La derecha reduce el Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid y promete eliminarlo para 2010. Los medios 'liberales' (juraría que antes lo que ellos representan se llamaba extrema derecha; ahora son liberales, bien) jalean la medida. El Mundo dice en su editorial: "Al fin un gobierno autonómico 'amistoso' para el contribuyente".
Ya he dicho varias veces en este blog que en España sólo pagan impuestos los pringaos: los asalariados y, especialmente, los de rentas medias y medio-altas. Calificar como una medida "amistosa" para el contribuyente la reducción del Impuesto sobre el Patrimonio es directamente una broma. Este impuesto es una de las escasísimas figuras impositivas en las que aún pueden vislumbrarse pequeñas briznas de justicia fiscal. No es casual, pues, que la derecha pretenda cargárselo. Ese es su programa y es el que ha sido siempre. Las Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha han hecho prácticamente desaparecer el Impuesto de Sucesiones y ahora van a por el de Patrimonio. El impuesto progresivo sobre las rentas de capital ya desapareció hace tiempo.
Desde un punto de vista tributario, la sociedad española ha adquirido un carácter cuasi-feudal, donde los estamentos más poderosos económicamente están exentos de tributación y la carga tributaria recae fundamentalmente sobre los siervos de la gleba, que constituye la mayoría de la población.
A pesar de ello, un significativo porcentaje de ciudadanos continuará inclinado a votar por unas opciones políticas que adoptan medidas tan perjudiciales para la mayoría. ¿Nadie se da cuenta de que la política fiscal de la derecha sólo beneficia a un ínfimo porcentaje de sus votantes?
De modo que ya sólo queda suprimir el artículo 31 de la Constitución, hace mucho mero papel mojado, y sustituirlo por este otro: "Al sostenimiento de los gastos públicos contribuirán los de siempre".
Te has olvidado de los beneficios que obtienen los matrimonios que deciden separarse aunque sigan juntos porque obtienen subvenciones y otros beneficios, el aumento de presuntos minusválidos con su certificado oficial que todo lo más llevan gafas y otros especímenes fomentados por las políticas populistas tan en boga en todo el arco político.
ResponderEliminarEso es pura anécdota, Anónimo. Cuando empresarios y profesionales defraudan en cifras billonarias, hablar de separados y minusválidos es errar el tiro. Pero bueno, cada cual tiene sus prioridades socio-políticas. Las mías, desde luego, no son esas. Aunque sólo sea por eficiencia. Preferiría que a los grandes defraudadores les levantara la Inspección siquiera el 5% de lo que ocultan, a luchar contra minusválidos y separados de conveniencia. La diferencia de recaudación sería de un millón a uno.
ResponderEliminarLa justicia social de los pobres se mide en esas cuestiones que a ti te parecen anécdotas. No piensas que existimos personas que tenemos prohibido cualquier ínfimo beneficio social por culpa de esos defraudadores de poca monta. A mi la recaudación que sólo servirá para crear más cargos políticos, empresas del Estado y demás no me afecta, porque será lo comido por lo servido.
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