GOLPE AL APARTHEID LINGüISTICO EN CATALUÑA

 

Como es bien conocido, en Cataluña el castellano ha desaparecido prácticamente de los centros escolares, ocupando un lugar análogo al que ocupa el inglés. De modo que todas las asignaturas se imparten en catalán (probablemente, incluso el castellano se imparta en catalán) y todas las comunicaciones escritas, señalización de los centros, documentación administrativa, etc., se producen exclusivamente en catalán.

Ningún gobierno de España se ha opuesto a este apartheid lingüístico, recurriendo las disposiciones legales que han implantado este estado de cosas a lo largo de los años, de modo que han tenido que ser entidades y personas privadas las que han combatido esta abyecta política interponiendo los recursos pertinentes ante los tribunales.

Estimando algunos de estos recursos, hace unos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció la obligación de que todos los centros docentes públicos catalanes impartieran, al menos, un 25 % de las materias en castellano, siendo troncales, al menos, alguna de ellas. Es evidente que esa tasa del 25 % fue y es una muestra evidente de entreguismo al marco establecido por el separatismo. Lo lógico hubiera sido imponer el 50 % y la mitad de las asignaturas troncales, pero parece ser que a los magistrados del TSJC debieron de temblarles las piernas ante tamaña ofensa al separatismo. Lo cierto es que las asociaciones más comprometidas con la defensa del castellano en Cataluña, digamos, que se conformaron con ese 25 %.

Pues bien, el anterior gobierno de la Generalidad, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), con el acuerdo expreso del Partido Socialista (PSC/PSOE), dictó un decreto con la finalidad de impedir la aplicación de las sentencias del TSJC sobre el 25 % de castellano en las aulas. Esta es la verdad de lo que ocurrió: el gobierno de una región española utilizó sus facultades normativas para sortear las sentencias de los tribunales. De modo que una de las entidades que mencioné anteriormente, concretamente, en este caso, la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) impugnó este Decreto infame y ha conseguido que el TSJC anule los artículos de la norma que violan más groseramente los principios constitucionales sobre el uso de las lenguas. Te hago notar que una de las características de esta lucha, que se manifiesta en el propio nombre de la asociación, es que no persigue una escuela en español, sino una escuela bilingüe y no inmersiva en catalán, como es la que sufren cada año decenas de miles de niños catalanes. Y de otras partes de España, pero de eso hablaremos otro día.

El separatismo catalán ha reaccionado a la sentencia del TSJC como un solo hombre. En la imagen que acompaño a este artículo puedes contemplar el estado de la página principal del medio informativo separatista más leído en castellano (elnacional.cat), a las pocas horas de conocerse la sentencia. Las seis primeras informaciones de este medio se refieren a la sentencia y a su valoración por los sectores separatistas, llegando a calificar la resolución judicial de “golpe de Estado”.

Ahora gobierna en Cataluña el Partido Socialista y su líder y presidente de la Generalidad, el melifluo Salvador Illa, al conocer la sentencia ha manifestado que no va a permitir que nadie (se entiende que tampoco los tribunales) meta sus narices en la ciénaga del apartheid lingüístico catalán y, en el colmo del cinismo, que tampoco va a permitir que nadie haga política con la lengua.

Aquí procede un breve excurso sobre este asunto de hacer política con la lengua. Como ha dicho el catedrático de la Universidad de Barcelona Rafael Arenas, “esta exclusión del español tiene una clara motivación política: que la escuela sirva al propósito nacionalista de construcción nacional, en el que la extensión del uso de la lengua y la consolidación de la percepción de que el castellano es una lengua impuesta en Cataluña son esenciales. Es decir, los nacionalistas han convertido la escuela en un instrumento político. Y tras conocerse la sentencia, el presidente de la Generalitat lanza un mensaje en el que condena la utilización política de la lengua. ¡Vamos hombre! ¡Si los primeros que utilizan políticamente, y de forma expresa, la lengua son los nacionalistas (socialistas incluidos)!”

Para hacernos una idea de la naturaleza de esta política de la Generalidad de Cataluña nos vamos a servir de un ejemplo. Imaginemos a un ayuntamiento que decidiera mediante un acuerdo del pleno que los servicios de limpieza municipales se van a dedicar en exclusiva a la limpieza de los barrios en los que residen las personas más ricas y prósperas del municipio, abandonando la limpieza del resto. Una asociación de vecinos impugna ante los tribunales esta decisión del pleno municipal y consigue que el tribunal obligue al ayuntamiento a dedicar, al menos, el 25 % de los recursos de los servicios de limpieza a los barrios menos favorecidos. Como respuesta, el ayuntamiento adopta otro acuerdo en el que señala que en la distribución del empleo de los recursos de limpieza municipales entre los diferentes barrios no se tendrán en cuenta porcentajes ni cuotas, manteniendo su decisión de solo limpiar los barrios más ricos. El alcalde, además, habría añadido que no va a permitir que los tribunales interfieran en las decisiones municipales y que tampoco va a permitir que nadie haga política con la limpieza.

Esta analogía que he empleado para delatar la extrema perversidad de la política lingüística de la Generalidad de Cataluña resulta de lo más apropiada. Ten en cuenta que la proporción entre quienes tienen el catalán y el castellano como lengua materna en Cataluña es actualmente de alrededor del 35/55 en términos de porcentaje y, lo que es más importante, que entre el 55 % de catalanes que tiene como lengua materna el español se encuentra la práctica totalidad de las personas integrantes de las capas más desfavorecidas de la sociedad catalana. En este sentido, obligar a los escolares de estas familias a estudiar en una lengua que no es la suya es, en primer lugar, de una crueldad inconcebible. Pero, además, condenar a la mitad de la población al fracaso escolar y a una formación deficiente, debido a la instrumentalización política de la lengua en la escuela es de una torpeza inaudita, ya que esta política solo redunda en el empobrecimiento cultural y educativo de la sociedad. Y no solo eso, sino que, como correlato de lo anterior, otra de las consecuencias de esta política lingüística será (es, de hecho) el empobrecimiento económico. Y qué decir de la obligación de los niños inmigrantes, especialmente los de origen hispanoamericano, de escolarizarse en catalán. A las múltiples desdichas y quebrantos que trae consigo la emigración a un país extranjero estos escolares le han de unir la exigencia caprichosa de los políticos nacionalistas, incluidos en esta categoría los socialistas, de estudiar en una lengua que no es la suya.

Mientras tanto, el gobierno “progresista” de Pedro Sánchez contempla estas violaciones constantes y flagrantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña como quien oye llover.