3.000 delincuentes

Estos días se ha sabido que el Gobierno ha reconvenido a un grupo de presuntos delincuentes, cogidos infraganti, para que se arrepientan, reconozcan sus delitos y, así, con un leve acto de contricción, queden libres y limpios de toda mancha sin ni siquiera ser desposeídos del arma de su delito.

Violadores en masa, delincuentes medioambientales y contra el patrimonio histórico, asesinos alevosos, prevaricadores, ladrones con violencia, estafadores, pederastas, autores de cohecho. A todos ellos, en un número aproximado de 3.000, el Gobierno les perdonará sus pecados con una pequeña multa, proporcional a sus recursos económicos y pelillos a la mar. Eso sí, el que viola amenazando con una enorme navaja a sus víctimas, vierte residuos ilegales al río, destripa yacimientos arqueológicos, asesina a su mujer descerrajándole un tiro en la cara, despluma un Ayuntamiento, destroza el escaparate de una joyería mediante alunizaje y se lleva todas las joyas, extiende cheques sin fondos, abusa sexualmente de menores, soborna a un funcionario o se deja sobornar; a todos ellos, no sólo se les permitirá que sigan libres en la calle sin ninguna condena, sino que se les permitirá, además, conservar el arma del crimen y todos los efectos necesarios para cometerlo. Conservarán sus navajas, pistolas, instalaciones contaminantes, empleos públicos de los que se prevalieron para cometer sus delitos, etc.

Además, medios bien informados del Ministerio del Interior han declarado que dado que se trata de personas muy poderosas económicamente, contarán a su favor con los mejores abogados del país, podrán comprar de mil maneras la voluntad de los innumerables jueces que intervendrán en los procesos que entablarán en todas las instancias (hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, si fuera necesario); llegado el caso, podrán influir en el propio legislador. De hecho, ya influyen constantemente, para que el sistema jurídico sea la selva procelosa de la que sólo ellos con sus abogados y sus tretas pueden salir. El portavoz ha llegado a decir que la posición del Estado es tan débil en un asunto como éste, que muy probablemente el Ministerio no vaya mucho más allá de donde ha ido hasta ahora, limitándose a rogarle por favor a los delincuentes que se arrepientan de lo que han hecho y que prometan que no lo volverán a repetir.

¿Te imaginas leer una noticia como ésta en la prensa, oírla en la radio o verla en la televisión?

Pues eso, ni más ni menos, es lo que ha ocurrido hoy. La diferencia entre lo que acabo de describir y la realidad es, únicamente, lo siguiente. Que donde he dicho asesinato, violación, robo, cohecho, etc., entiéndase delito fiscal y donde he señalado al Ministerio del Interior, entiéndase el Ministerio de Hacienda. Y la diferencia más importante. Que a la mayoría de los ciudadanos, incluso ahora, con la que está cayendo, les importa un comino que la gente defraude a hacienda. Es más, si me apuras, el delincuente fiscal goza de un cierto prestigio social, ya que todos querríamos estar en su lugar. Así nos va y así nos seguirá yendo.

Hasta que la sociedad no exija conocer con detalle los nombres y las circunstancias de estos delincuentes, sean motivo de vergüenza pública y se exija un castigo ejemplar para ellos, defraudar a hacienda seguirá siendo, no ya gratis, sino rentable.