SOBRE EL ASESINATO DE CHARLIE KIRK

 El asesinato del activista de extrema derecha norteamericano Charlie Kirk está ocasionando una nube de comentarios en medios de comunicación y redes sociales. Todo el mundo se ha creído facultado para opinar sobre un asunto tan delicado y problemático, de modo que yo no voy a ser menos.

Bueno, en realidad, no voy a expresar mi opinión, sino que me voy a remitir a la que ha publicado el escritor Ricardo Dudda en The Objective, con la que coincido plenamente y de la que me interesa destacar las siguientes ideas:

1ª. “En democracia, nada justifica un asesinato político. Charlie Kirk estaba expresando sus opiniones en público y fue asesinado por esas opiniones. Su asesino quizá era un perturbado, pero era un perturbado con un móvil ideológico.”

2ª. “Su identidad política (la de Charlie Kirk) era la crueldad, que es quizá la característica básica del nuevo trumpismo: una crueldad sin matices, sin medias tintas (...). La crueldad ya no es un daño colateral, sino el objetivo principal. No solo busca, por ejemplo, expulsar a inmigrantes (...), quiere humillarlos en cárceles inhumanas.”

3ª. “Sus adversarios políticos llevan defendiendo durante décadas cambiar la legislación que ha permitido que ocurriera su asesinato. Si su asesino no hubiera podido adquirir un rifle de francotirador con 22 años, Charlie Kirk seguiría vivo. Y sus adversarios podrían haber seguido debatiendo con él de manera civilizada.”

https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2025-09-13/paradoja-charlie-kirk-articulo-dudda/

GOLPE AL APARTHEID LINGüISTICO EN CATALUÑA

 

Como es bien conocido, en Cataluña el castellano ha desaparecido prácticamente de los centros escolares, ocupando un lugar análogo al que ocupa el inglés. De modo que todas las asignaturas se imparten en catalán (probablemente, incluso el castellano se imparta en catalán) y todas las comunicaciones escritas, señalización de los centros, documentación administrativa, etc., se producen exclusivamente en catalán.

Ningún gobierno de España se ha opuesto a este apartheid lingüístico, recurriendo las disposiciones legales que han implantado este estado de cosas a lo largo de los años, de modo que han tenido que ser entidades y personas privadas las que han combatido esta abyecta política interponiendo los recursos pertinentes ante los tribunales.

Estimando algunos de estos recursos, hace unos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció la obligación de que todos los centros docentes públicos catalanes impartieran, al menos, un 25 % de las materias en castellano, siendo troncales, al menos, alguna de ellas. Es evidente que esa tasa del 25 % fue y es una muestra evidente de entreguismo al marco establecido por el separatismo. Lo lógico hubiera sido imponer el 50 % y la mitad de las asignaturas troncales, pero parece ser que a los magistrados del TSJC debieron de temblarles las piernas ante tamaña ofensa al separatismo. Lo cierto es que las asociaciones más comprometidas con la defensa del castellano en Cataluña, digamos, que se conformaron con ese 25 %.

Pues bien, el anterior gobierno de la Generalidad, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), con el acuerdo expreso del Partido Socialista (PSC/PSOE), dictó un decreto con la finalidad de impedir la aplicación de las sentencias del TSJC sobre el 25 % de castellano en las aulas. Esta es la verdad de lo que ocurrió: el gobierno de una región española utilizó sus facultades normativas para sortear las sentencias de los tribunales. De modo que una de las entidades que mencioné anteriormente, concretamente, en este caso, la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) impugnó este Decreto infame y ha conseguido que el TSJC anule los artículos de la norma que violan más groseramente los principios constitucionales sobre el uso de las lenguas. Te hago notar que una de las características de esta lucha, que se manifiesta en el propio nombre de la asociación, es que no persigue una escuela en español, sino una escuela bilingüe y no inmersiva en catalán, como es la que sufren cada año decenas de miles de niños catalanes. Y de otras partes de España, pero de eso hablaremos otro día.

El separatismo catalán ha reaccionado a la sentencia del TSJC como un solo hombre. En la imagen que acompaño a este artículo puedes contemplar el estado de la página principal del medio informativo separatista más leído en castellano (elnacional.cat), a las pocas horas de conocerse la sentencia. Las seis primeras informaciones de este medio se refieren a la sentencia y a su valoración por los sectores separatistas, llegando a calificar la resolución judicial de “golpe de Estado”.

Ahora gobierna en Cataluña el Partido Socialista y su líder y presidente de la Generalidad, el melifluo Salvador Illa, al conocer la sentencia ha manifestado que no va a permitir que nadie (se entiende que tampoco los tribunales) meta sus narices en la ciénaga del apartheid lingüístico catalán y, en el colmo del cinismo, que tampoco va a permitir que nadie haga política con la lengua.

Aquí procede un breve excurso sobre este asunto de hacer política con la lengua. Como ha dicho el catedrático de la Universidad de Barcelona Rafael Arenas, “esta exclusión del español tiene una clara motivación política: que la escuela sirva al propósito nacionalista de construcción nacional, en el que la extensión del uso de la lengua y la consolidación de la percepción de que el castellano es una lengua impuesta en Cataluña son esenciales. Es decir, los nacionalistas han convertido la escuela en un instrumento político. Y tras conocerse la sentencia, el presidente de la Generalitat lanza un mensaje en el que condena la utilización política de la lengua. ¡Vamos hombre! ¡Si los primeros que utilizan políticamente, y de forma expresa, la lengua son los nacionalistas (socialistas incluidos)!”

Para hacernos una idea de la naturaleza de esta política de la Generalidad de Cataluña nos vamos a servir de un ejemplo. Imaginemos a un ayuntamiento que decidiera mediante un acuerdo del pleno que los servicios de limpieza municipales se van a dedicar en exclusiva a la limpieza de los barrios en los que residen las personas más ricas y prósperas del municipio, abandonando la limpieza del resto. Una asociación de vecinos impugna ante los tribunales esta decisión del pleno municipal y consigue que el tribunal obligue al ayuntamiento a dedicar, al menos, el 25 % de los recursos de los servicios de limpieza a los barrios menos favorecidos. Como respuesta, el ayuntamiento adopta otro acuerdo en el que señala que en la distribución del empleo de los recursos de limpieza municipales entre los diferentes barrios no se tendrán en cuenta porcentajes ni cuotas, manteniendo su decisión de solo limpiar los barrios más ricos. El alcalde, además, habría añadido que no va a permitir que los tribunales interfieran en las decisiones municipales y que tampoco va a permitir que nadie haga política con la limpieza.

Esta analogía que he empleado para delatar la extrema perversidad de la política lingüística de la Generalidad de Cataluña resulta de lo más apropiada. Ten en cuenta que la proporción entre quienes tienen el catalán y el castellano como lengua materna en Cataluña es actualmente de alrededor del 35/55 en términos de porcentaje y, lo que es más importante, que entre el 55 % de catalanes que tiene como lengua materna el español se encuentra la práctica totalidad de las personas integrantes de las capas más desfavorecidas de la sociedad catalana. En este sentido, obligar a los escolares de estas familias a estudiar en una lengua que no es la suya es, en primer lugar, de una crueldad inconcebible. Pero, además, condenar a la mitad de la población al fracaso escolar y a una formación deficiente, debido a la instrumentalización política de la lengua en la escuela es de una torpeza inaudita, ya que esta política solo redunda en el empobrecimiento cultural y educativo de la sociedad. Y no solo eso, sino que, como correlato de lo anterior, otra de las consecuencias de esta política lingüística será (es, de hecho) el empobrecimiento económico. Y qué decir de la obligación de los niños inmigrantes, especialmente los de origen hispanoamericano, de escolarizarse en catalán. A las múltiples desdichas y quebrantos que trae consigo la emigración a un país extranjero estos escolares le han de unir la exigencia caprichosa de los políticos nacionalistas, incluidos en esta categoría los socialistas, de estudiar en una lengua que no es la suya.

Mientras tanto, el gobierno “progresista” de Pedro Sánchez contempla estas violaciones constantes y flagrantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña como quien oye llover.

QUE CUNDA

Nacho Cano considera que la investigación judicial llevada a cabo contra él por la juez Mª Inmaculada Iglesias Sánchez (es necesario que se sepa su nombre) fue “descabellada y desquiciada” y, por eso, se ha querellado contra ella.

Debes saber que la imputación contra Nacho Cano por un delito de contratación ilegal de trabajadores la acordó esta juez y la mantuvo contra viento y marea, a pesar de que constaba en las actuaciones un informe de la Inspección de Trabajo, que no apreció ilegalidad alguna en las relaciones laborales de la empresa del artista.

Pero, qué sabrán los inspectores de trabajo de Derecho laboral, habrá pensado esta juez esclarecida.

Le deseo mucha suerte a Nacho Cano con su querella, aunque, si no está ya en el cesto de los papeles, acabará ahí mañana o pasado mañana. No olvides que quienes deben admitir la querella y, en su caso, estimarla, son los propios conmilitones de la querellada.

A pesar de las pocas probabilidades de éxito de estas iniciativas, me satisface comprobar que hay ciudadanos cuyo grado de indignación con las arbitrariedades judiciales les llevan a asumir riesgos y cuantiosos costes económicos para combatirlas.

Algo así preveo que va a terminar ocurriendo con la juez de la dana de Valencia. Una juez de instrucción de pueblo que se ha investido de la autoridad para determinar lo que nadie ha sabido determinar hasta ahora: cuáles eran las administraciones competentes para afrontar la respuesta pública ante la dana.

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!, EN EL BERNABÉU

 

El otro día, el jovencísimo nuevo jugador argentino del Real Madrid Franco Mastantuono fue recibido en el Bernabéu a los gritos de ¡Franco, Franco, Franco!

Jorge Valdano dice en su columna de hoy en El País que “Si el canto fue una broma, bien traída está. No hay exorcismo mejor que el humor.”

Bueno, es una desviación inteligente de la evidencia de que los gritos de los aficionados madridistas tenían una clara resonancia nostálgica. Y que no hace sino confirmar que pocos colectivos sociales habrá en España en los que el porcentaje de los que añoran el régimen anterior sea mayor que en la tribu madridista.

De modo que no, quienes gritaron ¡Franco, Franco, Franco! en el Bernabéu el otro día no estaban exorcizando nuestra negra historia reciente y, mucho menos, tomándosela a coña. Puede que después se rieran de la respuesta histérica del barcelonismo y de otros sectores, que, como doncella a la que le da un vahído, pidieron las sales al oír el nefando lema. Yo también me río, en especial de los seguidores del Barcelona, un equipo de fútbol que abandera un proyecto político racista, supremacista y xenófobo tan repugnante o más que el franquismo.

Valdano se refiere a este asunto, aunque para negar el sentido, digamos, franquista, de los gritos, cuando dice que “Si alguno entonó el nombre con particular pasión porque le trajo nostalgia ideológica, estaríamos ante un inédito tipo de estupidez. La de fortalecer los argumentos de la tribu rival.” Efectivamente, la estupidez en la que habrán incurrido todos los que gritaron ¡Franco, Franco, Franco! pensando en Franco y no en Mastantuono.

La verdad es que la situación no tiene un fácil desenlace. Resulta imposible imaginar a una hinchada gritar ¡Mastantuono, Mastantuono, Mastantuono! Pero resulta igualmente imposible no sentir un cierto sobrecogimiento al oír rugir en un estadio español ¡Franco, Franco, Franco!

Valdano, hombre culto e inteligente y admirable por muchos motivos, como hincha del Real Madrid que es, hace bien en defenderlo y lo hace, además, con inteligencia, como he dicho. Él, no solo es español, además de argentino, sino que debe de conocer muy bien España, porque lleva entre nosotros quizá más tiempo que el que pasó entre sus compatriotas del otro hemisferio. Pero no puede convencernos de que el Real Madrid no fue el equipo del régimen. Dice que el Madrid no ganó una liga en los primeros 15 de años de franquismo. No digo que no, pero es que el franquismo duró 40 años (1936-1975) y tuvo tiempo suficiente para que esa identificación se consolidara en las mentes de la mayoría de los españoles, madridistas o no.

Es evidente que si en cualquier lugar de España se produce una congregación no muy multitudinaria de personas que deciden entonar el grito de ¡Franco, Franco, Franco!, sin que quepa lugar a dudas de que se trata de una loa al dictador, la mayoría de los ciudadanos demócratas observaremos el fenómeno con cierta tolerante indiferencia. No obstante, si esos gritos se convierten en el rugir mayoritario de un estadio de 80.000 espectadores, yo soy de los que empezarán a sentir una cierta inquietud, aunque el antropónimo de uno de los jugadores del equipo local sea, precisamente, Franco.

EL 11 DE SEPTIEMBRE, UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA

 

El separatismo catalán exhibe su rencor y su desprecio hacia España y los españoles en los señalados días de nuestras fiestas nacionales, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. El rencor y el desprecio se expresan, entre otras manifestaciones, abriendo las oficinas públicas de ayuntamientos y otras instituciones e incluso los colegios. Por cierto y de paso, algún día debería estudiarse el papel de los sindicatos docentes en la podredumbre de la vida política y social de Cataluña y de otros lugares de España.

Pues bien, se diría que en reciprocidad inversa con esta despreciable conducta del separatismo catalán, el PSOE ha decidido suspender la sesión del pleno del Congreso del día 11 de septiembre, día oficial de Cataluña. Es decir, el PSOE, en lugar de trabajar ese día, lo proclama como festivo en el Congreso.

Dejaremos para otro día el comentario acerca de que el nacionalismo catalán eligiera en su momento, sin oposición relevante, como día de la región, lo que ellos consideran como una derrota militar. ¿Qué se puede pensar de la salud mental de un pueblo que celebra una derrota? A pesar de que dicha derrota no es sino una de las muchas falsificaciones o supercherías históricas en las que chapotean los separatistas, pero así es como malsanamente lo perciben ellos.

En definitiva, esto del 11 de septiembre no es sino una manifestación más de la enfermedad mental que aqueja al separatismo y la suspensión del pleno del Congreso es una muestra más de que la enfermedad es contagiosa, y de que el PSOE la ha contraído.

EL FUTURO DE LA HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA

A Elena.

Ayer asistí al acto de clausura y entrega de diplomas del máster que realizan los inspectores de hacienda del Estado de nuevo ingreso, tras aprobar la oposición y antes de elegir destinos y empezar a trabajar.

Se trata de un curso muy exigente, con cinco horas diarias de clases durante 10 meses, exámenes de evaluación y la obligación de elaborar y defender un trabajo fin de master. No me refiero a la dificultad que entraña la superación previa de los ejercicios de la oposición, que es suficientemente conocida.

Pronunciaron discursos en el acto el secretario de Estado de Hacienda y la directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Los discursos tuvieron un carácter ciertamente entrañable. Llenos de felicitaciones a los nuevos inspectores, de agradecimiento a sus familias por el apoyo que les han prestado durante la preparación de las oposiciones, incluyendo palabras de ánimo y estímulo para las nuevas carreras profesionales que ahora se inician.

Pero los discursos no carecieron de otros contenidos menos jubilosos y joviales.

El secretario de Estado se refirió a los actuales casos de corrupción que ensucian la imagen de la Hacienda Pública española. Sin necesidad de ser más explícito, todos supimos a qué se estaba refiriendo. En este sentido, animó a los egresados a tomar conciencia de que su honestidad y la rectitud de sus conductas resultan esenciales para que los ciudadanos/contribuyentes confíen en la Hacienda Pública y en las instituciones públicas del Estado, en general.

Por su parte, la directora de la AEAT se refirió al prestigio técnicoprofesional de la institución, que tiene su origen en la calidad de sus funcionarios y en la potencia de los medios técnicos de que dispone para la gestión e inspección tributarias. En este contexto, aunque no tomé nota literal de sus palabras, recuerdo que defendió con convicción la necesidad de que esta formidable herramienta del Estado no se fraccione, pues perdería gran parte de la eficacia y eficiencia que actualmente caracterizan su desempeño.

A esta cualificada funcionaria del Estado de altísimo rango no le estaba permitido en ese trance ser más explícita, pero todos entendimos lo que sus palabras quisieron decir.

Ayer fue un día gozoso para nosotros, por lo que allí se celebraba. Pero yo salí del acto con la alegría añadida de saber que todavía ocupan puestos clave de la organización del Estado personas como esta funcionaria, que parecen estar dispuestas a hacer valer las posiciones en las que creen, aunque no coincidan con el programa político del Gobierno para el que trabajan, incluso con riesgo de sus carreras profesionales.

Como dijo, al parecer, el filósofo e historiador alemán Oswald Spengler (1880-1936) “Al final, es siempre un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización”.

N. B.: Este es el pasaje del discurso de la directora de la AEAT que me dio pie para escribir lo que consta más arriba.

“La Agencia Tributaria ha demostrado al cabo de sus treinta y tantos años de vida su importancia como institución vital del país. Es una institución sólida, eficiente y moderna, que incorpora con rapidez los avances tecnológicos y que, además, atiende no solo a su misión primordial que es, como bien sabéis, la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, sino que ha sido capaz de poner en marcha, de manera prácticamente inmediata, mecanismos de ayuda a los ciudadanos y a las empresas, cuando las circunstancias económicas y sociales derivadas de la pandemia, la guerra de Ucrania y de otras situaciones de vulnerabilidad nos lo han exigido.

Esta versatilidad es posible gracias a una arquitectura informática sólida y experimentada y a un modelo único de información y, especialmente, gracias a las más de 27 mil personas repartidas por todo el territorio, por todas las delegaciones, administraciones y servicios centrales. Es importante mantener este modelo y a esto se han dedicado todos los equipos directivos de la Agencia, para garantizar su eficiencia y su eficacia en la lucha contra el fraude y el mejor servicio al ciudadano.”

Como suele decirse, a buen entendedor…

DOS CLAVOS MÁS EN EL ATAÚD

 

La semana próxima el gobierno ‘progresista’ de Pedro Sánchez se dispone a colocar dos clavos más en el ataúd de la nación española, tal y como la hemos conocido hasta ahora.

La entrega al gobierno catalán de todos los impuestos estatales y de parte de la Seguridad Social al gobierno vasco, perpetradas por un gobierno supuestamente de izquierdas, van a asestar un golpe mortal a los vínculos de ciudadanía y solidaridad entre españoles.

No obstante, los efectos de estas medidas, como la amnistía a los delincuentes catalanes, no se dejarán sentir a corto plazo. Poco cambiarán nuestras vidas por ello en el inmediato mañana. Pero, si la sociedad española no demuestra con su voto en las próximas elecciones generales que ha entendido el inmenso daño que Sánchez y sus socios le están infligiendo al futuro de España con sus políticas, probablemente se merecerá ese futuro.

POR QUÉ DICEN SINGULARIDAD, CUANDO QUIEREN DECIR SUPREMACÍA

Interesante análisis lexicológico de la catedrática Lola Pons. El término singularidad tiene un significado sistemático e histórico prácticamente sinónimo de superioridad. Si los autores e inspiradores del supremacista acuerdo entre el Partido Socialista y ERC sobre el cupo catalán tuvieran el suficiente nivel de instrucción, podría pensarse que, al utilizar el término singularidad, habrían incurrido en un lapsus freudiano. Pero, para ello, habría que admitir que saben qué significa singularidad y eso es mucho suponer.

"UNA TOSCA E INSOSPECHADA PREVARICACIÓN INTELECTUAL, INDIGNA DE UN JURISTA"

Hoy aporta Arcadi Espada en su columna dominical un enfoque sobre la amnistía que no había leído hasta ahora, ni siquiera en boca de los numerosos juristas que se han pronunciado sobre el asunto, desde que se promulgó la Ley.

El análisis de Espada parte de esta cita de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional:

“al aprobar una ley de amnistía, la comunidad política no altera la valoración negativa que le merece la conducta amnistiada —abstractamente considerada— ni modifica su juicio general de reproche penal. Estima, antes bien, que este tipo de conducta debe seguir siendo castigada, pero pretende excluir la sanción penal en un determinado contexto que se considera excepcional”.

Espada viene a decir que este párrafo delata el formidable fraude intelectual y jurídico que perpetra el Tribunal Constitucional en su sentencia. Espada señala que lo que caracteriza una amnistía es, precisamente, que el delito que se perdona desaparece del Código Penal, al contrario que el indulto, en el que las conductas perdonadas permanecen siendo punibles.

Espada deduce que lo que describe el pasaje de la sentencia que he transcrito más arriba es un indulto y no una amnistía. Pero, lo más grave de la cuestión es que lo que establece la Ley de Amnistía es un indulto general, prohibido expresamente en la Constitución.

Los ejemplos que destaca el columnista son bien expresivos. La amnistía de 1977 perdonó los delitos cuya finalidad hubiese sido la instauración de la democracia, conducta que dejó de ser punible al convertirse España en un Estado de derecho. Por su parte, la ley que amnistía a los delincuentes catalanes, si hubiera establecido una auténtica amnistía, en coherencia, debería haber despenalizado el ejercicio del derecho de autodeterminación, algo que no ha sucedido, puesto que dicha conducta continúa estando prohibida.

Espada termina diciendo que “toda la sentencia no es nada más que la justificación de un indulto general, conceptual y legalmente imposible, metamorfoseado en amnistía. Una tosca e insospechada prevaricación intelectual, indigna de un jurista.”

NORMALMENTE, LO QUE PARECE MENTIRA SUELE SER MENTIRA

Tu familia pertenece a un club que se nutre de las cuotas de sus miembros. La membresía de ese club te da derecho a bañarte en las piscinas, jugar al tenis o al paddle, utilizar sus salones para eventos y celebraciones, comer o cenar en el restaurante, entrar en la caseta de feria… La directiva del club acuerda una importante subida de las cuotas. Pero tú te opones a la subida y esta tarde te has reunido con la directiva para que a ti no te la apliquen.

Esta noche, cuando llegues a tu casa le contarás a tu familia que te han dispensado de pagar las nuevas cuotas acordadas. Tu familia te preguntará qué has tenido que dar a cambio y tú les dirás que nada. Ellos insistirán y te preguntarán si podrán seguir bañándose en las piscinas, jugar al tenis, comer o cenar en el restaurante y entrar en la caseta de feria y tú les responderás que vuestros derechos como miembros del club seguirán siendo los mismos.

Tu cónyuge y tus hijos se acostarán esta noche pensando que les has vuelto a mentir.

 

UN SECRETO NO TAN SECRETO

Hoy publica en El País Miguel Pasquau, magistrado del TSJ de Andalucía, un artículo sobre el encausamiento penal del fiscal general del Estado (FGE). Es lo mejor y más ponderado que puede leerse sobre el asunto en la prensa en estos días. 

Tengo que reconocer que mi opinión sobre este artículo puede estar mediatizada por la opinión que tengo de su autor. Esta última se fraguó analizando la actuación de este magistrado en la causa de los ERE. Miguel Pasquau tuvo un breve, pero significativo papel en la referida causa, cuando le tocó tomarle declaración a algunos imputados que tenían fuero especial ante el TSJA, por su calidad de diputados del Parlamento de Andalucía. En las resoluciones que adoptó entonces demostró un conocimiento de los procesos presupuestarios de la administración pública muy superior al de cualquier otro juez o fiscal de los que habían intervenido hasta entonces y aún diría de los que intervinieron después. También demostró que tenía cogidas con pinzas las teorías incriminatorias que le había elevado la juez campeadora. Tengo para mí que en ese conocimiento de la causa y en esa opinión sobre la labor de la nefasta juez le fueron de gran ayuda los informes que yo había elaborado y que constaban en la causa. Informes que este magistrado, al contrario que los jueces y fiscales que habían intervenido hasta entonces, demostró haber leído, a pesar de que yo no estaba encausado en la pieza procesal que se tramitaba en el TSJA. 

Muy resumidamente, Miguel Pasquau sostiene en su artículo que el instructor de la causa contra el FGE ha obtenido indicios suficientes para procesarlo, pero expresa dos dudas que pueden ser de gran relevancia para el futuro de esta causa penal. 

La primera es que entre los indicios que ha manejado el instructor “se cuentan los resultados de una diligencia tan espectacularmente invasiva como fue la orden de incautación de dispositivos y extracción de conversación del fiscal general en el periodo desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre, diligencia que seguramente suscitará controversia ante el Tribunal Constitucional por vía de recurso de amparo.” Esto quiere decir, entre otras cosas, que esta prueba podría ser declarada nula. 

No digo que no tenga la razón jurídica Miguel Pasquau sobre este extremo, pero es inevitable resaltar, contrariamente, el valor incriminatorio que debiera tener el hecho de que el FGE haya hecho desaparecer todos sus correos electrónicos y conversaciones de Whatsapp del período investigado. 

La segunda objeción del artículo me parece más importante y se refiere a la posible transcendencia que pudiera tener el hecho de que el perjudicado de la revelación de secretos presuntamente perpetrada por los fiscales hubiera filtrado a la prensa una parte del correo electrónico entre su abogado y la fiscalía, y, además, dando a entender mendazmente que habría sido la fiscalía la que le habría ofrecido un pacto al abogado, retirándolo después por indicaciones políticas. Siendo así que la realidad fue justamente la contraria. Fue el abogado el que se dirigió al fiscal ofreciéndole un pacto, con reconocimiento del delito cometido. 

Miguel Pasquau se pregunta si este hecho no habría desactivado la sustancia penal del asunto, desde el momento en que lo revelado por los fiscales ya no sería secreto, por haber sido revelado con anterioridad, aunque fuera parcialmente, por la supuesta víctima de la revelación. Creo que es una duda de lo más razonable.

LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA ARDE EN LA PIRA DEL 'LIBRE' MERCADO

 

El AVE Madrid-Sevilla lleva funcionando desde primeros de 1992. Durante decenios, esta línea ha sido un ejemplo de puntualidad y buen servicio. RENFE indemnizaba a los viajeros que padecían retrasos superiores a los 5 minutos y nunca o rara vez los usuarios tuvimos la sensación de que la frecuencia de los trenes fuera insuficiente. El servicio era extraordinario, se podía cambiar o anular el billete sin coste, no pagábamos por el equipaje, elegíamos asiento sin coste… En fin, un servicio excelente.

Pero, hete aquí que aparecieron los operadores privados y ese fantástico medio de transporte se ha ido al garete. Ahora hay que pagar por todo: cambios o anulaciones de billete, selección de asiento y, a veces, hasta por el equipaje. Y, probablemente, lo que es peor: hoy, que un tren de alta velocidad llegue a su hora es una excepción, siendo frecuentes los retrasos de 1 o 2 horas. Los accesos a los trenes, hasta ahora ordenados y fluidos se han convertido en multitudinarios, con amontonamiento de viajeros que no saben en qué fila ponerse. A diario, empleados de las compañías se tienen que entremeter entre la multitud para ordenar a viva voz o con megáfonos el tráfico de viajeros. En fin, un desastre.

No creo que sea una casualidad que este desastre haya coincidido con la irrupción de los operadores privados en el transporte ferroviario, de modo que las preguntas surgen solas: ¿qué necesidad había de abrir las líneas públicas de ferrocarril a otras compañías, cuando la RENFE proveía el servicio de un modo óptimo; qué justificación puede haber para empeorar el servicio de un modo tan evidente?

Desde mi punto de vista, este estado de cosas es el producto de un fundamentalismo ideológico completamente contrario a las necesidades y derechos e intereses de los ciudadanos y de los consumidores. So capa de la libre competencia, se han malversado unas infraestructuras de transporte construidas íntegramente con recursos públicos de todos los españoles. Con la finalidad de que unos pocos ganen dinero con recursos públicos se ha empeorado gravemente un servicio público que funcionaba de maravilla.

Una vez más queda demostrado que la ideología es la peor enemiga de la buena gestión. En este caso, un servicio público excelente ha sido inmolado en la pira de un talibanismo del libre mercado que nadie parece objetar. Y lo que es peor, con unos efectos probablemente irreversibles.

EL INFIERNO DE MADRID

Hace unos días me refería yo aquí al manifiesto que hace unos años firmó un grupo de escritores y artistas supuestamente de izquierdas, en el que calificaban de infierno los años de gobierno del PP en la región. Hoy hemos sabido que Madrid encabeza el ranking europeo de esperanza de vida por regiones. Curiosa región infernal esta, en la que las personas tardan en ir al infierno más que en ningún otro sitio.

La sanidad pública madrileña es uno de los arietes que con más frecuencia utiliza la supuesta izquierda para combatir la gestión de Díaz Ayuso en Madrid. Se la acusa de degradar la calidad del servicio, de privatizarlo y de no sé cuántas otras cosas que estarían conspirando contra la equidad en la prestación de los servicios públicos.

No estoy muy al corriente del detalle de la política sanitaria madrileña y de si se diferencia sustancialmente de la que se aplica en el resto de España. Pero, en vista del dato de la esperanza de vida obtenido por Madrid, no caben nada más que estas dos conclusiones: o no es cierto que en Madrid se esté privatizando la sanidad; o, si es cierto, es lógico pensar que podría existir una relación entre un cierto grado de privatización y la mejora de la esperanza de vida de la población. Yo más bien creo que es lo primero, a pesar de los aspavientos de esta izquierda infernal que padecemos.

Por cierto y dicho sea de paso. Me pareció muy necesaria la entrevista que ayer le hizo Alsina a Díaz Ayuso. Aunque resultó bastante correosa (la entrevista), la entrevistada no se defendió bien. Y no lo hizo porque, en el fondo, su situación es poco presentable: una presidente de una Comunidad Autónoma no puede salir, institucionalmente, en defensa de una persona que está acusada de haber cometido varios delitos, ni aunque sea su novio; ni aunque se trate de hechos anteriores a su relación.

No obstante, me merece una valoración muy positiva que la presidente madrileña se haya sometido al escrutinio de Alsina, que ya sabía que no iba a ser nada cómodo. Contrasta con la conducta de otros.