Cuando todavía los rescoldos del incendio de Valencia estaban calientes y humeantes conocí la noticia de que un juzgado de instrucción había abierto diligencias penales en averiguación de los delitos que podrían haberse perpetrado como causantes del incendio.
Enseguida compadecí al arquitecto, al aparejador, al constructor, al promotor, en fin, a todo el que hubiera tenido algo que ver con el diseño y construcción del edificio. Su tranquilidad se les había terminado, probablemente, para toda su vida. Eran las seguras víctimas de una investigación que llevarían a cabo durante varios lustros policías jueces y fiscales y que solo terminaría, más de 10 años después, con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Afortunadamente, parece que esta vez el asunto ha caído en manos de una juez de instrucción sensata y responsable, ciertamente, una rara avis en la fauna judicial española, que ha decidido el archivo de la causa, a las pocas semanas de haberla abierto.
Con todo -la felicidad no puede ser completa- el archivo se decreta con el carácter de provisional. Hay que ver lo que le cuesta a un juez penal soltar definitivamente un asunto. Cuántas diligencias penales no estarán en España en esa situación de latencia, derivada de un archivo provisional nunca convertido en definitivo, a la espera de que un sucesor en el juzgado mentalmente perturbado, decida dar rienda suelta a sus obsesiones o desvaríos reabriendo la causa y cogiendo por sorpresa a todos los que pasaban por allí, con probabilidad, algunos de ellos ya muertos.
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