POLICÍA EN EL INSTITUTO

 

Hoy me he enterado de que la Generalidad de Cataluña, gobernada por el Partido Socialista, ha puesto en marcha un plan para introducir agentes de policía de paisano, sin armas y con presencia estable en 13 institutos de secundaria considerados de alta conflictividad. La idea oficial es que no actúen como policías uniformados en clase, sino como figuras de prevención, mediación y apoyo a la convivencia.

Las razones de la medida.

1. Aumento de la conflictividad escolar. Al parecer, han crecido los episodios de violencia dentro y alrededor de los centros: conflictos entre alumnos, agresiones a profesores, tensiones con familias y problemas que también se trasladan al ámbito digital. La medida se plantea para centros donde las direcciones habrían pedido apoyo específico.

2. Prevención y mediación antes de que el conflicto escale. Los agentes irán de paisano y sin armas para intervenir de forma menos visible y menos coercitiva. Su función declarada sería mediar en conflictos, detectar situaciones de riesgo, acompañar a los equipos directivos y colaborar en programas educativos o preventivos.

3. Dar apoyo a equipos docentes y directivos que se sienten desbordados. El departamento de Interior ha dicho que el plan responde a una petición del Departamento de Educación, ante el aumento de violencia en las aulas. También se ha citado el malestar de docentes que denuncian pérdida de autoridad o falta de herramientas ante situaciones graves.

4. Reducir la violencia juvenil y mejorar la seguridad en el entorno del instituto. El plan no se limitará al interior del centro, sino que también busca vigilar o mejorar el clima en los alrededores, donde a veces se producen peleas, acoso, amenazas o conflictos entre grupos.

5. Probar un modelo antes de ampliarlo. De momento se presenta como una prueba en 13 centros. La Generalidad prevé evaluarlo al final del curso y decidir si lo mantiene o lo extiende.

Las críticas.

Los sindicatos docentes, como no, asociaciones y partidos como ERC, Comunes (los podemitas catalanes) y CUP han criticado que se estigmatice a determinados centros y alumnos con la medida, introduciendo una lógica policial en un problema educativo y social, y desviando recursos que —según sus críticos— deberían ir a más profesorado, educadores sociales, orientación, salud mental y apoyo a la convivencia.

Hoy, el diario El País, cada día más podemizado, en el editorial que le dedica al asunto, reproduce las críticas a la medida que ha formulado la extrema izquierda catalana, que acabamos de mencionar.

Yo estoy en desacuerdo con el modo de aplicar la medida de la presencia policial en los institutos, así como con las críticas que ha merecido, aunque, evidentemente, en lo que se refiere a estas últimas, por motivos, diría que opuestos.

El único modo legítimo de enfrentarse a la violencia en una sociedad es mediante el empleo sin complejos del monopolio de la fuerza que ostenta el Estado.

El argumento central de mi crítica es este: un acto violento no deja de ser un acto violento porque ocurra dentro de un instituto ni porque su autor tenga entre 15 y 18 años. La edad puede modular la respuesta penal, educativa o sancionadora, pero no puede anular la obligación del Estado de proteger a las víctimas.

Cuando hay agresiones a profesores, amenazas, coacciones, daños graves al material del centro, robos, peleas organizadas o intimidación a compañeros, ya no estamos solo ante problemas de convivencia. Estamos ante problemas de orden público, conductas que lesionan derechos básicos, como la integridad física, la libertad, la seguridad, la propiedad pública y el derecho de los demás alumnos a estudiar en paz.

En tales casos, la policía debe intervenir porque es el órgano al que el Estado encomienda la protección inmediata frente a la violencia. Los profesores no son vigilantes de seguridad, los orientadores no son agentes de autoridad policial y los equipos directivos no tienen medios coercitivos para neutralizar una agresión. Pedirles que gestionen solos situaciones violentas es abandonarlos institucionalmente.

Además, la presencia uniformada tiene un valor claro: identificación, autoridad y disuasión. El uniforme no es una provocación; es una señal pública de que la ley está presente. En otros espacios —la calle, un transporte público, un estadio, una fiesta local, un hospital— nadie considera extraño que la policía vaya uniformada e intervenga si hay violencia. El instituto no debería convertirse en una zona de excepcionalidad donde el Estado entra rebajado, escondido o simbólicamente avergonzado.

La escuela debe ser un espacio educativo y precisamente por eso no se puede tolerar que una minoría violenta la convierta en un espacio de impunidad. La intervención policial no sustituye a la educación, sino que protege las condiciones mínimas para que la educación sea posible.

Los policías no son educadores sociales.

Por otro lado, me parece un error atribuir a la policía funciones de mediación o refuerzo pedagógico. La policía no está para hacer de educador social, ni el profesor está para hacer de policía. Cada institución tiene una función propia.

La mediación requiere voluntariedad, confianza, neutralidad y trabajo educativo continuado. La policía, en cambio, representa la autoridad pública y la posibilidad legítima de la fuerza y la coerción. Y llamar “mediación” a la presencia policial puede ser un eufemismo. Si la situación exige mediación, hacen falta mediadores, psicólogos, orientadores, educadores sociales y equipos de convivencia. Si exige policía, hace falta policía.

La policía no debe ser usada como parche pedagógico. Donde hay fracaso educativo, pónganse recursos educativos; donde hay violencia, actúe la autoridad policial. Confundir ambas cosas no es sensibilidad social, es mala arquitectura institucional.

Una policía desarmada no es policía.

Por otro lado, si la Administración reconoce que existen situaciones de violencia suficientemente graves como para requerir presencia policial estable, entonces debe aceptar la consecuencia lógica de que esos agentes pueden verse obligados a intervenir ante agresiones reales. En tal caso, si van sin los medios habituales, se les coloca en una posición vulnerable y se reduce su capacidad de proteger a una víctima, protegerse a sí mismos o contener a varios agresores. En una pelea, una agresión a un profesor o un ataque al equipamiento, los segundos importan. La claridad operativa también importa.

Si la presencia policial es necesaria, debe ser una presencia policial real, no una presencia simbólica. Enviar agentes sin los medios ordinarios de intervención puede tranquilizar políticamente a quienes no quieren ver policía en los centros, pero puede dejar peor protegidos a profesores, alumnos y a los propios agentes.

La cuestión no es armas sí o armas no como consigna abstracta. La cuestión es si el Estado envía a sus agentes a un entorno donde puede haber violencia y les exige responder sin los instrumentos normales de protección. Eso puede ser más una decisión estética que una decisión de seguridad.

Sobre la supuesta estigmatización.

Estigmatizar sería decir que todos los alumnos de un instituto conflictivo son problemáticos, que un barrio entero es peligroso o que determinados jóvenes son irrecuperables. Eso sería injusto. Pero intervenir frente a quienes agreden, amenazan, rompen mobiliario o impiden la convivencia no es estigmatizar, es proteger a la mayoría.

De hecho, la falta de intervención también estigmatiza, pero a la inversa, pues abandona a los alumnos pacíficos de esos centros, a los profesores y a las familias que sí cumplen las normas. Cuando el Estado no actúa, el mensaje que reciben las víctimas es que su seguridad vale menos porque el conflicto ocurre en un entorno escolar y porque el agresor es menor.

Conclusión.

El modo en que se ha abordado este problema —policías de paisano, sin armas, presentados casi como mediadores o acompañantes— y las críticas que incluso así ha suscitado son una muestra bastante elocuente de estos tiempos laxos y pusilánimes. Ante una realidad tan concreta como la violencia en las aulas, una parte significativa de la sociedad parece preferir no darse por aludida, desplazar el problema al terreno de los eufemismos o considerar inapropiado que el Estado ejerza una de sus funciones esenciales, como es proteger a los ciudadanos mediante el uso legítimo, proporcionado y necesario de la fuerza cuando la convivencia ha sido quebrada. Una sociedad democrática no se degrada porque el Estado intervenga frente a quienes agreden, intimidan o destruyen bienes comunes; se degrada cuando empieza a sentir pudor de hacerlo. La autoridad legítima no es lo contrario de la educación: es, muchas veces, la condición que permite que la educación exista. Allí donde la violencia se impone, la neutralidad no es prudencia, sino abandono.

La intervención policial no debe ser la única respuesta, pero sí debe ser una respuesta disponible, clara y proporcionada cuando hay violencia. La prevención, la orientación y la mediación son necesarias antes del conflicto o en conflictos leves. Pero cuando hay agresiones, amenazas o destrucción deliberada de bienes públicos, el Estado no puede esconderse detrás de eufemismos. La autoridad democrática también educa, enseña que los derechos de los demás existen, que las normas obligan y que la violencia tiene consecuencias.