Gallardón va a ir al Infierno

El nuevo Gobierno va desvelando poco a poco su programa ultraconservador y regresivo. Hoy ha anunciado Gallardón que va a modificar la legislación sobre el aborto, derogando el sistema de plazos y volviendo al sistema de supuestos. Así quedará España en compañía del grupo de países de mayorías católicas conservadoras, que es donde supongo que el PP y su electorado se encuentran más cómodos.

El mapa refleja qué tipo de legislación sobre el aborto tiene cada uno de los países europeos. No obstante, el mapa requiere algunas precisiones.

En Finlandia el aborto se autoriza en caso de que el alumbramiento suponga un peligro para la salud de la madre o si el embarazo y el nacimiento de un niño suponen una carga significativa en la vida de la madre. También se autoriza a las mujeres menores de 17 años y mayores de 40 a pedir un aborto por razones de edad. Por tanto, aunque Finlandia está clasificada entre los países con legislación de supuestos, realmente éstos son tan amplios que el resultado final se asemeja al de plazos.

Y Gran Bretaña tiene una legislación del año 1967, en su momento una de las más avanzadas del mundo, que es objeto de una aplicación abierta. Aunque la Ley es de supuestos y de contenido similar a la anterior legislación española, resulta impensable que allí las asociaciones antiabortistas se manifiesten por la calle llamando asesinos a los médicos y mujeres que practican abortos e instiguen con éxito a jueces y policías a que los persigan con amenazas de penas de cárcel, como ocurre y ocurrió en España.

Hechas estas precisiones, ahora podemos comprobar cómo España, tras la reforma que hoy anunció Gallardón, quedará en el selecto grupo que forman Polonia, Irlanda, Malta y Andorra. La auténtica reserva espiritual de Occidente, que nunca debimos dejar de ser.

Aun así hay algo que no acabo de entender. Si el PP considera que el aborto es un asesinato y, además, un pecado mortal, que lo prohíba y mande a la cárcel a médicos y mujeres. Lo que va a hacer Gallardón es una martingala hipócrita y va a ir al infierno por ella.

Nuestra Señora del Golpe de Estado

El Alcalde de Sevilla continúa la cruzada. Ahora le ha tocado el turno a Pilar Bardem, a la que le han quitado la calle que tenía en Sevilla. La derecha ultramontana sevillana (perdón por el pleonasmo) estaba que trinaba con el asunto. Los méritos de Pilar Bardem para ostentar una calle en Sevilla probablemente se limitan al hecho de haber nacido en la ciudad. Pero esta decisión, tomada por el anterior Ayuntamiento de izquierdas, irritó a la caverna de modo superlativo. Pilar Bardem es conocida por sus tomas de postura públicas en algunos asuntos que creo que concitan la aprobación de la mayoría de los ciudadanos no cavernícolas. Se manifestó contra la guerra de Iraq, como la mayoría de los españoles y ahora se manifiesta en contra de la venganza política y corporativa que se está perpetrando contra el juez Garzón, quiero pensar que como la mayoría de los españoles también.
La calle hasta ahora llamada Pilar Bardem, pasará a llamarse Nuestra Señora de las Mercedes. Lo curioso del caso es que, burla burlando, Sevilla va a pasar de honrar a Pilar Bardem, que, a lo mejor no lo merece, a honrar a la madre del militar golpista del 36 Gonzalo Queipo de Llano.
La decisión del Ayuntamiento se funda en una petición de la Hermandad de Santa Genoveva (no por casualidad, el nombre de la esposa del militar sedicioso), que vela armas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva. El militar felón ayudó a erigirla y, en agradecimiento, la Iglesia fue denominada con los nombres de su madre (Mercedes) y de su esposa. Y esta virgen es la que dará nombre a la calle a partir de ahora, en lugar de Pilar Bardem.
Estas religiones politeístas tienen cultos para rotos y descosidos, pero no siempre aciertan con los nombres. La virgen que honrará Sevilla a partir de ahora, por decisión de su Ayuntamiento, más que de las Mercedes, debería llamarse Nuestra Señora del Golpe de Estado y de los Fusilamientos al Amanecer. No quedaría bien en el callejero, pero sería más ajustado a la verdad histórica.

Elogio del copago

Enrique Costas Lombardía fue Vicepresidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud (conocida como Comisión Abril), que elaboró en 1991 el Informe Abril, un estudio profundo de la sanidad pública española. Hoy escribe en La Cuarta Página de El País un artículo, Elogio del copago, en el que defiende la implantación del copago en los servicios de asistencia médica en España con argumentos que resulta difícil rebatir.

El artículo es muy interesante y extraordinariamente esclarecedor. Me ha impactado, especialmente, el punto Siete del artículo y en él me voy a detener.

La oposición al copago en España ha venido siendo prácticamente general, sin distinción de partidos, pero ha sido más vehemente desde la izquierda, por entender que atentaba contra la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios.

La tesis que expone Costas desmonta esta visión y ofrece otra desde la que el copago se convierte en un auténtico instrumento en favor de la igualdad. Para el autor del artículo, en los sistemas de salud pública de libre acceso universal y gratuito, como el español, la asignación de los siempre escasos recursos entre los numerosos demandantes ha de hacerse por el tiempo de espera. Y esto provoca una aflicción a los enfermos en lista de espera, por el retraso en ser diagnosticados o en recibir tratamiento con unas consecuencias lamentables y a veces muy graves para la salud, tanto o más que las que puede causar el copago. La cuestión es que solo los menos favorecidos sufren la espera, de modo que no es exagerado decir que los sistemas de salud de acceso universal a precio cero son sostenidos por el dolor de los pobres que esperan. Porque las personas con recursos son atendidas en el acto en la sanidad pública o van a la sanidad privada.

Realmente, después de leer este artículo, nunca volverás a pensar lo mismo sobre el copago.

Grave retroceso democrático

El poder, en democracia, emana del pueblo. La Justicia es uno de los 3 poderes del Estado, pero es administrada por una casta de sacerdotes, a los que la Ley inviste de la potestad de juzgar, por el mero hecho de haber aprobado un examen, no importa cuan difícil sea.
Por razones probablemente relacionadas con la extracción social de los jueces (sólo personas con recursos pueden permitirse ir a la universidad y luego dedicar un número de años a preparar las oposiciones), la mayoría de ellos son de tendencia conservadora. Quizá más del 80 por ciento, a tenor de la composición de las diferentes asociaciones en las que se organizan.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el órgano de gobierno de la Justicia tiene, entre sus funciones, la de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, seleccionar a los nuevos jueces y resolver los concursos de traslados, además de ejercer la potestad disciplinaria. Nada cuesta imaginar que el ejercicio de tan importantes competencias mediatiza, influye y condiciona el ejercicio de la administración de Justicia en España. Es algo evidente que no necesita mayores explicaciones. El que no lo crea así debe ser porque piense también que los jueces son espíritus puros. Una especie de ángeles sin ideología, sin intereses e incluso sin sexo.
La primera Ley del CGPJ, en tiempos de la UCD, atribuyó a los propios jueces la dirección y el control de la Justicia, al otorgarles la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del CGPJ. De este modo, la Justicia era gobernada por una casta conservadora, completamente desligada del concepto de soberanía popular. Parece mentira tener que recordar esto a estas alturas, pero un principio básico de la democracia y de la libertad es que el poder, todos los poderes, emanan del pueblo. La UCD convivió cómodamente con esta situación, lógicamente.
Cuando Felipe González ganó las elecciones en 1982, pronto pudo advertirse la hostilidad del poder judicial hacia la nueva mayoría política que habían alumbrado las urnas. De modo que en 1985, la mayoría socialista en el Parlamento modificó la Ley, atribuyéndole a las Cortes Generales la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del CGPJ. Esto ha obligado todos estos años a los grupos políticos parlamentarios a ponerse de acuerdo y el CGPJ ha reflejado, de alguna manera, en cada momento, la mayoría social derivada de la composición del Parlamento.
De este modo, la Justicia ha seguido siendo administrada por la misma casta conservadora pero, al menos, el sistema de nombramiento del CGPJ ha permitido que la soberanía popular tenga una cierta influencia en ese ámbito tan importante del poder. A lo que también ha servido la institución del Jurado, otra iniciativa socialista.
El Partido Popular pretende ahora volver a los tiempos anteriores a 1985, otorgándoles de nuevo a los jueces todo el poder judicial sin cortapisas. La excusa del PP es que el sistema actual ha producido una indeseable politización de la Justicia.
Se trata de una táctica muy frecuente. Se invocan altos ideales, como la regeneración democrática o la despolitización (si tan deleznable es la política, ¿por qué se dedican a ella?), cuando lo que de verdad se pretende es el logro de objetivos mucho menos elevados. En este caso, colocar a uno de los tres poderes del Estado bajo la órbita y el control permanente de un sector social, con su ideología y sus intereses.
Por eso, la reforma podrá ser tildada de muchas cosas, pero de ninguna manera supone una mejora democrática, sino justamente todo lo contrario. Y, además, con la reforma no se despolitizará la Justicia. Continuará politizada, pero siempre cojeando del mismo pié.

El 'honorable' y su honorabilidad

La Secretaria General del PP se preguntaba ayer, nada más conocerse la sentencia, que quién le iba a devolver la honorabilidad a Camps.

Digo yo que qué tendrá que ver la sentencia con la honorabilidad. Y, lo que es más importante, después de todo lo que hemos leído, visto y oído en el juicio, ¿de qué honorabilidad hablas Cospedal?

Esta derecha encumbrando abogadas del Estado como si fueran luminarias y no saben distinguir el culo de las témporas.

Si lo prefieres, formularé esta hipótesis alternativa (o complementaria): el PP considera la conducta de Camps y Costa honorable.

Persecución

En octubre de 2009, la entonces Concejal Delegada de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Sevilla por Izquierda Unida, Josefa Medrano decidió denegar el uso de una instalación del Ayuntamiento para la celebración de un acto de homenaje al escritor de ideología fascista Agustín de Foxá.

Por esa denegación, la Señora Medrano se enfrenta estos días a un juicio en el que las distintas acusaciones (el fiscal y dos acusaciones particulares; la gravedad de la ofensa debe merecer semejante despliegue) le piden unas condenas de hasta 2 años de prisión, 8 años de inhabilitación y una multa de 1.200 euros, todo a la vez.

La primera pregunta que cabe hacerse es cómo es posible que hayamos llegado a una situación tan delirante. Y la respuesta no puede ser otra que la sempiterna nostalgia de la derecha nacional, respecto de los hechos, los símbolos y los héroes de la dictadura de Franco. Porque, ¿cómo es posible que se hayan conjurado en un asunto como éste jueces y tribunales admitiendo la querella y juzgando, fiscales acusando, asociaciones y abogados formulando acusaciones particulares y medios de comunicación y el Partido Popular, jaleando todo ello? Sólo cabe entender semejante animosidad ante un hecho en sí mismo insignificante, si admitimos que los acusadores de la Concejal se han sentido personal y subjetivamente ofendidos por la preterición del héroe fascista, al que hubieron de homenajear bajo un árbol, fuera del local municipal. Ante esta marea derechista que todo lo anega, la pobre concejal de Izquierda Unida que cometió aquella torpeza política (que no un delito) tenía y tiene todas las de perder. El asunto se ha convertido en un pim-pam-pum, en el que una caterva de jueces, fiscales, abogados, políticos y periodistas filofascistas se ensañan con una comunista torpe (hay comunistas distintos), para así conjurar sus fantasmas históricos y desahogar sus fobias políticas.

No obstante, lo más serio de este episodio es que comporta un desprecio de las instituciones y del derecho. Una sociedad en la que se utiliza el derecho penal y los tribunales para dirimir traumas históricos y quizá mentales y para perseguir a los enemigos políticos no puede ser una sociedad sana.

Por otro lado, será interesante conocer la jurisprudencia que resulte. Porque, si podemos empapelar a un concejal porque deniegue una instalación municipal para un acto de homenaje, ¿qué pasaría si cualquiera de nuestros actuales ediles tuviera que enfrentarse, por ejemplo, a peticiones para homenajear, yo qué sé, a Marx, Engels, Lenin o Stalin (supongo que todos ellos escribirían algo); o para homenajear el aniversario del matrimonio homosexual, a las clínicas que practican abortos o a las asociaciones que defienden y promueven la muerte digna?
Si un concejal se arriesga a un proceso por prevaricación y a penas de prisión por denegar el uso de una instalación municipal para un acto que él considera inadecuado, nos hemos vuelto todos locos. Y, si eso llegara a ocurrir, yo pediré el uso de la sala de juicios del tribunal que dicte semejante sentencia para honrar la ilustre memoria del "Cojo Manteca". Y a ver quién tiene huevos de denegar el permiso.
Menos mal que ahora el PP le va a dar la dirección de la Justicia a los jueces. Estamos salvados.

Sevilla en el diván

Desde hace más de 10 años, todos los grandes proyectos de Sevilla, o han fracasado, incluso antes de empezar (algunos felizmente, en mi opinión), o están empantanados o son una ruína. Incluso los que han llegado a materializarse, son cuestionados por un significativo sector de la ciudad, cuando no por la mayoría. Algunos de los proyectos disfrutan de más de una de las características que acabo de enunciar.

La urbanización de los terrenos de Tablada, el nuevo edificio de oficinas del Ayuntamiento y la biblioteca de la Universidad, ambos en El Prado de San Sebastián, el Estadio Olímpico, la peatonalización de la calle San Fernando y de la Avenida de la Constitución, el tranvía, las setas de la Encarnación y ahora, para remate, la torre Pelli. Si bien lo piensas, sólo se salva el metro, pero qué trabajito ha costado terminar una sola linea.

Todos esos fracasos y enconos no son fruto de la mala suerte, sino de la mala cabeza. Y la responsabilidad no es de un alcalde o de un concejal, ya sea de urbanismo o de festejos. La culpa es de la ciudad entera y de todas sus instituciones: Caja de Ahorros, Universidad, Partidos Políticos, medios de comunicación y, por supuesto, el Ayuntamiento y sus diferentes regidores a lo largo de los últimos lustros.

Si esa conducta fuera imputable a un individuo y no a una ciudad, habría que aconsejarle una urgente visita al psiquiatra. Pero, ¿cuál es el diván para tratar el desorden mental de una ciudad? Podrías pensar que las elecciones municipales son el diván de las ciudades, pero aquí se han celebrado hace poco y ¿de qué han servido?

Estos fracasos tan reiterados tienen que acabar afectando a la autoestima de una ciudad que, por otra parte, siempre ha sido tan pagada de sí misma. ¿Cómo te sentirías si caes en la cuenta de que todo lo que emprendes acaba como el rosario de la aurora?

Más sobre S&P

No es que quiera yo darle demasiado crédito a Standar & Poor's, pero no deja de ser curioso cómo explica las razones (algunas de ellas), por las que ha decidido degradar su calificación de solvencia de 9 países europeos. Dice S&P en su página web, entre otras cosas, esto:

"También creemos que el acuerdo (se refiere al último acuerdo de toda la UE, excepto el Reino Unido, sobre el rescate del euro) se basa en un reconocimiento sólo parcial del origen de la crisis: que la actual crisis financiera se debe principalmente al derroche fiscal en la periferia de la eurozona. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, los problemas financieros que enfrenta la zona euro son también consecuencia del aumento de los desequilibrios externos y las divergencias en la competitividad entre el núcleo de la UEM y la llamada "periferia". Como tal, creemos que un proceso de reforma basado exclusivamente en la austeridad fiscal amenaza con convertirse en contraproducente, ya que la demanda interna, al estar en consonancia con el aumento de la preocupación de los consumidores sobre la seguridad del empleo y los ingresos disponibles, erosionará los ingresos fiscales nacionales."

No obstante, Angela Merkel no ha debido leer esto, porque su respuesta de hoy a la decisión de S&P ha sido, como siempre, "más madera". Hasta la debacle final.

Los buitres se alimentan de Standar & Poor's

En otra decisión inepta, desvergonzada y corrupta, Standar & Poor's ha bajado la calificación de varios países europeos, entre ellos Francia.
El Partido Socialista francés intenta aprovecharse de tan conspicua decisión, culpando a Sarkozy.
Si los políticos europeos tuvieran siquiera un ápice de coraje, deberían haber impuesto hace tiempo que la solvencia de los estados miembros de la UE la midiera EUROSTAT y no esas controvertidas agencias norteamericanas.
La izquierda europea, si tuviera un mínimo sentido de la orientación, debería exigir que las agencias de calificación retiraran sus sucias manos de la economía europea, en lugar de tratar de aprovecharse como buitres carroñeros de unas decisiones tan absurdas como perjudiciales para Europa y sus ciudadanos.

Una timba de tahúres

El Roto nos explica esta mañana porqué parece que todo va a la deriva. Nuestra suerte se juega cada día en una timba de tahúres.

Avergonzados

El Gobierno ha celebrado hoy un Consejo de Ministros de contenido mucho más confuso que el anterior. Pero aun entre la bruma se entrevén ideas limpias, si llegan a concretarse.

En el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, el Gobierno ha dicho que pretende aumentar las inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social en sectores en los que los pagos en negro son más frecuentes además de utilizar otros mecanismos de control, como medir el consumo de energía eléctrica o escrutar el uso de tarjetas de crédito. Hacienda estudia, además, la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones. La portavoz no ha concretado cifras aunque sí ha dicho que el Gobierno se inspira en medidas similares que ya se aplican en Italia y Francia. Roma ha limitado a 1.000 euros y París a 3.000 el máximo en metálico para transacciones. Ya te imaginas, si me has leído antes, qué bien suena esto a mis oídos.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que se va a dirigir al Banco de España para que le informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público y, de acuerdo con los datos del informe, el Gobierno adoptará las medidas oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar existiendo.

El gobierno continúa avergonzando al PSOE, al hacer, aunque sea tímidamente, lo que aquel no hizo en casi 8 años. Algunos dicen que estas y las anteriores son medidas socialdemócratas. ¡Quia! Mera decencia.