Aristócratas del servicio público

El Ministro de Fomento denunció ayer que los controladores aéreos, que son personal de su Departamento, están desarrollando una huelga de celo encubierta e ilegal en defensa de sus privilegios. Como prueba de tales privilegios, el Ministro dio a conocer que el controlador aéreo que menos sueldo tuvo el año pasado ganó -frótate los ojos- 370.000 euros. Más de 60 millones de pesetas, en un año. El sindicato de controladores ha replicado diciendo que el salario medio de los controladores es de "sólo" 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas). El Ministerio de Fomento ha ofrecido una serie de datos relativos a la situación de los controladores aéreos españoles, en relación con los de otros países europeos, que no son menos escandalosos:

(Pincha en la imagen para ampliarla)

En una época de crisis como la que estamos viviendo, el conocimiento por los ciudadanos de situaciones de privilegio inadmisible como la de los controladores aéreos resulta muy necesaria. Estos vergonzosos privilegios amparados y protegidos por el Estado son compartidos por otros colectivos no menos inicuos, como notarios, registradores de la propiedad y farmacéuticos.

Siempre me he preguntado porqué el desempeño de funciones públicas permite que determinadas personas se conviertan en millonarios. El control del espacio aéreo, la fe pública notarial o registral y la dispensación de medicamentos de la sanidad pública probablemente merecerán una retribución acorde con la altísima importancia de tales funciones. Pero de ahí a que el Estado haga ricos a sus titulares media un abismo.

No creo que haya dificultad en admitir que el director de un aeropuerto, el gerente de un hospital o un juez, realizan funciones públicas, al menos, algo más relevantes que las que realizan los aristócratas de la función pública a los que me he referido antes. Y lo hacen, trabajando un 30 ó un 40 por ciento más de horas y por seis veces menos salario que el más miserable de los controladores.

¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Los casos de notarios y registradores, por un lado y farmacéuticos, por otro, son más complejos y tienen un origen histórico más rancio. Pero el caso de los controladores es diferente. La razón del desaguisado se encuentra, sin duda, en la cobardía e irresponsabilidad de quienes negociaron por parte del Estado los últimos convenios con el sindicato de controladores, que taparon la boca de los chantajistas que estaban al otro lado de la mesa disparando con pólvora del rey.

Todo esto se solucionaría, si hubiera voluntad política de hacerlo, con medidas legales que los ciudadanos apoyarían sin reservas. Medidas que revisasen drásticamente los aranceles de notarios y registradores, las comisiones de los farmacéuticos y el convenio de los controladores

Y, a estos últimos podríamos recordarles lo que les ocurrió a sus colegas norteamericanos en 1981. Alrededor de 13.000 controladores de Estados Unidos estallaron en huelga, después de infructuosas negociaciones con el gobierno federal. Los objetivos de la huelga eran una mejora salarial y una reducción de la jornada laboral. El Presidente Ronald Reagan declaró que la huelga era ilegal y amenazó a los huelguistas con la rescisión de sus contratos si no regresaban a sus labores en 48 horas. Transcurrido el plazo, el Presidente cumplió sus amenazas y despidió a los 11.359 controladores que continuaron en huelga. Adicionalmente, se impuso una prohibición vitalicia para recontratar a cualquiera de los controladores despedidos, haciéndose cargo del control aéreo personal de las fuerzas armadas.

A veces, la prevalencia del interés público y la lucha contra los privilegios y la injusticia reclaman la presencia de políticos valientes. No tengo una opinión positiva del mandato de Ronald Reagan, pero en aquel episodio hizo lo que había que hacer.