Hay que suprimir el IRPF

Miguel Sebastián propone de nuevo, en este interesante artículo, el establecimiento de un tipo único en el IRPF, basándose, entre otras cosas, en el hecho, ya sabido, de que sólo los asalariados de clase media o media-alta figuran entre el 10% de los contribuyentes que declaran un mayor nivel de renta. Es decir, como el resto de los ingresos que el Estado percibe de los ciudadanos tienen carácter fijo o proporcional, puede decirse que la financiación de los servicios públicos recae fundamentalmente en los asalariados de rentas medio-altas.

La realidad fiscal en España vive por completo a espaldas de la Constitución. Su artículo 31.1 establece que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio." Haría falta mucho cinismo para sostener que el sistema fiscal español en su conjunto es igualitario y progresivo, condiciones esenciales de la justicia fiscal. Siendo así las cosas, establecer un tipo fijo en el IRPF, por más que amortiguara la escandalosa injusticia del modelo actual, no haría sino consolidar la flagrante inconstitucionalidad del sistema vigente.

Si el Estado sigue empeñado en hacer la vista gorda con las fuentes de renta no salariales, debe suprimirse el IRPF, no sólo por vulnerar el artículo 31.1 de la Constitución, sino porque vulnera, también, el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley (artículo 14).

Su lugar bien podría ocuparlo un potente y progresivo Impuesto sobre el Patrimonio. No es tan fácil ocultar el patrimonio como la renta.

A menos que establezcamos la obligatoriedad de que todas las transacciones superiores a 50 euros sean electrónicas, para lo que ya existe la tecnología que lo permite.

Estas ideas pueden parecer arbitristas, pero algo habrá que hacer para superar el actual estado de cosas. Cada vez que pienso que tengo que pagarle con mis impuestos los 2.500 euros del subsidio de natalidad a la hija de Emilio Botín aumenta un grado mi desafección. Mi conciencia fiscal hace tiempo que ya no existe.