Una década perdida

La crisis económica que asuela las economías de la mayoría de los países del mundo se está cebando con saña con el nuestro. La razón de que España esté siendo castigada con mayor dureza que otros países ha sido explicada mil veces. El hundimiento del mercado inmobiliario ha producido determinados efectos que agravan la situación española, respecto a la de la mayoría de los países de nuestro entorno. Estos efectos han sido el desplome de los ingresos del Estado y, en particular, de aquellos ligados al “ladrillo” y un aumento desorbitado del paro, debido a que la construcción es un sector muy intensivo en la utilización de mano de obra. La disminución de los ingresos y el aumento de los gastos del subsidio de desempleo han producido un consecuente incremento exponencial del déficit público. Directamente relacionado con lo anterior, España padece una cifra aparentemente muy alta de deuda-país. O sea, la suma del endeudamiento de las administraciones, las familias, las empresas y los bancos. En el fondo esto querría decir que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y ahora deberíamos pagar todos las alegrías y frivolidades del pasado.

He dicho todos, pero el Gobierno ha decidido que sólo sean unos cuantos los paganos de la mala cabeza de todos: fundamentalmente, los funcionarios, los jubilados que no cobren pensiones mínimas o no contributivas y los solicitantes de las prestaciones de la dependencia. Además de quienes ya lo venían pagando: los parados y quienes se han arruinado con la crisis.

Desde mi punto de vista, la historia juzgará el planteamiento del Gobierno de Zapatero para afrontar la fase aguda de la crisis de un modo particularmente severo, ya que las medidas que ha puesto en práctica son injustas, contraproducentes y políticamente suicidas.

Las medidas del Gobierno son injustas porque hacen recaer sus efectos negativos sólo sobre una parte de la población, que no es precisamente la causante más directa de la crisis ni la que posee más recursos. Si estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, el Gobierno debió explicarlo así a la sociedad y proponer un gran pacto de rentas, donde cada grupo social aportara según sus posibilidades. Los asalariados del sector público y del sector privado verían reducidos sus salarios por igual con criterios de progresividad y las rentas no salariales y los grandes patrimonios harían su aportación por la vía de los impuestos. Si este plan fuera acompañado por una racional reducción del gasto público (después hablaré de ello), el efecto individual y personal de las medidas habría sido insignificante. Si ese planteamiento no hubiese sido aceptado por el Parlamento o por la sociedad, mediante movilizaciones sindicales o de otro tipo, Zapatero hubiese disuelto el Parlamento y nuestro futuro lo dirimirían las urnas. Eso es la democracia.

Este modo que propongo de afrontar este tiempo de tribulación permitiría salir de la crisis con unas cotas más altas de justicia y, por ende, de cohesión social. La opción del Gobierno me temo que agravará aún más la desintegración social, la desafección de los ciudadanos y el descrédito de lo público. El propio Gobierno parece haber situado a lo público en el centro de la diana de los culpables de la crisis.

Estos días alguien ha recordado un viejo proverbio chino que dice que “para salir del agujero, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar”. El Gobierno, con sus medidas, no ha hecho otra cosa que ahondar unos metros más el agujero en el que estamos metidos, haciendo más difícil salir de él. Disminuyendo brutalmente la renta de los funcionarios y de los jubilados sólo consigue reducir el gasto público, pero ni siquiera es seguro que reduzca el déficit. Esto es así porque las medidas del Gobierno van a producir una segura reducción del consumo y de la demanda interna y, por tanto, los ingresos del Estado se resentirán aún más. Por eso decía que las medidas son contraproducentes.

En lugar de la tosca agresión a funcionarios y jubilados, el Gobierno podría haber aprovechado para adoptar una serie de medidas de racionalización del sector público, tan necesarias como difíciles de tomar en épocas de bonanza. Me permito sugerir algunas:

- Suprimir las Diputaciones Provinciales. La existencia de las Comunidades Autónomas hace completamente innecesario mantener este nivel de Gobierno. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia) no existen las diputaciones (sólo faltaba) y no pasa absolutamente nada. Sus servicios los presta la Comunidad Autónoma, donde se integraron todos sus funcionarios. Las diputaciones son hoy día un lastre, ya que no se responsabilizan de asumir el coste de los impuestos, al no recaudar nada de los ciudadanos y sólo sirven para repartir cargos entre los partidos. Cualquiera que sepa algo acerca de qué es el sector público sabe perfectamente que esto es así.

- Suprimir más de siete mil municipios. En España hay actualmente 8.114 municipios, para una superficie de algo más de 500 mil kilómetros cuadrados y una población de casi 47 millones de habitantes. Es decir, la media sale a 62 kilómetros cuadrados y 5.800 h. por municipio. Y, si hiciéramos la media de población con los de menos de 100.000 h., la cifra de población media por municipio sería ridícula. Por otro lado, el número de municipios tiende a aumentar, merced a una pulsión irracional y cateta que incita a cualquier núcleo de población que se precie a movilizarse para contar con su propio campanario. La racionalidad en la gestión de los servicios impone una profunda reforma que no deje más allá de mil municipios, mediante la agrupación de los más pequeños. Con ello, la media de superficie pasaría a 500 kilómetros cuadrados. Hoy, por ejemplo, Jerez de la Frontera tiene casi 1.200 y Carmona y Hornachuelos más de 900. Y la media de población rondaría los 47.000 h.

- Suprimir la mitad o más de las Universidades. En España, hay más de 70 universidades. Aquí, de nuevo, la misma pulsión cateta ha llevado a que en cada provincia haya una Universidad, con algunas excepciones, siendo la más notable la de Castilla La Mancha, con una única universidad para sus 5 provincias. Esto no quiere decir que no pueda haber centros universitarios diseminados, como los hay en Castilla La Mancha. Pero con un solo rectorado y otros muchos ahorros que cualquiera puede imaginar.

- Suprimir una buena parte de los entes y organismos creados por las Comunidades Autónomas, con el único motivo de aparentar ser un Estado en pequeñito. Es hora de acabar ya con este sarampión y centrar a las Comunidades Autónomas en lo que les debería ser más propio: gestionar los servicios públicos. Aquí no pongo ejemplos, para no ofender a nadie y no crearme más problemas, pero nada cuesta imaginar a qué me estoy refiriendo.

- Suprimir todas las líneas de subvenciones que no hayan demostrado su utilidad social, mediante la evaluación de un plan estratégico que debe aprobarse en el momento de su establecimiento. Esto no es ningún invento arbitrista. No es ni más ni menos que lo que exige la Ley General de Subvenciones, aunque no se cumpla.

- Podar a la Administración General del Estado de todos los servicios y dependencias redundantes con los de las Comunidades Autónomas y transferírselos a éstas, con funcionarios incluidos, por supuesto. Con esto no sólo se racionalizaría y se reduciría el gasto público, sino que mejorarían las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, actualmente enturbiadas con mucha frecuencia por la acción de cuerpos de funcionarios del Estado que han de justificar su propia existencia de algún modo.

- Realizar un análisis externo de las necesidades de personal de todos los servicios públicos, proponiendo las movilidades funcionales y geográficas correspondientes. Esto permitiría congelar las ofertas de empleo público durante varios años.

En fin, podría seguir proponiendo ideas. Las que he enunciado estoy seguro que duplicarían lo que el Gobierno pretende ahorrar con su agresión a jubilados y funcionarios.

Dije también que las medidas de Zapatero son suicidas políticamente para su autor, que ha cavado una profunda fosa donde quedará enterrado su cadáver político. Si hubiera hecho lo debido, éste sólo sería un injusto precio a pagar. Es verdad que los pueblos suelen ser así de desagradecidos con los líderes que les ayudan a pasar momentos difíciles. Una vez pasado lo peor de la tormenta, los tiran por la borda. Winston Churchill, Mijail Gorbachov, Adolfo Suárez fueron grandes líderes que hicieron lo que había que hacer, siendo amortizados poco después por sus contemporáneos. Pero los tres tendrán un lugar preeminente en la historia, para siempre.

Zapatero ha preferido transitar por un camino que le asegura, simultáneamente, el rechazo de sus contemporáneos y el olvido de las generaciones futuras. La historia sólo dirá de él que desaprovechó una oportunidad inigualable para mejorar la justicia y la cohesión social en España y para modernizar la estructura de un Estado que arrastra todos los vicios y la caspa de los siglos XIX y XX.

Lamentablemente, nos dirigimos hacia una década perdida… o más.