LA LIBERALIZACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD Y LOS ACCIDENTES

 

El AVE Madrid-Sevilla lleva funcionando desde primeros de 1992. Durante decenios, esta línea ha sido un ejemplo de puntualidad y buen servicio. RENFE indemnizaba a los viajeros que padecían retrasos superiores a los 5 minutos, nunca o rara vez los usuarios tuvimos la sensación de que la frecuencia de los trenes fuera insuficiente, cuando tenías que comprar con urgencia un billete para una hora punta te cobraban un precio honesto y no las clavadas que pegan ahora los operadores de la supuesta libre competencia. El servicio era extraordinario, se podía cambiar o anular el billete sin coste, no pagábamos por el equipaje, elegíamos asiento sin coste… Y, lo que es más importante, jamás hubo un accidente grave. En fin, un servicio excelente.

Pero, hete aquí que apareció la supuesta libre competencia en la alta velocidad ferroviaria y ese fantástico medio de transporte se ha ido al garete. Ahora hay que pagar por todo: cambios o anulaciones de billete, selección de asiento y, a veces, hasta por el equipaje. A esto hay que añadir que hoy, que un tren de alta velocidad llegue a su hora es una excepción, siendo frecuentes los retrasos de 1 o 2 horas. Los accesos a los trenes, hasta ahora ordenados y fluidos, se han convertido en multitudinarios, con amontonamiento de viajeros que no saben en qué fila ponerse. A diario, empleados de las compañías se tienen que entremeter entre la multitud para ordenar a viva voz o con megáfonos el tráfico de viajeros. En fin, un desastre.

Con todo, este desastre operativo palidece ante la catastrófica gravedad de los accidentes, que han producido ya más de 100 muertos en menos de un año.

El debate público que estamos contemplando estos días sobre las causas de los accidentes se está centrando en lo que podríamos llamar las causas técnicas. Pero, a mi juicio, hay otras perspectivas del asunto que merecen atención.

Y, en este sentido, lo primero que habría que decir acerca de esta supuesta liberalización de la alta velocidad es que es una filfa, una patraña. Los nuevos operadores son todos públicos. El principal propietario de IRYO es el Estado italiano, a través del grupo público Ferrovie dello Stato Italiane (TRENITALIA). OUIGO es propiedad del Estado francés, a través de una filial de la compañía pública de los ferrocarriles franceses Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF). Y AVLO pertenece a la RENFE, compañía pública del Estado. Por otro lado, las vías por las que ruedan los trenes de todas estas empresas son de todos los españoles, que las hemos pagado con nuestros impuestos.

Para colmo, Francia e Italia dificultan todo lo que pueden la implantación de compañías ferroviarias españolas en sus países.

No creo que sea una casualidad que los desastres de la alta velocidad hayan coincidido con la supuesta liberalización del transporte ferroviario, de modo que las preguntas surgen solas: ¿qué necesidad había de abrir las líneas públicas de ferrocarril a otras compañías, cuando la RENFE proveía el servicio de un modo óptimo; qué justificación puede haber para empeorar el servicio de un modo tan evidente?

Y otras preguntas que resulta imposible ignorar: puesto que la irrupción de los nuevos operadores ha convertido en intensivo el uso de una infraestructura diseñada para un único operador y un uso no tan intenso: a) ¿qué han aportado esos nuevos operadores para mejorar o para que no empeore la seguridad del servicio?; y, b) ¿qué parte de culpa tiene la supuesta liberalización en los más de 100 muertos por accidente que llevamos hasta ahora?

Desde mi punto de vista, este estado de cosas es el producto de un fundamentalismo ideológico completamente contrario a las necesidades y derechos e intereses de los ciudadanos y de los consumidores. So capa de la libre competencia, se han malversado unas infraestructuras de transporte construidas íntegramente con recursos públicos de todos los españoles. Con la finalidad de que unos pocos ganen dinero con recursos públicos se ha empeorado gravemente un servicio público que funcionaba de maravilla.

Una vez más queda demostrado que la ideología es la peor enemiga de la buena gestión. En este caso, un servicio público excelente ha sido inmolado en la pira de un talibanismo del libre mercado que nadie parece objetar. Y lo que es peor, con unos efectos catastróficos probablemente irreversibles.

Lo que hemos implantado en España es una liberalización de pacotilla. Lo que debe hacer el gobierno es desmantelar las concesiones existentes y que siga siendo la RENFE la que explote el servicio.

¿Hacen falta mayores demostraciones de que la libre competencia no solo no funciona en el ferrocarril, sino que es una peligrosa pamema?

El gobierno debe mandar a su casa a los tres intrusos que andan haciendo dinero por nuestras vías. Antes de que ellos llegaran la alta velocidad era un servicio maravilloso y seguro y ahora es una mierda, además, muy peligrosa. No es casualidad, es la consecuencia.