Está suscitando críticas, a mi juicio merecidas, el coqueteo del gobierno con la doctrina del lawfare. Aunque no le gusten algunas resoluciones judiciales que le afecten, que el gobierno ponga en cuestión la neutralidad del sistema judicial en su conjunto es una conducta claramente subversiva. Y un gobierno puede ser cualquier cosa, pero, si cae en la subversión, deja de ser gobierno para convertirse en una pandilla ultra.
Uno de los aspectos en los que se suelen diferenciar la izquierda y la derecha en España es la distinta habilidad con la que se desenvuelven en lo que podíamos denominar, en sentido amplio, el campo jurídico. Alguna vez he dicho citando a otros que la izquierda no sabe Derecho.
La historia reciente nos muestra suficientes ejemplos: las torpes consecuencias de la ley del solo sí es sí; cómo ha gestionado el PSOE la renovación de los órganos constitucionales; el abuso insoportable del decreto-ley...
Lo cierto es que la derecha también se revuelve contra la justicia cuando le molestan sus resoluciones. Pero lo hace con más habilidad y finura que la izquierda, no tan groseramente.
A continuación, transcribo una serie de citas del diario ABC, en las que el propio periódico y su director formulan críticas desaforadas contra los jueces, e incluso contra la UCO[i]. Estas críticas desmedidas están relacionadas, lógicamente, con actuaciones judiciales o policiales contra políticos del Partido Popular.
En la España actual, comienza a ser cierto que donde más delitos se cometen es en los juzgados. Los ciudadanos asisten atónitos al espectáculo justiciero que algunos magistrados protagonizan, a la sombra de la crisis económica, sin percatarse de que a la que de verdad ponen en serios aprietos es a la Justicia en sí misma, más ciega que nunca. Se utiliza la instrucción como pena anticipada y derraman sospechas como ramilletes de perejil. Pocas veces en la historia de España las togas se han hecho notar tanto. Y no precisamente para bien. Fue siempre cuestión fundamental preguntarse quién vigila al vigilante o quién sentencia al sentenciador. Escuchan nuestras conversaciones, leen nuestros mensajes y se atreven a querer vivir nuestras vidas. ¿Cómo es posible que los jueces prácticamente nunca respondan por sus equivocaciones? Lo siento por ellos, pero, aunque algunos no lo crean, están hechos de hombres; por tanto, todas las cautelas y limitaciones a su acción son pocas. Esa es la reforma pendiente. O, de lo contrario, la Justicia se torna en discrecionalidad y en debilidad democrática.
Quién juzga al juez, ABC 16 de febrero de 2017
Bieito Rubido, Director del diario ABC
Partimos de que cualquier ciudadano responsable y comprometido con los de valores democráticos aplica -aplicamos- tolerancia cero con la corrupción. Ello es compatible con la exigencia de respeto al Estado de Derecho y la custodia esmerada de algunas figuras como la presunción de inocencia y el derecho al honor. En caso de duda, se está a favor del reo; la carga de la prueba corresponde al acusador. Si arramblamos con estas garantías, y lo estamos haciendo, solo generamos inseguridad jurídica. Los ciudadanos tenemos derecho a que se persiga a los corruptos, y también a que jueces y fiscales sean escrupulosos con el ordenamiento jurídico y que las fuerzas del orden no caigan en abusos de poder. No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Esta plaga que asola España, que pone bajo sospecha la política y la empresa por un uso presuntamente salvador del derecho penal, camina hacia la peor de las corrupciones: el exceso de quienes deben velar por el Derecho y dictar justicia. Un juez acaba de advertir a la UCO que o se cuenta la verdad o se calla uno, pero no se hace literatura con la vida de las personas.
La literatura de la UCO, ABC 27 de mayo de 2017
Bieito Rubido, Director del diario ABC
De nuevo estamos dejando el ejercicio de la política al albur de las decisiones judiciales. Son otros los códigos de la acción pública, y no siempre el penal. Uno de los problemas más serios de España son los jueces y fiscales de gatillo fácil.
Inquisición moderna, ABC 27 de mayo de 2017
Bieito Rubido, Director del diario ABC
Es evidente que ha llegado el momento de abordar una seria reforma del proceso penal para que deje de ser pasto de acusaciones politizadas, dilaciones injustificadas e imputaciones infundadas o precipitadas. La persecución de los delitos de corrupción ha sido y es una causa justa y legítima que no puede ser la coartada de un ejercicio desproporcionado de la autoridad penal del Estado. Las imputaciones deben ser fiscalizadas más y mejor en el seno de la Fiscalía y por los propios tribunales, las investigaciones deben abreviarse sin esperar indefinidamente a que aparezcan indicios contra los sospechosos, la prisión provisional no puede ser utilizada como una herramienta de presión sobre el sospechoso que no colabora con la policía. El escarnio público de los investigados se convierte en una marca indeleble. La justicia justiciera tiene muchos devotos mediáticos que se entusiasman con las detenciones, los encarcelamientos provisionales y los procesamientos, pero miran a otro lado cuando el ciudadano ya deshonrado es absuelto o su causa es archivada.
Justicia justiciera
Editorial del diario ABC, 18 de mayo de 2019
LA salvaguarda de la presunción de inocencia para políticos y cargos públicos es una de las deudas pendientes de nuestra democracia. A menudo, la incoación de diligencias previas por parte de los Juzgados y la posterior imputación de dirigentes públicos concluye con el archivo de las actuaciones, con el levantamiento de la condición de investigado –antiguamente imputado–, o incluso con la absolución si el caso ha llegado a la fase de juicio oral. Es decir, judicialmente se proclama su inocencia. Sin embargo, la presión judicial y mediática suele convertir estas investigaciones, sobre todo si son por presunta corrupción, en un auténtico calvario procesal y personal para los afectados ya que el estigma social de una culpabilidad preventiva les acompaña ya de por vida, independientemente de que resulten exonerados durante la instrucción de un caso. Las consecuencias son demoledoras porque es habitual sobredimensionar la investigación de cualquier escándalo, pero si el escándalo naufraga antes de tiempo en los Juzgados, su archivo ni siquiera es noticia. Falta autocrítica en nuestra sociedad a la hora de imponer penas de telediario, y sobra la politización de la justicia como herramienta para desgastar al oponente. Un político apresado en las tenazas de una investigación judicial y mediática, por legítimas que sean en aras de la libertad de expresión, información y opinión, se convierte en un muñeco roto buena parte de las veces, sin resarcimiento alguno, ni siquiera moral. Se le criminaliza, se desgasta al partido al que pertenezca, se genera una atmósfera social de rechazo y desprecio, y cuando resulta absuelto, todo queda en el olvido excepto su condición de presunto culpable para la eternidad. Todo es legal, pero a democracia debería ser más generosa con la presunción de inocencia. No todo puede valer.
Maltrato a la presunción de inocencia.
Editorial del diario ABC, 10 de febrero de 2020[ii]
Esta es la gran diferencia. Ante actuaciones judiciales incómodas, los políticos de la derecha no necesitan mancharse. Tienen sus asistentes en la sociedad civil que les hacen el trabajo sucio.
[i] Estas citas las publiqué por primera vez en mi libro GÓMEZ, Manuel, “8 años, 8 meses y 8 días. Crónica de una persecución”, Amazon 2020.
[ii] Este diario publicaba una información a 2 páginas en la misma edición del día 10 de febrero de 2020, en la que comentaba diversos casos en los que imputaciones judiciales que terminaron en nada habían destruido las carreras políticas y/o profesionales de las personas injustamente perseguidas. Animo al lector a que se asome a esta información, para comprobar el sesgo de la misma: https://www.abc.es/espana/abci-condenas-telediario-y-politicos-sin-presuncion-inocencia-202002100315_noticia.html
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