miércoles, 30 de enero de 2013

¡Qué disparate!



Los socialistas catalanes yo no sé si es que han perdido el juicio o piensan que los demás somos todos imbéciles. Quizá sean las dos cosas.
Ahora resulta que para evitar la independencia de Cataluña, es decir, "el proceso peligroso al que nos llevan CIU y ERC", lo que hay que hacer es convocar el referendum por la independencia de Cataluña, es decir, "aceptar el derecho a decidir"
Lo que propone la simpática señorita de la fotografía es un insulto a la inteligencia. Y, además, se queda tan fresca.

Que alguien frene esto


El Gobierno quiere encauzar la actividad exterior de las Comunidades Autónomas, para evitar incoherencias y despilfarros, con una nueva Ley que regule la acción exterior del Estado. Ante eso, el Gobierno de Cataluña lanza un nuevo desafío al resto de España: no sólo no va a reducir, sino que va a intensificar su actividad exterior. Y, además, en los próximos meses multiplicará las actividades dirigidas a dar a conocer en el extranjero el proceso soberanista de Cataluña. La Generalidad dice estar decidida a seguir adelante con sus actividades diga lo que diga la nueva Ley.
Y el Gobierno seguirá "en Belén con los pastores", mientras sigue la fiesta separatista sin consecuencias para nadie.
¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo este desatino, en el que nos jugamos el 25% de nuestro PIB?

martes, 29 de enero de 2013

Como monos de feria

No tengo una opinión suficientemente fundada sobre el asunto que se enjuicia estos días en Madrid, llamado Operación Puerto, en el que están acusados el médico Eufemiano Fuentes y varios directores de equipos ciclistas, por un asunto de dopaje a ciclistas y otros deportistas. A menos que tener tantas y tan profundas dudas como las que yo tengo sobre el ‘doping’ en el deporte y su persecución se considere tener una opinión sobre ello.


Siempre me ha parecido difícil establecer qué es ‘doping’ y qué no lo es. Tampoco creo que tenga sentido que la sociedad establezca un reproche penal a quien se dope o ayude a otro a doparse. Y para qué hablar de lo inútil que puede resultar perseguir el ‘doping’ con denuedo, ya que la obtención de sustancias que lo enmascaran suele correr más deprisa que los tests ‘antidoping’.
Tengo la impresión, aunque no soy un experto, de que una persona que realice sobreesfuerzos físicos constantes en un programa de entrenamiento típico del deporte profesional de alta competición puede poner en peligro su vida, supongo que incluso más que dopándose. Y qué decir de las propias competiciones. Una etapa de Los Alpes en el Tour de Francia o una maratón, supongo que son más peligrosas para la salud que las transfusiones de sangre que hace o hacía Eufemiano Fuentes.
En mi opinión, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le plazca, siempre que lo haga libremente. Y las federaciones deportivas pueden controlar el ‘doping’, si consideran que falsea la competición, siendo conscientes de las limitaciones de este empeño. Pero, lo que no me parece razonable es que el dispositivo punitivo del Estado se enfangue en este asunto al que nadie ha debido llamarle y donde no debió meter las narices, porque sólo puede salir trasquilado, ocasionando otra erosión más a la Justicia.
 

Viene todo esto a cuento del asunto del que quería hablar hoy. Se trata de una información que han publicado algunos medios, relativa al primer día del juicio al que me refería al principio. Si son ciertas esas informaciones y cuesta creer que lo sean, pese a la evidencia de la foto, la Juez que preside este juicio, de nombre Julia Patricia Santamaría, ordenó a los acusados al final de la primera sesión que se pusieran de pie, para que pudieran ser fotografiados por los reporteros gráficos presentes en la sala. Como “monos de feria”, como acertadamente dijo sentirse tratada Yolanda Fuentes, una de los acusados. “La prensa tiene que hacer su trabajo”, dijo la juez, como única y boba justificación de tamaña falta de consideración a la dignidad de unos ciudadanos que, aun acusados, también la merecen.
El ciudadano corriente de la calle tiene la sensación de que caer, bajo cualquier condición, incluso la de mero testigo, en las fauces de una de estas dos instituciones, la Justicia o los medios de comunicación, es de las cosas menos recomendables que te pueden ocurrir en la vida.
En mi opinión, esto no es sino un síntoma más de una sociedad enferma.

lunes, 28 de enero de 2013

El lado bueno de las cosas


Como no soy muy cinéfilo, no conocía de nada a la actriz Jennifer Lawrence. Ayer la vi en la película recién estrenada, El lado bueno de las cosas. Es una comedia que, aunque romántica, solo se almibara algo al final. Cumple con los cánones del género: chico conoce a chica repentinamente y ambos avanzan inexorablemente hacia la implosión del esperado y apasionado romance. Pero no es una comedia al uso, del estilo de las de Meg Ryan, Sandra Bullock o Jennifer Anniston, sino que tiene cierta miga, algo más que azúcar y miel.
Robert de Niro tiene un papel no protagonista (los protagonistas son ellos), aunque relevante, que borda, como suele y esta vez sin sobreactuaciones, algo de lo que podemos alegrarnos, porque parece estar convirtiéndose en norma.
Pero, el gran descubrimiento para mí fue Jennifer Lawrence. No solo es que sea un cañón, que lo es, sino que es una actriz de una pieza. Capaz de transmitir con verosimilitud, sólo con una mirada, toda clase de emociones y estados de ánimo de su personaje. En ocasiones, su figura y estampa en pantalla, sus miradas, sus gestos y movimientos llegan a resultar inquietantes. En las escenas que comparte con su co-protagonista, su presencia domina la escena y la pantalla, convirtiéndose en la clara ganadora del 'combate' entre ambos. A pesar de que el chico (Bradley Cooper) también tiene una interpretación notable.
El final de la película desmerece del tono general, pero no impide que te la recomiende y no solo por el goce de la vista.

Imposturas sobre Amy Martin

La polvareda del ‘affaire’ Amy Martin me resulta algo impostada. Como caso de fraude o corrupción económica es, además de dudoso, insignificante. Dudoso, porque no parece haber nada abierta y groseramente ilegal. E, insignificante, si lo comparamos, por ejemplo, con el valor de un trazado de lápiz sobre un plano de ciudad ejecutado por el concejal de urbanismo de cualquiera de los más de 8.000 municipios de España.




Y, reprocharle a la Fundación Ideas un uso desviado de fondos públicos, debido a que percibe subvenciones, mueve a la sonrisa. ¿Acaso vamos a fiscalizar las tarifas que aplican a sus clientes, proveedores y colaboradores todas las personas y entidades que perciben subvenciones en España, incluidos los medios de comunicación?
Mucho más pertinente me parece resaltar la incuria intelectual que revela el episodio. Pero, ¿desde cuándo los medios (casi todos fundacionalmente hostiles) han estado tan preocupados por la solvencia intelectual del PSOE? Decididamente, esa tampoco es la razón de tanto aspaviento, sobre una noticia que no habría pasado de un par de alusiones en la sección de nacional en sendos días alternos.

miércoles, 16 de enero de 2013

Deportar a los secesionistas




Nadie está libre del secesionismo. En la página web de peticiones de la Casa Blanca se pueden encontrar, al menos, ocho iniciativas diferentes que persiguen independizar ocho diferentes estados de la Unión. The New York Times da cuenta hoy del asunto. Todas las iniciativas cuentan con más de 25 mil firmantes, siendo la más nutrida la que pide la independencia de Texas, con más de 125 mil.
La oficina correspondiente de la Casa Blanca ha dado una respuesta colectiva a todas ellas, señalando que “los padres fundadores” establecieron en la Constitución una unión perpetua, en la que no cabe el derecho de marcharse.
Curiosamente, la Casa Blanca incluye entre las iniciativas a las que da respuesta conjunta, colocándola en primer lugar, una que persigue “La deportación de cualquiera que firme una petición de separar su Estado de los EE.UU".
En mi opinión, como dice el Decálogo de mi entrada anterior, si alguien está incómodo en el lugar donde se encuentra y lo quiere abandonar, lo que debe hacer es marcharse haciendo el menor ruido posible y sin molestar a los que quieren permanecer donde están; y cerrar la puerta suavemente al salir. Quienes no se conduzcan con tan elemental norma de educación, no sé si merecen ser deportados, pero, al menos, deberían ser apercibidos y, si reinciden, castigados. Porque romper tales reglas de urbanidad en el ámbito territorial de un Estado, no sólo acarrea incomodidad, sino dolor y sufrimiento, tanto a los que se quieren marchar, como a los que se quieren quedar.

lunes, 14 de enero de 2013

Decálogo para la secesión de Cataluña


Este mensaje se lo enviado a su cuenta de Facebook a Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y diputado del Parlamento Europeo por UPyD. Hace ya días de eso y no he recibido respuesta.

"Estimado Sr. Sosa:

¿No le parece que ha llegado el momento de que los españoles que somos contrarios a la secesión de cualquier porción del territorio de España empecemos a advertirles a los secesionistas de cuáles son las condiciones de una posible secesión?
En mi opinión, si una mayoría sustancial de la población de una región española desea claramente separarse de España, blandir la Constitución y la legalidad vigente es un recurso necesario, pero insuficiente.
Los partidarios de la independencia de Cataluña están ya preparando con todo detalle la transición y el Gobierno de España se limita, hasta ahora, a advertir de que, no solo la secesión, sino el mero referéndum, son ilegales. Esta estrategia, desde mi punto de vista, solo excita y rearma a los partidarios de la secesión. A fin de cuentas, modificar la Constitución o la Ley de Referéndum tampoco es una tarea tan ardua y, si no se emprende, es porque no se quiere atender una reclamación tan 'justa' como la que formula Cataluña, pensarán ellos.
Por su parte, la estrategia, tan del gusto de determinados medios de comunicación y columnistas de despreciar y ridiculizar a Artur Mas y a los partidarios de la secesión sólo conseguirá envenenar y enconar más la situación.
Por eso, hay que poner ya encima de la mesa cuestiones que sí son arduas. Los independentistas, no es que crean que la independencia les saldrá gratis, sino que están convencidos de que es un gran negocio. Y hay que hacerles ver a las poblaciones de las regiones levantiscas que la secesión será una ruina, no solo para el resto de España, sino también y sobre todo para ellos.
Ni el Gobierno, ni el Partido Popular, ni mucho menos, el PSOE, parecen entender la entidad del desafío. De modo que, como en otros asuntos, deberá ser su partido el que enarbole esta bandera.
Yo me permito remitirle un decálogo, de elaboración personal, que le transcribo a continuación, relativo a las condiciones de la secesión de Cataluña. No muy diferente sería el aplicable al País Vasco.
No sé si a usted le parecerá sensato, ni si coincide con la opinión de su partido, pero me gustaría pensar que sí.
No estoy muy motivado para la actividad política, en general, pero estoy dispuesto a dedicarle tiempo al activismo en un asunto como éste. Si España pierde porciones tan relevantes como Cataluña o el País Vasco, como le dije antes, sería una catástrofe, no tanto sentimental, como material. Es razón suficiente para la acción.



DECÁLOGO PARA LA SECESIÓN DE CATALUÑA

1. Ningún grupo de ciudadanos españoles tiene derecho a exigir del Estado de España la secesión de una parte del territorio nacional. Ni las leyes internacionales ni las españolas reconocen tal derecho. Lo anterior es también plenamente aplicable a los ciudadanos que viven en el territorio de las cuatro provincias históricas que constituyen la región, conocida con el nombre de Cataluña, que se encuentra situada en el nordeste de la Península Ibérica.

2. No obstante, si llegara a ser notorio que una mayoría cualificada de los ciudadanos que viven en dicha región son partidarios de la secesión, el Gobierno de España convocará un referéndum, con el fin de confirmar que la voluntad separatista cuenta con una mayoría cualificada. Las condiciones del referéndum y de la hipotética secesión son actos de soberanía y, por tanto, serán establecidos, unilateralmente, por las Cortes Generales. Los siguientes apartados tratan de las referidas condiciones.

3. El establecimiento de las condiciones del referéndum y de la hipotética secesión se llevará a cabo bajo dos principios básicos, los cuales informarán el contenido de dichas condiciones:
a) La confirmación de la voluntad separatista de una mayoría cualificada de los ciudadanos de las cuatro provincias catalanas será considerada una decisión hostil e insolidaria por el conjunto de España, debido a los graves perjuicios materiales y de otro tipo que provocará al resto de los españoles la secesión de Cataluña.
b) El conjunto de los españoles no reconoce tener ninguna deuda, ni histórica, ni actual, ni de carácter político, ni económico, ni de ninguna otra índole, con los españoles que viven en la región de Cataluña. Antes al contrario, el resto de los españoles exigiremos que, en caso de secesión, se tengan en cuenta las ventajas históricas de las que ha disfrutado Cataluña, que han supuesto correlativas desventajas de otras partes de España, con motivo de la política arancelaria del Estado y por otras causas.

4. El referéndum que, en su caso, se convoque planteará la pregunta clara e inequívoca de si los ciudadanos de Cataluña quieren seguir siendo españoles o dejar de serlo. Los resultados del referéndum se computarán teniendo en cuenta la posibilidad de que existan poblaciones suficientemente concentradas en el territorio de la región catalana que no quieran la independencia. En tal caso, tales enclaves del territorio de la región continuarán formando parte del Estado de España, con el nombre de Cataluña y no se independizarán. Si el resultado del referéndum arroja la mayoría que las Cortes Generales hayan considerado suficiente, se adoptarán los procedimientos que sean necesarios para que las partes del territorio de la región catalana en los que se haya producido dicha mayoría cualificada se separen del resto de España.

5. Con carácter previo a la secesión, las Cortes Generales deberán fijar las condiciones económicas de la misma, entre las que, necesariamente, se encontrarán las siguientes:
5.1. Se fijará una compensación que deberán abonar los habitantes del territorio secesionado al resto de los españoles, por las ventajas históricas de Cataluña y por los perjuicios que al resto de España le producirá la secesión.
5.2. Las Cortes fijarán también una asignación territorial a abonar por el territorio secesionado, con una duración de 100 años, que compensará a los territorios que quedan en peor situación que Cataluña, tras la secesión.
5.3. Cataluña asumirá una porción de la deuda pública del Reino de España, en proporción a su participación en el PIB nacional en el momento de la secesión.
5.4. Cataluña no tendrá derecho a percibir cantidad alguna del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ni a participar en ningún otro fondo, patrimonio, bienes o rentas que sean propiedad del conjunto de España o de los españoles.
5.5. Los inmuebles y demás bienes que sean propiedad del Estado de España y que se encuentren en el territorio de Cataluña no alterarán su titularidad tras la secesión. Esta regla será aplicable, no sólo a los inmuebles que estén inscritos a nombre del Estado en los registros de la propiedad, sino a todos aquellos que estén afectos a servicios públicos estatales, aunque no se encuentren inmatriculados. La venta de estos inmuebles al territorio secesionado se realizará teniendo en cuenta su coste de producción actualizado y, en su caso, a valor de mercado.
5.6. Los habitantes del territorio secesionado deberán sufragar todos los gastos que a España le suponga la secesión, tales como el establecimiento de fronteras, aduanas, aranceles, etc.

6. España utilizará su derecho de veto para impedir que el territorio secesionado ingrese en la Unión Europea o dificultará su ingreso en otras organizaciones internacionales, si dicho ingreso supone cualquier clase de perjuicio al Estado de España o a sus ciudadanos.

7. España se reserva el derecho de impedir que los equipos deportivos del territorio secesionado continúen participando en las ligas españolas tras la secesión.

8. Será considerado un acto gravemente hostil a España cualquier clase de discriminación por razón de la lengua española o de la nacionalidad española que las instituciones o los ciudadanos del territorio secesionado inflijan a los ciudadanos que opten por permanecer viviendo en dicho territorio.

9. También serán considerados actos gravemente hostiles a España las iniciativas que lleven a cabo personas o instituciones del territorio secesionado en foros internacionales, que persigan el desprestigio de España, sus ciudadanos e instituciones o que de cualquier forman les perjudiquen.

10. Este Decálogo se cierra enunciando el principio básico que informa todas sus determinaciones. Se trata de una elemental regla de conducta que el ‘seny’ de los catalanes sin duda comprende a la perfección y que consiste en lo siguiente: si alguien está incómodo en el lugar donde se encuentra y lo quiere abandonar, lo que debe hacer es marcharse haciendo el menor ruido posible y sin molestar a los que quieren permanecer donde están; y cerrar la puerta suavemente al salir. Apartarse de la regla de urbanidad que se acaba de enunciar no sólo acarreará incomodidad, sino dolor y sufrimiento, tanto a los que se quieren marchar, como a los que se quieren quedar.

Sin otro particular le saludo atentamente."