España era un estado centralizado hace 33 años, cuando aprobamos la Constitución vigente y empezó el más largo período democrático de nuestra historia. La mayor parte del poder público estaba concentrado en el Estado central, que compartía apenas unas migajas con unos Ayuntamientos y Diputaciones con escasos recursos y autonomía.
En aquellos años, el Gobierno de la UCD, a través del infausto Ministro para las Regiones, Clavero Arévalo (ahora nos da lecciones desde el Diario de Sevilla) puso en marcha la atolondrada política apodada “café para todos”: un desatinado proceso de descentralización territorial, desarrollado para dar respuesta a un supuesto problema que, en realidad, solo existía en Cataluña y en parte de las Provincias Vascongadas.
Algunos de los hitos de este proceso no son ajenos al chantaje de las bombas y las pistolas de la ETA y, entre ellos, algunos de los más hirientes para el concepto de España como país. Me estoy refiriendo, señaladamente, al régimen foral del País Vasco y Navarra y a la rencorosa política educativa antiespañola desarrollada por los gobiernos nacionalistas del País Vasco y de Cataluña durante los últimos 25 años.
No se pueden entender los injustos privilegios forales sino es como añagaza para tratar de templar gaitas con un nacionalismo vasco que amagaba de continuo con sus pistoleros y que, a pesar de todo, no votó la Constitución.
Por otro lado, los sistemas educativos de ambas regiones han instruido a varias generaciones de niños y jóvenes vascos y catalanes en unos conocimientos y valores que excluyen la unidad de España y alientan el separatismo. Y no se puede entender la pasividad de los sucesivos gobiernos de España para reconducir este fenómeno, sino es por el miedo a enfrentarse a un nacionalismo que nunca rompió del todo amarras con sus matones.
Estos dos elementos (régimen foral y educación antiespañola) han producido fenómenos difícilmente reversibles, que están desembocando en un imparable movimiento independentista en ambas regiones. Esta es la guerra que ya ganó la ETA, de modo que ya solo nos queda firmar el armisticio.
Y en ese momento yo solo espero que el Gobierno de España sepa defender ante las dos regiones prófugas los intereses de los que nos seguimos sintiendo españoles, formulando a los ciudadanos de ambas regiones una clara advertencia y una promesa.
La advertencia de que España no va a admitir la independencia de una parte de su territorio sin realizar antes la liquidación de la “sociedad territorial de gananciales” que nos ha unido durante varios cientos de años, sin descartar una posible "pensión territorial compensatoria" en favor de la parte que quede en peor situación tras el "divorcio".
Y la promesa de que España se compromete a proteger a los ciudadanos de ambas regiones que decidan seguir viviendo en su tierra y seguir siendo españoles, de toda discriminación que pudieran sufrir por su condición de españoles y castellanohablantes.
El armisticio que habrá que firmar algún día con los prófugos contendrá otras muchas estipulaciones, pero, en todo caso, deberá contar con estas dos que acabo de mencionar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario