domingo, 24 de marzo de 2024

SEPARATISMO VS. DEMOCRACIA

 


Enciendo la radio, pongo la Cadena SER y me incorporo a una conversación en la que interviene una señora cuya voz desconozco. Los otros miembros de la tertulia le hacen preguntas sobre Bélgica. Me parece entender  (he cogido la conversación empezada) que hablan de un incidente durante una fiesta en casa de un ministro belga, en el que los amigos del ministro, en estado de ebriedad, orinaron encima del coche de la policía de escolta y las fotos de la hazaña han salido en los periódicos. De ahí pasan los tertulianos a hablar de lo que, al parecer, es una tolerancia belga con el abuso del alcohol, incluso por personas principales.

Salen a relucir las regiones belgas y las posibles diferencias de conducta de los ciudadanos de cada una de ellas. Y esa idea tan repetida de que Bélgica no existe, de que las regiones belgas están unidas por una mera marca comercial y, quizá, por la Monarquía.

Mientras escucho, me vienen a la cabeza las dificultades que siempre ha puesto Bélgica a la extradición de delincuentes a España. Ayer eran los etarras, que encontraron en Bélgica el santuario que los protegía de sus crímenes horrendos cometidos en España. Y hoy son Puigdemont y sus secuaces. Ayer, como hoy, una mezcla de prejuicios que hunden sus raíces en una leyenda negra originada en las guerras de Flandes de los siglos XVI y XVII, y una indisimulada simpatía, de raíz eminentemente flamenca, hacia los separatismos vasco y catalán, como si fueran movimientos de liberación nacional del tercer mundo, nos han venido dando reiteradas bofetadas a los españoles, mediante arbitrarias decisiones de los tribunales y de las autoridades administrativas belgas, denegando la extradición de delincuentes españoles huidos al santuario belga.

En este contexto, la señora de la tertulia se refiere a las dos comunidades “democráticas” que componen Bélgica. Me llama la atención el adjetivo. A qué viene o qué aporta tildar de democráticas a esas dos comunidades que, por cierto, apenas se distinguen entre ellas, nada más que porque hablan obstinadamente dos lenguas distintas. El empecinamiento obsesivo en la diferencia y la separación de las comunidades flamenca y valona es mucho más identificativo de esas regiones y sus pobladores, que su presunto espíritu o carácter democrático. Pero no solo eso, es que el separatismo, pese al prestigio que tiene en algunas mentes, es un sentimiento o movimiento nada democrático. ¿Por qué lo empleó, entonces, la invitada?

Cuando el conductor del programa la despidió se desveló la causa de esa extraña adjetivación de las comunidades regionales belgas. Era la corresponsal del diario La Vanguardia en Bruselas y el adjetivo no era sino instinto de protección.

Esa permanente presencia de catalanes en cualquier franja horaria de la Cadena SER, casi todos ellos irritantemente equidistantes, cuando no directamente separatistas, es una de las razones, además de su descarado sanchismo, por las que se ha vuelto insoportable.

sábado, 9 de marzo de 2024

UNA JUEZ DE INSTRUCCIÓN RESPONSABLE

 


Cuando todavía los rescoldos del incendio de Valencia estaban calientes y humeantes conocí la noticia de que un juzgado de instrucción había abierto diligencias penales en averiguación de los delitos que podrían haberse perpetrado como causantes del incendio.

Enseguida compadecí al arquitecto, al aparejador, al constructor, al promotor, en fin, a todo el que hubiera tenido algo que ver con el diseño y construcción del edificio. Su tranquilidad se les había terminado, probablemente, para toda su vida. Eran las seguras víctimas de una investigación que llevarían a cabo durante varios lustros policías jueces y fiscales y que solo terminaría, más de 10 años después, con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Afortunadamente, parece que esta vez el asunto ha caído en manos de una juez de instrucción sensata y responsable, ciertamente, una rara avis en la fauna judicial española, que ha decidido el archivo de la causa, a las pocas semanas de haberla abierto.

Con todo -la felicidad no puede ser completa- el archivo se decreta con el carácter de provisional. Hay que ver lo que le cuesta a un juez penal soltar definitivamente un asunto. Cuántas diligencias penales no estarán en España en esa situación de latencia, derivada de un archivo provisional nunca convertido en definitivo, a la espera de que un sucesor en el juzgado mentalmente perturbado, decida dar rienda suelta a sus obsesiones o desvaríos reabriendo la causa y cogiendo por sorpresa a todos los que pasaban por allí, con probabilidad, algunos de ellos ya muertos. 

sábado, 2 de marzo de 2024

LA COMISIÓN DE VENECIA Y LA AMNISTÍA

 

El Senado le solicitó a la Comisión de Venecia un informe sobre el proyecto de ley de amnistía. La llamada Comisión de Venecia, realmente denominada Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. El papel de la Comisión de Venecia es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Este organismo internacional envió una misión a España, para ilustrarse acerca del asunto sobre el que se le había solicitado informe y ayer se conoció un primer borrador del documento.

Inmediatamente, todos los medios afines al Gobierno y al PSOE empezaron a esparcir la especie de que la Comisión de Venecia respaldaba la ley de amnistía. Como se puede leer en El País de hoy, el informe preliminar de la Comisión, al parecer, considera que las amnistías deben perseguir un fin legítimo y, entre dichos fines legítimos se encontraría la persecución de la unidad nacional y la reconciliación social y política. Según El País et alii, como el preámbulo del proyecto de ley de amnistía dice perseguir dicha reconciliación, tras el golpe de Estado de los separatistas catalanes en 2017, la Comisión de Venecia estaría respaldando esta iniciativa de la mayoría Frankenstein que nos gobierna.

No conozco el texto completo del informe preliminar y, probablemente, sea aventurado emitir ningún juicio sobre el mismo, como se han apresurado a hacer el Gobierno y demás corifeos del Frankenstein. Entre otras cosas, porque, al parecer,  el proyecto de informe se somete ahora a alegaciones y, por tanto, el texto definitivo podrá diferir del que se ha conocido.

No obstante, puesto que ha sido inmediata y está siendo bien intensa la instrumentalización del borrador conocido, en favor de las tesis proamnistía, cabe cuestionar algunas de las cosas que se están diciendo y escribiendo.

Sostener que una amnistía debe perseguir un fin legítimo es una simpleza parecida a la que cometieron los constitucionales de Cádiz en 1812, al proclamar que los españoles debíamos ser justos y benéficos. Que para el logro de la unidad nacional y la reconciliación política y social resulte legítimo amnistiar a quienes cometieron graves delitos que pusieron en serio riesgo dicha unidad, así como la estabilidad y la armonía política y social de los españoles ya entra en el terreno de lo opinable.

Pero admitámoslo. Admitamos que la persecución de la unidad nacional y de la reconciliación sean fines legítimos de una amnistía. Pues bien, basta con que cualquier separatista abra la boca cualquiera de estos días para comprobar qué alejadas están de sus propósitos políticos la unidad nacional y la reconciliación. Y ello, sin contar con que la mitad del espectro político y, probablemente, bastante más de la mitad de los españoles no consideramos que una amnistía vaya a mejorar ni un ápice la unidad de la nación y la estabilidad y la armonía entre los españoles. Al contrario, pensamos que los separatistas persiguen la amnistía como un paso más en su objetivo de ruptura de la nación.

Por todo ello, resulta una paradoja, casi un sarcasmo, que la frankensteinesfera nos quiera hacer creer que ese malhadado proyecto de amnistía persigue la unidad y la reconciliación, por el mero hecho de que eso es lo que dice el texto de la ley, a pesar de la evidencia, que demuestran los hechos, de que, antes ya de su aprobación, está logrando justo lo contrario. Y si los miembros de la Comisión de Venecia no se han percatado de ello en su visita a España para la preparación del informe (que ya lo veremos, cuando se conozca el informe definitivo), es porque están ciegos y sordos. 

Aquí (https://shorturl.at/pEH78) un análisis detallado del borrador de informe de la Comisión de Venecia.