LOS FRAUDES DE LA INVESTIDURA

 

Hoy he visto que circula por las redes el artículo de Daniel Gascón en El País, “F de fraude”.

Modestamente, añado algunas consideraciones a los dos aspectos más fraudulentos del contenido de las negociaciones en curso entre el PSOE y los separatistas catalanes.

En primer lugar, el llamado ‘préstamo’ de diputados/senadores. En mi opinión, la conducta de los diputados de los grupos prestamistas y prestatarios es análoga a la de quien utilizase una factura (falsa) de 20 placas solares, para justificar una subvención de una instalación fotovoltaica en la que solo se hubieran instalado 5 (se nos pueden ocurrir decenas de ejemplos que podrían venir al caso). Tanto una conducta (la de los diputados defraudadores), como la otra (la del instalador de placas y el ciudadano, ambos defraudadores) constituyen un fraude de subvenciones, que, en principio, encajan en la definición de dicho delito contemplada en el artículo 308 del Código Penal: “El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.”

Se calcula que ambos grupos separatistas, Junts y ERC, cobrarían unos 146.000€ al año, cada uno, si no formaran grupo parlamentario y, por medio del fraude que el PSOE les facilita, van a cobrar más de 510.000€, cada uno.

Todo el mundo sabe que se trata de un fraude, pero nadie, que yo sepa, se ha referido a la posible vertiente penal de este asunto. En primer lugar, porque se viene repitiendo legislatura tras legislatura desde hace varias y ya se considera una conducta normal. Pero, en segundo lugar, porque, probablemente, en la conciencia íntima de aquellos de sus perpetradores que entiendan de estas cosas y en la de sus asesores jurídicos, debe anidar la convicción de que estas decisiones son inimputables, por estar amparadas en la libertad política de los parlamentarios.

Yo me atrevo a discrepar de esa idea. La administración y gestión de las subvenciones a los grupos parlamentarios no es una actividad política, sino más bien una actuación que cabe encuadrar en los límites de la actividad organizativa y administrativa del Parlamento y que debe estar sujeta a las mismas reglas legales que el conjunto de la actividad administrativa de los poderes públicos.

El Parlamento podría aprobar un reglamento que dijera que, si Pedro Sánchez lo necesita para ser investido, un solo diputado podría formar grupo parlamentario. Pero, por el momento, no es ese el caso.

Siempre me ha parecido una lacra la judicialización de problemas o conflictos que deben ser resueltos de otra manera, pero, ante actitudes tan desvergonzadas como el préstamo de parlamentarios, en claro perjuicio del erario público, caben pocas alternativas.

La segunda cuestión a la que quería referirme es a la llamada amnistía de los variados delincuentes y otros infractores del Proceso catalán. Por lo que estoy leyendo en los medios, no solo se pretende revocar todas las acusaciones y condenas, en los ámbitos penal y administrativo, de modo que todos queden libres de sanciones penales y de otro tipo. Sino que se pretende también anular las responsabilidades que podríamos llamar resarcitorias. Me estoy refiriendo a lo siguiente:

Por un lado, a las responsabilidades civiles derivadas de delito, como por ejemplo, la indemnización que pudiera fijar el juez en favor del policía al que un angelito le rompió el cráneo, al arrojarle un adoquín a la cabeza en la Vía Layetana. Indemnización a la que sería condenado el autor del delito.

Y, por otro lado, a las responsabilidades contables en las que han incurrido los políticos y funcionarios procesistas, por malversar fondos públicos en actuaciones ilegales en pro de la independencia.

En ambos casos, no se trata de sanciones, sino del mero resarcimiento del daño causado a otro: en un caso, al policía al que le fracturaron el cráneo; y, en el otro, al Estado, que es como decir a todos los ciudadanos, que vimos cómo el peculio público se vio disminuido por la acción malversadora de autoridades y funcionarios.

¿Qué podría hacer el policía y qué podríamos hacer el conjunto de los ciudadanos, que sufriéramos semejante despojo, perpetrado por las Cortes, en forma de una Ley mal llamada de amnistía?

Supongo que algún procedimiento legal podrá emprenderse contra los autores de estos desmanes, si se llegan a consumar, que todo indica que así será.

SI LO HICIERAS TÚ, IRÍAS A LA CÁRCEL

 

Se trata de un fraude. Pero no en sentido figurado, de un fraude político, que también, sino de un auténtico fraude de subvenciones. El PSOE le ‘presta’ diputados al partido de Puigdemont y Sumar se los 'presta' al partido de Junqueras, para que alcancen el número mínimo (que no han obtenido en las elecciones) que les permita formar grupo parlamentario y así gozar de sus ventajas: más tiempo en las intervenciones, más autonomía para la presentación de iniciativas y, sobre todo, más dinero. Se calcula que ambos grupos cobrarían unos 146.000€ al año, cada uno, si no formaran grupo parlamentario y, por medio del fraude que el PSOE les facilita, van a cobrar más de 510.000€, cada uno.

Sería algo así como si el instalador de placas solares te entregase una factura de 20 placas, cuando tú solo instalaste 5, pero usas la factura para cobrar la subvención, como si hubieras instalado 20. Cualquier ciudadano que realizara una actuación análoga a esta sería condenado a una pena de prisión, por un delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal.

Ya sabemos que los separatistas tienen patente de corso. No se persiguen los delitos que cometen y, si en algún caso se les condena, inmediatamente se les perdona.

En este caso se trata de un delito perpetrado abiertamente, sin tapujos, casi haciendo ostentación. Que tiene unos autores claros, los diputados de los grupos separatistas. Y unos cooperadores necesarios no menos evidentes: los diputados del PSOE y de Sumar.

¿Por qué nadie persigue esta infamia y se deja pasar, como si tal cosa?

ABERRACIONES CONTEMPORÁNEAS

 

Una ley aprobada por las Cortes permite que una madre le diga a su hijo que no es su madre, sino su padre, a pesar de haberlo parido; y que su padre le diga que no es su padre, sino su madre, a pesar de haberlo engendrado, por ejemplo, violando a la madre que lo parió.

Invocando esa ley aprobada por nuestro parlamento, algunos hombres que dicen sentirse mujeres están solicitando y, con frecuencia, consiguiendo, ser recluidos en cárceles de mujeres, participar en competiciones deportivas femeninas, usar los aseos y vestuarios de mujeres en toda clase de instalaciones y un sin fin de aberraciones sin cuento.

Cuando se les niegan las perversiones que solicitan lo denuncian como una conducta de odio contra las personas LGTBI…XYZ, o tránsfoba o Dios sabe qué otro barbarismo. Y, con frecuencia, reciben el apoyo de partidos y otros colectivos e incluso de las autoridades.

Este mero comentario que estoy haciendo, con seguridad, merecerá una valoración similar por parte de esa gente y, probablemente, podría estar incurriendo en alguna de las infracciones recientemente reguladas y llevar aparejada una sanción.

Cuando oigo o leo que algunos partidos se proponen el reconocimiento de nuevos derechos a determinadas personas o colectivos o abogan por lo que suelen llamar el blindaje de los derechos ya reconocidos, lo que me viene a la cabeza son casos como el que cuenta el periódico, los que he descrito yo más arriba y otros similares.

Se trata de un proyecto de ingeniería social que pretende construir un mundo distópico invivible, al que la mayoría de los ciudadanos está asistiendo impávida, como si no fuera con ellos.