Respecto de los infames acuerdos firmados por el PSOE con el separatismo catalán, las asociaciones de jueces sólo se han puesto de acuerdo para criticar una medida, la relativa al famoso lawfare, que tiene por objeto examinar posibles abusos cometidos por jueces en el ejercicio de sus funciones.
Todos sabemos que determinados jueces han destrozado vidas, honras y haciendas de ciudadanos inocentes, dándole curso a procesos instados por los enemigos de esos ciudadanos, con el solo objetivo de destruirlos. Muchas veces, tales procesos han terminado en nada. Véanse los casos de Francisco Camps, absuelto en todos los procesos en los que ha estado implicado y varias instrucciones penales perpetradas por la juez Alaya, como los casos Mercasevilla y Lopera, en los que fueron absueltas todas las personas procesadas por esta juez a la que Dios confunda.
No es que me parezca ni de lejos razonable lo que consta sobre el dichoso lawfare en el acuerdo firmado por el PSOE con los aldeanos catalanes, todo él pura basura ideológica, histórica y política.
Lo que quiero poner de manifiesto es que los jueces sólo han sido capaces de ponerse de acuerdo para oponerse a una medida que, corporativamente, sienten como una amenaza. Desde luego, a su independencia, pero también, a sus privilegios de casta intocable. Pero, sobre asuntos de gran calado político y social, como la vergüenza de la amnistía, que tanto les concierne profesionalmente, no han sido capaces de adoptar una postura conjunta y unánime.
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