Te supongo al corriente de la controversia que se ha suscitado en el País Vasco, a propósito de la detención por la Policía Nacional de dos cabestros nacionalistas radicales (perdón por las redundancias), que habían tirado al suelo y pateado salvajemente a un ciudadano, cuyo pecado era que se encontraba tranquilamente sentado en una terraza, con una camiseta de la selección española de fútbol.
El agredido presentó una denuncia ante la Policía Nacional y, como consecuencia, este cuerpo policial abrió diligencias, que condujeron a la detención de dos de los cabestros agresores y a su puesta a disposición judicial. El juez les acusa de la comisión de sendos delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos.
Esta agresión ha coincidido en el tiempo con otras muchas que han sufrido aficionados, que estaban viendo los partidos de la selección en lugares públicos o que simplemente llevaban puestas camisetas de la selección española. Agresiones que la policía regional vasca no ha impedido ni, que yo sepa, han motivado ninguna detención de los energúmenos nacionalistas (perdón, de nuevo, por la redundancia) agresores.
Siendo así las cosas, distintos cargos del gobierno vasco han protestado por lo que califican de intromisión de la Policía Nacional, al detener a los presuntos autores de delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos. No tengo conocimiento de que dichas protestas hayan venido acompañadas de las obligadas disculpas a los numerosos agredidos por las bandas nacionalistas, debido a la ineficacia de la policía regional.
No voy a dedicar ni una sola línea a exponer ni a rebatir los argumentos leguleyos del gobierno vasco, para criticar la actuación de la Policía Nacional. Cuando lo que está en juego es la seguridad personal y la vida de personas que se sienten españolas y que quieren seguir siéndolo, en el ambiente hostil de las provincias vascas, perderse en discusiones legales es hacerle el juego al nacionalismo, que pretende esconder su negligencia, cuando no algo peor, bajo tales argumentos.
A mí me parece mucho más relevante destacar otros aspectos que me suscita este episodio.
En primer lugar, el significado que tiene que el agredido se haya dirigido a dependencias policiales del gobierno central, en lugar de haber presentado su denuncia en una comisaría de la policía ordinaria de la zona, que es la policía regional vasca.
Parece evidente que este ciudadano ha dejado de confiar en que su vida y su seguridad sean protegidas por las autoridades regionales vascas y ha preferido dirigir su denuncia a la Policía Nacional. En este sentido, me ha llamado la atención que un ciudadano corriente haya podido encontrar unas dependencias estatales, que yo presumía virtualmente desaparecidas de las tres provincias vascas y que dichos servicios dispongan de personal y medios suficientes para hacer las averiguaciones oportunas, identificar a los agresores y detenerlos. Lo que deja aún más en evidencia la pasividad de la policía regional que, al no actuar contra los agresores, siendo tan fácil, induce a concluir que no ha actuado porque no ha querido.
Todo este asunto desprende un tufo repugnante, pues ha puesto en evidencia que las autoridades regionales vascas no protegen adecuadamente a los vascos y las vascas (sic) que muestran desprejuiciadamente su españolidad en las calles. Pura y desnuda xenofobia institucional. Y encima protestan cuando, ante su negligencia, los raquíticos y precarios servicios que mantiene el Estado central se hacen cargo de la protección de la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Lamentablemente, este era un caso en apariencia fácil de resolver. Se trataba de una agresión a una persona, en la que había que identificar a los culpables y ponerlos a disposición de un juez. Pero el Estado ya no tiene medios en el País Vasco para proteger a quienes ven un partido de la selección española en una plaza o visten su camiseta por la calle; a quienes resultan discriminados en la escuela, por razón de su españolidad, como hemos visto hace poco con las calificaciones del ejercicio de vascuence en la selectividad. Y, quién sabe lo que puede estar ocurriendo en otros servicios públicos, como la sanidad, por ejemplo, cuando ejemplares de la misma ralea que los agresores de Bilbao se empeñen en dirigirse verbalmente o por escrito a pacientes que no la entiendan, en esa lengua primitiva, que solo sobrevive mediante la coerción y con una respiración asistida que nos cuesta millones de euros cada año a todos los españoles.
Creo que hay pocas razones para el optimismo. La organización territorial del Estado prevista en la Constitución de 1978 ha producido un monstruo, que acabará devorando y haciendo desaparecer con el tiempo los lazos que hasta no hace tanto nos unían a la inmensa mayoría de los habitantes de las distintas regiones españolas en una nación común.

Bien dicho. ¡Te aplaudo, tiorro!.
ResponderEliminarDe anónimo nada, Anselmo
EliminarYa te había reconocido, tiorro.
Eliminar