La educación segregada es un germen de la delincuencia sexual

El Tribunal Supremo ha dictaminado en una reciente sentencia que la Administración puede denegar las subvenciones a la enseñanza a aquellos centros que mantengan la segregación por sexos de los alumnos en los colegios. Lo que no quiere decir que se tengan que denegar necesariamente. De hecho, las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP conceden subvenciones a los centros del Opus Dei y a otros con parecidos idearios educativos y, al parecer, se las van a seguir concediendo.
Con ocasión de esta sentencia hemos tenido que volver a soportar toda la cascada de argumentos pretendidamente pedagógicos en que se basa este peligroso y arcaico ideario educativo. Que si hay diferencias cognitivas entre los sexos y que, si se separa a los niños de las niñas, ambos mejoran su rendimiento académico. Que si las niñas están solas estudian sin la presión de los varones, mientras los niños ponen más atención a las clases y evitan las distracciones. Que si la separación favorece el aprendizaje de las matemáticas a las niñas y el del lenguaje a los niños. Y otra serie de zarandajas sin cuento ni base científica.

Lo que está detrás de la segregación de sexos en la escuela no es más que un morboso prejuicio religioso, que considera pecaminoso y casi inmoral que seres de distinto sexo convivan juntos en el colegio.

A mi, lo que me parece inmoral y pecaminoso es justamente lo contrario: una educación donde el conocimiento y el trato natural y cotidiano con el otro sexo sea algo vedado y casi prohibido. Este enfoque de la educación no es sino el germen de muchas de las taras psicológicas que conducen a los abusos sexuales y a la violencia sexista. Por eso, debería estar prohibido que el Estado subvencionara ese tipo de enseñanza.

Las razones de María San Gil

"El PNV condena el terrorismo pero, al mismo tiempo, todos sus actos desmienten sus palabras. Su actitud en relación a la lucha antiterrorista es siempre obstruccionista. No se puede decir que el PNV es partidario del terrorismo de ETA, pero sí podemos afirmar que no colabora con su derrota".

Este texto es, al parecer, una de las causas de la actual desafección de María San Gil con la dirección de su Partido. El texto ha sido eliminado de la ponencia política del Congreso del PP y ha sido sustituido por otro más suave.

Es verdad que las cosas se pueden decir de otra manera, pero lo que dice San Gil es una verdad como un templo y el PNV nos da motivos a diario desde hace muchos años para corroborarlo. Los que tenemos edad y memoria recordamos cómo en 1984, el PNV, siendo Carlos Garaicoechea "lendakari", intentó impedir y luego criticó duramente, la primera extradición de unos asesinos de la ETA que logró España de un país europeo, concretamente de Bélgica. Aquel episodio tuvo para los demócratas españoles un alto carácter simbólico. Hasta ese momento, vivimos con el complejo de inferioridad democrático a que nos sometía la injusta política de nuestros insolidarios vecinos, que, no sólo no nos ayudaban en la lucha contra la mafia criminal de la ETA, sino que toleraban que los etarras utilizaran los territorios de esos países como bases operativas para perpetrar su crímenes horrendos en España. A partir de aquellas extradiciones, Europa empezó a considerarnos dignos de pertenecer a su club y, poco a poco, nos hizo partícipes de unos usos democráticos que antes nos negaba, como el de extraditar a delincuentes. Ese cambio, que hacía peligrar el entramado criminal de la ETA, puso en alerta a un PNV que, a su vez, veía peligrar el mecanismo descrito por el "padre" Arzallus: "unos menean el árbol y otros recogemos las nueces." Y así, desde entonces, hasta hoy, poco ha cambiado la política del PNV.

De modo que quien quiera sostener lo contrario que María San Gil tendrá que exponer los hechos en que se basa.

La derecha se moderniza, pero no se liberaliza

Las nuevas caras del PP tienen mejor pinta que las antiguas. La renovación del PP parece simbolizarse en Soraya y Cospedal. Los trazos gruesos de su personalidad que esbozan los medios estos días, aunque simplificadores, parecen poner de manifiesto que se trata de personas alejadas del tópico carca de algunos de sus predecesores y que, de algún modo, ha impregnado al Partido en su conjunto. Una de ellas está casada "por lo civil" y, la otra, es divorciada y madre soltera, a través de fecundación artificial.
Estamos ante dos personas, jóvenes, del género femenino. ¿Alguien da más?
Se destaca de ellas, como un valor indiscutible, que son abogadas del Estado. Rajoy, registrador, Aznar, inspector de Hacienda y, las nuevas, abogadas del Estado.
Las élites políticas de la derecha se siguen nutriendo de los altos cuerpos de funcionarios del Estado. Esto presume una cierta preparación profesional para lo público, pero no es la mejor baza para hacer gala de liberalismo.

Nos acordamos de Allende

Cierta derecha no sabe disimular la satisfacción apenas reprimida que le produce el actual estado de cosas.
Las caceroladas de la extrema derecha y de los obispos en la anterior legislatura no produjeron en la ciudadanía ni la mitad de la inquietud que produce una huelga salvaje de transportistas.
Donde se ponga un atajo de camioneros descerebrados que se quiten obispos, nostálgicos del franquismo, víctimas del terrorismo teledirigidas y demás tribus de la galaxia anti-zapaterina.

José Tomás y las esencias patrias

La prensa patriótica viene destacando el escaso eco que ha tenido en los medios de comunicación del País Vasco y Cataluña el triunfo de José Tomás en Las Ventas el otro día.

Estos habrán considerado que, por tratarse de un asunto taurino, pertenece a las esencias de España y, por tanto, a ellos no les concierne. ¿Irán a suprimir la feria taurina de Bilbao?

Y aquellos, como no deben tener motivos suficientes, encuentran en el ninguneo al torero un nuevo motivo para sentir cómo se rompe España.

¡País de merluzos!

Ligereza o canallada (*)

Este asunto de la Presidenta del Tribunal Constitucional es peliagudo; un solo enfoque no basta para explicarlo. Merece la pena detenerse en ello. El Tribunal Constitucional es la clave de bóveda de nuestro Estado de derecho y, lamentablemente, lleva años en el centro de las refriegas gobierno-oposición. De modo que las vicisitudes de su Presidenta me interesan mucho.
Los hechos son estos: La policía tiene intervenido, con autorización judicial, el teléfono de una persona, que es investigada como presunta autora del asesinato de su exmarido, con quien mantenía un conflicto judicial por la custodia de sus hijos. En el curso de las escuchas, la Policía graba una conversación en la que la Presidenta del Tribunal Constitucional llama a la persona investigada y le formula determinados consejos sobre cómo abordar el pleito con su exmarido. La parte más sensible, podríamos decir, de los consejos de la Presidenta lo constituye su recomendación de que su interlocutora provoque una resolución judicial que le permita recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y sus palabras, casi al despedirse, en las que le dice que “si alguna vez va en amparo, pues ya me vuelve a llamar”. La Jueza que investiga el asesinato, al conocer las escuchas, considera que la conducta de la Presidenta pudiera ser constitutiva de delito y eleva el asunto al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para enjuiciar, en su caso, a la Presidenta del Tribunal Constitucional. Finalmente, el Tribunal Supremo entra a conocer del asunto y dicta un Auto en el que decide el archivo de las actuaciones, por no revestir los hechos denunciados carácter de delito.
Lo primero que cabe decir de este asunto es que nunca debió llegar a conocimiento público. Aunque se trata de un tecnicismo jurídico, es sobradamente conocido por cualquier persona medianamente informada que, cuando un juez autoriza unas escuchas telefónicas, lo hace para el esclarecimiento de un delito concreto. Si las leyes de los países civilizados, como España, no establecieran esta restricción a la vulneración del secreto de las comunicaciones, nos encontraríamos en un Estado policial. No creo que esto necesite demasiadas explicaciones. Basta imaginar dónde quedarían nuestra intimidad y nuestros derechos si la Policía tuviera carta blanca para investigar cualquier hecho o circunstancia extraídos, como las cerezas de un cesto, de una conversación intervenida para unos hechos y unas personas distintas.
Por eso, resulta sorprendente que la Jueza que investiga el asesinato del exmarido de la interlocutora de la Presidenta maneje una ignorancia jurídica tan supina, como para elevar el asunto al Tribunal Supremo, en lugar de destruir inmediatamente la cinta con la grabación de una conversación intranscendente para la causa que se instruye en su juzgado.
Pero, si grave es la ignorancia de la Jueza, mucho más grave es la del Tribunal Supremo, que, en lugar de reprender a la Jueza por su, a todas luces, anómala iniciativa, entra a conocer de la misma, perdonándole jactanciosamente la vida a la Presidenta del Tribunal Constitucional.
En el fondo de todo este asunto se encuentran, sin lugar a dudas, varias circunstancias de las que vengo hablando en este blog últimamente. Por un lado, la lucha por el control del Tribunal Constitucional, en la que toma rabiosamente partido una mayoría judicial conservadora, en comunión con el Partido Popular. De otro lado, los celos competenciales del Tribunal Supremo respecto del Constitucional. Desde esta clave cabe entender la artera y malintencionada intervención del Supremo en el caso.
En fin, desde mi punto de vista, y repito lo que dije al principio, nada de lo ocurrido ha debido ocurrir jurídicamente, puesto que la conversación de la Presidenta, desde el punto de vista del Derecho, simplemente, hay que tenerla por no producida, como si no hubiera existido. Sólo la hemos conocido, y considero que esto es lo más grave de este episodio, por el uso indebido de la función jurisdiccional llevado a cabo por una Jueza y, nada menos, que por el Tribunal Supremo.
Esto quiere decir que no es legítima ninguna polémica pública sobre este asunto, que nadie tiene derecho a pedirle explicaciones por él a la Presidenta del Tribunal Constitucional, víctima de un funcionamiento anómalo de los poderes del Estado.
Ahora bien, si yo fuera Mª Emilia Casas, habría dimitido de mi cargo de Presidenta del Tribunal Constitucional. No podría soportar éticamente seguir ostentando un cargo tan relevante, después de que todo el país supiera de mi ligereza.

(*) Sigo en lo esencial en este comentario las ideas de Javier Pérez Royo