Todos
sabíamos que la invasión de Ceuta no podía haber sido un acto espontáneo. Hemos
visto en la televisión cómo docenas de personas se bajaban de camiones y eran
dirigidas hacia la frontera española por policías marroquíes uniformados. En
general, nadie con dos dedos de frente ha podido creer que en una satrapía como
Marruecos fuera posible movilizar a 80.000 personas sin el conocimiento y el consentimiento
del gobierno. Y, como no se nos alcanza a imaginar qué iniciativa privada o no
oficial se haya podido embarcar en semejante proyecto, la única alternativa
verosímil que nos queda es la de entender que la invasión de Ceuta ha sido
obra, directa o indirectamente, del propio gobierno marroquí.
A
pesar de esta evidencia incontestable, el gobierno español, no solo se ha
venido inventando otros autores de la invasión (las mafias, Israel, Rusia...),
sino que desde la primera hora está alabando la actitud de Marruecos,
considerándolo un colaborador leal en la solución del problema. Uno puede
entender, hasta cierto punto, esta actitud del gobierno. Baste imaginar lo que
podría haber ocurrido si, una vez que los 80 mil invasores entraron en la
ciudad, Marruecos hubiera cerrado su frontera, impidiendo el retorno de sus
ciudadanos. La experiencia nos ha enseñado que, para las autoridades
marroquíes, con su rey a la cabeza, la vida y la seguridad de sus súbditos
están a su servicio y que no dudan en emplear a hombres, mujeres y niños como
carne de cañón en sus estrategias políticas. De paso, no puedo dejar de
resaltar lo significativo que resulta que estas conductas tan inhumanas sean
desplegadas por el denominado Comendador de los creyentes, título religioso del monarca
marroquí, descendiente del profeta. Quiero decir que algo tendrán que ver estas
cosas con la esencia del Islam, esa religión tan humanista. En definitiva, nada
cuesta imaginar que la frontera podría haber sido cerrada por Marruecos, con
las catastróficas consecuencias que habría llevado aparejadas, estas sí, más difíciles de imaginar
en su entera magnitud.
En
los primeros días tras la invasión, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón,
dando curso a una denuncia presentada por una entidad vinculada al partido
político VOX, abrió unas diligencias para esclarecer si los hechos relacionados
con la crisis ceutí pudieran ser constitutivos de delitos imputables a personas
concretas. En este punto, resulta digno de destacar que en España siempre haya
un juez o tribunal (o varios), dispuesto a estrujar unos hechos, cualquiera que
sean su naturaleza, transcendencia e implicaciones, con el fin de extraer de
ellos alguna sustancia criminal, por peregrina que esta sea. Especialmente, si
con los hechos de que se trate están relacionados políticos de cualquier
tendencia. Este fenómeno no es una extravagancia inofensiva de la vida pública
española. Al contrario. Desde el momento en que un juez penal entra a conocer
de unos hechos, el meritado juez o tribunal se atribuye una supremacía
inatacable sobre aquellos, convirtiéndose en un auténtico agente
plenipotenciario sobre un sector de la realidad, cuyo perímetro lo define el
propio juez o tribunal. Ninguna otra persona o entidad, ni ninguna otra
autoridad pública podrá inmiscuirse en modo alguno en las cuestiones que
ventila ese juez o tribunal, so pena de acabar acusado de delitos relacionados
con el entorpecimiento de la acción de la justicia.
A
finales de agosto se dio a conocer, como tantas otras veces de un modo
subrepticio, el informe que la juez le encargó a la policía y que desvelaba,
más o menos, lo siguiente:
- Que la invasión había sido urdida por la policía
y los servicios secretos del régimen autoritario marroquí.
- Que la crisis de Ceuta no era un fenómeno
migratorio, sino algo más parecido a la Marcha Verde de 1975. Es decir,
personas corrientes encuadradas por Marruecos y utilizadas como ariete en una
estrategia de anexión territorial.
Al
conocerse el contenido del informe, el ministro del Interior, Grande-Marlaska,
le afeó a la policía y a la juez del caso que le hubieran hurtado el conocimiento
durante semanas de una información tan importante para la seguridad e
integridad de España. Y no solo eso, sino que presentó una queja ante el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como es lamentablemente habitual en
España, todos los medios políticos y periodísticos afines al ministro hicieron
piña con él en su queja y todos los del otro bando hicieron justo lo contrario.
No me voy a detener en estas reacciones, ya que, al estar viciadas del
irritante sectarismo que impregna la vida pública española, no merecen apenas
crédito. Podemos asegurar sin temor alguno a equivocarnos, que si los actores
de la actual farsa hubieran sido los contrarios, los hunos y los hotros habrían
intercambiado los papeles que hoy están jugando, sin rubor alguno.
De
modo que me voy a fijar, exclusivamente, en las reacciones del estamento
judicial a las quejas de Marlaska. Bien, los jueces han salido en tromba a
defender a la juez Tardón y lo han hecho de un modo inopinadamente enfático.
Visto desde fuera, pareciera que el ministro le hubiera ordenado a la policía
un registro del juzgado con cacheo de su titular incluido. Cuando lo que ha
hecho Marlaska es quejarse de no haber sido informado de unos hechos tan
importantes y graves y con tanta transcendencia para la seguridad e integridad
del Estado.
Frente
al ministro, la Presidenta del CGPJ, la junta de jueces de la Audiencia
Nacional, jueces tuiteros, jueces tertulianos y jueces sin graduación
específica han reaccionado como si el ministro hubiera perpetrado un gravísimo
atentado contra la independencia judicial. Cabe decir que la proverbial
soberbia de los jueces españoles ha alcanzado grados próximos al paroxismo en
estos días. Un juez tertuliano particularmente ensimismado y que habitualmente envuelve
sus desatinos en un pringoso verbo leguleyo, tan irritante, ha llegado a decir
en la televisión que es una deshonra que Fernando Grande-Marlaska haya sido juez
alguna vez.
El
estamento judicial sostiene, básicamente, dos ideas:
- En primer lugar, que la juez debe seguir
investigando los hechos en su juzgado, algo que, aparentemente, ni el ministro
ni nadie ha puesto en cuestión.
- En segundo lugar y todavía más enfáticamente,
los jueces, como un solo hombre, han defendido el derecho de la juez a entender
en exclusiva y mantener en secreto el contenido de los informes que le ha
elevado la policía sobre el asunto que investiga.
Expuestas
así las cosas, yo me permito preguntar: ¿es lícito y, sobre todo, es lógico y
racional que un juez tenga la facultad de investigar un asunto, unos hechos, un
problema concreto, en un caso como el que nos ocupa? Es decir, si la nación es
objeto de un ataque por un país extranjero como del que ha sido objeto España;
¿el poder ejecutivo puede quedar lastrado por unas actuaciones judiciales que
nada pintan en el escenario en ese momento?
Sobre
este particular, uno de los argumentos esgrimidos por la junta de jueces de la
Audiencia Nacional no puede resultar más patético. Estos buenos señores (y
señoras), en una carta firmada por unanimidad de los nueve miembros de la Junta
de Gobierno del citado tribunal, han mostrado su “absoluto respaldo” a
la juez Tardón y han manifestado que “no solo no ha interferido en la
seguridad nacional con su actuación”, sino que “está actuando para la
preservación y defensa del interés general de España”.
Examinadas
detenidamente, estas expresiones no merecen otro calificativo que el de un
auténtico lapsus linguae de sus autores. Uno debe convenir que, si fuera
verdad que la función de los jueces es la preservación y defensa del interés
general de España y además en exclusiva, como todo lo suyo, serían lógicas sus
protestas. Pero esas expresiones no son sino una salida de tono absolutamente
exacerbada. La defensa del interés general de España no significa nada, si no
es aplicada al caso concreto de que se trate. Por definición, todas las
autoridades y funcionarios públicos y aun el conjunto de los ciudadanos, han de
velar por el interés general de España. Pero, supongamos que España fuera
objeto de un ataque a su seguridad e integridad territorial por una potencia
extranjera, con empleo de tropas y armas terrestres, marítimas y aéreas. ¿Te
gustaría, o mejor, te parecería admisible que un juez decidiera en plena guerra
investigar la presunta sustancia penal del ataque? O, más bien preferirías que
el gobierno de tu país dispusiera de todos los medios y de toda la información
necesaria, todo ello sin interferencias judiciales, para defender la seguridad
e integridad de España. ¿No es algo parecido lo que ocurrió a finales de julio
en Ceuta que, no en vano, ha sido calificado como un episodio de guerra híbrida
de Marruecos contra España, con el objetivo final de apropiarse de Ceuta y
Melilla y quién sabe si de las Canarias?
La
impresión que ha dado con su respuesta el conjunto del estamento judicial
español ha sido la de que se encuentra todo él apaciblemente instalado en una
torre de marfil. Su exigencia de que se respete su competencia para entender y
además con exclusividad de unos asuntos tan graves y transcendentes, no solo
pugna con valores, como la seguridad e integridad del Estado, que con toda
naturalidad los ciudadanos podemos valorar como de mayor relevancia que la
independencia judicial o las competencias judiciales; sino que es contraria al
sentido común.
Y lo
que es de todo punto ridículo es que el sistema judicial en su conjunto, que
tolera a diario sin escándalo y, lo que es peor, sin perseguirlas, toda clase
de filtraciones de sumarios y diligencias judiciales que deben permanecer
legalmente reservadas, se escandalice porque un ministro reclame una
información necesaria para el ejercicio de las graves funciones que tiene
encomendadas en este caso. Y que estoy seguro de que la mayoría de los
ciudadanos queremos que disponga de ella para nuestra defensa. Porque ¿cómo
piensan estos jueces defender el interés general de España de los ataques que
sufra; con diligencias judiciales?
Los
jueces no están para eso. Ellos viven a otro ritmo. Baste decir que la juez
acordó solicitar el informe a la policía el día 31 de julio, pero la
comunicación no les llegó a los agentes hasta el día 3 de agosto. Y es que los
jueces no están para gobernar. No sería de extrañar que la juez se hubiera
dirigido a los agentes por correo certificado con acuse de recibo. ¿Te imaginas
que la defensa nacional debiera materializarse mediante los protocolos, formas
y plazos (los reales y los legales) que se gasta la administración de justicia
en su mostrenco cotidiano proceder? Y es que los tiempos y los medios de los
que dispone la justicia son incompatibles con la celeridad y contundencia que
en determinados casos requiere el despliegue de la acción ejecutiva, máxime en
temas relacionados con la defensa del territorio.
No
puedo dejar de mencionar en este punto un caso que investigué en su momento,
relativo a las actuaciones judiciales realizadas en los prolegómenos del
referéndum ilegal del uno de octubre de 2017 en Cataluña y en la propia jornada
de la consulta. Este episodio es una muestra paradigmática de las desastrosas
consecuencias que pueden llegar a tener unas actuaciones judiciales realizadas
extemporáneamente y con un exceso de celo respecto de la función constitucional
que le corresponde al poder judicial.
En
las semanas previas al referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña había
dictado una serie de instrucciones, dirigidas a todos los cuerpos policiales,
que tenían como objetivo impedir que tuviera lugar la consulta que el Tribunal
Constitucional había suspendido y que, por tanto, no debía celebrarse. En
aquellos días, el gobierno de España encomendó al coronel de la Guardia Civil
Pérez de los Cobos las funciones de coordinación de todos los cuerpos
policiales, es decir, incluida la policía regional catalana. Y es de suponer
que entre las funciones que estaría desarrollando este coordinador debió
encontrarse el cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía Superior de
Cataluña. Estas instrucciones eran detalladas y juiciosas. Entre las órdenes
que la Fiscalía impartió a la policía estaba la de intervenir todos los locales
previstos como colegios electorales, desde días antes del día del referéndum.
Si estas instrucciones se hubieran cumplido, con seguridad, la jornada del uno
de octubre de 2017 habría tenido un carácter bien distinto al que tuvo. En
especial, probablemente, nos habríamos ahorrado las imágenes que tanto daño
hicieron al prestigio y la reputación internacional de España, de policías aporreando a las personas que
hacían cola en los colegios electorales. Por supuesto, la conducta de los
ciudadanos era contumazmente ilegal y la policía actuó legítimamente, pero el
daño al prestigio de España y a la causa constitucionalista fue inevitable.
¿Por
qué digo que nos habríamos evitado el aporreamiento de los ciudadanos
levantiscos? Porque si la policía hubiera tomado posesión de los locales
electorales varios días antes de la consulta, los hubiera clausurado cuando no
había nadie en ellos y hubiera mantenido un retén de guardia en cada uno, como
detallaban las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña, no habría
sido posible que los organizadores los hubieran ocupado durante todo el fin de
semana, como hicieron, situando allí a decenas de personas, que pasaron día y
noche en ellos y franquearon la entrada de las urnas y de todos los archiperres
necesarios para realizar la consulta. El domingo 1 de octubre, a primera hora
de la mañana, nada impidió constituir las mesas y empezar las votaciones.
¿Qué
ocurrió entre medias? Pues, lo que ocurrió fue que una juez del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruía unas diligencias contra las
autoridades de Cataluña, por la organización del referéndum, decidió el 27 de
septiembre de 2017, es decir, a cuatro días de la consulta, desmantelar todo el
dispositivo que había desplegado la Fiscalía Superior de Cataluña y asumir ella
misma la dirección de las operaciones policiales tendentes a evitar la
celebración del referéndum. No voy a detallar mucho más este asunto, al que le
dedicaré una entrada específica de este blog, con las averiguaciones que he
hecho hasta ahora. Pero sí diré, brevemente, que la irrupción de esta
magistrada en el asunto tuvo dos consecuencias que a la postre resultarían
letales para la seguridad e integridad del Estado de derecho en Cataluña y para
la vigencia de la Constitución en aquella región, facilitando la acción de los
sediciosos, que estuvieron a punto de culminar con éxito el golpe de Estado en
el que estaban embarcados. Estas consecuencias a las que me refiero fueron las
siguientes:
- Al no cumplirse las instrucciones de la
Fiscalía, los locales electorales quedaron en manos de los sediciosos, quienes,
como hemos señalado más arriba, los ocuparon durante todo el fin de semana,
facilitando la celebración de la consulta ilegal.
- Por otro lado, la juez del TSJC introdujo en su
extemporáneo auto una serie de previsiones, que fueron utilizadas por los
sediciosos jefes de la policía regional catalana para abstenerse de intervenir
en los locales electorales el día de la consulta y los anteriores, con la
finalidad de impedir la misma. Entre dichas previsiones se encontraba la instrucción
a la policía para que las actuaciones que realizaran con la finalidad de impedir
la celebración del referéndum se llevaran a cabo “sin afectar la normal
convivencia ciudadana”. Por otro lado, la juez ordenó a la policía que
impidiera “la utilización de locales o edificios públicos -o de aquéllos en
los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la
celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal
funcionamiento de dichos locales”. Finalmente con un carácter puntilloso
digno de mejor causa, la juez llegó a decir lo siguiente: “En el caso de que
los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de
octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios
públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá
únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se
vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los
servicios que les sean propios.”
Todas
estas determinaciones, que cualquiera podría decir que estaban allí puestas completamente
a sabiendas de sus efectos y consecuencias, fueron utilizadas, como hemos
dicho, por los sediciosos jefes de la policía regional, como excusa perfecta
para abstenerse de evitar la celebración del referéndum. Ya que, como pusieron
de manifiesto las actuaciones que sí desplegaron los cuerpos policiales del
Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), resultaba imposible impedir la
celebración del referéndum sin afectar a la normar convivencia ciudadana, sin
interferir en el normal funcionamiento de los locales electorales y sin afectar
al resto de dependencias públicas ubicadas en dichos locales.
Lamentablemente,
mi experiencia me dicta que estas consideraciones que acabo de hacer resultan
inaccesibles para el solipsismo en el que viven los jueces españoles. La
desastrosa actuación de esta juez, pretendiendo desempeñar extemporáneamente unas
funciones ejecutivas a las que nadie le había llamado y para las que carecía de
medios eficaces produjo los gravísimos efectos ya conocidos. Efectos de los
que, no solo es que no ha tenido que responder ante ninguna instancia, sino que
nadie hasta ahora, que yo sepa, ha calificado públicamente como se merecen.
En
definitiva, con este largo excurso he querido poner de manifiesto las
desastrosas consecuencias que puede llegar a tener lo que en ocasiones se ha denominado
el gobierno de los jueces.
Porque,
si ha habido una denuncia o querella se entiende que el juez o tribunal concernidos
deban actuar. Pero eso no significa, en modo alguno, que su actuación consista
necesariamente en abrir unas diligencias penales y seguir adelante con ellas,
aunque el mundo se hunda. Los jueces, tan imaginativos a veces en la
interpretación de las leyes para afirmar su jurisdicción, por qué no emplean
ese don para afirmar justo lo contrario y no interferir en las actuaciones de
defensa de la seguridad e integridad territorial del Estado que le competen al
poder ejecutivo, que es el llamado constitucionalmente para ello.
Este
asunto tiene otra derivada que no puedo dejar de lado. En los últimos tiempos
estamos asistiendo a una tensión más o menos soterrada entre, por un lado, el gobierno
(en sentido amplio, podríamos decir que uno de los polos lo integra no solo el
gobierno, sino el PSOE y, en general, la mayoría en la que se ha venido
apoyando); y, por otro lado, los jueces. No me atrevo a decir que el otro polo
de la controversia sea el poder judicial en su conjunto. Dejémoslo en los
jueces, de momento.
El
gobierno et alii se están revolviendo indisimuladamente contra
determinadas actuaciones judiciales que les afectan, no limitándose a criticar
las resoluciones judiciales, sino llegando en algunos casos a desacreditar la
labor judicial y a algunos jueces, acusándolos de hacer política desde los
juzgados.
Se
trata de un asunto extremadamente preocupante, pero no es este el momento de
profundizar en el mismo. Solo quiero dar una pincelada. Es evidente que por
razones sociológicas, la mayoría de los jueces son más bien de derechas y eso
es algo que debería corregirse. Pero, mientras tanto, todos debemos respetar, y
el primero el gobierno, la importante labor que desempeñan los jueces en la
sociedad. Comprendo que a veces resulte irritante que se note demasiado el
sesgo político de determinadas resoluciones judiciales. Pero el gobierno no se
debería permitir que esa irritación le lleve a desacreditar la labor judicial,
sino que está obligado a combatirla con los medios previstos legalmente y, si
no le satisface el resultado, deberá promover las reformas legales que sean
necesarias. Todo menos embarcarse en la labor subversiva de atacar a los jueces.
Dicho
esto, lo que quiero poner de manifiesto en este momento es que conductas como
la que estoy comentando, en las que el estamento judicial en su conjunto se ha posicionado
como lo ha hecho contra el poder ejecutivo, tienen el efecto perverso de cargar
de razón a quienes piensan que los jueces hacen política contra un gobierno de
izquierdas, porque son de derechas.
En
definitiva, como creo que ha quedado claro en las líneas anteriores, mi opinión
es que Grande-Marlaska tiene razón. Con todo, esto no es desde luego lo más
importante. Lo más importante es que la juez Tardón, al ocultarle al gobierno
la información de la que disponía, ha podido poner en peligro la seguridad y la
integridad territorial de España. Y, cuando el gobierno lo ha advertido, el
estamento judicial español en su conjunto, encabezado por su presidenta, ha
demostrado públicamente a la sociedad española que está encantado de haberse
conocido.
