Ayer vi en el cine “Saben aquell”, que recrea la irrupción del humorista Eugenio en la vida española.
Me pareció estar viendo un trozo de nuestra vida, contado en un tono muy entrañable y con una magnífica interpretación de sus dos protagonistas. Especialmente, el personaje de Conchita, la mujer de Eugenio, que interpreta Carolina Yuste. Su sonrisa, que inunda la pantalla, bien vale ver la película.
Por el momento no se puede ver en la tv.
Esto es lo que dice el catedrático Rafael Arenas en su muro de Facebook sobre el acuerdo firmado hoy por el PSOE con ERC. Es realmente estremecedor:
“ La hoja de ruta para poner fin a la Constitución de 1978.
¿Exagero? En absoluto.
Aquí se habla de conflictos políticos, soberanía, legitimidad democrática y no se menciona ni una sola vez a la Constitución (sí, en una ocasión, a la "legitimidad constitucional"), la norma que regula, precisamente, todas las cuestiones que aquí se tratan.
Pero, claro, las regula en un sentido diametralmente opuesto al que inspira este texto.
Aquí se habla de desjudicialización, cuando la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.
Aquí se parte de una legitimidad popular enfrentada a la legitimidad institucional y constitucional, como si pudiera haber una legitimidad al margen de la Constitución.
Aquí se asume un conflicto sobre la soberanía, cuando la Constitución deja claro que la soberanía reside en el pueblo español.
En este documento se plantea la necesidad de negociar el futuro político de Cataluña, sin excluir ninguna posibilidad -o sea, sin excluir la independencia- pese a que la Constitución parte de la "indisoluble unidad de a Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
En este texto se habla de reconocimiento nacional de Cataluña, cuando la Constitución no admite más Nación que la española.
Aquí se defiende la lengua catalana como instrumento de integración social, obviando que el español es también lengua oficial en Cataluña y no puede ser excluida como lengua de la sociedad catalana.
Con este texto el PSOE entierra definitivamente su condición de partido constitucionalista.
No nos llamemos a engaño; no es que al PSOE la Constitución le sea indiferente, es que trabaja activamente para que se convierta en irrelevante.
Esto es lo que ha pactado el PSOE con ERC; el PSOE consigue que los diputados de ERC voten a Pedro Sánchez; pero ¡a qué precio!
Un precio que pagaremos todos, que ya estamos empezando a pagar.”
Aquí te puedes descargar el documento PSOE-ERC completo:
Vaclav Havel era un prestigioso dramaturgo que sabía muy bien la importancia que tienen los ritos y ceremonias en la vida social. Más en concreto, Havel razonaba que el poder, aunque fuera republicano, debe ofrecer un cierto boato en su desempeño, como poder constituido, como poder real, para que sea apreciado y respetado por el pueblo y por otros poderes.
Esta es una de las razones, entre otras, que justifican el acto de hoy.
Mucho más importante que las innecesarias citas en valenciano, vascuence o gallego de desconocidos poetas, que nos ha propinado la incongruente (dejémoslo ahí) Presidente del Congreso, habría sido resaltar o poner más énfasis en el alcance político e histórico de la jura de la Princesa de Asturias que ha tenido lugar hoy, ante las dos cámaras de las Cortes.
Pero estos son los lamentables tiempos pedrosanchezcos que nos toca vivir.
Hace
tiempo que pienso y se lo he dicho a quien me ha querido oír, que el desafío
separatista es un asunto mucho más grave de lo que suele decirse. Es lamentable
comprobar cada día cómo la mayor parte de los ciudadanos apenas tiene conciencia
de esta gravedad y contempla con una pasividad bobalicona el proceso de ruptura
hacia la que nos encaminamos.
Por
eso me ha parecido muy oportuna la advertencia de Feijóo, aludiendo a la
balcanización de España.
Se
atribuye a Mitterrand la conocida frase “el nacionalismo es la guerra”, con la
que no puedo estar más de acuerdo.
Los
separatistas no parecen darse cuenta de que sus exigencias de independencia a
todo trance y sus gestos de desprecio hacia España y los españoles pueden
llegar a convocar a los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Llegado
el momento, esa mayoría de ciudadanos ahora absorta en sus propias vidas,
cuando vea que la ruptura de la nación y la pérdida consecuente de bienestar sean ya inminentes y quién sabe si
irreversibles, puede llegar a convertirse en una masa furiosa que exija a sus
gobernantes el empleo de todos los medios de los que dispone el Estado para su
defensa.
En ese momento, evocar un panorama balcánico para España puede ser algo más que un terrible presagio y pase a convertirse en una trágica realidad.
Esto es lo que ha pasado. La ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, y la Presidente del Parlamento de Aragón, Marta Fernández, de Vox, se encuentran en un acto oficial en el Palacio de la Aljafería, sede de la asamblea aragonesa.
Cuando la Ministra llega a la altura de la Presidente, le dice: “Me alegro de que nos encontremos en un evento europeo para defender el derecho al aborto”. La Presidente le contesta: “Bienvenida” y algo más, pero es ininteligible. Ninguna de las dos hace ademán alguno de darse la mano o cualquier otro gesto de saludo.
A continuación, llega a la altura de la Presidente la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, le extiende la mano a la Presidente, para saludarla y ésta le niega el saludo y le dice: “Bienvenida a esta casa”.
¿Qué valoración merecen estos hechos?
En primer lugar, la Ministra llega metiéndole un dedo en el ojo a su anfitriona, ufanándose de que se trata de un acto en defensa del derecho al aborto, derecho que Vox no reconoce. No confundir el hecho de que el aborto esté despenalizado con el reconocimiento por ley del aborto como un derecho.
A mi juicio, que la Presidente no le extendiera la mano a la Ministra, probablemente estuvo mal, pero tiene justificación. Cuando uno llega a un lugar en el que le están esperando, lo normal es que sea el que llega el que extienda la mano. Por tanto, si recibes a una persona que cuando llega, no sólo no te da la mano, sino que te mete el dedo en el ojo, no tiene mucho sentido que tú extiendas la mano. Bastante hizo La Presidente con darle la bienvenida.
Otra cosa es el encuentro con la Secretaria de Estado. Fue una grosería no darle la mano cuando ella la extendió, dejándola con la mano en el aire, sin que disculpen dicha conducta inapropiada las palabras de bienvenida que le brindó.
Dicho todo lo anterior, a pocos de los que están poniendo verde a la Presidente del Parlamento de Aragón se les ha oído abrir la boca ante una conducta absolutamente mucho más grave, como es la negativa a acudir a despachar con el Rey de los partidos montaraces, Junts, ERC y Bildu. No sólo es un gesto de mala educación mucho más serio que no saludar a una autoridad en un acto, sino que es una anomalía política gravísima. Tan grave, que muchos querríamos que el Rey no tuviera en cuenta, para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, la opinión de los partidos que se nieguen a despachar con él. Se trata de una anomalía institucional que supone el traspaso de una línea roja que la democracia española no debería consentir.
A mis amigos de izquierdas; y a los de derechas tibios o perezosos.
La entidad cívica, no vinculada a ningún partido político, Sociedad Civil Catalana (SCC), ha convocado en Barcelona una manifestación para el día 8 de octubre, en contra de la pretensión de los partidos separatistas y de la extrema izquierda española, de que se amnistíen todas las responsabilidades de todo tipo derivadas del denominado Proceso catalán. Con toda intención, SCC hace coincidir esta convocatoria con la exitosa manifestación del 8 de octubre de 2017, en la que un millón de españoles desfilamos por las calles de Barcelona en contra del golpe separatista y a favor de la Constitución.
Al hilo de esta convocatoria quiero destacar en estas líneas dos ideas que me parecen fundamentales. La primera es que la pretensión de la amnistía, se lleve a cabo o no, es solo un elemento, un paso más, de un proceso de destrucción de España en el que se encuentran embarcados los partidos separatistas catalanes y vascos, con la complicidad expresa y decidida de la extrema izquierda española (Sumar, Podemos y satélites), la cooperación del PSOE y la contemplación bobalicona de una porción importante de la opinión pública española.
Esta preocupación que acabo de expresar se despacha a menudo en los medios de comunicación con desprecio y sarcasmo: “lleváis años diciendo que España se rompe y no se ha roto”, oímos con frecuencia en tertulias radiofónicas y leemos en columnas de opinión. Qué cabe decir de tan simple réplica, ante la evidencia de que partidos separatistas con una influencia creciente en el gobierno y el Parlamento de España tienen como objetivo esencial de su acción política la secesión de distintas partes del territorio nacional.
La segunda idea que quiero transmitir es la de que el separatismo nos plantea a los españoles un desafío que calificaría como prepolítico, en el sentido de que, mientras dicho reto no haya sido superado, los ciudadanos no podremos “hacer política”, como se entiende tal cosa en una sociedad democrática. Es decir, que debemos olvidarnos y dejar temporalmente a un lado las naturales contiendas de las diferentes opciones políticas sobre los más diversos asuntos (educación, sanidad, pensiones, vivienda, justicia, fiscalidad…), tal y como se desenvuelven en una nación sana, y no aquejada de la enfermedad de la que se encuentra aquejada España.
Y esto es así porque, como su propio nombre indica, la política se desarrolla en la polis y lo que está hoy en cuestión en España es la propia existencia de la polis o de algunos de sus elementos fundamentales.
La polis contemporánea es la nación, convertida en Estado, que se constituye en una unidad de decisión y de solidaridad, en la que un conjunto de ciudadanos libres e iguales ante la ley deliberan y optan en las elecciones por las políticas y los gobernantes que consideran más adecuados.
Pero, para que una nación y un Estado merezcan tal nombre deben contar con una serie de atributos, sin cuya presencia no podrán tenerse por tales, no merecerán ser llamados nación o Estado. La nación necesita un territorio en el que asentarse, una población, constituida por el conjunto de los ciudadanos y una serie de instituciones, que configuran el poder del Estado.
Pues bien, en España hoy están gravemente amenazados dos de estos elementos esenciales. El territorio está amenazado por partidos separatistas radicales, que pretenden la desmembración unilateral de la nación a corto plazo, y la población está amenazada por estas mismas fuerzas, que pretenden convertir en extranjeros, en su propio país, a una buena porción de nuestros conciudadanos.
No voy a dedicar tiempo a refutar a quienes dicen que la unidad de España es un concepto arcaico o autoritario o, en el mejor de los casos, meramente sentimental. Tampoco a quienes ven con desdén o le restan importancia a la separación de partes del territorio nacional, y no cualesquiera, por cierto. Que cada uno se engañe como quiera. Al margen de cuestiones históricas, sociológicas, culturales o sentimentales, la desmembración de la nación española comportará la ruina económica de lo que hoy conocemos como España.
Por eso, ante iniciativas como la de Sociedad Civil Catalana, quienes queremos mantener la armonía, la estabilidad y el bienestar de la nación y creemos ostentar un derecho de soberanía sobre todo el territorio nacional, debemos aparcar nuestras diferencias políticas con nuestros conciudadanos y unirnos en esta hora en la defensa de las bases mismas sobre las que se asienta nuestra condición de ciudadanos.
Es lamentable que el Partido Socialista gobernante haya realizado tantas cesiones al separatismo en estos últimos años, que solo han servido para rearmarlo. No podemos saber hasta dónde será capaz de llegar en la actual coyuntura, pero ha dado suficientes muestras como para que pensemos que, si no le da lo que pide ahora el separatismo, no será por principios, sino por mero cálculo táctico, confiando en que unas nuevas elecciones lo coloque en mejor situación, para seguir dirigiendo el gobierno de España.
El golpe de Estado de Tejero de 1981, a pesar de su gravedad, resultaba un episodio incongruente, representado en el último cuarto del Siglo XX. Los ciudadanos españoles reaccionamos con claridad y firmeza y un punto de incredulidad ante lo que más parecía el último pronunciamiento decimonónico de los espadones de nuestro ejército.
Se dice que el golpe separatista de 2017 y el que están de nuevo urdiendo son golpes posmodernos, que se llevan a cabo sin violencia. Yo no comparto esta idea. Bastante violencia hemos visto en las calles de Barcelona y de toda Cataluña para saber que se trata de una revolución, como todas en la historia, teñida de odio y violencia. El fugado Puigdemont dice en su penúltimo twitt, movido sin duda por el odio, que España está podrida. Esta grave ofensa nos la propina el líder de un movimiento nacionalista, supremacista y xenófobo, pura putrefacción. Hasta ahora, esa violencia ha tenido una única dirección, pero no olvidemos las enseñanzas de la historia, algunas bien recientes, como la destrucción de la antigua Yugoeslavia y el océano de muerte dolor y destrucción que trajo consigo. ¿Acaso somos los españoles mejores que los balcánicos?
Yo no he votado nunca a partidos de la derecha y sigo sin animarme a hacerlo. El PP no me parece fiable sobre esta cuestión capital de la que vengo hablando. No hay más que ver los titubeos de Feijoo acerca de pactar o no con el separatismo. Y Vox es un partido extremista al que no apoyaré con mi voto, aunque coincida con su postura ante la deriva separatista. Los partidos de la pretendida izquierda están como están. Por eso me parece apropiado apoyar la iniciativa de Sociedad Civil Catalana. No hace falta ser de izquierdas o de derechas para unirse a la manifestación. Basta con ser español y querer seguir siéndolo.
Escucha esta entrevista que le ha hecho Herrera esta mañana a Alfonso Guerra, magnífica de principio a fin. Guerra ha dicho, entre otras muchas cosas, que le causó interiormente un desgarro muy grande una reciente manifestación del sabio historiador, Juan Pablo Fusi, en la que afirmó que sentía “todo lo que ocurre hoy como la derrota de mi generación”. Una generación, que es la de Alfonso Guerra. Guerra añade que él no se resigna y piensa rebelarse contra ese estado de cosas. Ojalá muchos otros, en las élites como en el pueblo llano, adoptaran una actitud como esa. Esto lo digo yo.
Otra de las cosas que dice Guerra es que la amnistía que parece que proyecta su partido sería la condena de la transición democrática.
Pero, lo más transcendente de la entrevista es cuando le dice a Herrera que, si se consuma el hecho de que un grupo político que ha recibido el voto del 1,6% de los ciudadanos somete al conjunto de los españoles, la nación habrá entrado en decadencia.
Modestamente, añado algunas consideraciones a los dos aspectos más fraudulentos del contenido de las negociaciones en curso entre el PSOE y los separatistas catalanes.
En primer lugar, el llamado ‘préstamo’ de diputados/senadores. En mi opinión, la conducta de los diputados de los grupos prestamistas y prestatarios es análoga a la de quien utilizase una factura (falsa) de 20 placas solares, para justificar una subvención de una instalación fotovoltaica en la que solo se hubieran instalado 5 (se nos pueden ocurrir decenas de ejemplos que podrían venir al caso). Tanto una conducta (la de los diputados defraudadores), como la otra (la del instalador de placas y el ciudadano, ambos defraudadores) constituyen un fraude de subvenciones, que, en principio, encajan en la definición de dicho delito contemplada en el artículo 308 del Código Penal: “El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.”
Se calcula que ambos grupos separatistas, Junts y ERC, cobrarían unos 146.000€ al año, cada uno, si no formaran grupo parlamentario y, por medio del fraude que el PSOE les facilita, van a cobrar más de 510.000€, cada uno.
Todo el mundo sabe que se trata de un fraude, pero nadie, que yo sepa, se ha referido a la posible vertiente penal de este asunto. En primer lugar, porque se viene repitiendo legislatura tras legislatura desde hace varias y ya se considera una conducta normal. Pero, en segundo lugar, porque, probablemente, en la conciencia íntima de aquellos de sus perpetradores que entiendan de estas cosas y en la de sus asesores jurídicos, debe anidar la convicción de que estas decisiones son inimputables, por estar amparadas en la libertad política de los parlamentarios.
Yo me atrevo a discrepar de esa idea. La administración y gestión de las subvenciones a los grupos parlamentarios no es una actividad política, sino más bien una actuación que cabe encuadrar en los límites de la actividad organizativa y administrativa del Parlamento y que debe estar sujeta a las mismas reglas legales que el conjunto de la actividad administrativa de los poderes públicos.
El Parlamento podría aprobar un reglamento que dijera que, si Pedro Sánchez lo necesita para ser investido, un solo diputado podría formar grupo parlamentario. Pero, por el momento, no es ese el caso.
Siempre me ha parecido una lacra la judicialización de problemas o conflictos que deben ser resueltos de otra manera, pero, ante actitudes tan desvergonzadas como el préstamo de parlamentarios, en claro perjuicio del erario público, caben pocas alternativas.
La segunda cuestión a la que quería referirme es a la llamada amnistía de los variados delincuentes y otros infractores del Proceso catalán. Por lo que estoy leyendo en los medios, no solo se pretende revocar todas las acusaciones y condenas, en los ámbitos penal y administrativo, de modo que todos queden libres de sanciones penales y de otro tipo. Sino que se pretende también anular las responsabilidades que podríamos llamar resarcitorias. Me estoy refiriendo a lo siguiente:
Por un lado, a las responsabilidades civiles derivadas de delito, como por ejemplo, la indemnización que pudiera fijar el juez en favor del policía al que un angelito le rompió el cráneo, al arrojarle un adoquín a la cabeza en la Vía Layetana. Indemnización a la que sería condenado el autor del delito.
Y, por otro lado, a las responsabilidades contables en las que han incurrido los políticos y funcionarios procesistas, por malversar fondos públicos en actuaciones ilegales en pro de la independencia.
En ambos casos, no se trata de sanciones, sino del mero resarcimiento del daño causado a otro: en un caso, al policía al que le fracturaron el cráneo; y, en el otro, al Estado, que es como decir a todos los ciudadanos, que vimos cómo el peculio público se vio disminuido por la acción malversadora de autoridades y funcionarios.
¿Qué podría hacer el policía y qué podríamos hacer el conjunto de los ciudadanos, que sufriéramos semejante despojo, perpetrado por las Cortes, en forma de una Ley mal llamada de amnistía?
Supongo que algún procedimiento legal podrá emprenderse contra los autores de estos desmanes, si se llegan a consumar, que todo indica que así será.
Se trata de un fraude. Pero no en sentido figurado, de un fraude político, que también, sino de un auténtico fraude de subvenciones. El PSOE le ‘presta’ diputados al partido de Puigdemont y Sumar se los 'presta' al partido de Junqueras, para que alcancen el número mínimo (que no han obtenido en las elecciones) que les permita formar grupo parlamentario y así gozar de sus ventajas: más tiempo en las intervenciones, más autonomía para la presentación de iniciativas y, sobre todo, más dinero. Se calcula que ambos grupos cobrarían unos 146.000€ al año, cada uno, si no formaran grupo parlamentario y, por medio del fraude que el PSOE les facilita, van a cobrar más de 510.000€, cada uno.
Sería algo así como si el instalador de placas solares te entregase una factura de 20 placas, cuando tú solo instalaste 5, pero usas la factura para cobrar la subvención, como si hubieras instalado 20. Cualquier ciudadano que realizara una actuación análoga a esta sería condenado a una pena de prisión, por un delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal.
Ya sabemos que los separatistas tienen patente de corso. No se persiguen los delitos que cometen y, si en algún caso se les condena, inmediatamente se les perdona.
En este caso se trata de un delito perpetrado abiertamente, sin tapujos, casi haciendo ostentación. Que tiene unos autores claros, los diputados de los grupos separatistas. Y unos cooperadores necesarios no menos evidentes: los diputados del PSOE y de Sumar.
¿Por qué nadie persigue esta infamia y se deja pasar, como si tal cosa?
Una ley aprobada por las Cortes permite que una madre le diga a su hijo que no es su madre, sino su padre, a pesar de haberlo parido; y que su padre le diga que no es su padre, sino su madre, a pesar de haberlo engendrado, por ejemplo, violando a la madre que lo parió.
Invocando esa ley aprobada por nuestro parlamento, algunos hombres que dicen sentirse mujeres están solicitando y, con frecuencia, consiguiendo, ser recluidos en cárceles de mujeres, participar en competiciones deportivas femeninas, usar los aseos y vestuarios de mujeres en toda clase de instalaciones y un sin fin de aberraciones sin cuento.
Cuando se les niegan las perversiones que solicitan lo denuncian como una conducta de odio contra las personas LGTBI…XYZ, o tránsfoba o Dios sabe qué otro barbarismo. Y, con frecuencia, reciben el apoyo de partidos y otros colectivos e incluso de las autoridades.
Este mero comentario que estoy haciendo, con seguridad, merecerá una valoración similar por parte de esa gente y, probablemente, podría estar incurriendo en alguna de las infracciones recientemente reguladas y llevar aparejada una sanción.
Cuando oigo o leo que algunos partidos se proponen el reconocimiento de nuevos derechos a determinadas personas o colectivos o abogan por lo que suelen llamar el blindaje de los derechos ya reconocidos, lo que me viene a la cabeza son casos como el que cuenta el periódico, los que he descrito yo más arriba y otros similares.
Se trata de un proyecto de ingeniería social que pretende construir un mundo distópico invivible, al que la mayoría de los ciudadanos está asistiendo impávida, como si no fuera con ellos.
Amparo Rubiales, hasta ahora presidente del PSOE de Sevilla, ha llamado al líder del PP Elías Bendodo “judío nazi”. No parece haber suscitado demasiada censura en el territorio ideológico al que pertenece la señora Rubiales, entendido esto en sentido amplio. Me pregunto qué reacción habría merecido en ese territorio que un político de la derecha hubiera calificado a un político de izquierdas gitano nazi o moro nazi. Es una pregunta retórica, naturalmente. El escándalo sería intenso y duradero.
