LA CADENA SER JUSTIFICA EL PILLAJE Y LA VIOLENCIA EXTREMA DE ESTOS DÍAS

 

Esta es la visión del pillaje y la violencia extrema que estamos viviendo estos días que ofrece el programa de la Cadena SER “A vivir que son dos días”, que dirige Javier del Pino.

Por lo visto, lo importante de los disturbios ocasionados con la excusa del encarcelamiento de un multidelincuente no es tratar de reprimirlos (sí, reprimirlos, ese verbo maldito) y denunciar su carácter ilegítimo, sino acercarse franciscanamente a ellos para preguntarles a sus perpetradores por sus motivos y para hallar un contexto.

Pero, el programa ya ha encontrado la respuesta a los desmanes. Estos pobres manifestantes roban y saquean tiendas, queman y destrozan mobiliario urbano y apalean y lanzan adoquines a los policías porque están enfadados, se sienten huérfanos y consideran que “el sistema” (qué socorrido y anónimo culpable han encontrado) solo les hará caso si prenden fuego a la ciudad. De este modo, el fuego de los múltiples incendios provocados por estos jóvenes airados ilumina la justicia y legitimidad de sus acciones subversivas y violentas.

En definitiva, para este esclarecido programa de la emisora más escuchada en España, no hay que juzgar a los violentos, es decir, no hay que calificarlos como tales, sino que hay que escucharlos.

Yo me he molestado en escuchar las palabras de algunos de los alborotadores que ofrece la Cadena SER en su página web. Y estas son algunas de las opiniones: “Lo que le ha pasado a Hasel le puede pasar a cualquiera que diga algo inconveniente”; “llevamos muchos años de represión en muchos sentidos, como los chicos de Alsasua, los presos políticos, el periodista de televisión que dijo que Leonor se va de España como su abuelo”; “el COVID nos tiene con el agua al cuello”; “no podemos encontrar trabajo ni acceder a determinados estudios que son muy caros”; “el problema de España es que no hay memoria histórica, porque si la hubiera muchas de las cosas que pasan no pasarían”; “el problema de España es que ganaron los franquistas”; “cuando se quema un contenedor es, básicamente, para tener tiempo para que la policía no detenga a los manifestantes”; “quemar contenedores es para que la gente entienda que está pasando algo, que tampoco está mal”; sobre los antidisturbios: “no podré entender nunca entrar en un cuerpo en el que lo que se manda va antes que la humanidad, es muy fuerte que el poder utilice a trabajadores para reprimir a quienes se están manifestando por los derechos de los trabajadores...”

El programa, en lugar de resaltar la extrema simpleza de los argumentos, cuando no directamente, su estulticia, publica el twit que ves en la foto, todo un monumento a la justificación de la violencia.

REFLEXIONES SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DE ESPAÑA Y EL DESAFÍO SEPARATISTA

El Roto. el País, 16-02-2021

Los resultados de las últimas elecciones catalanas me animan a retomar antiguas reflexiones sobre los problemas territoriales en España. En realidad, nunca las he abandonado.

 

El modelo territorial de la Constitución Española de 1978 se estableció con el objetivo fundamental de resolver las supuestas aspiraciones de autogobierno de determinadas regiones; esencialmente, Cataluña, el País Vasco (hasta antes de ayer, las Provincias Vacongadas) y Galicia. Las tres regiones cuentan con una lengua propia, además del castellano y plebiscitaron durante la II República estatutos de autonomía. Hay otras regiones con una segunda lengua propia, como Valencia y Baleares (dejo de lado el bable asturiano y la fabla aragonesa, porque pretendo que esta sea una reflexión seria) y otras que poseen acusados rasgos diferenciales, pero la Constitución solo pensó en las tres mencionadas (además de en Navarra).

Pues bien, lo primero que cabe decir es que la solución territorial ideada por los constituyentes no consiguió ni siquiera satisfacer a la mayoría de los ciudadanos de estas tres regiones, ya que los nacionalistas vascos votaron no o se abstuvieron en el referéndum de la Constitución del 78, al no ver en ella satisfechos sus anhelos territoriales. Por cierto, en vista del escandaloso privilegio en que ha acabado degenerando el régimen foral del País Vasco y de Navarra, cabe preguntarse a qué aspiraban los nacionalistas vascos. Esto nos da una pista sobre la verdadera naturaleza del nacionalismo separatista que es, en esencia, una corriente política aquejada por una pulsión insaciable. El que no comprenda esto no podrá comprender los problemas territoriales de España.

A continuación, debo destacar una idea que me parece esencial para entender la actual configuración territorial de España y sus perspectivas de reforma en el futuro. Se trata del hecho de que el modelo territorial de la Constitución es en realidad un no modelo. Explicaré por qué, valiéndome de una tesis brillantemente expuesta, hace ya más de 30 años, por el que fue mi profesor de Derecho Constitucional (en 1977, es decir, en pleno proceso constituyente) y, posteriormente, Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón. En un ensayo titulado, y cito de memoria, La estructura del Estado o la perplejidad del jurista persa, venía a sostener el profesor Cruz que la Constitución no establece un modelo territorial determinado. De modo que tan constitucional sería que España hubiera permanecido siendo un Estado centralizado, como el que heredamos del Franquismo, como que se convirtiera, como así ha sido, en un Estado compuesto, en el que todos sus territorios gozan de un nivel de descentralización y autonomía equivalente al de los países federales más descentralizados del mundo. Esto es así, habida cuenta de que la constitución de un territorio en Comunidad Autónoma depende de la voluntad de sus municipios y sus provincias, de modo que algunos o todos los territorios podían haber decidido, dentro de la Constitución, no constituirse en Comunidad Autónoma.

Por ello, el profesor Cruz sostenía irónicamente que si un jurista persa hubiera querido hacerse una idea de cuál era la estructura territorial del Estado en España, tomando como referencia el documento en el que dicha materia debe estar regulada, es decir, en su constitución (¿dónde, si no?), habría quedado sumido en la perplejidad, porque la Constitución no le habría alumbrado cuál era la real estructura territorial bajo la que España estaba organizada.

Lo cierto es que el denominado proceso autonómico se convirtió en una auténtica subasta, en la que todas las élites políticas provinciales (cabe decir, provincianas) pugnaron por acceder a la autonomía que la Constitución les facilitaba, con el máximo nivel de competencias posible.

La organización (por llamarlo de alguna manera) de este proceso de desmembración del Estado central fue una operación sumamente compleja. Para explicarla resulta impagable un término que hizo fortuna en su día: el café para todos, que consistió en que todas las regiones, de un modo u otro, antes o después, gozarían del mismo nivel de descentralización y autonomía. Es decir, si la Constitución parece que insinuaba un tratamiento diferenciado para tres (o cuatro) regiones, el café para todos las enrasó a todas.

La doctrina del café para todos fue puesta en práctica por la Unión de Centro Democrático (UCD) entonces en el Gobierno, aunque su ideólogo fue el sobrevalorado (como político) Ministro andaluz Clavero Arévalo. Y hay que decir que gozó de la aquiescencia general. Pocos fueron los que expresaron sus críticas o sus dudas sobre el modelo, aunque los hubo.

Con la perspectiva del tiempo cabe concluir que el café para todos, no solo fue un error, porque logró justo lo contrario de lo que supuestamente pretendía, sino que 40 años después bien puede decirse que es una de las causas principales de nuestras actuales tribulaciones territoriales, que es tanto como decir, de nuestro gran problema nacional.

El nacionalismo tiene un componente esencialmente infantil, que se materializa en la convicción y necesidad de una colectividad de sentirse distinta a las demás, no necesariamente superior (aunque sí casi siempre), pero siempre distinta. Por ello, que el desarrollo del Estado Autonómico haya igualado la configuración institucional y el nivel de competencias, no digo ya de regiones fantasmas, como La Rioja o Cantabria, sino de las dos Castillas y Andalucía, con las de Cataluña y el País Vasco, que no otra cosa es el café para todos, solo ha conseguido hacer un pan como unas tortas, como suele decirse.

Y es que la doctrina del café para todos parte de dos errores garrafales, en los que parece mentira que cayeran las élites políticas del momento, los padres de la Constitución y los conductores de la Transición. Por lo demás, tan lúcidos y brillantes, en general, para nuestra suerte como españoles. Vaya en su descargo que tales errores siguen estando presentes, en buena medida, en las convicciones de una gran parte de las élites españolas, que aun no se han caído del guindo.

El primer error es considerar que el hecho de que todas las regiones tuvieran el mismo nivel de descentralización embridaría las ansias y aspiraciones de aquellos territorios con un historial secesionista. Como hemos podido comprobar desde que el Estado de las autonomías se puso en marcha, los nacionalismos vasco y catalán nunca se han sentido cómodos siendo tratados como una comunidad autónoma más, algo que ha llegado actualmente al paroxismo con las exigencias de bilateralidad, único ámbito en el que ambas se quieren desenvolver. Esta idea está lúcidamente desarrollada por el columnista de El Mundo y otros medios y profesor de historia, David Jiménez Torres, en su reciente libro 2017. La crisis que cambió España (Deusto), cuya lectura recomiendo vivamente. Para este profesor, esta apreciación es “una de las grandes premisas del sistema que se instauró tras la muerte de Franco. (…) A grandes rasgos, la Premisa daba por hecho que el sistema autonómico era una herramienta suficiente para integrar los nacionalismos subestatales -muy especialmente el vasco y el catalán- en una España democrática.”

En mi opinión, el modelo territorial debió diseñarse de modo que solo Cataluña, el País Vasco y Galicia hubieran ostentado una posición institucional ‘superior’ (y entrecomillo con toda intención la palabra), contando con un Parlamento, aunque fuera de la Señorita Pepis, y un nivel de competencias superior al del resto de las regiones de régimen común. Es probable que las élites nacionalistas del País Vasco y Cataluña se hubieran conformado con un nivel de competencias inferior al que ahora tienen, simplemente, porque sería superior al del resto de las regiones, lo cual les permitiría experimentar ese infantil sentimiento de diferencia y superioridad que caracteriza al nacionalismo. Como consecuencia, es probable que no tuviéramos el problema territorial que tenemos ahora.

El segundo error de la doctrina del café para todos reside en que se encuentra inspirado en la idea de que diferentes niveles de configuración institucional y de competencias entre las regiones ocasionan diferencias en los derechos y deberes de los ciudadanos residentes en unas y otras. Esta nefasta idea fue la que caló en la sociedad andaluza con ocasión del 28F de 1980, muy favorecida por la torpeza de la UCD en la campaña del referéndum, que tanta fama le dio al padre putativo del café para todos, el brillante profesor y ya he dicho que sobrevalorado político, Manuel Clavero Arévalo. Para los más jóvenes y en apretado resumen, el referéndum del 28F se convocó, tras una movilización de la izquierda andaluza y de los medios andalucistas, para lograr que Andalucía dispusiera, desde el principio, del mismo nivel de descentralización y autogobierno que las llamadas nacionalidades históricas: Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Yo estudiaba 4º o 5º año de Derecho en Sevilla y recuerdo perfectamente que el ferrobús que nos llevaba a votar a Córdoba a la mayoría de los estudiantes que estábamos allí empadronados era una fiesta, que vivimos como un elemento más de un episodio, que hoy llamaríamos de empoderamiento, dirigido por unas élites políticas que, por un simple pulso de poder (simplificando mucho, PSOE y PCE contra UCD y AP), habían enardecido las bajas pasiones del pueblo haciéndole tomar partido por unas decisiones cuyo alcance no entendía, porque no podía entenderlo. Como tampoco los catalanes que han votado sus referendos de juguete saben el alcance de lo que han votado. Bueno, que lo que hacían era ilegal, sí lo sabían. Puede resultar presuntuoso que yo diga ahora que, a mis 18 o 19 años, sí sabía lo que votaba aquel 28F y que, además, lo consideraba un mero desahogo y un error. Y puede que los vericuetos de la memoria me jueguen una mala pasada, pero es lo que hoy recuerdo que pensaba entonces y lo que sigo pensando. Hoy lo puedo decir con más elocuencia, pero con no menos desparpajo. A mí me importa un pimiento que los catalanes tengan un parlamento regional y Andalucía no lo tenga. Siempre que, como todo lujo, se lo paguen ellos. Y, no solo me da igual que la Comunidad Autónoma catalana ostente y ejerza más competencias que la andaluza, sino que prefiero que sea así. Es decir, como región más pobre que somos y seguiremos siendo (el desenvolvimiento de los estados federales y compuestos demuestra de forma generalizada que ese es un patrón de conducta), prefiero que algunos de los servicios públicos fundamentales me los preste el Estado y no una débil administración regional. Y, sobre todo, cuando del reparto de la tarta fiscal se trate, prefiero que un Estado fuerte me defienda frente a las pretensiones de apenas 2 o 3 regiones con ínfulas, que tener que negociar unos pactos imposibles con 19 subestados, en los que 2 o 3 de ellos juegan con las cartas marcadas de regímenes forales o de pactos bajo cuerda obtenidos bajo chantaje.

En definitiva la mayor o menor personalidad, rango institucional y nivel competencial de las regiones españolas tendrá que ver con la mayor o menor igualdad de las hectáreas, como diría Alfonso Guerra, pero no tiene nada que ver con la mayor o menor igualdad entre los ciudadanos, que es lo que reconoce la Constitución y el verdadero signo de la civilización.

¿Qué cabe hacer entonces? ¿Acaso el actual Estado de las Autonomías tiene vuelta atrás? Yo creo que se impone una refundación de la organización territorial. A ver, lo que resultaría difícil de llevar a la práctica son las ideas maximalistas de VOX, que, poco menos que propugna la supresión de las Comunidades Autónomas. Pero, como he insinuado más arriba, una profunda reforma del modelo territorial, que suprima casi todos los parlamentos autonómicos y muchos de los chiringuitos inútiles y redundantes y que reestructure el reparto de competencias Estado/Regiones, con dos niveles competenciales regionales, al menos, me parece algo no solo útil, sino necesario para salir del actual atolladero territorial.
Esta reforma cabe en la Constitución, porque, como he dicho antes, el modelo territorial de la Constitución es lo suficientemente maleable como para permitir su marcha atrás sin su reforma. Lo que no quiere decir que el procedimiento no sea tortuoso y requiera consensos a todos los niveles, referendos regionales incluidos. Lo cual, por cierto y paradójicamente, nos puede llevar al convencimiento de que podría ser más eficaz abordar una reforma constitucional, para ahorrarse aquellos inconvenientes.

 

Y, ahora, lo más difícil: ¿qué cabe hacer con el problema catalán y los demás separatismos que están a la espera de ver el desenlace de la crisis en Cataluña (País Vasco, Baleares, Valencia, quizá Canarias; quién sabe)?

Veamos qué es lo que ha ocurrido. Los partidarios de la independencia de Cataluña han preparado durante decenios con todo detalle la transición hacia un Estado independiente. Con la fuerza de un sistema educativo adoctrinador y de unos medios de comunicación públicos o privados subvencionados de claro sesgo separatista parecen haber convencido a la mayoría de las fuerzas políticas y sociales y de los ciudadanos de la región de la imperiosa necesidad de ejercer ese eufemismo que llaman “derecho a decidir”, que no es sino una añagaza para acordar unilateralmente y en contra de la Constitución la independencia del resto de España. Por su parte, los partidarios de la independencia de las Provincias Vascongadas aguardan expectantes el desenlace de la cuestión catalana, para lanzar su desafío.

Mientras tanto, el Gobierno de España se ha limitado, también durante decenios, a verlas venir o, como mucho, a advertir de que, tanto la secesión, como el referéndum, son ilegales. Esta estrategia, que más que prudente parece temerosa, solo ha excitado y rearmado a los partidarios de la secesión y va a conducir a España al desastre. Por otro lado, los independentistas han hecho cundir la especie de que oponerse a sus (ilegales) pretensiones es antidemocrático. La pasividad del Gobierno de España está facilitando que esta idea, tan insidiosa para los españoles, se asiente en el debate público nacional (con resonancias internacionales) como una verdad incontestable.

Estoy convencido de que si una mayoría sustancial (digamos, más del 65%) de la población de una región española desea claramente separarse de España, blandir la Constitución y la legalidad vigente es un recurso necesario, pero insuficiente.

Por eso, ha llegado el momento y ojalá no sea demasiado tarde, de que los españoles que somos contrarios a la secesión de cualquier porción del territorio nacional empecemos a advertirles a los secesionistas de qué terreno están pisando. Quiero decir que los separatistas deben saber que si ellos tienen un proyecto territorial que, obstinadamente, quieren llevar a la práctica, nosotros tenemos otro que aprobamos por amplia mayoría y que es el actualmente vigente. Y que queremos que se respete no menos obstinadamente.

En las siguientes líneas pretendo describir los puntos esenciales que me gustaría pensar que podemos compartir los 40 millones de españoles no separatistas, para enfrentar el desafío separatista.

Puede haber muchos motivos para oponerse a la desmembración de España y casi todos ellos serán respetables. Pero a mí me mueven, sobre todo, estos dos:

a) El conjunto del pueblo español ostenta un derecho de soberanía sobre la totalidad del territorio nacional y nadie puede birlarnos ni un solo metro cuadrado del mismo sin nuestro consentimiento.

b) Al margen de cuestiones legales, históricas, culturales o sentimentales, la ruptura de la nación será la ruina económica de casi todos nosotros y, por tanto, debemos intentar evitarla a toda costa.

En cambio, los independentistas, no es que crean que la independencia les saldrá gratis, sino que están convencidos de que es un gran negocio. Y hay que advertirles a nuestros conciudadanos de las regiones levantiscas que la ruina que provocará la secesión no afectará sólo al resto de España, sino también, y sobre todo, a ellos.

No debemos olvidar, por otra parte, las enseñanzas de la historia, algunas muy recientes, como la de los Balcanes y la pulverización de Yugoeslavia. La exacerbación de los nacionalismos y los movimientos secesionistas, con frecuencia, terminan en un mar de sangre, muerte, dolor y destrucción.

El debate sobre la secesión está falseado, porque nadie ha enfrentado a sus partidarios con la verdadera entidad del desafío. Recordemos las negociaciones sobre el Brexit. Las autoridades de la Unión Europea advirtieron a los británicos de su coste, en forma de las restricciones en el acceso al Mercado Común, de las compensaciones económicas que debían hacer al resto de los socios y demás consecuencias negativas de un divorcio solicitado por una sola de las partes. Y eso que se trataba de un matrimonio que solo había durado 43 años. Las condiciones de dicho divorcio se plasmaron en convenios suscritos por ambas partes.

La separación de una parte del territorio nacional de España constituiría el divorcio de un matrimonio que ha durado, al menos, 500 años y nadie en sus cabales puede pretender que consista en entregarle la dote, el ajuar entero y, además, el perro a la parte que pide un divorcio al que se opone la otra parte, por cierto, con gran disgusto. No obstante, para abordar el reto separatista, el resto de España debe estar dispuesta a negociar. Es decir, a resolver este asunto democráticamente y mediante el diálogo y la negociación, palabras con las que tanto se llenan la boca los separatistas y sus compañeros de viaje. Vamos a negociar con limpieza y transparencia y, para ello debemos enseñar nuestras cartas. En este sentido, estas serán nuestras bases de negociación.

1. Ningún grupo de ciudadanos españoles tiene derecho a exigir del Estado de España la secesión de una parte del territorio nacional. Ni las leyes internacionales ni las españolas reconocen tal derecho. Lo anterior es plenamente aplicable a los ciudadanos que viven en el territorio de las cuatro provincias históricas que constituyen la región, conocida con el nombre de Cataluña, que se encuentra situada en el nordeste de la Península Ibérica, a los que viven en el territorio de las tres Provincias Vascongadas o en cualquier otra Cartagena levantisca.

2. No obstante, si llegara a ser notorio que una mayoría cualificada de los ciudadanos que viven en una región española son partidarios de la secesión, el Gobierno de España convocará un referéndum, con el fin de confirmar que la voluntad separatista cuenta con dicha mayoría cualificada. Las condiciones del referéndum y de la hipotética secesión son actos de soberanía y, por tanto, serán establecidos, previa negociación, por las Cortes Generales. Los siguientes apartados tratan de las referidas condiciones.

3. El establecimiento de las condiciones del referéndum y de la hipotética secesión se llevará a cabo bajo los siguientes principios básicos, que informarán el contenido de dichas condiciones:
a) La confirmación de la voluntad separatista de una mayoría cualificada de los ciudadanos de una región española será considerada una decisión hostil e insolidaria, por gratuita, por el conjunto de España, debido a los graves perjuicios materiales y de todo tipo que provocará al resto de los españoles la secesión.

b) El conjunto de los españoles no reconoce tener ninguna deuda, ni histórica, ni actual, ni de carácter político, ni económico, ni de ninguna otra índole, con los españoles que viven en la región de Cataluña o en las Provincias Vascongadas o en cualquier otro sitio. Antes al contrario, el resto de los españoles exigiremos que, en caso de secesión, se tengan en cuenta las ventajas históricas de las que han disfrutado dichos territorios, que han supuesto correlativas desventajas de otras partes de España, con motivo de la política arancelaria del Estado y por otras causas.
c) El último principio es una elemental regla de urbanidad que consiste en lo siguiente: si alguien está incómodo en el lugar donde se encuentra y lo quiere abandonar, lo que debe hacer es marcharse haciendo el menor ruido posible y sin molestar a los que quieren permanecer donde están; y cerrar la puerta suavemente al salir.

4. El referéndum que, en su caso, se convoque planteará la pregunta clara e inequívoca de si los ciudadanos de la región quieren seguir siendo españoles o dejar de serlo. Es decir, el prestigio del sí estará de nuestra parte, no de la suya.

5. Los resultados del referéndum se computarán teniendo en cuenta la posibilidad de que existan poblaciones suficientemente concentradas en el territorio de la región que no quieran la independencia. En tal caso, tales enclaves continuarán formando parte de España, con el nombre de la región de la que forman parte y no se independizarán.

6. Si el resultado del referéndum arroja la mayoría que las Cortes Generales haya considerado suficiente, se adoptarán los procedimientos que sean necesarios para que las partes del territorio de la región en los que se haya producido dicha mayoría cualificada se separen del resto de España.

7. Si el resultado del referéndum es contrario a la secesión, el Gobierno de España no podrá volver a convocar en el mismo territorio otro con la misma finalidad en los próximos 100 años. Es decir, aquí no se vuelve a hablar de independencia hasta dentro de 100 años. No 50, ni 75, sino 100. Hasta que todos los vivos estemos muertos. Si no, no hay trato que valga.

8. Con carácter previo a la secesión, las Cortes Generales deberán fijar las condiciones económicas de la misma, entre las que, necesariamente, se encontrarán las siguientes:

a) Se fijará una compensación, que deberán abonar los habitantes del territorio secesionado al resto de los españoles, por sus ventajas históricas y por los perjuicios que al resto de España le producirá la secesión.

b) Las Cortes fijarán también una asignación territorial a abonar por el territorio secesionado, con una duración de 100 años, que compensará a los territorios que quedan en peor situación que aquel, tras la secesión.

c) El territorio secesionado no tendrá derecho a percibir cantidad alguna del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ni a participar en ningún otro fondo, patrimonio, bienes o rentas que sean propiedad del conjunto de España o de los españoles.

d) El territorio secesionado asumirá una porción de la deuda pública del Reino de España, en proporción a su participación en el PIB nacional en el momento de la secesión. A tal efecto, quedarán hipotecados bienes propiedad de ciudadanos e instituciones del territorio secesionado, en cuantía suficiente para garantizar la referida obligación.

e) Los inmuebles y demás bienes que sean propiedad del Estado de España y que se encuentren en el territorio secesionado no alterarán su titularidad tras la secesión. Esta regla será aplicable, no sólo a los inmuebles que estén inscritos a nombre del Estado en los registros de la propiedad, sino a todos aquellos que estén afectos a servicios públicos estatales, aunque no se encuentren inmatriculados. Me estoy refiriendo a supuestos tales como el Aeropuerto de El Prat, el Puerto de Barcelona, las autopistas estatales, etc. La venta de estos inmuebles al territorio secesionado se realizará teniendo en cuenta su coste de producción actualizado y, en su caso, a valor de mercado.

f) Los habitantes del territorio secesionado deberán sufragar todos los gastos que a España le suponga la secesión, tales como el establecimiento de fronteras, aduanas, aranceles, etc.

g) España utilizará su derecho de veto para impedir que el territorio secesionado ingrese en la Unión Europea o dificultará su ingreso en otras organizaciones internacionales, si dicho ingreso supone cualquier clase de perjuicio a España o a sus ciudadanos.

h) España se reserva el derecho de servidumbre de paso a través del territorio secesionado, para el uso de todas las vías de comunicación actualmente existentes o de las que resulte conveniente trazar en el futuro.

i) España se reserva el derecho de impedir que los equipos deportivos del territorio secesionado continúen participando en las ligas españolas tras la secesión.

j) Será considerado un acto gravemente hostil a España cualquier clase de discriminación por razón de la lengua española o de la nacionalidad española que las instituciones o los ciudadanos del territorio secesionado inflijan a los ciudadanos que opten por permanecer viviendo en dicho territorio.

k) También serán considerados actos gravemente hostiles a España las iniciativas que lleven a cabo personas o instituciones del territorio secesionado en foros internacionales, que persigan el desprestigio de España, sus ciudadanos e instituciones o que de cualquier forman les perjudiquen.

9. Y, finalmente, queda por tratar un asunto espinoso e importante: ¿qué pasará con nuestros conciudadanos que quieran seguir siendo españoles, tras la secesión? Bien, España debe preparar un ambicioso programa de repatriación de personas, empresas y otras instituciones, que facilite el establecimiento en el territorio nacional de todos aquellos que no deseen pasar a vivir en un país extranjero, que no otra cosa es lo que pasaría si una porción del territorio nacional se independizara.

Desde mi punto de vista, el escenario que dibujan estas bases supone la ruina económica para una región que pretenda separarse, de la que no se levantará en 100 años y, por ello, debería tener suficiente valor disuasorio. Y, si no lo tiene, que apechuguen con ello.

Este planteamiento resulta imprescindible para desactivar la tesis que se ha asentado en la opinión publicada de prestigiosos medios de comunicación internacionales, especialmente del mundo anglosajón, de que España es un Estado cerril, que se niega a satisfacer las legítimas aspiraciones democráticas de sus ciudadanos. Tesis insidiosamente esparcida por el mundo por personas y medios separatistas, en buena parte con recursos públicos de todos los españoles.

Pero España es un país democrático y sus ciudadanos somos justos y benéficos y, por eso, somos capaces de tratar este asunto democráticamente, con limpieza y transparencia, en unos términos respetuosos con los derechos e intereses de todos.

 

A ello he querido contribuir con estas reflexiones.

VICIOS DE LA DIZQUE GRAN DEMOCRACIA

La cuestión no es que Trump haya elegido una juez de fuertes convicciones religiosas. La cuestión es que la ha elegido porque supone que ante el casi seguro contencioso electoral que va a plantear si pierde las elecciones, esta juez va a estar incondicionalmente a su favor, para perpetrar, a través del Tribunal Supremo, otro pucherazo como el que le birló la presidencia a Al Gore en las elecciones de 2000, a pesar de haber obtenido 544 mil votos más que su oponente. Es evidente que si se da por sentado que esta juez va a estar a favor de Trump en un contencioso electoral no será por sus convicciones religiosas, porque, qué tendrá que ver la religión con los chanchullos electorales que, al parecer, favorece el sistema electoral norteamericano. De modo que lo que pone de manifiesto esta polémica, del modo más obsceno, es, por un lado, lo deficiente del sistema electoral de los EE.UU., y, por otro, la alta politización de la Justicia norteamericana.

Tal y como están las cosas, será difícil que Joe Biden no caiga en la tentación, si gana las elecciones, de aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo, para asegurarse su propia mayoría para los próximos años.

Al lado de estos tejemanejes, el whatsapp de aquel diputado del PP (Cosidó, creo que se llama), en el que se jactaba de que iba a controlar al futuro Presidente de nuestro Tribunal Supremo es un juego de niños.

Visto lo visto, no parece que tengamos mucho que aprender, tampoco,  de EE.UU., en lo que a limpieza electoral se refiere. Estos asuntos, por cierto, independencia de la Justicia y limpieza electoral, son dos elementos esenciales de la democracia. 

EL FISCAL NAVAJAS, LA EPIDEMIA, LA REBELIÓN Y OTRAS COSAS

 

El informe de la Fiscalía, en el que le propone al Tribunal Supremo que no admita las querellas presentadas contra el Gobierno de España, por los supuestos delitos que habría cometido en la gestión de la epidemia, ha desquiciado a quienes desde esta primavera están empeñados en meter en la cárcel al Presidente del Gobierno y a varios de sus ministros y otros responsables.

Las declaraciones que está haciendo el autor del informe, el Teniente Fiscal Navajas, no han hecho sino agudizar la indignación que aqueja a la legión de acusadores, a la que, al parecer, se ha unido (o ya formaba parte de ella) una serie de prominentes fiscales.

El Fiscal Navajas no se ha limitado a defender el contenido de su informe y la independencia con que lo ha emitido (por cierto y entre paréntesis, una de las razones de la exasperación de estos acusadores es la probable sorpresa que les ha causado la toma de postura del nada sospechoso Fiscal Navajas), sino que ha hecho bufa y befa de la actuación de sus compañeros fiscales de sala del Tribunal Supremo en el juicio del ‘procés’. No sólo ha criticado expresamente su empecinamiento en acusar de rebelión, sino que se ha referido con maldad al hecho de que el juicio fue televisado. Como queriendo decir, sin decirlo, que toda España pudo percibir lo poco airosas que fueron muchas de las intervenciones de los fiscales. Imposible olvidar las actuaciones de la Fiscal Consuelo Madrigal.

Las dos cuestiones que han aflorado en esta polémica (la calificación penal de los delitos cometidos por los separatistas y de los presuntos delitos cometidos por el Gobierno) tienen un hondo calado jurídico. Dejando para más adelante lo primero, lo cierto es que ninguno de los indignados comentaristas que se oyen estos días en los medios de comunicación ha aplicado otra cosa que mera brocha gorda para examinar la cuestión de si el Gobierno habría delinquido en la gestión de la pandemia. Se viene a decir: el Gobierno ha sido negligente; la negligencia ha producido graves y numerosos daños personales y materiales; ergo, el Gobierno es responsable penal. ¿De qué delito? ¡Bah!, eso es pecata minuta, cosas de juristas. Algunos, los más osados, se atreven hasta con el homicidio. Ahí queda eso, el Gobierno de España culpable de 50 mil homicidios. ¡En serio!; y no lo dice cualquiera, sino que lo sostienen prestigiosos periodistas y otros comentaristas de alto copete, sin despeinarse.

Sin circunloquios, lo que propone un amplio sector de las opiniones publica y publicada en nuestro país es meter en la cárcel al Gobierno de España por su deficiente gestión de la pandemia. Ellos dirán que lo que están pidiendo es que se les impute, no que se les condene, pero esto no sería sino un mero subterfugio. Que se les impute para investigar qué, cabe preguntarse. Todo lo que ha ocurrido desde que la epidemia asomó sus devastadoras garras, hasta hoy, es de sobra conocido por todos los ciudadanos y, si hay algún hecho o documento que permanezca oculto, solo hay que utilizar las normas de transparencia para aflorarlo. Siendo así, ¿para qué serviría una instrucción penal en este caso? Los hechos están claros y documentados, los testimonios, vertidos.

No, lo que de verdad se pretende es que el Gobierno, sin dejar de serlo, se vea sometido (y con él, el país entero) a un proceso penal de duración incierta, pero, sin duda, prolongada, que vaya minando poco a poco su prestigio y autoridad (más de lo que ya lo están), de modo que los partidos que lo apoyan pierdan toda posibilidad de seguir gobernando en el futuro. Algunas mentes calenturientas se excitan imaginándose a Sánchez, al Ministro Illa, al pobre Simón tirados en el fango de una declaración judicial, respondiendo a preguntas del Fiscal y de alguna acusación popular de independencia política acreditada. Y, ¿qué relevancia tendrían tales declaraciones; a qué preguntas deberían responder? Sólo se me ocurren ejemplos absurdos e innecesarios: ¿sabía usted que sus medidas o ausencia de ellas provocaría la muerte de decenas de miles de personas; las adoptó usted o dejo de adoptarlas con tal propósito o, al menos, se lo representó como probable?

No me quiero detener en las desastrosas consecuencias de esta irresponsable política de tierra quemada, pero es inevitable citar algunas: inestabilidad política y económica extremas, desprestigio internacional de España, debilitamiento del Estado para afrontar los retos internos de carácter separatista y otros…

La calificación penal de las conductas de los líderes separatistas, la otra cuestión de calado jurídico suscitada por el Fiscal Navajas, no es menos controvertida. La indignación que me produjo el desafío separatista llevado a cabo desde las propias instituciones me llevó, en su momento, a dar por buena la rebelión y a sentirme parcialmente defraudado con la sentencia finalmente dictada, condenando por sedición, aunque a severas penas de prisión. Pero, el transcurso del tiempo me ha hecho ver las cosas de otra manera. Tanto la rebelión, como la sedición parecen formuladas en el Código, más pensando en las conductas propias de los espadones decimonónicos, que en la actividad claramente subversiva y merecedora de reproche penal que llevaron a cabo los líderes políticos y sociales separatistas. Pero, debemos reparar en que una de las garantías más valiosas y más necesitadas de respeto en un Estado de Derecho es la de que nadie puede ser condenado por unos hechos que no constituyan delito en el momento en que se producen. Las sociedades evolucionan y no siempre (o casi nunca) las leyes lo hacen acompasadamente. En esta tesitura, mi impresión es que el Tribunal Supremo fue consciente de todas estas circunstancias cuando tuvo que dictar sentencia. Las conductas enjuiciadas no encajaban adecuadamente en ninguno de los dos tipos penales que tenían a mano y, considerando que eran socialmente reprobables, decidió condenar por aquel delito que llevaba aparejadas penas menos graves, pero las impuso en su grado superior. Que basara su decisión en la idea de la ensoñación que habrían padecido los acusados me parece una cuestión menor, en vista de las dificultades de aplicación de la norma penal a las que se enfrentaba. Yo rompo claramente una lanza en favor de Marchena et alii. Para ellos habría sido mucho más fácil y defendible en derecho y, además, de un modo prácticamente inapelable, absolver a los acusados, por falta de tipicidad penal de sus conductas, que condenarles. En cambio, su sentencia condenatoria va a quedar expuesta durante años a una serie de vicisitudes, con un alto riesgo de ser total o parcialmente revocada por tribunales superiores. Riesgo muy inferior o inexistente, en caso de absolución. Y encima ha dejado insatisfechos a sus exigentes y, en algunos casos, hiperventilados críticos.

Del Fiscal Navajas no tenía ninguna opinión hasta ahora. Cuando ha salido su foto en los medios estos días, por su aspecto, me ha parecido que no desentonaría actuando como acusador en el Tribunal de Orden Público franquista. Por lo que se sabe de su trayectoria, nadie ha dicho, ni parece que se pueda demostrar que haya tenido, en el pasado, un comportamiento obsequioso con los gobiernos de izquierda; ni quizá lo contrario. Es decir, un buen funcionario. Pero, sobre los dos asuntos a los que me he referido, creo que lo avalan sólidas razones. No dudo de que juristas solventes, entre ellos, sus compañeros en la Fiscalía, también las tendrán. Pero a mí me parecen más atendibles las de Navajas y me alegraré si prevalecen. Por el bien de España y por mi propio bien.

VICENTE, ARTESANO DE FIBRAS VEGETALES

En la oficina del Catastro ya nadie recordaba los cometidos de Vicente cuando acudía a diario a trabajar, a pesar de que aún no se habían jubilado algunos funcionarios que coincidieron con él en aquella época. Vicente era auxiliar de agrimensura de segunda, un residuo de unos tiempos en los que los peritos agrimensores del Catastro desplazaban pesados utensilios para sus mediciones de fincas y solares. Enormes trípodes metálicos, teodolitos, telescopios, brújulas y escuadras requerían el auxilio de subalternos que cargaran con la impedimenta.
El Reglamento del Personal del Catastro describía someramente el catálogo formal de las funciones que correspondían a las distintas y variopintas categorías. Los auxiliares de agrimensura debían asistir a los peritos agrimensores en todo aquello que requiriera el ejercicio de su función facultativa y que no fuera adecuado al rango y condición de éstos, como el transporte de utillaje, el desbroce de matojos, el acarreo de leña para encender candelas con las que calentarse en las frías mañanas invernales en el campo, y demás funciones análogas y propias de su función subalterna. La categoría de auxiliar de agrimensura se dividía en las subcategorías de auxiliar de primera y auxiliar de segunda, correspondiéndole a la primera la dirección de los equipos de auxiliares de segunda donde existieren y el auxilio a los peritos en tareas sencillas que no exigieren conocimientos específicos de cualquier oficio o profesión de los mencionados en el propio reglamento. A los auxiliares de segunda les quedaban, pues, las más bajas funciones del escalafón.
Vicente había conseguido el trabajo merced a su condición de huérfano de guerra. Empleos patrióticos, se llamaban entonces, emparentando con otras rancias instituciones, como los aprobados patrióticos de los exámenes de Estado y otras graduaciones, las concesiones patrióticas de establecimientos de venta de productos estancados y otras sinecuras, de las que disfrutaban las personas cuyo infortunio merecía la vitola de patriótico.
En sus primeros días en el Catastro enrolaron a Vicente en equipos que salían al campo a hacer mediciones y otros trabajos. Su complexión enclenque y su abulia para todo aquello que comportara un esfuerzo físico excesivo y, en general, para cualquier actividad que no estuviera comprendida en el exiguo catálogo de sus caprichos e inclinaciones, dieron al traste con una prometedora carrera de auxiliar de agrimensura de segunda.
Su completa falta de actitud y, probablemente también, de aptitud, para el trabajo lo fueron desplazando poco a poco en la oficina, hasta que acabó arrumbado en un oscuro rincón, bajo una escalera, uno de los pocos lugares exentos del Catastro, que no estaba colmado de carpetas y legajos amarillentos, llenos de polvo e insectos xilófagos, que devoraban sin descanso los lomos de madera de los libros de registro y matriculación de fincas.
Allí encontró cobijo los últimos años que acudió al trabajo (es un decir), allí creó su covachuela, a la que acudía a diario y en la que desarrolló, con la amplitud que le brindaba la incuria del Catastro, su actividad de artesano de fibras vegetales.

Vicente era un tipo no del todo desmañado. Su madre lo había llevado, cuando tenía doce años, a aprender un oficio a uno de los pequeños y artesanales talleres de muebles de la calle Feria. Recelaba de los perfiles cortantes de sierras y serruchos y de los filos acerados de formones, gubias y garlopas, herramientas imprescindibles todas ellas para trabajar los duros y leñosos troncos y tablones de la mueblería. De modo que, tras varias semanas en las que su única actividad fue puramente contemplativa, más allá de arrimar aquí o allí cualquier herramienta, pieza o enser que le demandaran los operarios del establecimiento, empezó a interesarse por las labores que se realizaban con toda clase de fibras vegetales. En aquella mueblería no sólo se hacían muebles, en el estricto sentido de la palabra, sino también, cestos, serones, persianas, esteras, y, aún en algunos muebles, como sillas, sillones y mecedoras, se empleaban las fibras vegetales por las que tempranamente se interesó Vicente. De modo que la materia prima del taller, no sólo era la madera, sino los juncos para la enea, el esparto, la fibra de palmito, la yuca y el mimbre.
Pronto pudo el aprendiz ejercer sus habilidades manuales y ser éstas apreciadas por el dueño del taller, que cada vez le confiaba manufacturas más complejas, llegando a ser, con el tiempo, el principal especialista en la materia, no sólo del taller, sino de toda la calle Feria.
Cuando empezó a trabajar en el Catastro, Vicente tenía mujer y tres hijos de edades muy seguidas. El nuevo empleo fijo logró apenas hilvanar un vínculo que se hallaba completamente descosido, merced al abandono y la indolencia de Vicente. Desde que cerró el taller en el que trabajaba, las cosas habían ido de mal en peor. Sus intentos de establecerse por su cuenta como artesano de fibras vegetales, como a él le gustaba llamarse, chocaron con su mente atolondrada, su indisciplina y, a qué negarlo, su falta absoluta de recursos, consistentes, apenas, en unos pocos útiles que había logrado rescatar de la ruina del taller. Se había hecho imprimir unas tarjetas con su nombre y, debajo, su profesión y domicilio. Cuando recogió el paquete de la imprenta dedicó una tarde a meter las tarjetas en los buzones. Decidió empezar por un barrio muy alejado de su casa, de modo que, tras dos días de intenso buzoneo, terminó con las tarjetas, sin que ninguna persona que residiera a menos de una hora a pié de su casa tuviera noticia de su existencia.
Las pocas personas que se presentaban en su casa demandando sus servicios eran enviadas por el dueño del bar en el que tomaba café cuando trabajaba en el taller y debían volver varias veces, ya que Vicente nunca estaba.
De este modo, la familia malvivía con los escasos recursos que allegaba la actividad de Vicente, apenas redondeados por los esporádicos trabajos de servicio doméstico de su mujer, interrumpidos en aquellos años, cada cierto tiempo, para el alumbramiento y crianza de su reiterada e inoportuna prole. Ella tenía decidido abandonarle a su suerte cuando el empleo patriótico detuvo temporalmente sus planes de huida, que Vicente ignoraba por completo, como ignoraba todas las circunstancias usuales y cotidianas de la familia, como las edades de sus hijos y aún, a veces, su propia mismidad, la necesidad de pagar trimestralmente la luz y el agua y tantas otras cosas sin las que resulta inconcebible la mera existencia.

En el Catastro, Vicente ideó la confección de unas octavillas para darse a conocer a las personas que acudían a aquella oficina a realizar toda clase de gestiones. Con ayuda de la máquina multicopista y de un ordenanza, la única persona que le prestaba algo de atención, aprovechó una solitaria tarde para imprimir más de mil octavillas en las que ofrecía sus servicios. El impreso era una abigarrada enumeración de las prestaciones ofrecidas y terminaba indicando las señas de contacto: “calle Lepanto, 23 (era la sede del Catastro), 3ª planta. Preguntar por Vicente.” Durante unos días, por la mañana, se colocó en la puerta del Catastro y entregó a todos los visitantes una octavilla, recitándoles su contenido e instándoles a leer atentamente el catálogo de servicios.
De vez en cuando se acercaba algún cliente a la covacha de Vicente para hacerle encargos o llevarle toda clase muebles y enseres para reparar. Vicente trabajaba en su casa y en aquel cubículo al que había sido confinado. La actividad que desarrollaba no era en sí molesta ni interfería el mostrenco discurrir de las funciones del Catastro. Su labor de trenzado y anudado de los materiales con los que trabajaba era callada y el polvo y los residuos que generaba su industria, lejos de desentonar en el ambiente general de aquella oficina calamitosa, se integraban perfectamente en ella.
Un buen día, Vicente cayó enfermo de unas extrañas fiebres que le hicieron delirar durante varios días. Su mujer asistió a aquel proceso con el fastidio que le producía tener que atender a cuatro seres inermes, en lugar de a los tres a los que estaba acostumbrada.
Sin atención ni medicación alguna, Vicente superó aquellas insidiosas fiebres que produjeron en él una transformación, sólo percibida por su mujer después de algún tiempo. Salía de casa todas las mañanas con el mismo horario anárquico de antes de la enfermedad, pero, en lugar de ir al Catastro, vagabundeaba día tras día por la ciudad sin rumbo fijo ni objetivo conocido y volvía a casa a comer, como si tal cosa. Su aspecto hosco y desaliñado empeoró algunos grados, pero, por lo demás, nada parecía haber cambiado. A fin de mes, su mujer le reclamó la parte correspondiente de su salario y él, encogiéndose de hombros, le dio unas pocas monedas que sacó del fondo del bolsillo del pantalón. La penuria de la familia degradó aún más la precaria estabilidad de sus integrantes, encarnando de modo ejemplar el adagio del perro flaco y las pulgas.
En el Catastro echaban en falta a Vicente, lo que no quiere decir que le echaran de menos. Nadie se extrañó verdaderamente de la ausencia de un individuo tan raro, pero sí causó sorpresa que no acudiera a fin de mes a recoger el sobre de la paga, ni enviara a nadie en su lugar. Esta circunstancia desencadenó una serie de reacciones que terminarían por ser fatales para el futuro de Vicente. La pesada maquinaria del Catastro no estaba preparada para digerir el extraño suceso de un sobre incobrado. Nadie sabía qué hacer con aquel sobre, que al cajero, a su superior, al superior de su superior y al jefe de la oficina les quemaba en las manos. La ausencia del interfecto en su puesto de trabajo pasaba a un segundo plano, suponiendo que alguna vez hubiera estado en alguno, cediendo en importancia a la enjundiosa cuestión del sobre declinado. Se formuló consulta al Ministerio, que impartió precisas instrucciones para proceder sobre los haberes rehusados y el renuente empleado. Transcurridos tres meses de inasistencia reiterada al puesto de trabajo, se dará de baja en la plantilla y en la nómina al remiso funcionario, sin más trámite, reintegrándose los haberes no cobrados al Tesoro, decía el oficio del Ministerio. Y así se hizo.
Su familia, compelida por necesidades más perentorias que las que animan el funcionamiento administrativo, no pudo esperar los tres meses reglamentarios. Dos semanas después de que Vicente le diera a su mujer unas monedas, en lugar de la paga, una mañana, ella cogió a los tres niños, los pocos enseres que valía la pena conservar y, con ayuda de un familiar, se marchó de aquella casa que no era suya, sin decir nada y para siempre.
Cuando, a la hora de comer, Vicente llegó a casa, incluso una mente distraída como la suya pudo percibir que se encontraba completamente vacía. Pero su cerebro apenas cedió espacio a las señales inequívocas de que su mujer se había ido para siempre y se había llevado a sus hijos. En cambio, le invadió un ligero fastidio cuando comprendió que no tenía nada que comer, ni modo de procurárselo por medios normales. Se sentó en la única silla que había quedado, una vieja silla de enea, cuyo dueño no la había ido a recoger, después de repararla, y se quedó mirando bobamente el paisaje desnudo que le rodeaba. Salió a la calle y vagó sin rumbo durante unas horas. Al caer la tarde, el hambre, el frío y la sed espolearon su espíritu. Con un hilo de esperanza decidió dirigirse hacia el viejo barrio de su infancia. Pasó por el portón abandonado del taller en el que cultivó las escasas dotes que le había otorgado la vida y, sin mucha conciencia de su itinerario, se encontró llamando al desportillado timbre de la Reme, una vieja prostituta de la Alameda que conocía desde sus tiempos de aprendiz. La Reme fue su iniciadora en el arte de amar, si puede llamarse así a los urgentes y sórdidos encuentros iniciáticos que tuvo con ella en su adolescencia, incitado por los obreros de la mueblería. La mujer le cogió cariño a ese chaval atolondrado que apenas hablaba y la trataba de usted y Vicente veía entonces en esa mujer de edad madura a la única persona en el mundo que le daba afecto, de modo que fue creándose entre ellos un vínculo que había durado hasta entonces. Durante toda su vida, Vicente la visitó de cuando en cuando, a veces, sólo para pasar un rato sentado a su lado, sin hablar necesariamente de nada, buscando sólo un calor que no tenía en ningún otro sitio. La Reme le ponía una cerveza fría y él se lo agradecía con una sonrisa o, eventualmente, reparándole algún desperfecto de la casa que estuviera dentro de sus cortas capacidades.
Cuando la Reme abrió la puerta él sólo le dijo que tenía hambre, necesidad que ella le satisfizo, no sin extrañeza, sin preguntarle nada.
A los pocos días de quedarse solo, cortaron la luz y el agua en su casa, lo que agudizó, si aún más cabía, el ambiente inhóspito de la estancia. Vagaba todo el día por la ciudad, acompañado de un cesto de mimbre que llevaba bajo el brazo, en el que parecía ocultar algo bajo un sucio trapo de cuadros que, en realidad, no ocultaba nada. Se movía con modales extravagantes que, aunque inofensivos, generaban inquietud en los viandantes. Pronto fue conocido en toda la ciudad y la gente murmuraba en voz baja al verlo: ahí va el aventado de Vicente. Entre sus chocantes ademanes repetía frecuentemente uno que le hizo famoso. Daba en acercarse peligrosamente a los vehículos que se encontraban en tránsito y, con un gesto incongruente, como de mirar a lo lejos, con la palma de la mano extendida sobre la frente, como un apache, caminaba junto a los coches que circulaban, observando tras los cristales a sus ocupantes, tal si buscara identificar entre ellos a un conocido. Se corrió por toda la ciudad la estúpida leyenda de que a su mujer la había atropellado un coche y que el pobre y perturbado Vicente buscaba desconsolado entre los automovilistas al homicida.
Al caer la noche, solía aparecer por casa de la Reme en busca de sustento, que ella le procuraba sin entusiasmo, pero sin queja. Los días de lluvia y muchos otros se quedaba a dormir en una sucia colchoneta de gomaespuma que la Reme le preparaba junto a su cama.

Uno de los días en que durmió en su propia casa lo despertaron a una hora desusada para él unos fuertes golpes en la puerta. Medio amodorrado, abrió la puerta y se encontró a tres personas, encabezadas por una de ellas que llevaba la voz cantante y escoltadas por una pareja de guardias armados. Quien parecía gobernar aquella operación se dirigió a Vicente por su nombre y le hizo saber, en una jerga ininteligible para él, que su casa había sido embargada por el recaudador, por impago contumaz de los impuestos municipales y del suministro de agua y electricidad de la vivienda. Comoquiera que la cara de Vicente denotaba que no había entendido nada de la jerigonza burocrática del agente recaudador, este decidió traducírselo a román paladino y le dijo que había perdido su casa por no pagar al Ayuntamiento la contribución, la luz y el agua, que se encontraban allí para lanzarlo de la vivienda y que tenía cinco minutos para recoger los enseres que quisiera conservar. Vicente comprendió el trance en que se encontraba con una rapidez inusitada, a lo que, sin duda, contribuyó la presencia de los dos guardias armados. Con un gesto de asentimiento entró de nuevo en la casa y salió a los pocos instantes, encontrando al grupo reunido a pocos metros de la puerta. Caminaba cabizbajo con ademán de derrota y abandono y, al pasar cerca del grupo se aproximó ladinamente al recaudador y, blandiendo una enorme gubia de veinte centímetros de hoja, que llevaba oculta en el cuerpo, se la hundió en el esternón con todas sus fuerzas.

EL AUTO DEL TSJC ES UN ERROR

El Auto cuyo enlace he puesto en una entrada anterior de este muro tiene toda la pinta de ser producto de un ataque de celos/soberbia de la instructora, que ha decidido convertirse en la ministra del Interior, de cara al 1-O. No entiendo lo que está pasando y no barrunto nada bueno. Lo que hace falta para encarar los peliagudos problemas de orden público que se avecinan de aquí al 1-O es una acción ejecutiva del dispositivo de seguridad y orden público del Estado en su conjunto, coordinado por la autoridad central, como ya prevé la Ley. Ni siquiera la fiscalía está concebida hoy en España para actuar como ha pretendido hacerlo el Fiscal Jefe de Cataluña.

¿Se imaginan ustedes una revuelta universitaria o laboral de alto voltaje, en la que el mantenimiento del orden público lo asuma un juez, con la excusa de que la revuelta está relacionada con un asunto que se ventila en su juzgado? Esto es un disparate y no va a acabar bien. Supongo que a la instructora le habrán encargado un casco, un chaleco antibalas y demás archiperres para estos días. O ¿qué pretende, parar el golpe desde su despacho y descansando el fin de semana? Cuando el domingo a primerísima hora las fuerzas de orden público se vean imposibilitadas de desalojar ciertos locales sin el empleo de la máxima violencia, ¿va a ser esta juez la que diga lo que hay que hacer?

Los costes de la no España

Unión Progreso y Democracia ha promovido un documento elaborado por expertos del propio partido e independientes, con el objetivo común de analizar con rigor, coherencia y serenidad todas las contradicciones y falacias que se encuentran tras la estrategia secesionista, así como valorar los costes directos e indirectos (económicos, sociales, políticos, etc...) que este proceso tendría para todos los españoles, incluidos los propios ciudadanos catalanes y vascos.

El documento tiene una presentación de Fernando Sabater y un Epílogo de Mario Vargas Llosa.

El primero dice, entre otras cosas, que "La actual situación social y política ha adquirido en España una vocación suicida de la que muchos parecen desentenderse y otros, aún peor, alegrarse. Tras el franquismo, había en España un lógico deseo de diversidad, pero la oferta descentralizadora más ambiciosa de nuestra historia ha tenido el efecto contrario al buscado: todo lo local se ha visto glorificado mientras que cuanto se compartía con el resto del país se ha llegado a minimizar como una subordinación vergonzosa. Décadas de desidia han fragmentado la conciencia ciudadana, reforzando cualquier diferencia del vecino como legítima y deslegitimando en cambio cualquier reivindicación unitaria como reaccionaria. Se ha reinventado un nuevo avatar del clásico caciquismo hispano: un

bipartidismo “de facto” que se apoya en nacionalistas regionales a cambio de dejarles manos más o menos libres en su territorio. Así se explica la resignación ante prácticas neofranquistas como la inmersión lingüística que arrincona y proscribe la lengua común, o las concesiones en temarios escolares aberrantes de historia, geografía, etc… (...)

El derecho a decidir que reclaman los nacionalistas es en realidad el derecho a exigir que los demás no intervengan en las decisiones sobre lo que consideran territorio exclusivamente propio.

Este Informe que presentamos no se dirige a catalanes, vascos, gallegos o andaluces en exclusividad, sino a ellos y a todos los demás: es decir, no a los nativos sino a los ciudadanos españoles. Su objetivo es informar de quiénes somos políticamente, de lo que está en juego en los retos separatistas y de lo que podemos perder por desidia o indiferencia, pérdidas que van ciertamente más allá de los indudables perjuicios económicos. Queremos despertar una respuesta política al separatismo no sólo entre ciudadanos afincados en tal o cual región sino en todos los del país porque, aunque nadie puede decir con razón que España le roba, sí que tenemos buenas razones para alarmarnos de que quieren robarnos España."

Y Vargas Llosa termina su Epílogo diciendo que "El nacionalismo, los nacionalismos, si continúan creciendo en su seno como lo han hecho en los últimos años, destruirán una vez más en su historia el porvenir de España y la regresarán al subdesarrollo y al oscurantismo. Por eso, hay que combatirlos sin complejos y en nombre de la libertad."

El resumen ejecutivo del documento lo puedes descargar aquí y el vídeo de presentación lo puedes ver aquí.

Antes que catalanes, pobres

Así termina el artículo de Andrés Trapiello hoy en El País:

"Un día la visión se desvanecerá y muchos se preguntarán: ¿qué vimos? Y otros: ¿estábamos ciegos? Tal vez ese día alguien recuerde que, en efecto, antes de la independencia los catalanes pagaban más (como los madrileños, por cierto) no porque fuesen catalanes, sino porque eran más ricos; y que estos, los ricos, no se sabe cómo sugestionaron a tantas gentes haciéndoles creer durante un tiempo, hasta que llegó la independencia, que antes que pobres eran catalanes. Lo probable es que después de la independencia estos mismos vuelvan a ser lo que siempre fueron: antes que catalanes, pobres."

Un árabe crítico

Este vídeo es una parte de una entrevista con el historiador saudí Hani Naqshbandi, en la que sostiene una interesante posición acerca de la presencia árabe en España en la Edad Media. A continuación te transcribo la parte de la entrevista que aparece en el vídeo, tal y como resulta de los subtítulos.

- Entrevistador: Ha provocado usted un incendio con sus comentarios acerca de España, al decir que los árabes deberían disculparse por lo que usted describe como una 'ocupación'. Esto no ha sido bien recibido por mucha gente. ¿No cree haber exagerado?

- Naqshbandi: Yo creo que nosotros mismos, los que nos oponemos a la ocupación, practicamos la misma clase de ocupación. Nosotros luchamos contra la ocupación francesa en el norte de África y contra las ocupaciones francesa y británica de Oriente Medio, pero practicamos el mismo tipo de ocupación en España.

- E: Sí, pero el Islam se propagó allí durante los tiempos obscuros de la Alta Edad Media en Europa.

- N: Todo lo escrito en nuestros libros de historia debería ser reexaminado. Presentamos a Europa como sumida en la obscuridad y en la ignorancia, hasta que aparecimos nosotros para iluminarlos. Mi querido amigo, en Arabia Saudí todavía hay poblaciones sin luz eléctrica. Adonde quiera que vas en el mundo árabe, en Egipto, en Marruecos, encuentras pueblos en los que la gente vive todavía como el hombre de las cavernas. En vista de eso, ¿Se puede decir que nosotros llevamos a Europa la civilización?

- E: ¿Y qué me dice de Córdoba?

- N: Mire usted, yo he vivido en España. Bueno, realmente, no he vivido, pero he viajado allí muchas veces y he ido a sus museos y bibliotecas. ¿Qué clase de civilización dejaron los árabes en Andalucía? Usted ha mencionado Córdoba. Es una ciudad española. ¿Qué cosas nuevas dejaron los árabes allí? Incluso la mezquita omeya era una iglesia que ellos convirtieron en mezquita, justo como la mezquita omeya de Damasco, que aun hoy mantiene la apariencia de una iglesia.

- E: ¿De modo que enseñamos una historia equivocada en nuestras escuelas?

- N: Por supuesto.

- E: ¿Quién creó la imagen de Andalucía que tenemos en nuestra mente?
- N: Hay gente que me ataca porque su imagen de Andalucía es una Andalucía de canciones y mujeres bailando, o la Andalucía que ven en las telenovelas, con fuentes de agua, árboles y mujeres hermosas. Esto no es Andalucía. Andalucía fue una tragedia política real. No es verdad que los árabes difundieran el Islam allí. ¿Es España un país musulmán? Pero si es el cenit del catolicismo en el mundo.

Monago pirómano

El Presidente de Extremadura, Sr. Monago anuncia la prodigiosa hazaña de la bajada del IRPF en su región. El Sr. Monago baja el IRPF presumiendo de unas finanzas públicas saneadas. Y omite que sus finanzas están saneadas, gracias a una sentencia que le ha reportado una financiación adicional de 300 millones de euros, un auténtico tesoro para la Hacienda Pública extremeña. En lugar de destinar el dinero a reducir endeudamiento, fomentar el crecimiento económico o reducir los recortes en los servicios públicos, ha decidido la simpática 'aznarada' de la reducción de impuestos.

Esta medida, además de otras muchas contraindicaciones, tiene la de darle combustible a los secesionistas catalanes que dirán, una vez más y ésta con razón, que sus impuestos sirven para que se los ahorren los extremeños.

El Sr. Monago es un pirómano irresponsable y los extremeños no deberían volver a votarlo

La TV pública griega desmantelada.

Si he entendido bien las informaciones, el Gobierno griego no se propone eliminar de plano y para siempre la televisión pública. Cuando empezó la crisis griega pudimos enterarnos de que las estaciones del metro de Atenas tenían aire acondicionado, el salario medio de sus trabajadores era de 60 mil euros/año y los controles de acceso a los viajeros brillaban por su ausencia. Si la televisión pública griega está (des)-organizada con similares criterios, y parece que sí, lo que ha hecho el Gobierno es lo único posible. Es decir, si se quiere acabar con un tinglado resistente, antes de que el tinglado acabe con uno, no hay otra manera de hacerlo y yo no puedo sino alabar la valentía política del gobierno griego.

Es más, creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, no sólo agradecen, sino que admiran esos gestos. Como admiré en su momento la decisión de Reagan de despedir al 85% de los controladores aéreos norteamericanos que se negaron a deponer su actitud huelguista salvaje y aprobar una ley que impedía su recolocación como controladores. Por cierto, se trata de una convicción o un sentimiento o las dos cosas, perfectamente compatible con mi convencional anti-reaganismo, del que con el tiempo y las lecturas de Paul Krugman estoy cada vez más convencido.
Un coraje como ese nunca lo vimos por estos pagos. Antes al contrario. Arias Salgado o Cascos, ya no lo recuerdo (quizá los dos), hicieron literalmente multimillonarios a los controladores aéreos y Blanco apenas les dio un pequeño ‘pellizco de monja’.
En fin, una vez desmantelado el monstruo insaciable es el momento de poner en marcha un adecuado canal de televisión pública. Eso es lo que, al parecer, se propone hacer el gobierno griego.

¿Cuántos momios como este hay en España, pendientes de un gobierno resuelto?

Una visión desde Europa

The Law of the European Union: An Introduction

Jun 10th 2013

Acabo de empezar un curso 'online' de la Universidad de Leiden (Holanda), una de las universidades más prestigiosas de Europa y casi del mundo. El curso es una introducción al Derecho de la Unión Europea y, el libro de texto que sirve de apoyo, hablando de la ampliación de la Comunidad Europea que se produjo entre 1981 y 1986, de Grecia, España y Portugal, se expresa así:

"1.4.1.2 Second expansion

The second expansion actually consists of two smaller expansions spread over five years, when Greece joined in 1981 and, after protracted periods of negotiation, Spain and Portugal entered in 1986. None of these three countries was economically in a strong position in relation to the existing member states, and in view of this all were regarded by some as unfit for membership. Politically, however, their acceptance into the Communities was regarded as crucial to support the recently emerged democracies in all of these countries after varying periods of authoritar- ian or dictatorial right-wing rule, and further, to act as a counter force to any possible violent reaction to the left and possible establishment of governments sympathetic to Moscow. The Cold War still featured prominently in this period of history; hence entry was facilitated sooner than economic conditions might have permitted."

Que viene a significar, más o menos, esto:

"La segunda ampliación consistió realmente en dos pequeñas ampliaciones distribuidas a lo largo de cinco años, cuando Grecia se integró en 1981 y, tras un prolongado periodo de negociación, entraron España y Portugal. Ninguno de estos tres países se encontraba en una robusta posición económica en relación con los estados miembros existentes y, en vista de ello, algunos consideraron que ninguno de ellos era apto para la integración. Políticamente, sin embargo, su aceptación en las Comunidades fue considerada como crucial, en apoyo de las recién estrenadas democracias en todos estos países, después de distintos períodos de dictaduras o gobiernos autoritarios de derechas y, además, para contrarrestar cualquier posible reacción violenta hacia la izquierda y el posible establecimiento de gobiernos con simpatías hacia Moscú. La Guerra Fría todavía estaba muy presente en este período de la historia; por ello, se facilitó la entrada antes de lo que las condiciones económicas hubieran permitido."

El libro en el que figura este párrafo fue editado en julio de 2012 por Oxford University Press, la editorial de la Universidad de Oxford. Es decir, se trata de una obra reciente y no es, a priori, un panfleto contra la Europa del Sur, sino un libro de Derecho.

Esto es lo que piensan, más o menos, los europeos de cómo éramos nosotros en 1986. De algún modo nos hicieron el favor de admitirnos en su club, pero casi, para que no cayéramos en manos soviéticas.

¿Tú crees que ha cambiado mucho su opinión sobre España, sobre todo en vista del desastre de paro, depresión económica y corrupción en el que estamos postrados?

Yo creo francamente que no. Por eso, la idea que tienen algunos, y el Gobierno de modo prominente, de que Europa no permitirá la secesión de Cataluña, me parece un profundo error. Si llega el caso, Europa preferirá mil veces a un socio más pequeño, rico, dinámico y más cercano geográficamente, que a un gigante menesteroso y pedigüeño, en el que se alancean toros todos los veranos en un espectáculo de sangre y moscas, cosa que, por cierto, ya casi no ocurre en Cataluña.