Aristócratas del servicio público

El Ministro de Fomento denunció ayer que los controladores aéreos, que son personal de su Departamento, están desarrollando una huelga de celo encubierta e ilegal en defensa de sus privilegios. Como prueba de tales privilegios, el Ministro dio a conocer que el controlador aéreo que menos sueldo tuvo el año pasado ganó -frótate los ojos- 370.000 euros. Más de 60 millones de pesetas, en un año. El sindicato de controladores ha replicado diciendo que el salario medio de los controladores es de "sólo" 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas). El Ministerio de Fomento ha ofrecido una serie de datos relativos a la situación de los controladores aéreos españoles, en relación con los de otros países europeos, que no son menos escandalosos:

(Pincha en la imagen para ampliarla)

En una época de crisis como la que estamos viviendo, el conocimiento por los ciudadanos de situaciones de privilegio inadmisible como la de los controladores aéreos resulta muy necesaria. Estos vergonzosos privilegios amparados y protegidos por el Estado son compartidos por otros colectivos no menos inicuos, como notarios, registradores de la propiedad y farmacéuticos.

Siempre me he preguntado porqué el desempeño de funciones públicas permite que determinadas personas se conviertan en millonarios. El control del espacio aéreo, la fe pública notarial o registral y la dispensación de medicamentos de la sanidad pública probablemente merecerán una retribución acorde con la altísima importancia de tales funciones. Pero de ahí a que el Estado haga ricos a sus titulares media un abismo.

No creo que haya dificultad en admitir que el director de un aeropuerto, el gerente de un hospital o un juez, realizan funciones públicas, al menos, algo más relevantes que las que realizan los aristócratas de la función pública a los que me he referido antes. Y lo hacen, trabajando un 30 ó un 40 por ciento más de horas y por seis veces menos salario que el más miserable de los controladores.

¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Los casos de notarios y registradores, por un lado y farmacéuticos, por otro, son más complejos y tienen un origen histórico más rancio. Pero el caso de los controladores es diferente. La razón del desaguisado se encuentra, sin duda, en la cobardía e irresponsabilidad de quienes negociaron por parte del Estado los últimos convenios con el sindicato de controladores, que taparon la boca de los chantajistas que estaban al otro lado de la mesa disparando con pólvora del rey.

Todo esto se solucionaría, si hubiera voluntad política de hacerlo, con medidas legales que los ciudadanos apoyarían sin reservas. Medidas que revisasen drásticamente los aranceles de notarios y registradores, las comisiones de los farmacéuticos y el convenio de los controladores

Y, a estos últimos podríamos recordarles lo que les ocurrió a sus colegas norteamericanos en 1981. Alrededor de 13.000 controladores de Estados Unidos estallaron en huelga, después de infructuosas negociaciones con el gobierno federal. Los objetivos de la huelga eran una mejora salarial y una reducción de la jornada laboral. El Presidente Ronald Reagan declaró que la huelga era ilegal y amenazó a los huelguistas con la rescisión de sus contratos si no regresaban a sus labores en 48 horas. Transcurrido el plazo, el Presidente cumplió sus amenazas y despidió a los 11.359 controladores que continuaron en huelga. Adicionalmente, se impuso una prohibición vitalicia para recontratar a cualquiera de los controladores despedidos, haciéndose cargo del control aéreo personal de las fuerzas armadas.

A veces, la prevalencia del interés público y la lucha contra los privilegios y la injusticia reclaman la presencia de políticos valientes. No tengo una opinión positiva del mandato de Ronald Reagan, pero en aquel episodio hizo lo que había que hacer.

Navidad 2009

La combinación de la Navidad y el medio siglo estimula los efectos dañinos de lo uno y de lo otro, como algunos medicamentos.

Algo así dice hoy Arcadi Espada. Cómo no estar de acuerdo.

Aminetu Haidar

Una vez más y van ¿cuántas?, nuestro vecino del sur ha decidido enturbiar el precario equilibrio que preside nuestras inevitables relaciones recíprocas. Esta vez, jugando con la libertad y la vida de una líder saharaui y aprovechándose de nuestros temores y nuestra mala conciencia.

Me explicaré, porque el asunto es enrevesado donde los haya.

La ciudadana marroquí (aunque sería mejor decir súbdita, porque en Marruecos no hay ciudadanos, sino súbditos) Aminetu Haidar, es despojada de su pasaporte marroquí y expulsada de territorio marroquí, después de hacer constar "Sáhara Occidental" en la casilla correspondiente a la nacionalidad, en el impreso de inmigración que debía cumplimentar a su llegada a El Aaiún procedente de Las Palmas. Retirada de pasaporte y expulsión del país sin motivo y sin intervención judicial son dos actuaciones ilegales, prohibidas por las convenciones y los usos internacionales. Expulsada de Marruecos, España autoriza la entrada en nuestro territorio de la expatriada, probablemente por error, llegando en avión a Lanzarote. A quienes tanto critican la postura de las autoridades españolas en este asunto cabe preguntarles qué habría ocurrido si España no hubiera autorizado la entrada en su espacio aéreo o en su territorio de la saharaui. El avión habría sobrevolado ambos hemisferios en busca de un lugar que le autorizara a depositar la patata caliente. Me parece particularmente injusto que Haidar acuse al Gobierno español de ser cómplice de su secuestro marroquí.

Una vez en España, el Gobierno realiza intensas gestiones con Marruecos para que acepten a su "súbdita", le ofrece a ésta el estatuto de refugiada y hasta la nacionalidad española, gestiones todas éstas infructuosas. La respuesta de la saharaui ha sido una huelga de hambre indefinida que ha ido deteriorando su salud hasta poner en peligro su vida.

Mientras, medios oficiales de Marruecos amenazan a España, si ésta les sigue presionando, con intensificar el tráfico ilegal de personas y de drogas y con la comisión de actos terroristas. Con otras palabras, claro, pero suficientemente comprensibles por la atemorizada opinión pública española. A su vez, en nuestro país, el sector de la opinión pública que habitualmente sostiene la penitencia por nuestra vergonzosa entrega al sátrapa marroquí del Sáhara Occidental en 1975, inicia una campaña de apoyo público a la líder saharaui, criticando también al Gobierno español. Como guinda, el juez (¡qué hartazgo de esta justicia permanentemente ciega!) dice que no puede autorizar la alimentación forzosa de la huelguista de hambre.

El Gobierno se encuentra en una encrucijada de la que no sabe o no puede salir. El tirano marroquí riéndose en sus narices una vez más y sometido al chantaje de la saharaui, que no ha dudado en poner en juego su propia vida.

Yo no sé cuál es la solución de este asunto, si es que la tiene. Pero sí tengo algunas ideas claras, aunque me temo que no coinciden, ni con las del Gobierno, ni quizá con las tuyas. Son éstas:

- El Gobierno debería explicar claramente a los ciudadanos cuáles son las ventajas de esta política de constante apaciguamiento con el tirano del sur, al que se le toleran toda clase de actos hostiles sin respuesta adecuada.

- Yo no estoy dispuesto a sentirme culpable por la vergonzosa decisión tomada por el régimen franquista, en sus estertores, de entregarle el Sáhara Occidental a Marruecos. Una cosa es que seamos humanitarios con los refugiados saharauis y otra es que nuestra política exterior esté orientada por una especie de mala conciencia relacionada con aquel episodio producido por una dictadura de políticos y militares cobardes y sin honor.

- En el tema de la alimentación forzosa de Aminetu Haidar en su huelga de hambre entran en conflicto diversos valores. Simplificadamente, de un lado está el respeto a su derecho a disponer de su propia vida y, de otro, el mantenimiento de una vida humana y la seguridad y el prestigio de España. Si alguien duda qué debe prevalecer en este caso es que no sabe dónde está el norte ni lo que es la civilización frente a la barbarie. Aunque lleve una toga.

El columpio de un millón de euros

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) corre el riesgo de caer en bancarrota y desaparecer, merced a un sistema jurídico que protege la propiedad privada del suelo urbano por encima de cualquier otro valor o principio. Los hechos son éstos:

En 1998, el plan urbanístico del municipio cambió la calificación de un solar edificable, de propiedad privada, de 2.675 metros cuadrados, convirtiéndolo en zona verde. En 2004, el Ayuntamiento decidió comprar el terreno a su propietario, pero no pudo ponerse de acuerdo en el precio, así que expropió el solar. En 2008, el Ayuntamiento construyó un parque infantil, con un coste de 380.000 euros. En 2009, el propietario ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha valore el solar expropiado en 54 millones de euros. Has leido bien; 54 millones de euros. El Presupuesto del Ayuntamiento de Talavera es de 61 millones de euros, así que el Alcalde ha decidido bromear: "Se vende ciudad para pagar solar".

Pero el asunto no es para bromas. El sistema de tenencia y disfrute del suelo urbano en España es absolutamente delirante y produce aberraciones como la que acabo de describir. Cuando la varita mágica del Ayuntamiento convierte un patatal en suelo urbanizable obra el prodigio de incrementar su valor, en ocasiones, varios miles de veces. Y el propietario privado se apropia de casi toda esa plusvalía, que nada ha hecho para merecer, mientras la sociedad asiste anestesiada y, a veces, hasta admirada, a este absurdo fenómeno.

Cualquiera pensaría que cuando el proceso es el inverso, como ahora en Talavera, nada habría de reclamar el propietario. Puesto que nada hizo para ser acreedor al enriquecimiento que obtuvo con la calificación del solar como urbanizable, nada se le debe si después el interés público demanda su calificación como zona verde.

Pues ya ves que no. Nuestras leyes y nuestros jueces consideran que el valor supremo de nuestro sistema jurídico es la defensa del propietario de suelo urbanizable. Por encima del interés público, por encima de la decencia y por encima de la propia lógica.

Pero, al margen de ello, no dejo de pensar en los jueces que han dictado esa sentencia. ¿Podrán dormir tranquilos después de haberlo hecho? ¿Habrán creído en algún momento que semejante desatino vaya a cumplirse algún día? Si lo creen, es que son idiotas y da miedo pensar el daño que estarán haciendo donde están. Y si no lo creen, ¿para que la han dictado, qué beneficio han obtenido haciéndolo?

Vuelvo a repetir algo que ya he dicho varias veces en este blog. Este asunto es de alcance constitucional. Debe modificarse la Constitución para que el suelo urbano goce de la misma protección constitucional de la que goza el agua y deje de ser apropiable por particulares. Cuando un terreno rústico se califique como urbanizable pasará a propiedad pública, indemnizándose a su propietario al valor de rústico. Los ayuntamientos colocarán los solares en el mercado mediante concesiones a 50, 75 ó 100 años, mediante procedimientos transparentes y no especulativos.

Las ventajas del sistema son infinitas, pero las más importantes son el abaratamiento del precio de la vivienda y la disminución de la corrupción municipal. Y no tendríamos que contemplar aberraciones como la de Talavera.