jueves, 29 de abril de 2021

COSAS QUE APRENDER DE COREA DEL SUR


Los herederos del propietario de Samsung pagarán al Estado de Corea del Sur, ese conocido país comunista, en concepto de Impuesto de Sucesiones, un importe de 9 mil millones de euros, sobre una herencia de 14.900 millones. Es decir, un tipo impositivo bastante superior al 50%.

Las sociedades deben decidir qué actos o hechos económicos deben ser gravados, para financiar los servicios que prestan los poderes públicos a todos los ciudadanos. Y esto debe hacerse de acuerdo con ciertos criterios que son la concreción de determinados principios que rigen la ordenación de las sociedades. Dichos principios pueden ser de orden económico, como por ejemplo, que el sistema fiscal no distorsione un funcionamiento eficiente de la economía.  O pueden ser de orden moral, como por ejemplo, que paguen progresivamente más los que más tienen o ganan o aquellos que obtienen sus ganancias sin esfuerzo alguno en su producción, como caídas del cielo.

Corea del Sur es un país democrático y abierta y claramente capitalista y uno de los que más ha progresado tecnológica y económicamente del mundo en las últimas décadas. No conozco su sistema fiscal, pero no parece que la economía de Corea del Sur se haya visto gravemente afectada por la existencia de un potente impuesto sobre las herencias. Del gravamen al que está sujeta esta herencia parece deducirse que la sociedad surcoreana se encuentra libre de los prejuicios y falacias que propagan medios políticos y periodísticos en España, acerca del gravamen sobre las herencias y las donaciones y que se extiende también al Impuesto sobre el Patrimonio. Que si es confiscatorio, que si supone una doble imposición... Monsergas para combatir una fuente fiscal que afecta a una parte ínfima de la población que, además, es la que posee una mayor capacidad contributiva.

Parece que tenemos cosas que aprender de Corea del Sur. Y no solo sobre fabricación de coches y teléfonos móviles.

sábado, 17 de abril de 2021

JAVIER CERCAS, EL SEPARATISMO CATALÁN Y LA INTERVENCIÓN DEL EJÉRCITO


El escritor catalán Javier Cercas ha participado en un programa de TV3, la cadena pública que los separatistas catalanes han convertido en su principal instrumento de propaganda. Cercas ha dicho, entre otras cosas, que España es un país democrático y que el Rey Juan Carlos I fue decisivo en el fracaso del golpe de Estado de Armada, Milans y compañía. Algo así como decir que necesitamos el aire para respirar o que la fórmula del agua es H2O.
En represalia, los separatistas han emprendido una campaña contra el escritor, sacando de contexto unas declaraciones suyas de hace un par de años, en las que en tono de broma dijo lo siguiente: “cuando la vida pública, cuando la política se llena de aventuras, de pasiones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general”. El general al que Cercas se refería era el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, presente en el acto en el que ambos intervenían.
Ya sabemos que los separatistas catalanes utilizan el mantra de que España no es un país democrático en sus campañas de desprestigio internacionales y para tapar el carácter esencialmente autoritario, antidemocrático y xenófobo de su programa político. También sabemos las razones de su desafecto hacia la Monarquía parlamentaria española, la única institución nacional que estuvo cabalmente en su sitio, con motivo del golpe de Estado de 2017. En cierto modo, bien puede decirse que si su padre ayudó a desactivar el golpe de 1981, Felipe VI, con su decisivo discurso a la nación del 3 de octubre de 2017, resultó determinante en el desmantelamiento del golpe separatista, despertando a un gobierno del PP y a una oposición del PSOE que parecían anestesiados.
La campaña contra Javier Cercas tiene otra vertiente que ningún comentarista ha considerado estos días, en lo que a mí se me alcanza. Es claro que Cercas no pidió la intervención del ejército en Cataluña, pero a mí el asunto me suscita ciertas reflexiones que quiero compartir.
Es evidente que el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña el 1 de octubre de 2017 nos produjo a los españoles una enorme sensación de impotencia y, a algunos, entre los que me encuentro, una desagradable incomodidad, al ver aporrear a ciudadanos que intentaban perpetrar un acto, desde luego ilegal, pero que nunca debió permitirse que llegara tan lejos. Por supuesto, no caeré en la estupidez de calificar a dichos ciudadanos, por muchos que fueran, como inocentes ni pacíficos. No eran inocentes, porque todos ellos sabían de sobra que lo que hacían o pretendían hacer era ilegal y pacíficos tampoco eran, porque se estaban resistiendo físicamente a órdenes impartidas por la policía que, a su vez, actuaba instruida por la Justicia.
Quienes estaban al mando de las fuerzas de orden público en las semanas previas al 1 de octubre, entre los que cabe destacar al Ministro del Interior, al Secretario de Estado de Seguridad y, significadamente, al tan inmerecidamente elogiado estos días, Coronel Pérez de los Cobos, debieron imaginarse que fiar la evitación del referéndum ilegal a tratar de impedir que la gente votase el mismo día de la convocatoria terminaría siendo un fiasco, como así fue. Máxime teniendo en cuenta la desleal e ilegal postura adoptada por el cuerpo policial catalán. Y ese fiasco fue y seguirá siendo hábilmente aprovechado por el separatismo como demostrativo de que España es un país que solo sabe resolver sus problemas a porrazos.
Siendo así las cosas, ¿no habría sido mucho más eficaz y conveniente para España en su conjunto haber desplegado al ejército por toda Cataluña en los días o semanas previas al 1 de octubre, para clausurar todos los locales previstos para las votaciones e impedir que nadie entrara en ellos? Si el ejército no está legalmente disponible para evitar una sedición en la que participan las mismas autoridades de una región con el apoyo de un amplio porcentaje de la población de dicha región, ¿para qué queremos un ejército? Si es para sofocar incendios forestales, amplíese la plantilla del cuerpo de bomberos. Que, por cierto, en el otoño de 2017 en Cataluña fue un elemento más de la sedición. Sin castigo para ninguno, que yo sepa.
España es un país que goza de los mejores estándares democráticos del mundo, cuenta con un ejército de varias decenas de miles de hombres y mujeres al mando de un gobierno que responde de sus actos ante un parlamento elegido por sufragio universal. Tener que utilizar al ejército en una revuelta interna, cuando la policía se ve desbordada no es un plato de gusto para nadie y es mejor que no tenga que ocurrir nunca. Pero, si llega el caso, es una operación tan constitucional como la aplicación del 155. Y, probablemente, en el golpe sedicioso de 2017, habría sido su complemento imprescindible.
Por tanto, lo hubiera insinuado Javier Cercas o no, que yo creo que no, como ya he dicho, no hay nada censurable en la utilización de todos los medios de los que un Estado dispone para la defensa del propio Estado, su integridad territorial y los derechos de sus ciudadanos. Al contrario, lo censurable es no haberlo hecho.