¿QUÉ PRETENDE INVESTIGAR LA JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL?

 

Vamos a ver, según la Constitución, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa del Estado. Tras la invasión de Ceuta, el gobierno no se cansa de decir, contra toda evidencia, que Marruecos no ha tenido nada que ver. No creo que cueste admitir que esta postura, la compartamos o no, es una manifestación de las políticas exterior y de defensa, que ya hemos dicho que le corresponden al gobierno.

Ahora, admitamos que el gobierno esté exculpando a Marruecos, porque considera que es la postura política más adecuada para resolver el problema del modo que el propio gobierno considera más satisfactorio. Puede estar equivocado, pero es su competencia y esa decisión, de no culpar a Marruecos, es una decisión política legítima que, además, no es susceptible de revisión, en las cuestiones de fondo, por ningún juez o tribunal. Como tampoco puede entender ningún juez o tribunal de la decisión de retirar a un embajador o de no retirarlo o de romper relaciones diplomáticas con un país o dejar de hacerlo.

La sociedad española está traumatizada por la invasión de Ceuta y sus consecuencias. El gobierno está haciendo lo que considera necesario para resolver este espinoso problema, pero a un sector importante de la opinión pública le parece que no está haciendo lo suficiente y no está de acuerdo con que no se culpe al Estado de Marruecos de la invasión. No obstante, se piense lo que se piense de las medidas que se están tomando, sin duda mejorables, de ninguna manera pueden ser calificadas, ni siquiera indiciariamente, como delictivas.

Entonces, ¿qué demonios está investigando la juez de la Audiencia Nacional? ¿Qué pretende esa juez, sustituir al parlamento, en sus funciones de control de la acción del gobierno; o, peor, interferir en la política internacional y de defensa del gobierno? ¿Pretende investigar la conducta de las autoridades y funcionarios marroquíes que, supuestamente, urdieron la invasión? Parece que no se da cuenta de que no va a conseguir nada por esa vía, porque no va a contar con la colaboración de dichas autoridades y funcionarios. Y, lo que es peor, no se da cuenta de que esa vía de investigación va a interferir ilegítimamente y puede que con nefastas consecuencias, en la estrategia del gobierno en sus relaciones internacionales con un estado extranjero. Y, si lo que pretende es investigar las decisiones del gobierno, ¿qué se propone, dirigir ella las funciones ejecutivas que le corresponden al gobierno y la administración, determinando cuántos soldados o policías se deben destacar en Ceuta, cuántas mantas y tiendas de campaña se deben proporcionar para alojar a los invasores, el modo de alojar y escolarizar a los menores, etc., etc.?

La juez está contando con el apoyo de todo el estamento judicial, empezando por la presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es absurdo, pero de qué nos vamos a extrañar, si los jueces españoles, como colectivo, nos demuestran cada día que cultivan su solipsismo tranquilamente acomodados en su torre de marfil.

Pero, quienes están jaleando a esta juez desde los partidos políticos y los medios de comunicación parece que pretenden desgastar al gobierno, sin reparar en las graves consecuencias que puede llegar a tener esta interferencia judicial.

En la sociedad española se ha instalado la convicción de que todos los problemas, todos los conflictos, cualquiera que sean su naturaleza e implicaciones, son susceptibles de ser resueltos por vía judicial. Y, en especial, cuando no nos gustan las decisiones del gobierno o queremos acabar con él antes de tiempo, no estamos dispuestos a esperar a las próximas elecciones, sino que buscamos a un juez para que lo meta en cintura y, si es posible, que lo meta también en la cárcel. Y así nos va.