y de su hermano/a Dylan, en la disputa con el padre de ambos. Yo sé bien de parte de quién estoy en el asunto y la credibilidad que me merece cada parte.

LA OCULTACIÓN DE LA VISITA DE BUSH A LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN WASHINGTON EL 12 DE MARZO DE 2004

Hace años escribí varias entradas en este blog sobre el 11M, la fractura que se produjo en la sociedad española y las teorías conspiranoicas que propagaron ciertos medios, que todavía lo hacen con frecuencia.

Entre los hechos más relevantes que se produjeron aquellos días destaca sobre todos, aparte del propio atentado, por supuesto, la sobreactuación (por decirlo suavemente) del Gobierno del Partido Popular, para hacer creer a los españoles y al mundo que el atentado era obra de la ETA. Con la evidente intención de desviar la atención de la autoría islamista, que tanto le podría perjudicar en las inminentes elecciones del 14 de marzo. Las manifestaciones más relevantes de la sobreactuación del Gobierno que yo conocía hasta ahora fueron las siguientes:

a) La rueda de prensa televisada del Ministro del Interior, Ángel Acebes a las 13h. del 11M. En aquella rueda de prensa llamó "miserables" a quienes pusieran en duda la autoría de la ETA y no aportó ni una sola prueba, a pesar de la insistencia de los periodistas. Y no la aportó porque no la tenía, lógicamente. Ni siquiera acudió a los recursos que se emplean en estos casos: "permítanme que no revele todos los datos de que dispone el Gobierno, para no perjudicar la investigación...", o algo así, que a mi me habría tranquilizado, aunque fuera ingenuamente. Mucha gente de izquierdas bienpensante, entre los que me cuento, estábamos tan conmocionados que, en el fondo, deseábamos íntimamente que hubiera sido la ETA, porque pensábamos que un crimen tan horrendo generaría un movimiento imparable que desembocaría en su desaparición, porque perdería el apoyo social que sigue teniendo en el País Vasco. Algo así como lo que generó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero elevado a la enésima potencia.

b) El Presidente del Gobierno, en una actitud inusual, llamó a los directores de los diarios de tirada nacional para convencerles, para insistirles en que había sido la ETA. Yo guardo el ejemplar de El País del 12 de marzo y todo el periódico (información y opinión) está imbuido de la autoría de la ETA.

c) El Ministerio de Asuntos Exteriores envió una instrucción a todas las embajadas para que extendieran por todo el mundo la autoría de la ETA.

d) La Secretaría de Estado de Comunicación hizo lo propio con los corresponsales de la prensa extranjera en España.

e) El Gobierno presento, presionó y consiguió que se aprobara una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de condena del atentado como obra de la ETA.

f) RTVE alteró su programación para emitir una película basada en atentados de la ETA.

g) El Presidente del Gobierno convocó unilateralmente, sin contar con el resto de fuerzas políticas, una manifestación para el día 12 ó 13, no recuerdo, con el lema “Con la Constitución”, o algo así, lema absolutamente impropio como reacción a un atentado de chalados islamistas. Yo no fui a la manifestación porque ya estaba convencido de que era un acto de propaganda electoral.

h) El Gobierno constituyó un gabinete de crisis para el seguimiento del atentado en el que, por ejemplo, no estaba el Director del CESID y sí estaba, por ejemplo, el Secretario de Estado de Comunicación. ¿Era un gabinete de crisis o un gabinete de propaganda?

En definitiva, el Gobierno no tenía pruebas de la autoría de la ETA y sobreactuó para hacer creer al mundo entero que había sido la ETA. No fue un error inconsciente, desde mi punto de vista.

Las consecuencias de ese error intencionado fueron gravísimas. De un lado, hizo pensar a una parte de la población que su Gobierno utlizaba 200 muertos para asegurarse la victoria electoral, en unos momentos en los que las encuestas ya no les daban unos resultados tan holgados. El Gobierno no buscó la unidad de la nación ante la adversidad, que es lo que habría hecho un gobierno decente. Y, de otro lado, en cierto modo, justificaba o, al menos, relativizaba, la conducta de la oposición.

Se criticó mucho la actitud del PSOE y de la Cadena SER esos días. Pero qué hubiéramos pensado muchos ciudadanos si, después de una victoria arrasadora del PP en unas elecciones celebradas bajo el trauma de un horrible atentado de la ETA, nos enteramos de que no era la ETA y de que el Gobierno nos lo hizo creer sin datos y con una sobreactuación interesada. Yo habría sacado la conclusión de que vivo en un país atrasado, en el que ni la oposición ni los medios de comunicación son capaces de desempeñar el papel que deben jugar en una sociedad libre y democrática.

Estos días, viendo un interesante documental de Netflix sobre el 11M, me enteré de otro hecho que desconocía por completo y que abunda en la misma conducta del Gobierno del PP, tratando de desviar la atención de los ciudadanos de las tesis sobre la autoría islamista de los atentados. Se trata de la visita que realizó aquellos días el Presidente Bush a la Embajada de España en Washington, donde le recibió el entonces embajador Javier Rupérez.

Bush se interesó por el impacto de los atentados en la sociedad española, por la posible repercusión en las elecciones convocadas para dos días después y por las impresiones que el Gobierno español tenía sobre la autoría. 

Respecto a este último asunto, cuenta Rupérez en un libro de memorias*, que le expresó a Bush su convencimiento de que la ETA había perpetrado la matanza. En ese momento, narra el entonces embajador, "me dice que sus servicios le acaban de informar, y piensa ponerse inmediatamente en contacto con José María Aznar para decírselo, que posiblemente sean otros los autores y que no cabe descartar la conexión islamista". "Le miro con algo de incredulidad y lo subraya: 'Sí, es posible que sean islamistas los autores, es lo que dice nuestra gente'" , escribe Rupérez.

El embajador reconoce en el libro que esa afirmación le dejó desconcertado y añade que pudo comprobar más tarde, "hablando con Moncloa" que en el complejo presidencial todavía no tenían esa información. "¿La tenían nuestros servicios de inteligencia?" se pregunta. Tras este encuentro privado Bush hizo una breve declaración pública que recogieron en aquella fecha los medios de comunicación en la que mostró su dolor por lo ocurrido y alabó la firmeza del gobierno español "en contra del terrorismo y de organizaciones terroristas como la ETA" a la que no atribuye los atentados del día anterior.

Casi a la misma hora el Gobierno de España afirmaba en una comparecencia ante la prensa del ministro del Interior, Angel Acebes, que la ETA seguía siendo "la principal línea de investigación" sobre la autoría, aunque sin "desatender" otras vías de investigación pese a que, aseguraba, ninguno de los otros países que colaboran en la investigación tenía "datos fiables" que apuntase a una línea distinta a la de la ETA.

Antes de abandonar la embajada y gracias a la mediación del propio Rupérez, Bush concedió una entrevista a TVE, en la que, a preguntas del periodista Lorenzo Milá, dijo: "No sabemos todavía quién lo hizo y yo no excluiría a nadie. Escucharemos todo tipo de rumores y llevará un cierto tiempo aclarar los hechos. A nosotros nos llevó un tiempo averiguar quién había ordenado los ataques contra Estados Unidos". 

En su libro, Rupérez señala que no cree que la integridad de esa "extraordinaria entrevista" fuera nunca ofrecida por TVE. Recuerda que esa misma tarde le llamó "desesperado" Lorenzo Milá para rogarle que hablara con sus superiores interesándose por la emisión de la misma. "Creo haber conseguido que se emitieran más trozos de los que originariamente estaban previstos, pero esas vacilaciones -¿qué televisión del mundo se negaría a emitir una relativamente larga y sustanciosa entrevista con el presidente de los Estados Unidos?- ponían de relieve el estado de putrefacción que, con los cadáveres de los atentados todavía calientes, conocía el cuerpo político español", escribe el diplomático.

Yo no recordaba en absoluto esta visita de Bush a la embajada española, hecho sobre el que el embajador afirma que es la primera ocasión en la que un presidente visita una embajada extranjera, es decir, un hecho absolutamente singular. Tampoco recuerdo haber visto la entrevista que le hizo a Bush el corresponsal de TVE Lorenzo Milá. He buscado en Google y apenas he encontrado una breve crónica de la visita publicada por el ABC.

Milá dice en el documental que el Gobierno del PP hizo lo posible por ocultar unos hechos de tanta relevancia informativa, porque su conocimiento público habría conducido a la opinión pública española a una asociación de ideas entre Bush y, por tanto, Aznar (recuérdese la famosa foto de Las Azores), la guerra de Iraq y el atentado de Atocha.

Es evidente que este ninguneo oficial de la visita de Bush a la embajada española y de su entrevista a TVE, como reconocen sus principales protagonistas españoles, se inscribió en la estrategia del Gobierno del PP de ocultar a la sociedad española que lo más probable es que el atentado fuera obra de islamistas y de forzar la improbada autoría de la ETA, que tanto creía que le beneficiaría en las inminentes elecciones.

 

* “Memoria de Washington. Embajador de España en la capital del Imperio”, está prologado por José María Aznar, quien presentó la obra el día 24 de febrero de 2011 en Madrid.

 

ZAPATERO, UN ERROR EN SÍ MISMO

Zapatero anda de gira de propaganda de su libro sobre Borges (¿!). Zapatero a tus zapatos, dan ganas de espetarle.

En el enlace que inserto más abajo está la crónica de su acto en Barcelona, donde nos ha regalado varías perlas de su inane y, por momentos, irresponsable, pensamiento.

Hablando del problema catalán ha afirmado que el diálogo es un fin en sí mismo. Esta es una de las grandes falacias contemporáneas. Hay que dialogar con todos y sobre todo. ¡Pero qué tontería es esta! Yo dialogo con mis amigos, con mi familia, por el mero placer de la charla. Pero, en política se dialoga para algo, en general, para llegar a acuerdos, y no se puede dialogar sobre todo ni con todos. Y menos, cuando al decir diálogo, se quiere decir negociación. En especial, no cabe diálogo ni negociación alguna que tenga por objetivo destruir la nación ni nuestro marco constitucional de convivencia, que no otra cosa persiguen los nacionalismos separatistas.

Y con esto enlazo con otra de las sandeces zapateriles: por lo visto, la derrota es digna y bella, y con ello, parece animarnos a que España entera se entregue a los delirios del separatismo catalán y acepte su derrota digna y bella. Sin palabras.

Finalmente, la opinión de Zapatero sobre el Estatuto de Cataluña es absolutamente desvergonzada. Dice no sentirse culpable de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional y reconoce haber pensado en muchas ocasiones "qué podría haber hecho para que no se iniciara la espiral que nos llevó a 2017".

Pues ya se lo digo yo: no haber abierto el melón de las reformas de los estatutos, una iniciativa política inútil y absurda y carente por completo de apoyo social. Y mucho menos, haber afirmado, como lo hizo, que iba a aceptar incondicionalmente la propuesta de Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña.

Este hombre fue una desgracia para España y está completamente desacreditado. Y se puede comprender que él no se dé cuenta: no tiene la inteligencia o el talento necesarios para percatarse. Pero, al menos, podría permanecer callado y no incrementar los motivos para su descrédito.

https://www.elnacional.cat/es/politica/zapatero-triste-destino-confrontacion-infinita_654632_102.html

NO LE DIGAS A MI MADRE QUE FUI ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN

 

Hace más de siete años que redacté esta entrada del blog, con este mismo título, pero, finalmente, no me animé a publicarla. Como me parece que no ha perdido actualidad, en absoluto, me animo a hacerlo ahora. Aquí abajo el texto de lo escrito en el mes de marzo de 2013.

"Los medios de comunicación se vienen haciendo eco, desde hace algunos meses, de la renuencia del Gobierno de la Junta de Andalucía a aportar información detallada sobre las denominadas ‘cesantías’ de los altos cargos. Con esta resistencia se puede estar transmitiendo a la opinión pública la sensación de que se trata de algo vergonzoso, cuya existencia, a duras penas, se reconoce y cuyos beneficiarios y cuantías permanecen ocultos.

Yo he sido beneficiario de tales compensaciones y no tengo el más mínimo reparo en que se conozcan la cuantía y circunstancias de lo que he percibido. Y, como no tengo nada de lo que avergonzarme, sino al contrario, lo voy a dar a conocer públicamente, aunque no tengo ninguna obligación legal de hacerlo.

Fui alto cargo de la Junta de Andalucía entre los años 1994 y 2010. El puesto que desempeñé durante un tiempo más prolongado (unos 10 años) fue el de Interventor General de la Junta de Andalucía, que es el máximo responsable del departamento encargado del control interno y de la contabilidad del Gobierno y del sector público de la Junta. Sus cometidos fundamentales son la fiscalización y la rendición de cuentas ante el Parlamento de Andalucía, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación, de un conglomerado de más de 200 entidades públicas que ‘mueven’ anualmente una cantidad superior a los 30 mil millones de euros.

Durante el desempeño de mis responsabilidades como alto cargo de la Junta de Andalucía percibí, exclusivamente, un sueldo equivalente al de Director General. Durante más de 16 años vi cómo mi salario fue congelado varias veces y otras experimentó incrementos inferiores en un 50% al de los funcionarios. Además, tuve prohibido, no sólo por la dedicación que los cargos exigían, sino por Ley, realizar otros trabajos o percibir cualquier otra retribución económica, incluidas algunas que sí percibían los funcionarios que trabajaban conmigo, como las derivadas de impartir cursos o conferencias, publicaciones, la participación en tribunales de oposiciones y concursos, etc. Por cierto, por esta razón, las retribuciones de algunos de mis subordinados llegaron a ser superiores a las mías.

Cuando cesé en mi condición de alto cargo me acogí al derecho establecido en la Ley de percibir una compensación económica (la denominada cesantía) de un mes de mi sueldo (excluido el incentivo de productividad) por cada año de servicio como alto cargo, con un máximo de 12. Como yo lo había sido durante más de 16 años, cobré la cesantía entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Para que se hagan una idea, el sueldo anual de Director General en el año 2011, según la Ley del Presupuesto, era de 54.637 euros. Esa fue, por tanto, más o menos, la cantidad íntegra anual que yo recibí, dividida en 12 pagas mensuales.

Uno de los fundamentos de las cesantías es facilitar el reingreso al mundo laboral de quienes han desempeñado altos cargos de la Administración, permitiéndoles el reciclaje y adaptación a su nueva situación. Yo me lo tomé al pie de la letra y seguí un programa de aprendizaje del idioma inglés, en Gran Bretaña, que pensé que me sería útil para los cometidos que me deparara el futuro como funcionario de la Junta, que era y es mi profesión. Para ello realicé una inversión de mi bolsillo de unos 15 mil euros. Evidentemente, durante ese período tuve que seguir sosteniendo a mi familia con mis únicos ingresos, que eran los de la cesantía.

Algunos pueden pensar que la indemnización por cese es excesiva. Incluso habrá quienes la consideren completamente injustificada y, por tanto, escandalosa.

Yo les voy a decir cómo contemplo, globalmente considerada, la retribución del desempeño de mi trabajo como alto cargo de la Junta de Andalucía durante más de 16 años, incluida la indemnización final de la que les vengo hablando.

Es difícil encontrar en el ámbito privado un término de comparación. Pero, si tomamos en consideración el volumen económico y la importancia de las responsabilidades que yo desempeñé, tenemos que irnos a las grandes empresas del IBEX-35 para encontrar un cierto parangón. Ya les he dicho cuánto gana un Director General en la Junta. ¿Les parece exagerado que les diga que el Interventor General de la Junta de Andalucía, que controla y rinde cuentas anualmente de más de 30 mil millones de euros, gana menos de la décima parte que un director financiero de una de las grandes del IBEX-35? No, no es exagerado. Y ello sin contar ‘stock options’, seguros médicos, colegios privados para los hijos, coche de la empresa, etc. Y no hablemos ya de las indemnizaciones por cese. ¡Ah!, dirán algunos, se trata de empresas privadas, que pueden hacer con su dinero lo que les venga en gana. Bien, dejemos de lado esa broma del dinero privado. Dinero privado de bancos rescatados por los contribuyentes; dinero privado de empresas de energía que, o tienen los precios intervenidos o viven de subvenciones; dinero privado de empresas recién privatizadas, que aun viven del privilegio de ser cuasimonopolios de hecho. Pero bueno, si a alguien le ha parecido inapropiado el término de comparación que he elegido, ¿qué le parece si tenemos en cuenta el caso de las Cajas de Ahorros, por cierto, la mayoría de ellas, hasta hace poco, de titularidad pública? Como, en su momento, se airearon suficientemente en los medios los sueldos y las indemnizaciones por despido que percibió cualquier cargo intermedio de una caja de ahorros, no es necesario que abunde en ello.

La crisis económica, los numerosos casos de corrupción descubiertos en los últimos años y otras causas han generado en la sociedad una animadversión hacia los responsables públicos que se ceba con especial ahínco en sus retribuciones, las cuales se consideran con frecuencia injustificadas y hasta escandalosas. En ocasiones, uno tiene la sensación de que desde la opinión pública y publicada parece anhelarse un mundo en el que los servicios públicos sean dirigidos por aficionados sin retribución, como si de una comunidad de vecinos se tratara. O quizá que se dirijan espontáneamente, mediante autogestión.

Desde mi punto de vista, la retribución adecuada de un puesto directivo debería estar determinada, básicamente, en función de su complejidad, dedicación y responsabilidad y no por el carácter público, presuntamente privado o mediopensionista de la entidad para la que se trabaja. Y, desde esta perspectiva, cuando evoco mi retribución como alto cargo de la Administración, incluida la cesantía, y la comparo con las cifras mareantes que se manejan en otros ámbitos, muchos de ellos públicos o semipúblicos, me parece pura y simplemente una broma. Que mi desempeño haya sido voluntario no le resta un ápice de autenticidad al desaire retrospectivo que experimento al recordar lo que me pagaban por ello y cuando oigo en la plaza pública algunas opiniones sobre la retribución que merecen los responsables públicos.

Por razones que no vienen al caso, es altamente improbable que yo vuelva a recibir una oferta para desempeñar un puesto de designación gubernamental. Pero, si se produjera tal oferta, probablemente la rechazaría, por ausencia de incentivos o estímulos para aceptarla. Y, si la lealtad al improbable oferente o cualquier debilidad de otra índole ablandaran mi espíritu, enseguida aparecería otra motivación con fuerza suficiente para vencer la tentación. La desconsideración, cuando no el desprecio de la opinión pública española hacia quienes desempeñan altas responsabilidades públicas colman mi ánimo de una sensación invencible: la de que no hay nada ni nadie que merezca que yo haga, de nuevo, semejante esfuerzo.

Por el bien de la nación, debería evitarse que cundiera esta sensación que a mí me embarga."

PREFIERO AMAZON

Ayer cuando volví de vacaciones me encontré en el buzón un aviso de correo certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Yo sabía que era un cheque de 1.100 euros, con el que me devolvían una cantidad indebidamente recaudada, porque ya me lo habían notificado electrónicamente. ¿Por qué la AEAT, que tanto presume de ser muy avanzada tecnológicamente, ha decidido abonarme la cantidad que me debe con un medio de pago tan poco eficiente y tan anticuado? ¿Qué pulsión le ha llevado al funcionario de turno a marcar en el sistema informático con el que trabaja una forma de pago del S. XIX y no la abrumadoramente habitual transferencia del S. XX?; conociendo como conoce la Agencia el número de mi cuenta, porque fue desde donde pagué la cantidad que ahora parcialmente se me devuelve. Son preguntas sin respuesta. Porque no le estoy pidiendo que me pague en Bitcoins. Solo una triste y honesta transferencia.

Como ayer era fiesta, he tenido que esperar hasta hoy para ir a Correos de buena mañana, a recuperar los 1.100 euros que la AEAT me cobró indebidamente hace ya bastante más de un año. Y aquí me he encontrado con otro funcionario cumplidor a machamartillo de sus obligaciones. El cheque ya no estaba en la oficina. Se intentó entregar el día 31 de julio (el día en el que yo y millones de personas conmigo empezamos las vacaciones) y hoy, 17 de agosto, habían transcurrido los 7 días en los que, al parecer, un envío puede permanecer en una oficina sin que le empiece a quemar en las manos al funcionario. 

- Oiga, ¿es que no se dan cuenta de que en agosto mucha gente está de vacaciones?

- Las normas no cambian en agosto, caballero.

Pensé en formular una reclamación y, después de que el funcionario trasteara sin éxito durante varios minutos en su ordenador, supongo que para encontrar el formulario apropiado, decidí desistir. Para qué iba a reclamar algo que iba recibir la respuesta de otro funcionario de mayor rango, cuyo incentivo de productividad probablemente dependa de la velocidad con la que se devuelven los envíos que no han podido entregarse por cualquier motivo.

El próximo mes hará 39 años que soy funcionario público. A estas alturas de mi vida profesional soy plenamente consciente de las fortalezas y las debilidades del sector público para prestar los servicios que le demandan los ciudadanos. Y, en general, siempre había pensado que, si el sector privado tenía algo que enseñar en materia de gestión de servicios públicos - lo que no me parecía evidente por sí mismo - el sector público no debía ser sustituido, sino obligado a aprenderlo.

Como algunas otras convicciones personales, que han resultado ser menos firmes de lo que pensaba, ésta, relacionada con mi vida profesional y con mi condición de ciudadano, también parece haber empezado a resquebrajarse. Pongamos el ejemplo de Amazon. Cuánto más preferiría poder recibir todos los envíos que me tengan por destinatario a través de Amazon que a través del servicio público de Correos. Si no abro la puerta, me llamarán por teléfono y si no contesto, vendrán otro día. Todo antes que devolver al origen un envío. Y, ya puestos, cuánto mejor sería que Amazon se encargara de cobrarme los impuestos. En caso de error, en 3 días tendría el dinero de vuelta. Y por transferencia.

DOS LIBROS Y UNA PELÍCULA

Estaba leyendo un interesantísimo libro (Los amnésicos) de la periodista francoalemana (o germanofrancesa) Geraldine Schwarz, en el que analiza el fenómeno de la memoria histórica reciente en varias sociedades europeas. Fundamentalmente, cómo han afrontado la memoria del nazismo Alemania, Austria y Francia. También le dedica espacio, aunque más breve, a la memoria del comunismo en la Alemania del este y del fascismo en Italia, así como a la deriva autoritaria que experimentan actualmente Polonia y Hungría, relacionándola con procesos de memoria histórica.

Su exposición parte del conocimiento de un hecho ocurrido en su familia. Su abuelo paterno alemán compró durante el nazismo una empresa de un judío, que se vio obligado a malvenderla, como muchos otros en aquel momento, ante el acoso de la política racista del régimen nazi. El propietario finalmente murió víctima del Holocausto, aunque el abuelo de la autora tuvo que enfrentarse a una reclamación de uno de sus parientes, formulada en 1948 desde Chicago, donde había conseguido huir de una muerte segura.

Al referir el conocido episodio de las violaciones que sufrieron más de un millón de mujeres alemanas a manos de soldados del ejército rojo, en su marcha triunfante a través de Prusia oriental hasta Berlín, en los últimos meses de la guerra y primeros de la posguerra, menciona la autora de pasada un libro escalofriante, de autora anónima: Una mujer en Berlín.

En cuanto me hice con él, suspendí la lectura de Los amnésicos y me sumergí en la lectura hipnótica del libro recién hallado. Se trata de un diario de los meses de abril a junio de 1945, en el que su autora narra, con una frialdad, rayana a veces en un humor que habría que calificar de negro, la vida extrema de los habitantes de un edificio berlinés. La búsqueda implacable de comida y bebida para subsistir (la autora emplea en varias ocasiones la expresión homo lupus homini), los constantes bombardeos que les obligaban a pasar largas estancias en un refugio subterráneo y, sobre todo, las agresiones y abusos sexuales sufridos por las mujeres. Muchos de ellos empujadas por vecinos y familiares, con el fin de obtener protección para otras posibles agresiones o para obtener comida a cambio.

La propia autora fue violada varías veces, antes de buscar la protección de un militar de cierto rango, un cultivado comandante con el que llegó a trabar una relación que cuesta calificar de consentida.

La primera publicación del libro en Alemania causó una fuerte impresión, más bien negativa, en unos momentos en los que pocas mujeres reconocían haber sido agredidas. En ese contexto, el estilo frío, franco y directo empleado para contar una experiencia tan desgarradora y humillante para tantas mujeres se consideró obsceno y no fue aceptado en un primer momento.

Hoy día se considera una obra imprescindible para conocer la terrible vida cotidiana de los vencidos en la II Guerra Mundial en aquellos momentos y, en especial de las mujeres.

En el año 2008 se estrenó la primera adaptación cinematográfica de este libro, con el título Anonyma, dirigida por Max Färberböck y protagonizada por la actriz alemana Nina Hoss. Es bastante fiel al libro, según he comprobado, aunque la película no la puedes encontrar en ninguna de las plataformas de streaming.

Tanto los dos libros como la película que he comentado me parecen muy recomendables.

ERRANDO EL TIRO

Se está haciendo demasiada brocha gorda con el asunto del fondo creado por el gobierno catalán, para atender las responsabilidades económicas que les puedan ser exigidas a sus empleados.

El análisis de este asunto debe partir de lo que establece el artículo 14.f) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que señala que los empleados públicos tienen, entre otros, el derecho “A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.”

Este precepto configura un principio de indemnidad del empleado público, que podemos describir del siguiente modo: Las relaciones jurídicas que implican que una persona realice un trabajo por cuenta de otro despliegan una serie de efectos que cualquiera, incluso de mente escasamente instruida, alcanza a comprender con facilidad. Es evidente que no será fácil encontrar a mucha gente, incluso en épocas de escasa oferta de trabajo, dispuesta a trabajar por cuenta ajena a cambio de nada, y mucho menos, poniendo dinero de su bolsillo. Esta idea tan sencilla implica que quien quiera que alguien trabaje para él deberá, por un lado, pagarle un salario justo y periódico y, por otro, compensarle o ahorrarle aquellos gastos directamente relacionados con el desarrollo de su trabajo, con el fin de evitar que el empleado sufra un empobrecimiento injusto. Por ejemplo, si el empleado ha de viajar con motivo de su trabajo, el empleador le satisfará los gastos de viaje, si necesita un equipo o ropa apropiados se los facilitará o compensará, etc. Dentro de este tipo de gastos se encuentran, evidentemente, los que se le pueden ocasionar a un empleado, con motivo de actuaciones judiciales en las que se pueda ver envuelto, derivadas del ejercicio legítimo de las funciones desempeñadas para su empleador. Es decir, el empleado que siguiendo órdenes de su empleador se vea perseguido penalmente no tiene el deber jurídico de padecer la carga que supone atender los gastos de abogado, procurador, fianzas, etc., que conllevan ese tipo de procedimientos. Esta idea, que puede ser discutible en los casos de dolo y actuación del empleado al margen o en contra de las instrucciones del empleador, resulta absolutamente indiscutible si el procedimiento termina con el sobreseimiento o absolución del empleado. Este y no otro es el espíritu que late tras el artículo 14 del EBEP, que, dicho sea de paso, es aplicable, también, al personal directivo público.

El procedimiento instruido por el Tribunal de Cuentas (TCu) para exigir las presuntas responsabilidades en las que habrían podido incurrir determinados altos cargos de la Generalidad, por la realización de gastos para la promoción en el exterior del proceso catalán prevé, en una fase anterior al juicio de cuentas y al dictado de la sentencia, el afianzamiento por los presuntos responsables de las cantidades supuestamente malversadas. Estamos, pues, en un momento en el que no se ha declarado por sentencia la responsabilidad contable, en el que ha de regir la presunción de inocencia y en el que resultan plenamente aplicables las previsiones del artículo 14 del EBEP.

Repare el lector en la siguiente situación contrafáctica: un empleado público (directivo o no) es acusado por el TCu de una conducta fraudulenta, por la que le han exigido una fianza de 3 millones y medio de euros (como a la exinterventora general de la Generalidad, en este caso), que ha debido depositar y, si no ha podido, ha motivado el embargo de todos sus bienes y rentas (vivienda habitual, vehículos, salarios, pensiones…). Esta persona es finalmente absuelta de la acusación. ¿Es razonable que haya tenido que soportar durante años sevicias tales como que sus ingresos hayan quedado reducidos a 2 veces el salario mínimo, un absoluto desbarajuste de su patrimonio y unos gastos de defensa que en un proceso como este se han podido comer los ahorros de toda una vida de alguien con un nivel de ingresos medio-alto?

Las administraciones públicas suelen ser bastante mezquinas en el reconocimiento del derecho a la indemnidad de sus empleados que se ven envueltos en procesos judiciales. Se resisten a hacerse cargo de los gastos de defensa antes de que haya sentencia absolutoria, son extraordinariamente cicateras en el cómputo de los gastos que abonan cuando son obligadas a ello y rara vez o nunca se hacen cargo de las fianzas cautelares.

Dejando de lado los motivos que han llevado al Gobierno catalán a ser tan solícito con sus exempleados en este caso, es evidente que la medida adoptada viene a cumplir con diligencia sus obligaciones para con la indemnidad de sus empleados. Si el fondo creado al efecto logra cubrir las garantías que les han sido exigidas a los responsables de la promoción exterior del proceso catalán, como cabe razonablemente esperar, habrá triunfado la presunción de inocencia y se habrá evitado un inmenso perjuicio completamente injusto a quienes resulten finalmente absueltos en este procedimiento.

Lo expuesto hasta ahora no agota, desde luego las numerosas derivadas que resultan de la cuestión principal. Me referiré a algunas de ellas:

Los gastos que en concepto de comisiones exija la entidad financiera que finalmente se haga cargo de los avales serán unos gastos públicos legítimos, pues atienden a la finalidad legítima de satisfacer el derecho de los empleados públicos a su defensa jurídica y a la indemnidad en el desempeño legítimo de sus funciones. Esto, por cierto, nos sumerge en una de las paradojas del caso. ¿Por qué el Gobierno de la Generalidad no ha decidido asumir directamente el aval de sus empleados, ahorrándose así las comisiones y la implementación del proceloso procedimiento que ha diseñado? Es fácil imaginarse el motivo.

Por otro lado, y lógicamente, del mecanismo implantado solo se podrán beneficiar quienes hubieran tenido o tengan la condición de empleados públicos de la Generalidad, pero no todas aquellas personas ajenas al sector público, a las que pudieran exigírsele cauciones económicas.

Y la cuestión quizá más importante: ¿qué ocurrirá con las cantidades afianzadas en caso de condena? Es evidente que el TCu ejecutará los avales prestados por la entidad financiera y esta repetirá contra el fondo público recientemente constituido. ¿Significa eso que de las responsabilidades a las que pudieran ser condenados los encausados responderían todos los contribuyentes? Bueno, es lógico que eso sea así en primera instancia. Lo que ocurrirá definitivamente dependerá de varias cosas, entre las que cabe citar el volumen del patrimonio de los condenados para responder y la diligencia del Gobierno de la Generalidad para reclamárselo.

No tengo simpatía alguna hacia el proceso separatista catalán y, dentro de mis escasas posibilidades, colaboro en lo que puedo, incluso económicamente, en iniciativas que persiguen su denuncia y la lucha contra la discriminación y el desprecio de las instituciones colonizadas por el separatismo contra los catalanes que se sienten españoles y contra todo lo español, en general. Pero, en esta lucha de carácter cada vez más melancólico, no se puede caer en los mismos vicios que están en la esencia del separatismo, en este caso, el autoengaño y el desprecio de la Ley. Quienes acusan al Gobierno de la Generalidad de conducta fraudulenta, malversadora y prevaricadora por la creación de este fondo no tienen razón. La Ley está de su lado, aunque sea por casualidad, en este caso. Y quienes apelan a criterios éticos o políticos para denostar la medida puesta en práctica, queriéndolo o no, están desconociendo principios básicos del ordenamiento jurídico (como el principio de indemnidad de los empleados), e incluso están ignorando uno de los pilares de la Justicia en el Estado de Derecho: la presunción de inocencia.

Flaco favor le hace a la lucha contra los separatismos errar el tiro en esta cuestión.

CATALUÑA Y LOS SUDETES

Leyendo el libro de P. E. Caquet, “Campanadas de traición (Por qué Gran Bretaña y Francia entregaron Checoslovaquia a Hitler)” encuentro este texto:

“¡Compatriotas! Como depositario de vuestra confianza y consciente de mi responsabilidad, declaro firmemente ante el mundo que el régimen opresor de la nación checa ha ido demasiado lejos al usar ametralladoras, carros blindados y tanques contra los desarmados alemanes de los Sudetes. Así, la nación checa ha puesto en evidencia ante el mundo entero que es imposible que podamos vivir junto a ellos en un único Estado […] Todos nuestros esfuerzos para alcanzar un acuerdo justo y sincero con la nación checa y sus responsables se han estrellado contra su implacable deseo de destruirnos. En estas horas de inquietud por los alemanes de los Sudetes, yo proclamo, ante la nación alemana y ante todo el mundo civilizado: ¡queremos vivir como un pueblo alemán libre! ¡Queremos trabajar en paz en nuestra patria! ¡Queremos volver al Reich!”

En los años 30, los alemanes de Checoslovaquia, asentados históricamente en la región occidental de los Sudetes, podían hacer una vida normal en su propio idioma, es decir, estudiar, negociar, relacionarse con la Administración, etc. Y, si no tenían instituciones políticas propias es porque Checoslovaquia no era un estado compuesto y, por tanto, ninguna región gozaba de autonomía. No obstante, la presión de los alemanes de los Sudetes había logrado que el Estado se planteara una reorganización territorial, para dar satisfacción a su población de habla germana, negociando los términos de la autonomía con el partido alemán de los Sudetes. Cuando entró Hitler en acción, este partido, contando con ese apoyo, rompió la baraja, emprendió vías ilegales y comenzó a luchar por la secesión de la región de los Sudetes de Checoslovaquia y su anexión a Alemania.

En plena insurrección armada, el líder pro nazi de la minoría alemana de Checoslovaquia, Konrad Henlein, tuvo que huir a Alemania y leyó en la radio una proclama dirigida a sus partidarios, en la que, entre otras cosas, dijo lo que he transcrito más arriba.

Si hacemos las adaptaciones oportunas, esta alocución bien podría haberla hecho el inefable Puigdemont, desde Waterloo, tras su fuga a Bélgica después del 1-O de 2017. Basta con sustituir la nación checa por la nación española, las ametralladoras y los tanques (una exageración, para lo que fue la represión checa del levantamiento de los alemanes pronazis de los Sudetes), por las porras y las balas de goma de la Policía Nacional y la Guardia Civil y los alemanes de los Sudetes, por los catalanes (dos monstruosas sinécdoques).

La historia ya sabe cómo acabó este episodio. Tras la invasión por la Alemania nazi, Checoslovaquia entera quedo anexionada al Reich.

La tesis del libro es la de que este resultado fue favorecido por la deslealtad hacia la democracia checoslovaca, los cálculos estratégicos y la cobardía de Gran Bretaña y Francia.

Contemplando las reticencias europeas hacia el Estado de Derecho español en su lucha contra las manifestaciones ilegales del secesionismo catalán, resulta inevitable recordar los paralelismos con el triste episodio de la pulverización de la Checoslovaquia nacida del Tratado de Versalles, que puso fin a la I Guerra Mundial.

En este momento, distintos tribunales europeos y hoy el Consejo de Europa se están comportando, en alguna medida, como Gran Bretaña y Francia ante la crisis de los Sudetes. Por suerte, el separatismo catalán sólo cuenta en el exterior con los prejuicios antiespañoles de las democracias europeas (una suerte de leyenda negra del S. XXI), y no con un Estado fuerte al que anexionarse. Pero, ¿qué ocurrirá cuando una Cataluña independiente pretenda anexionarse Valencia, Baleares y quién sabe si parte de Aragón?

Este es el desafío al que nos someten los nacionalismos separatistas (una redundancia). Como dijo Mitterrand, el nacionalismo es la guerra y a ella nos dirigimos.