El llamado problema de la
vivienda, la principal preocupación de los españoles, según el INE, es una de las
más claras manifestaciones de algunos de los más graves extravíos en los que se
encuentra sumida España.
La vivienda es un problema porque
es muy cara, tanto en su modalidad de compra, como de alquiler. Y una de las
consecuencias socialmente más dolorosas es la cantidad de desahucios que se
producen anualmente (más de 25.000), generalmente, por falta de pago de la
renta o del crédito hipotecario contraído para la compra.
La solución a este problema es
muy difícil y compleja. Dificultad y complejidad que se ven agravadas por
circunstancias específicamente españolas.
En primer lugar, las soluciones
que suelen exponerse públicamente son, con frecuencia, puramente ideológicas.
Unos dicen que hay que liberalizar salvajemente el suelo y suprimir o debilitar
los numerosos controles públicos a los que están sometidas la planificación
urbana y la construcción. Otros dicen que la solución está en la creación de un
gigantesco parque público de viviendas, porque gigantesco tendría que ser para
dar respuesta a la situación actual. Unos y otros proponen medidas fiscales en
todas direcciones y, por tanto, con frecuencia, incompatibles o, como mínimo,
contradictorias. Y, en fin, no faltan arbitristas que propugnan la expropiación
masiva de viviendas privadas para ofrecerlas como viviendas sociales, la
prohibición de los desahucios y otras ocurrencias.
Francamente, si yo tuviera que
decidir las actuaciones a llevar a cabo para solucionar el problema de la
vivienda me vería en un grave aprieto, porque no tengo ni idea. Lo único que sé
es que se trata de un problema cuya solución solo es posible a largo plazo, por
no decir a muy largo plazo. Esto ya supone de por sí una dificultad, ya que los
responsables políticos carecen de motivación para abordar un problema cuya
solución no les va a reportar ningún beneficio electoral a corto y medio plazo y
sí, probablemente, algunos sinsabores.
Si, además, tenemos en cuenta que
los políticos que han de tomar las medidas correspondientes lo son de todas las
esferas territoriales, central, regional y local, cada una con sus calendarios
electorales, muchas veces superpuestos, cada uno con su disciplina política, ya
tenemos un escenario que de ninguna manera favorece o facilita los acuerdos de
largo y profundo alcance que tendrían que adoptarse para abordar la solución
del problema.
Este es, muy esquemáticamente, uno
de los extravíos a los que me referí al principio y constituye, además, el
contexto en el que ha explotado el desahucio de la señora Maricarmen en el
distrito de Retiro de Madrid.
Lo que me permite adentrarme en
el segundo extravío de los que quería hoy hablar. Me refiero a la simpleza
infantil con la que una buena parte de la sociedad española a todos los niveles
ha reaccionado ante el famoso desahucio de Maricarmen.
Como dije antes, en España se
producen anualmente más de 25.000 desahucios y los medios de comunicación nos
cuentan los detalles de algunos de los más penosos, por implicar a personas que
carecen de todo medio de subsistencia, menores de edad, ancianos, etc. Por
razones ignotas, la sociedad española ha decidido estallar ante el desahucio de
una persona que, a pesar de que fue advertida hace más de 20 años de que no
podía legalmente seguir viviendo en su piso alquilado, si no pagaba la renta
que le exigía su propietario, decidió atrincherarse, dejar de pagar lo que le
exigían y seguir contemplando el parque del Retiro desde su ventana, esperando
a que el día del desahucio no llegara nunca.
Pero el día llegó y lo que era un
problema individual de asistencia social, que se habría resuelto ingresando a
la señora en una residencia, si es que no quiere procurarse ella misma otra
vivienda (con el importe de su pensión y con menos viven miles de españoles), se
convierte de pronto en la clave de bóveda del gran problema nacional de la
vivienda.
Una ministra del gobierno exige
(no propone, exige) que se expropie la vivienda y se la entregue a Maricarmen. Qué
solución más eficaz e inteligente. Cómo no se le habrá ocurrido a nadie antes.
Cada vez que uno deje de pagar la hipoteca o la renta, porque no pueda o porque
no quiera, la administración la expropia y se la entrega al deudor. Mientras,
los demás pagamos nuestros impuestos para que el Estado pueda financiar tan
benéfica política y, con lo que nos quede, seguimos pagando nuestras viviendas.
Miles de manifestantes se
aglomeran alrededor del portal de Maricarmen para protestar por su desahucio y
para impedirlo, si es posible. Y una buena parte de los españoles lloriquean
desde sus casas sintiéndose muy concernidos por el problema de Maricarmen y
acompañando en espíritu a quienes se manifiestan in situ.
En las tertulias televisivas y
radiofónicas nadie se atreve a llamar a las cosas por su nombre y se le pide al
gobierno, a los partidos, al ayuntamiento y a la comunidad de Madrid que hagan
algo, que impidan, por favor, el desahucio de Maricarmen. Nada o casi nada
dicen en este momento de los otros 24.999 desahucios.
Bueno, sí hay un tertuliano que
ha decidido esta mañana llamarles a las cosas por su nombre, según su
particular entendimiento. El escritor Juan José Millas ha calificado de
secuestro el desahucio de Maricarmen. Así, sin anestesia, ha utilizado el
término penal de secuestro una decena de veces o más. Además, lo ha hecho con
conocimiento de lo que estaba diciendo, porque tenía muy claro quiénes eran los
autores de ese crimen: el Tribunal Supremo, el ministro del Interior, el
juzgado que practicó el desahucio y los policías que lo auxiliaron. Ha llegado
a decir que el ministro Marlasca debió dimitir negándose a realizar el
desahucio/secuestro, lo que le habría reportado salir a hombros por la puerta
grande.
El conjunto de la sociedad
española asiste expectante este fin de semana a las intensas negociaciones que
llevan a cabo la parte socialista del gobierno con su otra parte y con el resto
de las fuerzas políticas que habitualmente lo extorsionan, con el fin de sacar
el martes un Decreto Ley que dé respuesta al apesadumbrado estado de ánimo en
el que se encuentra sumida la sociedad española, debido al desahucio de
Maricarmen. Un desahucio que solo sería explicable si se tiene en cuenta la
extrema crueldad del alcalde Almeida y de la presidente Ayuso y de su partido.
Porque la sociedad española no tiene ni idea de cómo se resuelve el problema de la vivienda. Lo cual no es raro, porque, en realidad, nadie lo sabe. Así que el gobierno simula que en tres días va a ser capaz, no solo de elaborar, sino de acordar con una mayoría del Congreso un plan que resuelva el problema de la vivienda en España. Un asunto tan sumamente complicado como este, algo que no ha sido capaz ni de abordar en los ocho años que lleva gobernando, pretende resolverse con una ley. Y todo, gracias al desahucio de Maricarmen. No tenemos remedio.

No hay comentarios:
Publicar un comentario