EL ESPEJO DE SALVADOR ILLA

La vicepresidente del gobierno, Yolanda Díaz dijo hace poco en entrevista con Alsina que el partido del fugado Puigdemont (Juntos por Cataluña-JpC) es un partido racista.

Hoy, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, al ser preguntado por el mismo Alsina si compartía la opinión de Yolanda Díaz, negó con cierta rotundidad que el referido partido sea racista.

A primera vista, podría pensarse que Illa niega que JpC sea racista porque admitirlo deja en mal lugar a su propio partido, que gobierna en España gracias a los votos, entre otros, de JpC. A lo que habría que añadir que si el partido de Illa gobierna en España lo es porque contó con el apoyo, no solo de JpC, sino de otros partidos, como PNV, ERC y Bildu que, en lo que se refiere a la cuestión de la que estamos hablando, no son menos racistas que JpC. Veamos.

Para llamar a algo racista en sentido estricto suele hacer falta que exista una discriminación que recaiga, de hecho o por diseño, sobre personas definidas por su origen nacional o étnico. El Consejo de Europa define precisamente esa discriminación indirecta como una práctica que coloca en desventaja a personas por motivos como la lengua, la nacionalidad o el origen étnico.

Y, ¿qué es lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco? Pues que el castellano, que es la lengua mayoritaria entre inmigrantes y entre las personas llegadas de otras regiones de España, está excluido por completo de la administración, de la señalización pública y de la enseñanza en todos los niveles. Además, se da la coincidencia de que las capas más vulnerables de la sociedad tienen como lengua materna el castellano.

Por eso, en particular, excluir el castellano en las escuelas vasca y catalana produce necesariamente que el fracaso escolar recaiga con mayor intensidad en los castellanohablantes que, además, pertenecen a las clases más vulnerables, como ya hemos dicho. Esto no es solo una discriminación intolerable y una política absolutamente ineficiente para el progreso de la sociedad en su conjunto, sino que es de una crueldad inaudita. Se trata de una política desalmada e inhumana, aplicada sobre escolares a los que se les obliga a escolarizarse en una lengua que no es la suya, lo que incide con especial saña en los niños inmigrantes, la mayoría de ellos castellanohablantes, que al desarraigo de la propia emigración deben unir la frustración y la impotencia que les genera el tener que estudiar en una lengua que no conocen…cuando la totalidad de sus profesores sí conocen la lengua materna de los niños inmigrantes.

Por tanto, los efectos de esta política lingüística no son solo lingüísticos. Al recaer el impacto de dicha política de manera especialmente intensa sobre grupos marcados por su origen y por su posición social, encaja muy bien con la idea de discriminación múltiple o interseccional: lengua + origen + clase social. El propio sistema europeo de derechos humanos prohíbe discriminaciones en el disfrute de derechos por motivos, entre otros, de lengua, origen nacional o social.

Lo que ocurre en Cataluña y el País Vasco es que la política no solo protege las lenguas regionales de dichos territorios, sino que usan la lengua regional como filtro de acceso a derechos básicos, funcionando como una forma de nativismo institucional: favorecer a los “de aquí” o a los grupos históricamente dominantes y poner trabas a quienes vienen de fuera, aunque formalmente no se les mencione por raza o nacionalidad. Cuando ese patrón afecta sobre todo a colectivos definidos por su nacionalidad, etnia, origen o lengua materna, hablar de racismo estructural o institucional deja de ser una exageración retórica y pasa a ser una acusación plausible.

El caso de Cataluña es particularmente sangrante, porque allí, ciudadanos particulares llevan lustros pleiteando con éxito en los tribunales para que sus hijos puedan estudiar al menos algunas de las asignaturas en castellano. Pero, reiteradamente, los poderes públicos regionales catalanes, no solo incumplen sistemáticamente las sentencias, sino que dictan leyes y reglamentos para sortearlas. En los últimos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado varios artículos de uno de esos reglamentos y la respuesta de Salvador Illa ha sido… En definitiva, lo que ha dicho Illa es que tampoco su gobierno va a cumplir esa sentencia, ni las anteriores. Es decir, la política lingüística del partido de Salvador Illa (el Partido Socialista) que ahora gobierna en Cataluña, es la misma que los gobiernos nacionalistas-separatistas anteriores.

En definitiva, cuando Salvador Illa niega que los separatistas catalanes sean racistas no solo está intentando proteger a Pedro Sánchez. Se está protegiendo él mismo. Porque Alsina, al preguntarle por el racismo de JpC, ha colocado a Illa ante el espejo. Y lo que ha visto es que las razones por las que algunos pensamos que Puigdemont y los suyos son unos xenófobos y unos racistas le son igualmente aplicables a Illa y a los suyos. Porque, a los efectos que nos ocupan, sus políticas son idénticas.