El Gobierno ha celebrado hoy un Consejo de Ministros de contenido mucho más confuso que el anterior. Pero aun entre la bruma se entrevén ideas limpias, si llegan a concretarse.
En el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, el Gobierno ha dicho que pretende aumentar las inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social en sectores en los que los pagos en negro son más frecuentes además de utilizar otros mecanismos de control, como medir el consumo de energía eléctrica o escrutar el uso de tarjetas de crédito. Hacienda estudia, además, la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones. La portavoz no ha concretado cifras aunque sí ha dicho que el Gobierno se inspira en medidas similares que ya se aplican en Italia y Francia. Roma ha limitado a 1.000 euros y París a 3.000 el máximo en metálico para transacciones. Ya te imaginas, si me has leído antes, qué bien suena esto a mis oídos.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que se va a dirigir al Banco de España para que le informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público y, de acuerdo con los datos del informe, el Gobierno adoptará las medidas oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar existiendo.
El gobierno continúa avergonzando al PSOE, al hacer, aunque sea tímidamente, lo que aquel no hizo en casi 8 años. Algunos dicen que estas y las anteriores son medidas socialdemócratas. ¡Quia! Mera decencia.
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