SALVADOR ILLA Y EL PSC SON REACCIONARIOS. PERO YA LO ERAN ANTES

 

Salvador Illa dice en esa entrevista que las viviendas sociales de Cataluña deben ser para los catalanes. ¿En qué se diferencia esa idea de Illa de la “prioridad nacional” de Vox? En nada, naturalmente. Yo no estoy seguro de que esta política, la de Vox e Illa (PSC), merezca ser calificada de reaccionaria. Es un tema complejo y depende de cómo se aplique y qué se pretenda. No es el tema de hoy y requiere muchas puntualizaciones.

Pero sí estoy seguro de que Salvador Illa y su partido, el PSC, son reaccionarios. Pero no por lo que dice en ese vídeo. O no tanto por eso, como porque no de otro modo que de reaccionario se puede calificar el régimen de apartheid lingüístico que perpetra la Generalidad de Cataluña del PSC, presidida por Salvador Illa.

Y digo que se trata de un régimen de apartheid, porque la política lingüística que desarrolla la Generalidad de Cataluña reúne las notas caracterizadoras del apartheid, según han sido definidas por tratados internacionales.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define el crimen de apartheid, en esencia, como los actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro u otros grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen.

De esta definición se desprenden tres elementos fundamentales:

- Un régimen institucionalizado, es decir, no hechos aislados, sino un sistema organizado mediante leyes, políticas o prácticas estables.

- Dominación y opresión sistemáticas de un grupo sobre otro.

- Intención de mantener esa dominación, no simplemente consecuencias accidentales o temporales.

La política lingüística promovida por Salvador Illa y por el nacionalismo catalán, en general tiene, entre otras, las siguientes manifestaciones:

- Prohibición de cursar los estudios en su lengua materna a casi el 60% de los catalanes, cuya lengua materna es el español. Como se da la coincidencia de que los estratos más desfavorecidos de la sociedad son, en su práctica totalidad, castellanohablantes, la discriminación que comporta este apartheid no es solo lingüístico, sino que tiene inmediatas consecuencias económicas y sociales. Y esto es así porque los alumnos castellanohablantes, que se ven obligados a cursar sus estudios en una lengua que no es la suya, obtienen, por eso mismo, peores resultados académicos que los alumnos catalanohablantes que, en general, además, pertenecen a los estratos sociales más altos. Por tanto, en definitiva, el apartheid lingüístico, no solo no reduce las desigualdades sociales, sino que las agudiza, en perjuicio de los más débiles y en beneficio de los más acomodados y privilegiados.

- Establecimiento de las comunicaciones institucionales de los servicios públicos exclusivamente en catalán. Nos estamos refiriendo a la señalización de los distintos servicios (hospitales, carreteras, colegios, oficinas públicas, etc.), a las comunicaciones por escrito de todo orden, como liquidaciones tributarias, prescripciones médicas, calificaciones académicas, informes y certificados de todo tipo, etc. La eliminación del castellano en todas estas actividades de comunicación supone un perjuicio evidente para casi el 60% de los catalanes, cuya lengua materna es el español.

- Exigencia de un alto nivel de catalán para el acceso a los puestos de trabajo del sector público, lo que supone, no solo una grosera discriminación para quienes no tienen el catalán como lengua materna, sino un privilegio para los que sí la tienen y una evidente barrera de entrada para todos los españoles que no saben catalán o no lo dominan en el nivel exigido.

Esta política de apartheid lingüístico que desarrollan Salvador Illa y su partido está acompañada por determinados elementos no menos reaccionarios que el propio contenido de dicha política. Elementos tales como el incumplimiento reiterado de sentencias de los tribunales que obligan a la Generalidad a impartir al menos un paupérrimo 25% de las asignaturas en castellano; declaraciones públicas de responsables políticos jactándose de que dichas sentencias no se cumplirán; aprobación de reglamentos y otras normas ilegales, con el objetivo específico de sortear el cumplimiento de las sentencias; y un sinfín de tropelías desplegadas para mantener a toda costa el cruel y desalmado sistema de la inmersión en catalán.

En definitiva, el apartheid lingüístico catalán cumple los tres requisitos que definían el delito de apartheid, según el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional:

- Es un régimen institucionalizado, a través de la aprobación de leyes y reglamentos y el desarrollo de políticas que pretenden suprimir el uso del español, que no solo es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, sino, además, de las personas que pertenecen a las capas sociales más desfavorecidas, como por ejemplo, la nutrida colonia de inmigrantes hispanoamericanos.

- Supone la dominación de la minoría que constituye el grupo social que tiene por lengua materna el catalán, sobre el grupo social castellanohablante, por cuanto esta política de apartheid provoca que los primeros obtengan mejores calificaciones académicas, mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional y, además, se beneficien de la barrera de entrada a los empleos públicos que suponen las exigencias de un alto nivel de catalán para su acceso.

- Esta política de apartheid está diseñada, no solo para su mantenimiento en el tiempo, sino para su profundización exacerbada, con el objetivo de que el castellano desaparezca por completo de las esferas pública y privada de Cataluña.

- El apartheid catalán no está concebido inicialmente en función de la raza. Esto es evidente. Pero no es menos evidente que los arquitectos de la discriminación por razón de la lengua que se practica en Cataluña, desde Pujol hasta Illa, pasando por Maragall, Mas, Junqueras y compañía, han sido y son plenamente conscientes de que detrás de la lengua hay hablantes, hay ciudadanos, hay personas. Y el objetivo expreso de dicha política ha sido y sigue siendo el privilegio de los catalanohablantes y el correlativo trato discriminatorio de los castellanohablantes, siendo así que los castellanohablantes constituyen en Cataluña un grupo social determinado; precisamente, el grupo social de renta más baja y con peores oportunidades de progreso y desarrollo personal y social. Por tanto, el apartheid lingüístico, no es solo una política infame socialmente, sino que es de una crueldad inaudita, al discriminar a un grupo social que merecería, precisamente, incentivos para su progreso y no lo contrario.

Pero no es el apartheid lingüístico el único aspecto, con ser importante, por el que considero que Salvador Illa y su partido, el PSC son reaccionarios. Qué decir de los acuerdos de financiación autonómica que han firmado con ERC y con el gobierno de Sánchez. Estos acuerdos, al cederle las fuentes fiscales más potentes a la Generalidad de Cataluña y al someter el cupo de solidaridad de Cataluña con el resto de España a la aprobación de Cataluña producirán, necesaria y automáticamente, el empobrecimiento del resto de España, con especial incidencia en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Este modelo de financiación autonómica que han acordado Sánchez, Junqueras e Illa es, por tanto, profundamente reaccionario. Que sea el mismo que rige en el País Vasco y Navarra no reduce un ápice el carácter reaccionario de lo que se pretende implantar en Cataluña. Al contrario: el desenvolvimiento de los regímenes forales a lo largo de casi 50 años ha demostrado su profundo carácter reaccionario

En definitiva, Salvador Illa y su partido son unos reaccionarios, pero no solo ni principalmente por lo que dice Illa en ese vídeo, sino por otras cosas más importantes, algunas de las cuales he detallado más arriba.