Se trata de un fraude. Pero no en sentido figurado, de un fraude político, que también, sino de un auténtico fraude de subvenciones. El PSOE le ‘presta’ diputados al partido de Puigdemont y Sumar se los 'presta' al partido de Junqueras, para que alcancen el número mínimo (que no han obtenido en las elecciones) que les permita formar grupo parlamentario y así gozar de sus ventajas: más tiempo en las intervenciones, más autonomía para la presentación de iniciativas y, sobre todo, más dinero. Se calcula que ambos grupos cobrarían unos 146.000€ al año, cada uno, si no formaran grupo parlamentario y, por medio del fraude que el PSOE les facilita, van a cobrar más de 510.000€, cada uno.
Sería algo así como si el instalador de placas solares te entregase una factura de 20 placas, cuando tú solo instalaste 5, pero usas la factura para cobrar la subvención, como si hubieras instalado 20. Cualquier ciudadano que realizara una actuación análoga a esta sería condenado a una pena de prisión, por un delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal.
Ya sabemos que los separatistas tienen patente de corso. No se persiguen los delitos que cometen y, si en algún caso se les condena, inmediatamente se les perdona.
En este caso se trata de un delito perpetrado abiertamente, sin tapujos, casi haciendo ostentación. Que tiene unos autores claros, los diputados de los grupos separatistas. Y unos cooperadores necesarios no menos evidentes: los diputados del PSOE y de Sumar.
¿Por qué nadie persigue esta infamia y se deja pasar, como si tal cosa?
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