Persecución

En octubre de 2009, la entonces Concejal Delegada de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Sevilla por Izquierda Unida, Josefa Medrano decidió denegar el uso de una instalación del Ayuntamiento para la celebración de un acto de homenaje al escritor de ideología fascista Agustín de Foxá.

Por esa denegación, la Señora Medrano se enfrenta estos días a un juicio en el que las distintas acusaciones (el fiscal y dos acusaciones particulares; la gravedad de la ofensa debe merecer semejante despliegue) le piden unas condenas de hasta 2 años de prisión, 8 años de inhabilitación y una multa de 1.200 euros, todo a la vez.

La primera pregunta que cabe hacerse es cómo es posible que hayamos llegado a una situación tan delirante. Y la respuesta no puede ser otra que la sempiterna nostalgia de la derecha nacional, respecto de los hechos, los símbolos y los héroes de la dictadura de Franco. Porque, ¿cómo es posible que se hayan conjurado en un asunto como éste jueces y tribunales admitiendo la querella y juzgando, fiscales acusando, asociaciones y abogados formulando acusaciones particulares y medios de comunicación y el Partido Popular, jaleando todo ello? Sólo cabe entender semejante animosidad ante un hecho en sí mismo insignificante, si admitimos que los acusadores de la Concejal se han sentido personal y subjetivamente ofendidos por la preterición del héroe fascista, al que hubieron de homenajear bajo un árbol, fuera del local municipal. Ante esta marea derechista que todo lo anega, la pobre concejal de Izquierda Unida que cometió aquella torpeza política (que no un delito) tenía y tiene todas las de perder. El asunto se ha convertido en un pim-pam-pum, en el que una caterva de jueces, fiscales, abogados, políticos y periodistas filofascistas se ensañan con una comunista torpe (hay comunistas distintos), para así conjurar sus fantasmas históricos y desahogar sus fobias políticas.

No obstante, lo más serio de este episodio es que comporta un desprecio de las instituciones y del derecho. Una sociedad en la que se utiliza el derecho penal y los tribunales para dirimir traumas históricos y quizá mentales y para perseguir a los enemigos políticos no puede ser una sociedad sana.

Por otro lado, será interesante conocer la jurisprudencia que resulte. Porque, si podemos empapelar a un concejal porque deniegue una instalación municipal para un acto de homenaje, ¿qué pasaría si cualquiera de nuestros actuales ediles tuviera que enfrentarse, por ejemplo, a peticiones para homenajear, yo qué sé, a Marx, Engels, Lenin o Stalin (supongo que todos ellos escribirían algo); o para homenajear el aniversario del matrimonio homosexual, a las clínicas que practican abortos o a las asociaciones que defienden y promueven la muerte digna?
Si un concejal se arriesga a un proceso por prevaricación y a penas de prisión por denegar el uso de una instalación municipal para un acto que él considera inadecuado, nos hemos vuelto todos locos. Y, si eso llegara a ocurrir, yo pediré el uso de la sala de juicios del tribunal que dicte semejante sentencia para honrar la ilustre memoria del "Cojo Manteca". Y a ver quién tiene huevos de denegar el permiso.
Menos mal que ahora el PP le va a dar la dirección de la Justicia a los jueces. Estamos salvados.