EL DEFENSOR DE SÁNCHEZ

Este asunto de los nietos mutantes está en el centro de una de las controversias políticas más agrias que hay en España actualmente. Y mira que estamos sobrados de agrias controversias. Al margen de consideraciones jurídicas, aquí nos encontramos ante un conflicto entre dos bienes jurídicos dignos de protección. Por un lado, la necesaria limpieza electoral, puesta en cuestión por un proceso marrullero de aplicación de la ley. La limpieza electoral afecta a todos los ciudadanos, es decir, a 50 millones de españoles. El otro polo del conflicto lo constituye el derecho al voto de unas pocas decenas de miles de personas.

Pues bien, siendo así las cosas, el Defensor del Pueblo, una institución que debiera conducirse con exquisita neutralidad política, ha decidido entrar en esta lid, con la única pretensión de permitir que un desprestigiado Tribunal Constitucional desautorice al Tribunal Supremo, levantando la medida cautelar que este dictó, para que no se incluyera en el censo electoral a las personas recientemente nacionalizadas, sobre las que no pudiera acreditarse que tenían derecho a obtener la nacionalidad española. Y, de paso, dándole a Conde Pumpido otra ocasión de saldar no se sabe qué antiguas deudas con sus antiguos compañeros del Tribunal Supremo.

Una de las más graves consecuencias de la colonización de las más importantes instituciones del Estado por el gobierno de Pedro Sánchez es el descrédito en el que las ha hecho incurrir a todas. En este caso, el perrito faldero Gabilondo ha corrido a socorrer a Pedro Sánchez, que parece fiar su suerte electoral a que los centenares de miles de nuevos españoles que legal o ilegalmente han obtenido la nacionalidad española le voten, en agradecimiento por haberlos hecho españoles y, lo que es mejor, europeos.

Es decir, este supuesto defensor del pueblo ha decidido ponerse de parte de Pedro Sánchez y de apenas unas pocas decenas de miles de personas, que ni han nacido en España, ni viven en España, ni trabajan en España, ni pagan impuestos en España, ni probablemente han estado nunca en España; en lugar de defender a los 50 millones de españoles, interesados en que se celebren unas elecciones limpias, sin la sombra de la duda de un censo hinchado ilegalmente, con intencionalidad política.