La liberalización de la alta velocidad en España es una patraña. Los nuevos operadores son todos públicos. El principal propietario de IRYO es el Estado italiano, a través del grupo público Ferrovie dello Stato Italiane. OUIGO es propiedad del Estado francés, a través de una filial de la compañía pública de los ferrocarriles franceses SNCF. Y AVLO pertenece a la RENFE, compañía pública del Estado. Por otro lado, las vías por las que ruedan los trenes de todas estas empresas son de todos los españoles, que las hemos pagado con nuestros impuestos.
Para colmo, Francia e Italia dificultan todo lo que pueden la implantación de compañías ferroviarias españolas en sus países.
Lo que hemos implantado en España es una liberalización de pacotilla. Por tanto, no basta con que no se amplíe a otras líneas. Lo que debe hacer el gobierno es desmantelar las concesiones existentes y que siga siendo la RENFE la que explote el servicio.
Cuando no existía esta liberalización de pega, se podía cambiar y anular el billete sin coste; se podía elegir asiento sin coste; no te cobraban por el equipaje; cuando tenías que comprar con urgencia un billete para una hora punta te cobraban un precio honesto y no las clavadas que pegan ahora los operadores de la supuesta libre competencia; los trenes llegaban a su hora en el 99% de los casos y si se retrasaban más de 5 minutos te indemnizaban. ¿Es que no se acuerda nadie de todo esto?
Y, además, no se había muerto nadie en un tren de alta velocidad o por culpa de un tren de alta velocidad.
¿Hacen falta mayores demostraciones de que la libre competencia no solo no funciona en el ferrocarril, sino que es una peligrosa pamema?
Lo que tiene que hacer el gobierno es mandar a su casa a los tres intrusos que andan haciendo dinero por nuestras vías. Antes de que ellos llegaran la alta velocidad era un servicio maravilloso y ahora es una mierda. No es casualidad, es la consecuencia.
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