Como es bien conocido,
en Cataluña el castellano ha desaparecido prácticamente de los centros
escolares, ocupando un lugar análogo al que ocupa el inglés. De modo que todas
las asignaturas se imparten en catalán (probablemente, incluso el castellano
se imparta en catalán) y todas las comunicaciones escritas, señalización de los
centros, documentación administrativa, etc., se producen exclusivamente en
catalán.
Ningún gobierno de España se ha opuesto a este apartheid lingüístico, recurriendo las disposiciones legales que han implantado este estado de cosas a
lo largo de los años, de modo que han tenido que ser entidades y personas
privadas las que han combatido esta abyecta política interponiendo los recursos
pertinentes ante los tribunales.
Estimando algunos de estos recursos, hace unos años, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) estableció la obligación de que todos los
centros docentes públicos catalanes impartieran, al menos, un 25 % de las
materias en castellano, siendo troncales, al menos, alguna de ellas. Es
evidente que esa tasa del 25 % fue y es una muestra evidente de entreguismo al
marco establecido por el separatismo. Lo lógico hubiera sido imponer el 50 % y
la mitad de las asignaturas troncales, pero parece ser que a los magistrados
del TSJC debieron de temblarles las piernas ante tamaña ofensa al separatismo.
Lo cierto es que las asociaciones más comprometidas con la defensa del
castellano en Cataluña, digamos, que se conformaron con ese 25 %.
Pues bien, el anterior gobierno de la Generalidad, del partido Izquierda
Republicana de Cataluña (ERC), con el acuerdo expreso del Partido Socialista
(PSC/PSOE), dictó un decreto con la finalidad de impedir la aplicación de las
sentencias del TSJC sobre el 25 % de castellano en las aulas. Esta es la verdad
de lo que ocurrió: el gobierno de una región española utilizó sus facultades normativas
para sortear las sentencias de los tribunales. De modo que una de las entidades
que mencioné anteriormente, concretamente, en este caso, la Asociación por una Escuela Bilingüe
(AEB) impugnó este Decreto infame y ha conseguido que el TSJC anule los
artículos de la norma que violan más groseramente los principios
constitucionales sobre el uso de las lenguas. Te hago notar que una de las
características de esta lucha, que se manifiesta en el propio nombre de la
asociación, es que no persigue una escuela en español, sino una escuela bilingüe
y no inmersiva en catalán, como es la que sufren cada año decenas de miles de
niños catalanes. Y de otras partes de España, pero de eso hablaremos otro día.
El separatismo catalán ha reaccionado a la sentencia del TSJC como un solo hombre. En la imagen que acompaño a este artículo puedes contemplar el estado de la página principal del medio informativo separatista más leído en castellano (elnacional.cat), a las pocas horas de conocerse la sentencia. Las seis primeras informaciones de este medio se refieren a la sentencia y a su valoración por los sectores separatistas, llegando a calificar la resolución judicial de “golpe de Estado”.
Ahora gobierna en
Cataluña el Partido Socialista y su líder y presidente de la Generalidad, el melifluo Salvador Illa, al
conocer la sentencia ha manifestado que no va a permitir que nadie (se entiende
que tampoco los tribunales) meta sus narices en la ciénaga del apartheid lingüístico
catalán y, en el colmo del cinismo, que tampoco va a permitir que nadie haga
política con la lengua.
Aquí procede un breve
excurso sobre este asunto de hacer política con la lengua. Como ha dicho el
catedrático de la Universidad de Barcelona Rafael Arenas, “esta exclusión
del español tiene una clara motivación política: que la escuela sirva al
propósito nacionalista de construcción nacional, en el que la extensión del uso
de la lengua y la consolidación de la percepción de que el castellano es una
lengua impuesta en Cataluña son esenciales. Es decir, los nacionalistas han
convertido la escuela en un instrumento político. Y tras conocerse la
sentencia, el presidente de la Generalitat lanza un mensaje en el que condena
la utilización política de la lengua. ¡Vamos hombre! ¡Si los primeros que
utilizan políticamente, y de forma expresa, la lengua son los nacionalistas
(socialistas incluidos)!”
Para hacernos una idea
de la naturaleza de esta política de la Generalidad de Cataluña nos vamos a
servir de un ejemplo. Imaginemos a un ayuntamiento que decidiera mediante un acuerdo
del pleno que los servicios de limpieza municipales se van a dedicar en
exclusiva a la limpieza de los barrios en los que residen las personas más ricas
y prósperas del municipio, abandonando la limpieza del resto. Una asociación de
vecinos impugna ante los tribunales esta decisión del pleno municipal y
consigue que el tribunal obligue al ayuntamiento a dedicar, al menos, el 25 %
de los recursos de los servicios de limpieza a los barrios menos favorecidos. Como
respuesta, el ayuntamiento adopta otro acuerdo en el que señala que en la
distribución del empleo de los recursos de limpieza municipales entre los diferentes
barrios no se tendrán en cuenta porcentajes ni cuotas, manteniendo su decisión
de solo limpiar los barrios más ricos. El alcalde, además, habría añadido que
no va a permitir que los tribunales interfieran en las decisiones municipales y
que tampoco va a permitir que nadie haga política con la limpieza.
Esta analogía que he
empleado para delatar la extrema perversidad de la política lingüística de la
Generalidad de Cataluña resulta de lo más apropiada. Ten en cuenta que la
proporción entre quienes tienen el catalán y el castellano como lengua materna en
Cataluña es actualmente de alrededor del 35/55 en términos de porcentaje y, lo
que es más importante, que entre el 55 % de catalanes que tiene como lengua materna el español se encuentra la
práctica totalidad de las personas integrantes de las capas más desfavorecidas
de la sociedad catalana. En este sentido, obligar a los escolares de estas
familias a estudiar en una lengua que no es la suya es, en primer lugar, de una
crueldad inconcebible. Pero, además, condenar a la mitad de la población al
fracaso escolar y a una formación deficiente, debido a la instrumentalización
política de la lengua en la escuela es de una torpeza inaudita, ya que esta
política solo redunda en el empobrecimiento cultural y educativo de la
sociedad. Y no solo eso, sino que, como correlato de lo anterior, otra de las
consecuencias de esta política lingüística será (es, de hecho) el
empobrecimiento económico. Y qué decir de la obligación de los niños inmigrantes,
especialmente los de origen hispanoamericano, de escolarizarse en catalán. A las
múltiples desdichas y quebrantos que trae consigo la emigración a un país extranjero estos escolares le han de unir la exigencia caprichosa de los políticos
nacionalistas, incluidos en esta categoría los socialistas, de estudiar en una
lengua que no es la suya.
Mientras tanto, el
gobierno “progresista” de Pedro Sánchez contempla estas violaciones constantes y
flagrantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña como
quien oye llover.
