En la sesión plenaria del
Parlamento de Cataluña celebrada ayer se produjo un incidente, protagonizado
por la Presidente, Laura Borràs, que resulta altamente expresivo del ambiente
que se vive en Cataluña y de los modos con los que habitualmente se conduce el
separatismo.
La sesión plenaria ha comenzado
con la lectura por Borràs de una declaración de la Junta de portavoces, aprobada
por mayoría de los grupos separatistas, "de condena del espionaje
político que han sufrido varias personas vinculadas con el
independentismo".
Tras la lectura de la declaración,
el portavoz del grupo de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, pidió la palabra
para afearle a la Presidente su incumplimiento del Reglamento de la cámara, por
haber dado lectura a un comunicado que no gozaba de la unanimidad de la Mesa. Borràs
privó de la palabra al diputado, cortándole el micrófono y, posteriormente,
expulsó de la sala a otro diputado del mismo grupo, que continuaba manifestando
su desacuerdo de forma reiterada.
Para justificar su conducta, la Presidente
Borràs dio lectura, supuestamente literal, del artículo 166.2 del Reglamento
del Parlamento, en el que se define qué es una declaración institucional del
Parlamento, de aquellas de las que la Presidencia puede dar lectura pública,
por expresar el sentir de la cámara. El susodicho artículo dice lo siguiente:
“2. Se llaman declaraciones
del Parlamento de Cataluña las acordadas unánimemente por el presidente
y por la Junta de Portavoces.”
La cuestión es que la señora Borràs
omitió el término unánimemente, circunstancia cuya ausencia en este caso le
habría impedido hacer lo que hizo.
En definitiva, la Presidente
separatista del Parlamento se pasa su propia ley por el forro, impide expresarse
al portavoz de un grupo que lo denuncia y expulsa a un diputado que le
recrimina todo ello y, para colmo, hace una lectura pública mendaz de la norma
jurídica incumplida.
Esta señora, la segunda autoridad
de Cataluña, tras el Presidente de la Generalidad, es la que está imputada y a
punto de ser sometida a juicio por otorgarle a un amigo varios contratos, saltándose
la legislación de contratos públicos. Supongo que esta causa de corrupción le
habrá permitido pasar a integrar la nómina de los más de 3.000, supuestamente
represaliados por España, por su participación en el proceso catalán.
No me quedan ganas de hacer comentario alguno. El nivel de degradación política y moral que Cataluña está exportando al resto de España alcanza ya cotas realmente nauseabundas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario