Todos los medios políticos y
periodísticos del separatismo catalán y algunos de sus cómplices del resto de
España han salido en tromba estos días acusando al Gobierno español de haber
espiado a no menos de 65 líderes separatistas mediante la intervención de sus
teléfonos móviles.
La denuncia parte de un informe elaborado
por la entidad Citizen Lab, un instituto vinculado a la Universidad de
Toronto, que se puede leer aquí: https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/
Posteriormente, la prestigiosa revista
norteamericana The New Yorker, se ha hecho eco del informe de Citizen
Lab en un extenso artículo, que se puede leer aquí: HowDemocracies Spy on Their Citizens | The New Yorker
Dando por bueno y ya es mucho, que la
intervención de los teléfonos haya sido cierta, me he molestado en revisar el
contenido de estos documentos, para comprobar las razones que esgrimen para
atribuir al Gobierno español el espionaje. Veamos en qué se basan:
El informe de Citizen Lab contiene
un apartado concreto en el que expone los motivos de esta atribución. Lo
transcribo a continuación:
“ATRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL
En este momento, Citizen Lab no atribuye
de manera concluyente estas operaciones de piratería a un gobierno en particular,
sin embargo, una variedad de evidencias circunstanciales apuntan a un fuerte nexo
con una o más entidades dentro del gobierno español, que incluyen:
- Los objetivos eran de evidente interés para el gobierno
español;
- El momento específico de la focalización coincide
con eventos de interés específico para el gobierno español;
- El uso de contenido cebo en los SMS sugiere el acceso
a la información personal de los objetivos, como los números de identificación
del gobierno español; y,
- Supuestamente, el CNI de España ha sido un cliente
del Grupo NSO y, presuntamente, el Ministerio del Interior de España posee
una capacidad no identificada pero similar.
También consideramos poco probable que un cliente de Pegasus
que no sea español emprenda una orientación tan amplia dentro de España, utilizando
SMS y, a menudo, haciéndose pasar por las autoridades españolas. Tal operación clandestina
de varios años, especialmente contra personas de alto perfil, tiene un alto riesgo
de descubrimiento oficial y seguramente conduciría a graves repercusiones diplomáticas
y legales para una entidad gubernamental no española.”
Como se puede comprobar, los motivos de la atribución
al Gobierno español de los supuestos ataques son por completo inconsistentes.
Se basan en conjeturas y suposiciones sin carga probatoria alguna. El documento
califica sus hipótesis como “circumstantial evidence”, pero, vaya usted a
saber qué significado tiene ese sintagma en la cultura de los autores del
informe. Pensando en su trasposición al castellano, me viene a la cabeza el
término indicio, tan caro a los jueces de instrucción españoles y que utilizan
a diario para empapelar a cualquiera que pasaba por allí.
Si buscamos las razones de la atribución a nuestro
gobierno del espionaje en el artículo de The New Yorker los resultados
son aun más pobres. El autor ha contactado con un eurodiputado separatista
catalán (Solé), que le entregó su teléfono móvil a un presunto experto (Campo)
y el examen obtuvo, entre otros, el siguiente resultado:
“Campo identificó una aparente notificación de la
agencia de seguridad social del gobierno español que usaba el mismo formato que
los enlaces a malware que el Citizen Lab había encontrado en otros teléfonos. «Con
este mensaje, tenemos la prueba de que en algún momento fuiste atacado»,
explicó Campo. Pronto, el teléfono de Solé vibró. «Este teléfono dio positivo»,
decía la pantalla. Campo le dijo a Solé: «Hay dos infecciones confirmadas», a
partir de junio de 2020. «En aquellos días, su dispositivo estaba infectado,
tomaron el control de él y estuvieron en él probablemente durante algunas
horas. Descargando, escuchando, grabando»”.
Es decir, un mensaje aparentemente enviado por la Seguridad
Social española, con el mismo formato que otros encontrados en otros teléfonos
y que contenían software espía les ha parecido suficiente para atribuir al
Gobierno español la supuesta fechoría.
A estas alturas, mis sospechas de que todo este asunto
es un montaje perpetrado por el separatismo catalán, guiado por su irritante victimismo y su obstinado odio antiespañol empezaron a cobrar fuerza, de modo
que seguí investigando. Y este es el resultado de mis pesquisas.
Resulta que el dominio de Internet “Catalan Gate”, al parecer, administrado por la entidad separatista Omnium Cultural,
fue creado en enero de 2022, es decir, varios meses antes de que apareciera el
informe de Citizen Lab, precisamente, con ese mismo título: “Catalangate”. Por
otro lado, apenas dos días después de aparecidas las informaciones sobre el
presunto espionaje, la misma Omnium Cultural publica en su canal de Youtube
un vídeo (https://youtu.be/-LVKeIz8nO4) profesionalmente diseñado y editado, que viene a ser
la ilustración videográfica de su campaña de denuncia del espionaje. Vídeo que,
lógicamente, fue necesariamente concebido y elaborado semanas antes de la
irrupción del escándalo.
Es de sobra conocido que el separatismo catalán cuenta
con recursos suficientes, por cierto, procedentes de los impuestos que pagamos
todos los españoles, para comprar la voluntad de personas e instituciones a lo
largo del mundo y así lo viene haciendo en su constante campaña de desprestigio
de España y de diseminación de sus delirios históricos y políticos.
Instituciones dependientes de las Naciones Unidas, ONGs transnacionales,
premios nóbel y prestigiosos medios de prensa internacionales, como The New
York Times, The Guardian y otros, con frecuencia, se han puesto al
servicio de los objetivos del separatismo catalán…previo pago de su importe,
naturalmente. Para colocar sus monsergas antiespañolas, nuestros catalanes
levantiscos vienen jugando, además, con la ventaja que les reportan los
prejuicios antihispánicos que tanto abundan por ahí, especialmente en medios
anglosajones, que siguen confundiendo a España con Francoland.
En fin, lo expuesto hasta ahora constituye algo más
que la famosa “circumstantial evidence” que utilizaba el Informe de Citizen
Lab, para concluir que este asunto del Catalangate ha sido una obra de
encargo del separatismo catalán.
Pero, por si faltara algo para convencernos, resulta
de lo más ilustrativa la introducción del artículo de The New Yorker que
transcribo a continuación:
“El parlamento de Cataluña, la comunidad autónoma
de España, se encuentra en el borde de la Ciudad Vieja de Barcelona, en los restos
de una ciudadela fortificada construida por el rey Felipe V para vigilar a la inquieta
población local. La ciudadela fue construida con trabajos forzados de cientos de
catalanes, y sus estructuras y jardines restantes son para muchos un recordatorio
de la opresión. Hoy en día, la mayoría de los parlamentarios catalanes apoyan la
independencia de la región, que el gobierno español ha considerado inconstitucional.
En 2017, mientras Cataluña se preparaba para un referéndum sobre la independencia,
la policía española arrestó al menos a doce políticos separatistas. El día del referéndum,
que recibió el apoyo del noventa por ciento de los votantes, a pesar de la baja
participación, las redadas policiales en los colegios electorales hirieron a cientos
de civiles. Los líderes del movimiento independentista, algunos de los cuales viven
en el exilio en toda Europa, ahora se reúnen en privado y se comunican a través
de plataformas de mensajería cifradas.”
Creo que el sesgo del texto exime de
todo comentario. Por cierto, el artículo está firmado por Ronan Farrow, el hijo
biológico de Woody Allen y de Mia Farrow, que se puso de parte de su madre y de
su hermano/a Dylan, en la disputa con el padre de ambos. Yo sé bien de parte de
quién estoy en el asunto y la credibilidad que me merece cada parte.
