NO SE SALVA NADIE

Por lo que sabemos hasta ahora, la mujer de Pedro Sánchez se ha venido comportando de un modo bastante desahogado, por no decir desvergonzado. Se ha aprovechado de su condición de esposa del Presidente para obtener ventajas y privilegios que no están disponibles para el común de los mortales.

Dirige una cátedra y un máster de la Universidad Complutense de Madrid, ostentando un mero título de bachiller. Se desconoce qué méritos profesionales la han llevado hasta allí.

Como directora de ambos chiringuitos universitarios, ha solicitado y obtenido financiación de diversas procedencias, cuya única explicación plausible es su propia intercesión.

Entre otras cosas, consiguió que empresas multinacionales como Microsoft y Telefónica elaboraran gratuitamente un software para su uso en el máster que ella dirige, en el que habrían invertido 150.000 euros. Y no contenta con ello, al parecer, habría registrado dicho software a su nombre y no al de la Universidad.

Ha entregado cartas de recomendación con su firma a empresas que concurrían a licitaciones públicas y a otras que solicitaban subvenciones de la Administración.

Cuando se empezaron a conocer estas actividades a través de los medios de comunicación, una asociación con un pasado algo mafioso, llamada Manos Limpias, presentó una denuncia en el juzgado.

El ordenamiento español contiene la institución de la acción popular en derecho penal, en virtud de la cual, cualquier ciudadano está legitimado para instar de los tribunales el restablecimiento del orden alterado por el delito. El uso abusivo de esta facultad o derecho ciudadano quizá aconseje su supresión o restricción en el futuro, pero, hoy por hoy, está en vigor y no cabe otra cosa que aceptarlo.

A partir de ese momento, el marido de la denunciada ha adoptado una conducta francamente patética, impropia por completo del Presidente del Gobierno de un país serio. Pedro Sánchez ha acusado al PP de atacarle a él, a su mujer y a su partido fundándose en bulos y mentiras; ha acusado a los medios que se hacen eco de estos hechos de practicar un periodismo basura; ha acusado al juez de hacer política con este asunto que le ha caído en su juzgado; y, en definitiva, está tratando por todos los medios de sacar rédito político y electoral de lo que él considera una acusación injusta, de la que, por otro lado, se niega a dar explicaciones.

No sé si la conducta de Begoña Gómez, que así se llama la interfecta, será o no susceptible de recibir un reproche penal. Pero es evidente que su desahogo o desvergüenza sí deben merecer un reproche moral claro y que obliga a la sociedad española a reflexionar sobre ello y a adoptar medidas que impidan que tales cosas vuelvan a ocurrir o, al menos, que si ocurren, merezcan alguna clase de sanción.

Pues bien, la denuncia fue presentada por Manos Limpias hace ya más de 2 meses, tiempo más que suficiente para que el juez hubiera citado a la denunciada a declarar. Pero no, el juez se ha entretenido pidiéndole un informe a la UCO de la Guardia Civil, que ya sabemos cómo se las gasta, citando como testigos a los periodistas que daban cuenta de los hechos y enfrentándose con el fiscal del caso, por la impresentable conducta de este, que más parece un defensor de la denunciada que de la legalidad.

En esta semana, el juez ha dado un paso que deja ver, ya sin duda ni reserva alguna, la verdadera índole de este sujeto. Antes de notificárselo a la interesada y a menos de una semana de las próximas elecciones, les da a conocer a todos los medios de comunicación que tiene intención de citar como imputada a la esposa del Presidente del Gobierno, el próximo día 5 de julio, es decir, ¡para dentro de un mes!

En primer lugar, si el objetivo de esta iniciativa del juez hubiera sido cumplir con su deber y no hacerle daño a una ciudadana que había caído en sus fauces, la habría citado discretamente y no a bombo y platillo. Y, en segundo lugar, si el objetivo del juez hubiera sido cumplir con su obligación y no influir en el proceso electoral actualmente en curso, podría haber esperado para lanzar la citación después de las elecciones del 9 de junio, con tiempo más que suficiente para un emplazamiento previsto para el 5 de julio.

De modo que esto es lo que tenemos. La esposa del Presidente del Gobierno, que se aprovecha de su condición en su propio beneficio; una asociación mafiosa, que se convierte en la defensora de la moral de la nación; el Presidente del Gobierno, que no solo no da explicaciones de la conducta claramente irregular de su esposa, sino que pretende sacar partido político y electoral de ello y, lo que produce escalofríos, que quizá lo consiga, porque muchos ciudadanos se lo compren; un fiscal que, en lugar de defender a la sociedad, se convierte, por orden del Gobierno, en el defensor de una presunta delincuente; y algo, a mi juicio, mucho más reprobable: un juez, que hace uso de las potestades que la sociedad le otorga para impartir justicia, con la finalidad torcida de infligir a una ciudadana un daño injusto y completamente caprichoso.

Probablemente todas estas conductas quedarán impunes. La del juez, con toda seguridad. Alguna, incluso, resultará premiada. Lo que no es sino una muestra más de la podredumbre social e institucional en la que naufraga la nación.