CARTA ABIERTA DE JEFFREY SACHS AL CANCILLER FRIEDRICH MERZ

El pasado día 27 de mayo el diario alemán Berliner Zeitung publicó una carta abierta del economista norteamericano y profesor de la universidad de Columbia Jeffrey Sachs[i] dirigida al canciller alemán Friedrich Merz.

El contenido de la carta es sumamente inquietante y su tono general transmite la idea de que en ella se habla de asuntos transcendentes y decisivos para el futuro de Europa y del mundo y, por tanto, de todos nosotros.

Transcribo a continuación la carta traducida al castellano, tal y como la ha publicado Félix Ovejero en su muro de Facebook.

Incluyo un par de amplias notas al pie, sobre el perfil del autor de la carta y sobre el gaseoducto Nord Stream 2[ii], que me ha facilitado gentilmente ChatGPT.

Es un asunto largo y complejo, pero, si estás preocupado por nuestro futuro, estoy convencido de que te interesará.

 

CARTA ABIERTA DE JEFFREY SACHS AL CANCILLER ALEMÁN

Canciller Merz,

Cuando le escribí una carta abierta hace medio año, insté a Alemania a apostar por la diplomacia con Rusia en lugar de por la normalización de la guerra. Seis meses después, la situación en Europa ha empeorado drásticamente. Europa y Rusia se están sumiendo en una guerra abierta. Y en esa deriva, canciller, su responsabilidad es singular. Ningún líder europeo —ni en París, ni en Varsovia, ni en Roma— ocupa la posición que ocupa Alemania, ni tiene el poder que usted tiene personalmente, para detener esta catástrofe. ¿Intentará usted lograr la paz?

Usted mismo, junto con la primera ministra Meloni y el presidente Macron, pidió en enero de 2026 que Europa reanudara las relaciones con Rusia y describió a Rusia como «un país europeo». Sin embargo, no apostó por la diplomacia. Con el futuro de Europa en juego, esto supone una extraordinaria renuncia al liderazgo. ¿Ha intentado usted, en sus meses como canciller, entablar un diálogo sustantivo con el presidente Putin? ¿Ha intentado su ministro de Asuntos Exteriores entablar un diálogo sustantivo con el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov? Conversaciones reales, del tipo de las que pusieron fin a la Guerra Fría. La respuesta, por lo que revelan los registros públicos, es no. Ni una sola vez. Y no por falta de reconocimiento de la urgencia.

Los últimos días han traído consigo una peligrosa escalada que debería ser motivo de preocupación para todos los europeos. Ambas capitales se encuentran ahora bajo un ataque constante: los drones ucranianos de largo alcance han penetrado profundamente en Moscú, alcanzando incluso objetivos civiles; los ataques con misiles y drones rusos contra Kiev se han intensificado considerablemente. Los drones ucranianos han invadido el espacio aéreo de los Estados bálticos, lo que plantea la posibilidad inmediata de un incidente que podría arrastrar a Europa directamente a la guerra. Un horrible ataque ucraniano contra una escuela de niños en Lugansk ha erosionado aún más lo poco que queda de moderación. Y el 25 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, siguiendo instrucciones del presidente Putin, notificó formalmente al secretario de Estado de Estados Unidos que las Fuerzas Armadas rusas van a lanzar ahora «ataques sistemáticos y sostenidos» contra instalaciones y centros de toma de decisiones en Kiev (Anuncio de ataque – Rafael Poch de Feliu) . El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha aconsejado a Estados Unidos y a otros países que «garanticen la evacuación de su personal diplomático y demás ciudadanos de la capital de Ucrania». Ese mensaje es el prólogo de una escalada importante. La diplomacia es más urgente que nunca.

La forma de defender Ucrania no es continuar con la matanza, sino la paz en términos aceptables para todas las partes. En cambio, nos enfrentamos a una escalada, con más muertes, más destrucción y la perspectiva real de una guerra que se extienda más allá de Ucrania.

Al reclamar cada vez más armas, una capacidad bélica cada vez mayor y demostraciones cada vez más sonoras de «determinación», y al dar a entender que Alemania se está preparando para la guerra en lugar de trabajar para ponerle fin, ha permitido que Berlín se convierta en un acelerador, en lugar de un freno, de una guerra a escala europea.

La responsabilidad de Alemania: seis aspectos concretos

Alemania tiene una profunda responsabilidad en la situación a la que se enfrenta ahora. Antes de que la política alemana pueda reorientarse hacia la paz, es necesario afrontar con honestidad el historial de Alemania. A continuación expongo seis graves fracasos de la política exterior alemana respecto a Rusia desde la reunificación alemana en 1990.

Primero: el Tratado 2+4 y la expansión hacia el este de la OTAN. El 12 de septiembre de 1990, en Moscú, Alemania firmó el Tratado sobre el Arreglo Definitivo con respecto a Alemania —el «Tratado 2+4»— que completó la reunificación alemana. Ese tratado se consiguió porque Mijaíl Gorbachov recibió garantías solemnes, por parte de Hans-Dietrich Genscher, de Helmut Kohl, de James Baker y de otros líderes occidentales, de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Los documentos desclasificados —incluidos los memorandos ahora públicos recopilados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington— son inequívocos: esas garantías se dieron y, en aquel momento, se entendía claramente que se aplicaban más allá del territorio de la antigua RDA, a Europa del Este. Estas garantías se reafirmaron a lo largo de 1990 y 1991.

El Tratado 2+4 limita el despliegue de tropas de la OTAN en la antigua RDA y reitera los principios del Acta Final de Helsinki, que subraya que la seguridad de ninguna nación debe lograrse a expensas de otra. ¿Acaso hay alguien sensato que crea que a la Unión Soviética le preocupaban las tropas occidentales en el territorio de la antigua RDA, pero le resultaban indiferentes los ejércitos de la OTAN en Varsovia, Vilna o Kiev? Por supuesto que no.

La cuestión de la ampliación de la OTAN se debatió en detalle y Alemania dio garantías explícitas a los líderes soviéticos de que no habría ampliación hacia el Este —garantías que luego se incumplieron—. Alemania fue la principal beneficiaria de esas garantías, que constituían la contrapartida de la reunificación alemana. Sin embargo, ya en 1993, los líderes alemanes comenzaron a promover el incumplimiento de esas garantías.

Segundo: el propio testimonio de la canciller Merkel. En sus memorias, Angela Merkel escribe con sorprendente franqueza que, en el momento de la Cumbre de Bucarest de 2008, comprendió que invitar a Ucrania y Georgia a la OTAN equivaldría a una declaración de guerra a Rusia. Conocía la línea roja de Rusia. Y, sin embargo, cedió a la presión estadounidense, aceptando el comunicado de compromiso en el que se afirmaba que Ucrania y Georgia «se convertirían» en miembros de la OTAN. Esa única frase desencadenó las catástrofes de 2014 y 2022. La franqueza posterior de Merkel es un regalo para sus sucesores: les ha dicho, claramente y con sus propias palabras, lo que se entendía en aquel momento. Alemania no debería ahora fingir lo contrario.

En tercer lugar: la traición al acuerdo del 21 de febrero de 2014. El 21 de febrero de 2014, en Kiev, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, junto con sus homólogos polaco y francés, medió en la firma de un acuerdo entre el presidente Yanukóvich y la oposición. El acuerdo preveía el retorno a la Constitución de 2004, la formación de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas. Se consultó al presidente Putin; el acuerdo fue confirmado. Se trataba de un logro diplomático de gran importancia en un contexto de intensa violencia. Sin embargo, en menos de veinticuatro horas, Yanukóvich fue derrocado por la fuerza mediante un violento golpe de Estado. Alemania no insistió en el cumplimiento del acuerdo que acababa de garantizar. En cambio, siguiendo el ejemplo de EE. UU., Alemania respaldó al nuevo Gobierno, como si no hubiera existido ningún acuerdo. Esa decisión convenció a Moscú de que no se podía confiar en las firmas occidentales.

Cuarto: Minsk II. En febrero de 2015, la canciller Merkel negoció personalmente Minsk II en el Formato de Normandía y prometió el respaldo político de Alemania a través de la Declaración de Apoyo adoptada en Minsk el 12 de febrero de 2015. Durante siete años, la disposición política clave —la autonomía de las regiones del Donbás dentro de una Ucrania soberana— nunca fue aplicada por Kiev. Alemania no presionó a Kiev para que aplicara la disposición de autonomía que había defendido, y Merkel reconoció más tarde que el acuerdo se había utilizado como una maniobra dilatoria para permitir que Ucrania se rearmara. El presidente Hollande dijo lo mismo.

La garantía, en otras palabras, no era una garantía en absoluto. Se trataba de una estratagema —una vez más, a instancias de Washington—. Una vez más, el mensaje para Moscú era que no se puede confiar en las firmas occidentales.

Quinto: Nord Stream. El 7 de febrero de 2022, en el Salón Este de la Casa Blanca, el presidente Biden anunció —con el entonces canciller Olaf Scholz a su lado— que «si Rusia invade… entonces ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin». Cuando se le preguntó cómo, respondió: «Les prometo que seremos capaces de hacerlo». Los gaseoductos fueron destruidos siete meses después en un acto de sabotaje en el mar Báltico. Las pruebas disponibles —reportajes de investigación en Estados Unidos y Alemania, la pista seguida por la fiscalía federal alemana y las declaraciones públicas de antiguos funcionarios— apuntan de manera abrumadora a una operación conjunta entre Ucrania y Estados Unidos. El Gobierno alemán lo sabe desde hace tiempo. Y, sin embargo, Alemania ha permitido que la culpa pública recaiga sobre Rusia, en contra de las pruebas directas, mientras que un acto de sabotaje industrial contra la economía alemana ha quedado sin enjuiciar y sin respuesta.

Sexto: el acuerdo de Estambul de abril de 2022 que estaba al alcance de la mano. Apenas unas semanas después de la invasión rusa en febrero de 2022, los negociadores rusos y ucranianos se reunieron en Estambul para acordar los términos de un acuerdo de paz: la neutralidad de Ucrania fuera de la OTAN, garantías de seguridad multilaterales, límites acordados de tropas y la resolución política de las cuestiones de Donbás y Crimea con el tiempo. . El acuerdo estaba a pocos días de firmarse. El ex primer ministro israelí Naftali Bennett, uno de los mediadores, ha confirmado públicamente que el acuerdo estaba a punto de cerrarse y que Occidente —en particular, Estados Unidos y el Reino Unido— intervino para bloquearlo. La misión del primer ministro Boris Johnson a Kiev en abril de 2022 para ordenar a Ucrania que no firmara es de dominio público. Cientos de miles de vidas ucranianas y rusas, así como el orden europeo en general, han pagado el precio de esa intervención de Estados Unidos y el Reino Unido. Alemania no ha alzado la voz al respecto, a pesar de que, más que ningún otro Estado europeo, ha soportado las consecuencias económicas.

La segunda catástrofe: la autodestrucción económica de Alemania

Su primera preocupación debe ser la paz. El mensaje de ayer de Moscú nos dice lo tarde que es la hora. Pero hay una segunda catástrofe desarrollándose junto a la primera: la destrucción deliberada de la economía alemana, con Berlín como autor y víctima a la vez.

La economía industrial de Alemania se construyó sobre el comercio con Rusia. La destrucción del Nord Stream y la consiguiente ruptura de las relaciones comerciales de Alemania con Rusia han llevado a Alemania a comprar gas natural a Estados Unidos a precios varias veces superiores a los del gas ruso que sustituía. Esto es un suicidio industrial. El sector químico alemán, su sector siderúrgico, su industria del vidrio, sus fabricantes de alto consumo energético —los cimientos mismos del Mittelstand— están perdiendo competitividad internacional día a día. Los puestos de trabajo cualificados están desapareciendo de la economía alemana. Y el contribuyente y el consumidor alemanes están provocando una transferencia de riqueza nacional de Alemania a los productores de gas estadounidenses a una escala sin precedentes en la Europa de la posguerra.

Además, el Gobierno alemán se está comprometiendo ahora a un enorme aumento del gasto en defensa —cientos de miles de millones de euros durante la próxima década— para armarse de cara a una guerra que la diplomacia podría evitar fácilmente. Se trata de una profunda mala asignación de los recursos nacionales. El reto fundamental al que se enfrenta Alemania en esta década es la competitividad en la era digital. Cada euro gastado en tanques, misiles y proyectiles de artillería es un euro que no se gasta en la capacidad de IA de Alemania, en su capacidad de diseño y fabricación de chips, en su infraestructura energética y en las redes digitales de alta velocidad que Alemania necesita para seguir siendo una de las principales economías mundiales.

La cruda realidad, señor canciller, es que no hay seguridad que se pueda comprar con estas armas que la diplomacia no pueda comprar por una mínima fracción del coste, y no hay prosperidad posible sin las inversiones digitales y energéticas que este aumento del armamento desplazará.

Mi llamamiento

Canciller Merz, más que de ningún otro líder europeo, depende de usted que Europa caiga en una guerra generalizada o que vuelva a la negociación y a la cordura económica. Es ya muy tarde. El mensaje oficial enviado ayer por Moscú a Washington lo dice explícitamente. Por favor, entable un diálogo con el presidente Putin. Por favor, envíe a su ministro de Asuntos Exteriores a Moscú o invite al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia a Berlín. Por favor, reabra los canales de la OSCE que Alemania ha dejado atrofiar. Por favor, diga a Kiev que cese sus ataques contra objetivos civiles.

Y lo más importante, por favor, diga la verdad al público alemán: que una paz negociada basada en la neutralidad de Ucrania es la vía realista para salir de la catástrofe, y que restablecer una relación económica normal con Rusia es la vía realista para salir del declive industrial de Alemania.

Los términos de un acuerdo aceptable que Alemania podría proponer son claros. Los combates cesarían en una línea de armisticio. Todas las partes renunciarían a cualquier recurso futuro a la violencia en la cuestión de las fronteras. Ucrania restablecería su neutralidad y la OTAN renunciaría de forma permanente a una mayor ampliación hacia el este.

Europa y Rusia restablecerían sus relaciones económicas y pondrían fin al belicismo. La OSCE volvería a convertirse en el foro central para la seguridad europea, con el principio fundamental de que la seguridad europea es indivisible y no se basa en bloques militares que dividen a Europa. Paralelamente a esta paz, Alemania reorientaría sus recursos nacionales hacia las inversiones en tecnología digital, inteligencia artificial, semiconductores y energía que exige el futuro económico del país.

La historia recordará lo que haga en las próximas semanas y lo que no haga. También lo hará la opinión pública alemana. Y también los pueblos de Rusia, Ucrania y Europa en general. Es hora de la diplomacia, señor canciller. La decisión es suya.

Atentamente,

Jeffrey D. Sachs

Catedrático de la Universidad de Columbia

(Publicado en: https://www.berliner-zeitung.de/article/jeffrey-sachs-an-open-letter-to-chancellor-friedrich-merz-10038768)

[i] Jeffrey Sachs es una figura difícil de encasillar en las categorías políticas tradicionales. Ha evolucionado mucho a lo largo de su carrera y por eso recibe críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha.

Perfil personal y profesional

• Economista estadounidense, profesor de la Columbia University.
• Especialista en desarrollo económico, pobreza, sostenibilidad y políticas públicas.
• Fue asesor de varios gobiernos en procesos de transición económica (Polonia, Bolivia, Rusia, entre otros) y asesor de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
• Es conocido por obras como The End of Poverty y A New Foreign Policy.  

Evolución ideológica

Su trayectoria puede dividirse en dos etapas:

1. Décadas de 1980 y 1990: reformista de mercado

Durante la caída del bloque soviético fue uno de los economistas más asociados a las llamadas “terapias de choque”: reformas rápidas para pasar de economías planificadas a economías de mercado. En esa época muchos lo consideraban cercano al liberalismo económico y a las políticas de mercado.  

2. Desde los años 2000: desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza

Con el tiempo pasó a defender una mayor intervención pública en salud, educación, infraestructuras y cooperación internacional para combatir la pobreza extrema. Se convirtió en una de las voces más visibles del desarrollo sostenible y de la acción contra el cambio climático.  

Posición política actual

Si hubiera que situarlo hoy, probablemente estaría más cerca de:

• Centroizquierda internacionalista.
• Keynesiano en economía (no neoliberal en el sentido actual del término).  
• Defensor de organismos multilaterales como la ONU.
• Partidario de grandes inversiones públicas en desarrollo sostenible.
• Crítico de la desigualdad global y de la pobreza extrema.  

Sin embargo, también mantiene posiciones que no encajan fácilmente en el progresismo occidental dominante.

Política internacional y geopolítica

En los últimos años se ha hecho especialmente conocido por:

• Criticar duramente el intervencionismo militar de Estados Unidos.
• Oponerse a muchas de las guerras y cambios de régimen impulsados por Washington.
• Defender soluciones diplomáticas para conflictos como Ucrania.
• Advertir contra una nueva Guerra Fría con China.
• Cuestionar la expansión de la OTAN hacia el este como factor de tensión con Rusia.  

Estas posiciones han provocado que algunos lo consideren excesivamente comprensivo con Rusia o China, acusación que él rechaza argumentando que está defendiendo el realismo geopolítico y la diplomacia.  

Respecto a Israel y Palestina

Ha sido muy crítico con el gobierno de Benjamin Netanyahu y con el apoyo estadounidense a Israel durante la guerra de Gaza. Sus declaraciones en este ámbito han generado una fuerte polémica.  

Cómo lo ven sus críticos y sus partidarios

Sus partidarios dicen que es:

• Un humanista pragmático.
• Un defensor de la paz y la cooperación internacional.
• Un economista centrado en resolver problemas reales de pobreza y desarrollo.

Sus críticos dicen que es:

• Demasiado indulgente con China y Rusia.
• Ingenuo respecto a regímenes autoritarios.
• Contradictorio, porque pasó de defender reformas de mercado muy agresivas a promover un papel mucho mayor del Estado y de las instituciones internacionales.  

Resumen en una frase

Jeffrey Sachs podría describirse hoy como un economista keynesiano, internacionalista, defensor del desarrollo sostenible y fuertemente crítico del intervencionismo militar estadounidense, una combinación que lo sitúa fuera de los esquemas habituales de izquierda y derecha y explica por qué genera tanto apoyo como controversia.

[ii] Nord Stream 2 es un gasoducto submarino construido para transportar gas natural desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, evitando los países de tránsito tradicionales como Ucrania, Polonia y Bielorrusia. Fue promovido principalmente por Gazprom y financiado junto con varias compañías energéticas europeas.  

Finalidad y objetivos

Los objetivos declarados del proyecto eran:

1. Aumentar el suministro de gas ruso a Europa, especialmente a Alemania.
2. Duplicar la capacidad de transporte del sistema Nord Stream existente, alcanzando unos 110.000 millones de m³ anuales entre Nord Stream 1 y Nord Stream 2.  
3. Reducir costes de transporte al utilizar una ruta directa por el mar Báltico.
4. Evitar riesgos geopolíticos y disputas de tránsito con países intermedios, especialmente Ucrania.  

Sin embargo, sus críticos sostenían que también aumentaría la dependencia energética europea de Rusia y debilitaría la posición económica y estratégica de Ucrania, que obtenía importantes ingresos por el tránsito del gas ruso.  

Ejecución y desarrollo

1. Planificación (2011-2015)

• Tras el éxito del primer Nord Stream, comenzaron estudios para construir una segunda infraestructura paralela.
• Se diseñó una ruta desde la zona de Ust-Luga (Rusia) hasta Greifswald/Lubmin (Alemania).  

2. Construcción (2018-2021)

• El gasoducto tiene aproximadamente 1.230 km de longitud.
• Cruza aguas o zonas económicas exclusivas de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania.
• Está formado por dos tuberías paralelas con capacidad conjunta de 55.000 millones de m³ anuales.  

3. Finalización (septiembre de 2021)

• La construcción concluyó en septiembre de 2021.
• Se llenó con gas técnico y quedó listo para entrar en funcionamiento.  

¿Por qué nunca entró en servicio?

En febrero de 2022, pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno alemán encabezado por Olaf Scholz suspendió el proceso de certificación del proyecto. Posteriormente, las sanciones occidentales y la guerra hicieron inviable su puesta en marcha.  

Sabotaje de 2022

El 26 de septiembre de 2022 se produjeron explosiones submarinas cerca de la isla danesa de Bornholm que dañaron gravemente tres de los cuatro conductos de los sistemas Nord Stream 1 y 2. Las investigaciones de varios países concluyeron que se trató de un acto de sabotaje, aunque la autoría sigue siendo objeto de controversia.  

Resultado final

• Construido: Sí.
• Coste aproximado: unos 11.000 millones de dólares/euros.  
• Puesto en servicio: No.
• Estado actual: una de las líneas de Nord Stream 2 sigue físicamente intacta, pero el proyecto permanece paralizado y nunca ha transportado gas comercialmente.  

En resumen, Nord Stream 2 fue concebido como una gran infraestructura energética para reforzar el suministro directo de gas ruso a Alemania, pero terminó convirtiéndose en uno de los proyectos energéticos más controvertidos de Europa y nunca llegó a operar debido a la crisis geopolítica derivada de la guerra en Ucrania. 

LOS SINDICATOS DOCENTES, ESA CARCOMA

Alguien debería escribir una crónica del papel de los sindicatos docentes en la desarticulación y desmembración de España. El último ejemplo, las movilizaciones en la Comunidad Valenciana, cuyo lema parece ser “Enseñanza pública de calidad y en valenciano”. ¿Por qué demonios promueven los sindicatos docentes que la enseñanza se realice en ese dialecto que solo hablan unos pocos valencianos? Pues ya te lo digo yo: para protegerse de la competencia del resto de España, como ya lo han logrado los sindicatos de Cataluña, el País Vasco, Galicia y Baleares y pronto lograrán los asturianos. Competencia desleal, por cierto, porque los ciudadanos de esas regiones no tienen ninguna barrera para trabajar en el resto de España.

PACTO ROTO: O PATO O NUTRIA

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Me gusta oír los domingos, en el programa de la SER “A vivir que son dos días” la píldora de la escritora argentina Leila Guerriero. En apenas tres minutos, con una voz y un acento cautivadores, compone una pieza de literatura oral que con frecuencia me emociona. No siempre, otras veces me deja indiferente. Generalmente, desgrana un trozo de la vida (casi siempre de su vida) con un enfoque personalísimo y con una distancia de la realidad noticiosa circundante que se agradece.

Pero hoy me ha defraudado. Para ilustrar por qué como escritora nunca abandona una historia ya empezada, nos narra un episodio que vivió siendo muy joven (“cuando era chica”). Salió a cazar con sus padres y su hermano y le disparó a un animal cerca de un humedal. El animal quedó malherido y su padre la emplazó a ultimarlo: “siempre se termina lo que se empieza; no hay que hacer sufrir”. Y ella cumplió lo que se le ordenaba y aprendió la lección.

Quizá no sea fraude la palabra más adecuada para nombrar lo que sentí. Es algo relacionado con la regla tácita que rige mi relación como oyente con la ‘escritora oral’: la necesidad de percibir lo narrado como verosímil, cuando de experiencias pregonadamente personales se trata. Y mi mente no admite como verosímil que la escritora no recuerde si el animal al que le disparó aquel día era un pato o una nutria.

POLICÍA EN EL INSTITUTO

 

Hoy me he enterado de que la Generalidad de Cataluña, gobernada por el Partido Socialista, ha puesto en marcha un plan para introducir agentes de policía de paisano, sin armas y con presencia estable en 13 institutos de secundaria considerados de alta conflictividad. La idea oficial es que no actúen como policías uniformados en clase, sino como figuras de prevención, mediación y apoyo a la convivencia.

Las razones de la medida.

1. Aumento de la conflictividad escolar. Al parecer, han crecido los episodios de violencia dentro y alrededor de los centros: conflictos entre alumnos, agresiones a profesores, tensiones con familias y problemas que también se trasladan al ámbito digital. La medida se plantea para centros donde las direcciones habrían pedido apoyo específico.

2. Prevención y mediación antes de que el conflicto escale. Los agentes irán de paisano y sin armas para intervenir de forma menos visible y menos coercitiva. Su función declarada sería mediar en conflictos, detectar situaciones de riesgo, acompañar a los equipos directivos y colaborar en programas educativos o preventivos.

3. Dar apoyo a equipos docentes y directivos que se sienten desbordados. El departamento de Interior ha dicho que el plan responde a una petición del Departamento de Educación, ante el aumento de violencia en las aulas. También se ha citado el malestar de docentes que denuncian pérdida de autoridad o falta de herramientas ante situaciones graves.

4. Reducir la violencia juvenil y mejorar la seguridad en el entorno del instituto. El plan no se limitará al interior del centro, sino que también busca vigilar o mejorar el clima en los alrededores, donde a veces se producen peleas, acoso, amenazas o conflictos entre grupos.

5. Probar un modelo antes de ampliarlo. De momento se presenta como una prueba en 13 centros. La Generalidad prevé evaluarlo al final del curso y decidir si lo mantiene o lo extiende.

Las críticas.

Los sindicatos docentes, como no, asociaciones y partidos como ERC, Comunes (los podemitas catalanes) y CUP han criticado que se estigmatice a determinados centros y alumnos con la medida, introduciendo una lógica policial en un problema educativo y social, y desviando recursos que —según sus críticos— deberían ir a más profesorado, educadores sociales, orientación, salud mental y apoyo a la convivencia.

Hoy, el diario El País, cada día más podemizado, en el editorial que le dedica al asunto, reproduce las críticas a la medida que ha formulado la extrema izquierda catalana, que acabamos de mencionar.

Yo estoy en desacuerdo con el modo de aplicar la medida de la presencia policial en los institutos, así como con las críticas que ha merecido, aunque, evidentemente, en lo que se refiere a estas últimas, por motivos, diría que opuestos.

El único modo legítimo de enfrentarse a la violencia en una sociedad es mediante el empleo sin complejos del monopolio de la fuerza que ostenta el Estado.

El argumento central de mi crítica es este: un acto violento no deja de ser un acto violento porque ocurra dentro de un instituto ni porque su autor tenga entre 15 y 18 años. La edad puede modular la respuesta penal, educativa o sancionadora, pero no puede anular la obligación del Estado de proteger a las víctimas.

Cuando hay agresiones a profesores, amenazas, coacciones, daños graves al material del centro, robos, peleas organizadas o intimidación a compañeros, ya no estamos solo ante problemas de convivencia. Estamos ante problemas de orden público, conductas que lesionan derechos básicos, como la integridad física, la libertad, la seguridad, la propiedad pública y el derecho de los demás alumnos a estudiar en paz.

En tales casos, la policía debe intervenir porque es el órgano al que el Estado encomienda la protección inmediata frente a la violencia. Los profesores no son vigilantes de seguridad, los orientadores no son agentes de autoridad policial y los equipos directivos no tienen medios coercitivos para neutralizar una agresión. Pedirles que gestionen solos situaciones violentas es abandonarlos institucionalmente.

Además, la presencia uniformada tiene un valor claro: identificación, autoridad y disuasión. El uniforme no es una provocación; es una señal pública de que la ley está presente. En otros espacios —la calle, un transporte público, un estadio, una fiesta local, un hospital— nadie considera extraño que la policía vaya uniformada e intervenga si hay violencia. El instituto no debería convertirse en una zona de excepcionalidad donde el Estado entra rebajado, escondido o simbólicamente avergonzado.

La escuela debe ser un espacio educativo y precisamente por eso no se puede tolerar que una minoría violenta la convierta en un espacio de impunidad. La intervención policial no sustituye a la educación, sino que protege las condiciones mínimas para que la educación sea posible.

Los policías no son educadores sociales.

Por otro lado, me parece un error atribuir a la policía funciones de mediación o refuerzo pedagógico. La policía no está para hacer de educador social, ni el profesor está para hacer de policía. Cada institución tiene una función propia.

La mediación requiere voluntariedad, confianza, neutralidad y trabajo educativo continuado. La policía, en cambio, representa la autoridad pública y la posibilidad legítima de la fuerza y la coerción. Y llamar “mediación” a la presencia policial puede ser un eufemismo. Si la situación exige mediación, hacen falta mediadores, psicólogos, orientadores, educadores sociales y equipos de convivencia. Si exige policía, hace falta policía.

La policía no debe ser usada como parche pedagógico. Donde hay fracaso educativo, pónganse recursos educativos; donde hay violencia, actúe la autoridad policial. Confundir ambas cosas no es sensibilidad social, es mala arquitectura institucional.

Una policía desarmada no es policía.

Por otro lado, si la Administración reconoce que existen situaciones de violencia suficientemente graves como para requerir presencia policial estable, entonces debe aceptar la consecuencia lógica de que esos agentes pueden verse obligados a intervenir ante agresiones reales. En tal caso, si van sin los medios habituales, se les coloca en una posición vulnerable y se reduce su capacidad de proteger a una víctima, protegerse a sí mismos o contener a varios agresores. En una pelea, una agresión a un profesor o un ataque al equipamiento, los segundos importan. La claridad operativa también importa.

Si la presencia policial es necesaria, debe ser una presencia policial real, no una presencia simbólica. Enviar agentes sin los medios ordinarios de intervención puede tranquilizar políticamente a quienes no quieren ver policía en los centros, pero puede dejar peor protegidos a profesores, alumnos y a los propios agentes.

La cuestión no es armas sí o armas no como consigna abstracta. La cuestión es si el Estado envía a sus agentes a un entorno donde puede haber violencia y les exige responder sin los instrumentos normales de protección. Eso puede ser más una decisión estética que una decisión de seguridad.

Sobre la supuesta estigmatización.

Estigmatizar sería decir que todos los alumnos de un instituto conflictivo son problemáticos, que un barrio entero es peligroso o que determinados jóvenes son irrecuperables. Eso sería injusto. Pero intervenir frente a quienes agreden, amenazan, rompen mobiliario o impiden la convivencia no es estigmatizar, es proteger a la mayoría.

De hecho, la falta de intervención también estigmatiza, pero a la inversa, pues abandona a los alumnos pacíficos de esos centros, a los profesores y a las familias que sí cumplen las normas. Cuando el Estado no actúa, el mensaje que reciben las víctimas es que su seguridad vale menos porque el conflicto ocurre en un entorno escolar y porque el agresor es menor.

Conclusión.

El modo en que se ha abordado este problema —policías de paisano, sin armas, presentados casi como mediadores o acompañantes— y las críticas que incluso así ha suscitado son una muestra bastante elocuente de estos tiempos laxos y pusilánimes. Ante una realidad tan concreta como la violencia en las aulas, una parte significativa de la sociedad parece preferir no darse por aludida, desplazar el problema al terreno de los eufemismos o considerar inapropiado que el Estado ejerza una de sus funciones esenciales, como es proteger a los ciudadanos mediante el uso legítimo, proporcionado y necesario de la fuerza cuando la convivencia ha sido quebrada. Una sociedad democrática no se degrada porque el Estado intervenga frente a quienes agreden, intimidan o destruyen bienes comunes; se degrada cuando empieza a sentir pudor de hacerlo. La autoridad legítima no es lo contrario de la educación: es, muchas veces, la condición que permite que la educación exista. Allí donde la violencia se impone, la neutralidad no es prudencia, sino abandono.

La intervención policial no debe ser la única respuesta, pero sí debe ser una respuesta disponible, clara y proporcionada cuando hay violencia. La prevención, la orientación y la mediación son necesarias antes del conflicto o en conflictos leves. Pero cuando hay agresiones, amenazas o destrucción deliberada de bienes públicos, el Estado no puede esconderse detrás de eufemismos. La autoridad democrática también educa, enseña que los derechos de los demás existen, que las normas obligan y que la violencia tiene consecuencias.

EL ESPEJO DE SALVADOR ILLA

La vicepresidente del gobierno, Yolanda Díaz dijo hace poco en entrevista con Alsina que el partido del fugado Puigdemont (Juntos por Cataluña-JpC) es un partido racista.

Hoy, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, al ser preguntado por el mismo Alsina si compartía la opinión de Yolanda Díaz, negó con cierta rotundidad que el referido partido sea racista.

A primera vista, podría pensarse que Illa niega que JpC sea racista porque admitirlo deja en mal lugar a su propio partido, que gobierna en España gracias a los votos, entre otros, de JpC. A lo que habría que añadir que si el partido de Illa gobierna en España lo es porque contó con el apoyo, no solo de JpC, sino de otros partidos, como PNV, ERC y Bildu que, en lo que se refiere a la cuestión de la que estamos hablando, no son menos racistas que JpC. Veamos.

Para llamar a algo racista en sentido estricto suele hacer falta que exista una discriminación que recaiga, de hecho o por diseño, sobre personas definidas por su origen nacional o étnico. El Consejo de Europa define precisamente esa discriminación indirecta como una práctica que coloca en desventaja a personas por motivos como la lengua, la nacionalidad o el origen étnico.

Y, ¿qué es lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco? Pues que el castellano, que es la lengua mayoritaria entre inmigrantes y entre las personas llegadas de otras regiones de España, está excluido por completo de la administración, de la señalización pública y de la enseñanza en todos los niveles. Además, se da la coincidencia de que las capas más vulnerables de la sociedad tienen como lengua materna el castellano.

Por eso, en particular, excluir el castellano en las escuelas vasca y catalana produce necesariamente que el fracaso escolar recaiga con mayor intensidad en los castellanohablantes que, además, pertenecen a las clases más vulnerables, como ya hemos dicho. Esto no es solo una discriminación intolerable y una política absolutamente ineficiente para el progreso de la sociedad en su conjunto, sino que es de una crueldad inaudita. Se trata de una política desalmada e inhumana, aplicada sobre escolares a los que se les obliga a escolarizarse en una lengua que no es la suya, lo que incide con especial saña en los niños inmigrantes, la mayoría de ellos castellanohablantes, que al desarraigo de la propia emigración deben unir la frustración y la impotencia que les genera el tener que estudiar en una lengua que no conocen…cuando la totalidad de sus profesores sí conocen la lengua materna de los niños inmigrantes.

Por tanto, los efectos de esta política lingüística no son solo lingüísticos. Al recaer el impacto de dicha política de manera especialmente intensa sobre grupos marcados por su origen y por su posición social, encaja muy bien con la idea de discriminación múltiple o interseccional: lengua + origen + clase social. El propio sistema europeo de derechos humanos prohíbe discriminaciones en el disfrute de derechos por motivos, entre otros, de lengua, origen nacional o social.

Lo que ocurre en Cataluña y el País Vasco es que la política no solo protege las lenguas regionales de dichos territorios, sino que usan la lengua regional como filtro de acceso a derechos básicos, funcionando como una forma de nativismo institucional: favorecer a los “de aquí” o a los grupos históricamente dominantes y poner trabas a quienes vienen de fuera, aunque formalmente no se les mencione por raza o nacionalidad. Cuando ese patrón afecta sobre todo a colectivos definidos por su nacionalidad, etnia, origen o lengua materna, hablar de racismo estructural o institucional deja de ser una exageración retórica y pasa a ser una acusación plausible.

El caso de Cataluña es particularmente sangrante, porque allí, ciudadanos particulares llevan lustros pleiteando con éxito en los tribunales para que sus hijos puedan estudiar al menos algunas de las asignaturas en castellano. Pero, reiteradamente, los poderes públicos regionales catalanes, no solo incumplen sistemáticamente las sentencias, sino que dictan leyes y reglamentos para sortearlas. En los últimos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado varios artículos de uno de esos reglamentos y la respuesta de Salvador Illa ha sido… En definitiva, lo que ha dicho Illa es que tampoco su gobierno va a cumplir esa sentencia, ni las anteriores. Es decir, la política lingüística del partido de Salvador Illa (el Partido Socialista) que ahora gobierna en Cataluña, es la misma que la de los gobiernos nacionalistas-separatistas anteriores.

En definitiva, cuando Salvador Illa niega que los separatistas catalanes sean racistas no solo está intentando proteger a Pedro Sánchez. Se está protegiendo él mismo. Porque Alsina, al preguntarle por el racismo de JpC, ha colocado a Illa ante el espejo. Y lo que ha visto es que las razones por las que algunos pensamos que Puigdemont y los suyos son unos xenófobos y unos racistas le son igualmente aplicables a Illa y a los suyos. Porque, a los efectos que nos ocupan, sus políticas son idénticas.

EL JUEZ Y LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

La controversia sobre el procesamiento acordado por el juez contra la esposa del presidente del gobierno se está desarrollando, como casi todos los debates en España, con excesiva brocha gorda. En general, los hunos no caben en sí de gozo al ver en apuros a Sánchez y no discuten ni un ápice del relato incriminatorio y las consecuencias penales que ha formulado el juez; mientras, los hotros centran su rabia por el golpe que les han infligido casi exclusivamente en el juez, acusándolo de hacer política desde el juzgado.

Los segundos están en desventaja, ya que son los que han recibido el daño reputacional y político de la imputación y la investigación judicial, que ha desembocado en el procesamiento. Pero no estoy seguro de que la torpeza con la que se están desenvolviendo se explique completamente por dicha circunstancia.

El sistema de instrucción penal vigente en España produce a menudo tremendas injusticias, rayanas en el disparate. Como he tenido ocasión de exponer en otros lugares, para que una persona resulte imputada basta con que sobre la misma concurra el indicio de estar relacionada, aunque sea vagamente, con unos hechos de apariencia delictiva.

El término indicio tiene las siguientes dos acepciones en el DRAE: “1. Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido. 2. Cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa.” Con estos mimbres semánticos no hace falta ser muy sagaz para percatarse de lo fácil que puede llegar a ser que prospere una denuncia maliciosa, si cae en manos del juez adecuado. Basta con que la persona contra la que se emprenda la denuncia esté de algún modo relacionada con los hechos presuntamente delictivos, por razones personales, profesionales o de cualquier otra índole y que un juez se tome la denuncia con interés. Facultades legales para ello no le faltarán, como vemos todos los días.

La segunda razón por la que el sistema de justicia penal vigente en España destroza de modo inapelable vidas, honras y haciendas es porque, en la práctica, los jueces de instrucción no están obligados a justificar con suficiencia la relevancia penal de los hechos investigados. Y, lo que es peor, cuando un imputado pretende poner de manifiesto la ausencia de la referida relevancia penal de los hechos que le imputan, siempre se le responde que esa alegación es extemporánea y que, si quiere, puede formularla en el juicio, al que se ve inopinada e inevitablemente avocado.

Cuento esto porque lo que late en el fondo de las criticas a la labor del juez de instrucción en este caso es precisamente que los hechos investigados no son delictivos ni pueden serlo. Pero estas críticas parecen ignorar que el grueso de la actividad incriminatoria llevada a cabo por el juez ha venido siendo validado por la Audiencia Provincial de Madrid por vía de recurso.

Aquí nos encontramos, por tanto, con la primera incoherencia: el superministro Bolaños y el resto del gobierno no pueden limitarse a poner a caer de un burro al juez instructor, como si fuera un malicioso perturbado solitario, sin hacer lo propio con los magistrados de la audiencia que han validado las decisiones de aquel. A menos que el gobierno piense que la audiencia no ha podido obrar de otro modo. Y, si así fuera, tampoco la conducta del juez sería ilegítima. Digámoslo de otro modo: si el gobierno no critica a la audiencia es porque no pudo revocar las decisiones del juez. Y, si no las pudo revocar, es porque dichas decisiones estaban ajustadas a derecho. Por tanto, si el resultado de todo este enredo (el procesamiento de la esposa del presidente) es ajustado a derecho, pero es injusto, la responsable sería una ley deficiente, que habría permitido llegar a este estado de cosas. Y así debería manifestarlo quien pretenda terciar críticamente, pero con honradez, en este asunto, proponiendo la oportuna reforma legal, que impida la reproducción de estas situaciones.

No conozco el auto de procesamiento que ha dictado el juez, a pesar de haberlo buscado con interés en Internet, así que no puedo ni rechazar ni avalar los razonamientos jurídicos en los que se basa. Pero, por lo dicho hasta ahora, me permito aventurar que no resulta descabellado pensar que pudiera carecer de sustancia penalmente relevante.

Para ilustrar el alcance de esta probable y frecuente deficiencia de la instrucción penal rampante en España me voy a remitir a un procedimiento que tuvo gran repercusión en los medios informativos en su momento. Me estoy refiriendo a la imputación que sufrió el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, por no haber prohibido la celebración de las manifestaciones del 8M del año 2020, en los albores de la pandemia del coronavirus. La juez imputó al delegado por un presunto delito de prevaricación. Para condenar a una persona por esos hechos y por ese delito deberían haberse cumplido varias condiciones y, entre ellas, las dos siguientes: en primer lugar, debería haber existido una norma jurídica que hubiese obligado claramente al delegado a actuar del modo en que sostenía la juez, es decir, prohibiendo la manifestación; y, en segundo lugar, la omisión de la que se acusaba al delegado debería haber sido dolosa, es decir, intencionada y no meramente negligente. Pues bien, en el momento en que imputó, la juez no tenía indicios de que concurrieran estos dos elementos del tipo penal que acabamos de mencionar. Que, dicho sea de paso, se nos antoja que son esenciales para considerar que se habría perpetrado un delito en ese caso. Siendo generosos podemos conjeturar que la juez imputó al delegado por la concurrencia de indicios sobre otros elementos del tipo, pero no sobre estos dos que hemos mencionado. Cabe decir aquí que, para condenar por un delito, deben concurrir todos los elementos del tipo penal definido en el Código. En definitiva, la juez imputó al delegado por unas sospechas, para ver si encontraba los indicios, porque no los tenía. Es decir, imputó por unos hechos sin relevancia penal, sin que el sistema de recursos ante la Audiencia Provincial le impidiera continuar adelante con una instrucción injustificada. Que es tanto como decir que el ordenamiento jurídicopenal español permite destrozar gratuitamente la vida, la honra y la hacienda de una persona, sometiéndola a imputaciones infundadas. Afortunadamente, en este caso, quizá porque tras practicar toda clase de costosas diligencias no pudo deshacer la clamorosa ausencia de indicios delictivos, la juez no se arriesgó a que el enjuiciamiento de estos hechos la dejara en ridículo y archivó la causa, que no llegó a juicio. No obstante, enrabietada por verse obligada a tomar esa decisión, plagó el auto de archivo de reproches morales y políticos al delegado del gobierno, con una falta de pertinencia clamorosa, aunque, lamentablemente, habitual en la judicatura.

En definitiva, las críticas del gobierno al juez son absurdas. El juez ha hecho lo que la ley le permite, porque si se hubiera excedido lo habría corregido la audiencia. Y, si la audiencia debió haber corregido al juez y no lo hizo, que es lo que podría inferirse de las críticas del gobierno, ya no estaríamos ante un juez perturbado o que hace política desde su juzgado, sino ante un problema mucho más grave: sería toda la estructura judicial la que está perturbada o hace política. Pero, eso no se atreve a decirlo el gobierno. Y hay que decir que el gobierno hace bien en no extrapolar. Porque el problema es más complejo: es todo un ecosistema el que permite que ocurran estas cosas.

Es cierto que si no concurren todos los elementos del tipo penal no debería abrirse una instrucción penal y, una vez abierta y advertida la carencia por el propio instructor o por el órgano judicial superior, debería archivarse definitivamente (y no provisionalmente ad aeternum, como suelen hacer los jueces), pidiendo disculpas e indemnizando a la persona tan gravemente ofendida y perjudicada. Pero, obsérvese bien que he dicho que tal cosa no debería ocurrir, pero no que sea ilegal que ocurra. Y esto es así porque la ley permite que prospere una imputación y se lleve a juicio a una persona sin que concurran, al menos a nivel indiciario, todos los elementos del tipo penal del que se le acusa.

Esto ha podido ocurrir en este caso, aunque yo no lo sé, porque no conozco el auto de procesamiento. Y, si ha ocurrido, vuelvo a decir que criticar en exclusiva al juez me parece injustificado. Tan culpables como él son los magistrados competentes para fiscalizar sus decisiones. Tanto uno como otros podrían haber considerado que no hay indicios, si es que no lo los hay, de todos los elementos del tipo penal y, en consecuencia, no haber iniciado o haber frenado la instrucción penal.

Ahora bien, siendo esto cierto, es de todo punto inaceptable que todo un gobierno dizque democrático ataque en tromba aisladamente a un juez instructor cuyas decisiones han sido ratificadas por el tribunal superior. Como he señalado anteriormente, si el gobierno está convencido de que en este caso no hay indicios de culpabilidad y el sistema legal no ha sido capaz de depurar esa presunta anomalía, que saque las conclusiones oportunas, proponiendo las reformas que sean necesarias. Atacar al juez es la alternativa más subversiva que cabe imaginar para afrontar un asunto como este.

La tesis del ecosistema es la que me parece más plausible. Tenemos un ordenamiento jurídico penal aparentemente hipergarantista, pero con el enorme agujero que hemos descrito; que se confabula con una estructura judicial en la que no escasean los individuos perezosos, soberbios y nada acostumbrados a rendir cuentas de sus errores. Esa explosiva mezcla produce con frecuencia monstruos y es probable que el de Begoña Gómez sea uno de ellos.

Y ahora que mencionamos a la afectada es el momento de que me refiera a otra de las debilidades de la posición de los que llamé los hotros al principio de esta pieza. Y es que no se conforman con afirmar que la esposa del presidente no ha cometido delito alguno. Además, la dibujan como un dechado de virtudes cívicas y morales. Y eso es inaceptable y así lo consideran hasta algunos de los suyos. Esta misma semana, en el diario El País, uno de los catedráticos de derecho penal habitualmente alineado con las tesis del actual gobierno, ha dicho que «En la causa hay varios elementos que indican que hubo más de una conducta obsequiosa con el poder, más de un gesto feo en la línea de “te atendemos por estar casada con quien estás casada”: ¿qué hace un rector de una universidad pública ocupándose de un asunto de estas características, y yendo a La Moncloa a hablar con la solicitante de la cátedra?»[1] Yo creo que el reproche moral y político que merece la conducta de la procesada y de su marido es bastante más intenso que lo que se desprende de estas palabras de uno de los suyos, pero no estoy seguro de que merezcan reproche penal alguno.

¿Y qué decir de los hunos? Para empezar, aquí se frotan las manos porque un juez la ha emprendido contra sus adversarios. Ante las críticas de los sanchistas al juez, los antisanchistas engolan mucho la voz apelando al respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial, pero cuando el imputado es uno de los suyos saltan al barro como cualquiera de los hotros. Véase el caso de la juez catarroja, que investiga las responsabilidades de las autoridades de la Comunidad Valenciana en los muertos de la dana. Y que conste que creo que tienen razón en criticar esa instrucción tan sesgada. O léanse las citas del diario ABC que se contienen al inicio de mi libro 8 años, 8 meses y 8 días[2], con críticas feroces a los jueces que investigan a políticos de la derecha.

Con todo, lo menos presentable de la postura de los antisanchistas es que defiendan sin reservas las tesis de un juez a todas luces muy poco presentable. Baste con un botón para percatarnos de la catadura del personaje, si nos referimos al famoso episodio de la tarima. Cuando se desplazó a la Moncloa a tomarle declaración como testigo al ministro Bolaños, al llegar, el juez exigió que la dependencia en la que se iba a desarrollar el interrogatorio dispusiera de una tarima a la que pudiera encaramarse su señoría y así dirigir desde allí las operaciones. Para que quedara claro quien mandaba allí. Como eso de las tarimas es un uso más bien decimonónico, debió de costar encontrar algo que sirviera de tal, lo que retrasó la práctica de la diligencia varias horas. Aunque esto último fue lo de menos. Lo importante del incidente es lo que puso de manifiesto de un juez que hace tal cosa; y, lo que cualquiera puede imaginarse que lleva aparejado, sobre la conducta jurisdiccional del individuo en su conjunto. Por eso digo que los antisanchistas defienden a este juez sin reservas, cuando es evidente que merece todas las reservas. Allá ellos.

Como es lógico, Begoña Gómez recurrirá su procesamiento y no sería descartable que la Audiencia Provincial le diera la razón. Aun en ese caso, de ninguna manera le afeará nada al juez instructor, ya que ha estado avalando las líneas básicas de su investigación, hasta el momento. De modo que, incluso los más recalcitrantes defensores del juez, si quieren, podrán salvar la cara diciendo que el Estado de derecho ha funcionado apropiadamente y que el sistema de recursos ha restablecido el orden jurídico. Pero, si lo que ha habido debajo de toda la farfolla es un uso indebido de la jurisdicción, una imputación injustificada, una ausencia absoluta de sustancia penal de los hechos, eso quedará enterrado para siempre. Ni siquiera la afectada y sus partidarios removerán el asunto. Y la idea de que el Estado de derecho ha funcionado correctamente sería pura filfa, algo peor que una hipocresía.

Lo mismo cabe decir, probablemente, si finalmente se celebra el juicio y la esposa del presidente resulta absuelta. Difícilmente el órgano de enjuiciamiento pondrá en cuestión la investigación llevada a cabo por el instructor. Es decir, la absolución se producirá por falta de pruebas, pero no por ausencia de indicios de culpabilidad, por lo que el presunto atropello llevado a cabo por el instructor quedará asimismo enterrado.

El estrambote de esta anomalía que padece nuestro sistema de justicia penal consiste en que la persona que ha sido triturada por una instrucción penal, cuya causa finalmente se archiva o que, siendo juzgada, resulta absuelta, no puede esperar ni la norma prevé resarcimiento alguno de los graves daños producidos. Y, en todo caso, como de las indemnizaciones por el funcionamiento anormal de la administración de justicia también terminan entendiendo los jueces, la cicatería con la que enjuician estas cuestiones resulta proverbial. Cabe recordar el caso del expresidente del F. C. Barcelona Sandro Rosell, cuyos dos largos años injustificados en prisión merecieron el reconocimiento en vía judicial de apenas 20.000 euros de indemnización. Parece como si los jueces, llevados por su acreditado y acendrado corporativismo, al fijar reducidas indemnizaciones por sus errores, quisieran minorar la gravedad de estos. Y esta es otra de las reformas que pide a gritos el sistema: no deberían ser jueces los que juzgasen a los responsables de los desmanes cometidos por ellos mismos, ni sus consecuencias económicas de todo tipo.

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[1] CANCIO MELIÁ, Manuel (catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de Codificación). Puro humo, diario El País, 14 de abril de 2026, pág. 14.

[2] https://amzn.eu/d/0gr4wAGI; puedes leer las citas descargándote un fragmento gratuito del libro. 

LA NEUTRALIDAD DE GOOGLE

 Google, la inteligencia artificial y el día en que el buscador decidió dejar de ser neutral » Enrique Dans

Los que usáis el buscador de Google habitualmente os habréis dado cuenta de que desde hace unos meses, antes de la lista de páginas web que ofrece tradicionalmente en respuesta a vuestras preguntas, ofrece una respuesta textual en la que da una solución al problema que tú le has planteado. Se trata de la integración en el buscador de Google de la herramienta de inteligencia artificial de la compañía. Es como el ChatGPT de Google.
El autor del artículo que acompaño, Enrique Dans, es un gurú de la tecnología al que sigo desde hace décadas. Es un profesor del IESE que publica desde hace 25 años un blog sobre cuestiones fundamentalmente tecnológicas. Todos los días del año, sin faltar ni uno solo, ya sea domingo o fiesta de guardar, sobre las siete de la mañana, recibo en mi buzón de correo el anuncio de la entrada del blog de ese día.

En la entrada de su blog de hoy Dans razona que el producto del buscador de Google ha cambiado sustancialmente, pasando de ofrecer información sobre dónde encontrar la respuesta que se busca a ofrecer él mismo la respuesta. La tesis central del artículo es que este nuevo enfoque entraña determinados riesgos y peligros que el autor analiza con la agudeza que suele.

UNA OVACIÓN QUE NOS MERECEMOS TODOS LOS ESPAÑOLES QUE QUEREMOS SEGUIR SIÉNDOLO

 

La monarquía. Si no fuera español, yo no sería monárquico. La monarquía es una forma de Estado irracional, porque no es racional que el sustituto del titular de un cargo público tenga que ser, necesariamente, su hijo, ya se trate de la máxima magistratura de la nación o del bedel de un colegio de enseñanza primaria.

Un país sano necesita que algunas de sus instituciones sean neutrales: la jefatura del Estado, la justicia, el banco central y los demás reguladores, la universidad y la escuela, el tribunal de cuentas, etc.

Los casi 50 años de democracia me han convencido de que España padece una incapacidad esencial para dotarse y mantener en el tiempo instituciones neutrales. El mes pasado, el gobierno desnaturalizó la última institución en la que todavía no había podido meter sus sucias manos. Tras el cese de su presidenta por haber finalizado su mandato y el nombramiento de una paniaguada como sustituta, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha dejado de ser una institución independiente, pasando a ser controlada por el gobierno.

En este escenario, la jefatura del Estado es la única institución que permanece neutral. Y, si es neutral, es porque nuestra forma de Estado es la monarquía. Yo no sé quién sería el jefe del Estado si España fuera una república, aunque me temo lo peor. Pero, de lo que sí estoy seguro es de que el nombramiento del presidente de la república sería el resultado de un cambalache político, como los que dan lugar al nombramiento de los jueces, y de que, en consecuencia, no sería neutral.

Por eso, a regañadientes y con cierta rabia, digo que, porque soy español, soy monárquico.

El Rey Juan Carlos. Que ha sido uno de los principales artífices de los 50 años más brillantes de la historia contemporánea de España es algo que solo lo niegan hoy quienes no quieren que España siga existiendo o quienes no saben siquiera lo que es España.

Es verdad que ha tenido una conducta fiscal muy poco edificante. Pero, en su descargo habría que decir que los sucesivos gobiernos de la nación han tolerado dicha conducta y son, por tanto, corresponsables.

Que yo sea monárquico no quiere decir que profese un respeto ciego a los reyes. Son cargos públicos obligados a una conducta ciudadana intachable. El rey no puede injuriar a un ciudadano ni causarle lesiones, ni puede robar y, por el mismo motivo, no puede defraudar al fisco y todo indica que el rey emérito ha hecho esto último y se ha zafado del castigo por la famosa inmunidad.

Ahora bien, dicho todo lo anterior, estoy totalmente en contra de que el rey emérito permanezca desterrado de su patria. No solo es una injusticia que no merece, a pesar de sus pecados. Es que no la merecemos nosotros. Por todo lo que Juan Carlos I representa en la historia reciente de España, permitir que permanezca desterrado y que muera fuera de España (Portugal tampoco es España) es un modo de impugnar, e incluso de repudiar lo mejor de nuestra nación, que son los últimos 50 años.

La foto. El pasado domingo el rey emérito asistió a la que es probablemente la corrida más importante de la temporada taurina de Sevilla. El público que asistía a la corrida, entre los que me encontraba, no es, con seguridad, una muestra representativa de la sociedad española. Ni siquiera de la sevillana. Pero yo me alegré del cariñoso recibimiento, en forma de una estruendosa ovación, que le brindamos la mayoría de los presentes. Creo que se lo merece. Y, como dije antes, nos lo merecemos también los españoles que queremos seguir siéndolo.