'The New York Times' nos dedica hoy un editorial, que, como español, me produce una enorme vergüenza. Con todo, no es el sentimiento más relevante que me inspira el episodio de Garzón. Lo que más me preocupa es comprobar en manos de quién está el principal órgano de la Justicia en mi país. Un nido de jueces reaccionarios, vengativos y corporativistas es el órgano cuya misión consiste en resolver la última instancia de los más graves conflictos jurídicos entre particulares o entre particulares y el poder, que se producen en el país, incluidos los penales. Y, por si fuera poca la preocupación, ahora el PP les va a otorgar un poder omnímodo, entregándoles el Consejo General del Poder Judicial.
Bien podríamos decir que el Tribunal Supremo nos produce suprema vergüenza.
Te acompaño el texto del editorial, en traducción casera.
"La verdad a juicio en España
Durante y después de la guerra civil española de 1936-39 se cometieron crímenes terribles que ningún tribunal ha examinado o juzgado. Nadie sabe cuánta gente cayó y fue torturada y asesinada. Ahora, uno de los más importantes jueces de instrucción de España, Baltasar Garzón, está siendo juzgado por haberse atrevido a abrir una investigación sobre esas atrocidades.
España es ahora una democracia viva, pero el juicio del juez Garzón, que abrió sus puertas la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco. Se enfrenta a cargos penales que le podrían suspender como juez durante 20 años, por desafiar a una amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia. Él se defiende con razón diciendo que, en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y que las desapariciones no resueltas - miles de fosas comunes han sido abiertas - constituyen un delito continuado.
En 2008, el juez Garzón inició una breve investigación oficial, ordenando la apertura de 19 fosas comunes y acusando simbólicamente al general Francisco Franco y a varios ex funcionarios, ninguno aún con vida, por la desaparición de más de 100.000 personas. Un tribunal de apelación cerró la investigación. Al año siguiente, dos grupos de extrema derecha se querellaron contra el juez por desafiar la ley de amnistía. El Fiscal argumentó que no se había cometido ningún crimen, pero el Tribunal Supremo admitió la querella.
Por otra parte, el juez Garzón se enfrenta a cargos penales por resoluciones dictadas en otros dos casos con carga política. No podemos juzgar los méritos de los mismos. Pero la persecución penal de magistrados por sus resoluciones es poco frecuente en España, y podría amenazar la independencia judicial.
El juez Garzón se hizo famoso por sus juicios de los terroristas vascos, los torturadores argentinos, el ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ven ahora una oportunidad de poner fin a su carrera.
El juez Garzón es sin duda un provocador y a veces se extralimita, pero perseguirlo por escarbar en los crímenes del franquismo es un delito contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español no debería haber aceptado este caso. Y, por tanto, debe absolverlo."
N.B. La edición de hoy del NYT que contiene este editorial no dice nada del desenlace del Congreso del PSOE. The Guardian tampoco lleva hoy ese tema a sus páginas y le dedica una extensa información al juicio de Garzón.
España es ahora una democracia viva, pero el juicio del juez Garzón, que abrió sus puertas la semana pasada, es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco. Se enfrenta a cargos penales que le podrían suspender como juez durante 20 años, por desafiar a una amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia. Él se defiende con razón diciendo que, en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y que las desapariciones no resueltas - miles de fosas comunes han sido abiertas - constituyen un delito continuado.
En 2008, el juez Garzón inició una breve investigación oficial, ordenando la apertura de 19 fosas comunes y acusando simbólicamente al general Francisco Franco y a varios ex funcionarios, ninguno aún con vida, por la desaparición de más de 100.000 personas. Un tribunal de apelación cerró la investigación. Al año siguiente, dos grupos de extrema derecha se querellaron contra el juez por desafiar la ley de amnistía. El Fiscal argumentó que no se había cometido ningún crimen, pero el Tribunal Supremo admitió la querella.
Por otra parte, el juez Garzón se enfrenta a cargos penales por resoluciones dictadas en otros dos casos con carga política. No podemos juzgar los méritos de los mismos. Pero la persecución penal de magistrados por sus resoluciones es poco frecuente en España, y podría amenazar la independencia judicial.
El juez Garzón se hizo famoso por sus juicios de los terroristas vascos, los torturadores argentinos, el ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ven ahora una oportunidad de poner fin a su carrera.
El juez Garzón es sin duda un provocador y a veces se extralimita, pero perseguirlo por escarbar en los crímenes del franquismo es un delito contra la justicia y la historia. El Tribunal Supremo español no debería haber aceptado este caso. Y, por tanto, debe absolverlo."
N.B. La edición de hoy del NYT que contiene este editorial no dice nada del desenlace del Congreso del PSOE. The Guardian tampoco lleva hoy ese tema a sus páginas y le dedica una extensa información al juicio de Garzón.
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