El Senado le solicitó a la Comisión de Venecia un informe sobre el proyecto de ley de amnistía. La llamada Comisión de Venecia, realmente denominada Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. El papel de la Comisión de Venecia es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Este organismo internacional envió una misión a España, para ilustrarse acerca del asunto sobre el que se le había solicitado informe y ayer se conoció un primer borrador del documento.
Inmediatamente, todos los medios afines al Gobierno y al PSOE empezaron a esparcir la especie de que la Comisión de Venecia respaldaba la ley de amnistía. Como se puede leer en El País de hoy, el informe preliminar de la Comisión, al parecer, considera que las amnistías deben perseguir un fin legítimo y, entre dichos fines legítimos se encontraría la persecución de la unidad nacional y la reconciliación social y política. Según El País et alii, como el preámbulo del proyecto de ley de amnistía dice perseguir dicha reconciliación, tras el golpe de Estado de los separatistas catalanes en 2017, la Comisión de Venecia estaría respaldando esta iniciativa de la mayoría Frankenstein que nos gobierna.
No conozco el texto completo del informe preliminar y, probablemente, sea aventurado emitir ningún juicio sobre el mismo, como se han apresurado a hacer el Gobierno y demás corifeos del Frankenstein. Entre otras cosas, porque, al parecer, el proyecto de informe se somete ahora a alegaciones y, por tanto, el texto definitivo podrá diferir del que se ha conocido.
No obstante, puesto que ha sido inmediata y está siendo bien intensa la instrumentalización del borrador conocido, en favor de las tesis proamnistía, cabe cuestionar algunas de las cosas que se están diciendo y escribiendo.
Sostener que una amnistía debe perseguir un fin legítimo es una simpleza parecida a la que cometieron los constitucionales de Cádiz en 1812, al proclamar que los españoles debíamos ser justos y benéficos. Que para el logro de la unidad nacional y la reconciliación política y social resulte legítimo amnistiar a quienes cometieron graves delitos que pusieron en serio riesgo dicha unidad, así como la estabilidad y la armonía política y social de los españoles ya entra en el terreno de lo opinable.
Pero admitámoslo. Admitamos que la persecución de la unidad nacional y de la reconciliación sean fines legítimos de una amnistía. Pues bien, basta con que cualquier separatista abra la boca cualquiera de estos días para comprobar qué alejadas están de sus propósitos políticos la unidad nacional y la reconciliación. Y ello, sin contar con que la mitad del espectro político y, probablemente, bastante más de la mitad de los españoles no consideramos que una amnistía vaya a mejorar ni un ápice la unidad de la nación y la estabilidad y la armonía entre los españoles. Al contrario, pensamos que los separatistas persiguen la amnistía como un paso más en su objetivo de ruptura de la nación.
Por todo ello, resulta una paradoja, casi un sarcasmo, que la frankensteinesfera nos quiera hacer creer que ese malhadado proyecto de amnistía persigue la unidad y la reconciliación, por el mero hecho de que eso es lo que dice el texto de la ley, a pesar de la evidencia, que demuestran los hechos, de que, antes ya de su aprobación, está logrando justo lo contrario. Y si los miembros de la Comisión de Venecia no se han percatado de ello en su visita a España para la preparación del informe (que ya lo veremos, cuando se conozca el informe definitivo), es porque están ciegos y sordos.
Aquí (https://shorturl.at/pEH78) un análisis detallado del borrador de informe de la Comisión de Venecia.
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