Control judicial del poder: para qué y para quién. Titulares del periódico de hoy.

El Estado de Derecho contemporáneo posee multitud de mecanismos de control del poder. Uno de los más potentes es el que pone en manos de los ciudadanos la posibilidad de someter a la Justicia las decisiones del poder que les perjudiquen, pudiendo ser anuladas si son ilegales.

En general, admitimos de un modo bastante acrítico que todos los mecanismos de control judicial sobre el poder suponen un avance del desarrollo humano y de la civilización.

Yo, en cambio, discrepo de esta visión un tanto angelical del asunto, que representa al pobre ciudadano en lucha constante contra un poder que tiende al abuso y la arbitrariedad.

La realidad muestra cada día que estos mecanismos de control judicial del poder solo suelen estar al alcance de los sectores económicamente privilegiados de la sociedad, que los utilizan para la defensa de sus intereses. En ocasiones, la inflación de controles maniata a los poderes públicos, haciendo inútil una acción decidida en favor de las capas más desfavorecidas y, en definitiva, de la igualdad entre todos los ciudadanos.

Los ejemplos que recoge la prensa de hoy ilustran esta idea.

Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado una norma dictada por la Junta de Andalucía, en la que se regulaba la apertura de farmacias de un modo que el gremio farmaceútico ha considerado lesivo para sus intereses. Nada cuesta imaginar que tales intereses, probablemente, no serán coincidentes, sino más bien contrapuestos, a los de los usuarios de este servicio público, que somos todos los ciudadanos.

El otro titular trata un asunto más complejo. El Ayuntamiento de Sevilla ha cedido a una comunidad islámica un terreno para que construya una mezquita. Los vecinos del entorno se oponen y han conseguido que un juzgado paralice las obras de la mezquita. No es que yo tenga simpatía por el Islam, que no la tengo. Creo que la libertad religiosa no puede amparar conductas que nuestra conciencia social considera delictivas o moralmente inadmisibles, tales como la poligamia, la preterición de la mujer, etc. (por no hablar de cosas peores) y que, por tanto, se deben prohibir y combatir. Salvado todo esto, nos encontramos con una confesión religiosa minoritaria, que ha obtenido el apoyo de los poderes públicos para desarrollarse y este apoyo ha quedado suspendido, de momento, por decisión judicial.

El Reglamento que regulaba la apertura de farmacias y la cesión del solar a la comunidad islámica, probablemente, tengan defectos formales o de fondo que los hagan merecedores de ser anulados, pero, yo me pregunto: ¿sería verosímil que la prensa de hoy reflejara estos otros titulares?:

- "Las asociaciones de consumidores consiguen que los tribunales anulen la normativa de apertura de farmacias que perpetuaba los privilegios del gremio."

- "El juez desestima la petición de suspensión de las obras de la mezquita, por entender que los argumentos de los recurrentes solo encubren prejuicios racistas y xenófobos contra los promotores."